El enorme poder del capital sobre el trabajo
Frente al estallido social provocado por un movimiento colectivo heterogéneo en su forma y contenido, se proponen diversas interpretaciones respecto de sus causas, se aventuran también algunas propuestas para una salida viable. En cualquier caso, el trabajo en tanto actividad que permite la producción, el sostenimiento y la reproducción material de cualquier sociedad, permanece relativamente ausente, tanto en la evaluación de los desencadenantes del descontento social que derivó en movilización, como en la proyección de las posibles soluciones.
En primer lugar, el sistema político ha intentado procesar la demanda social, en un primer momento a partir de sus estrechos marcos interpretativos y luego, específicamente algunos actores del poder Legislativo, produciendo un acuerdo político encaminado hacia una nueva constitución. El Ejecutivo se ha mostrado esquizoide. Mientras declaró la guerra, pidió disculpas y reprimió –sigue y seguirá reprimiendo– con la posibilidad que le entrega el monopolio legítimo de la aplicación de la fuerza sobre la población. Aseguró haber entendido las demandas ciudadanas al mismo tiempo que bonificó el descontento y realizó un ajuste del gabinete más bien generacional que ideológico o político, un gesto para suavizar el intento de implementar nuevos ajustes al Estado subsidiario. El Legislativo, eunuco en un comienzo, incapaz de responder con la celeridad requerida por la población movilizada, exhibiendo las limitaciones propias de sus lógicas constitutivas, durante los primeros días de las protestas, sin entender mucho lo que estaba ocurriendo, aprobó la disminución de la tarifa del Metro (recordar que el alza en $30 del pasaje fue la causa manifiesta de las movilizaciones), planteó la realización de acusaciones constitucionales y propuso futuras disminuciones en las dietas parlamentarias, configurándose en la caja de resonancia que deformaba el malestar social.
Posteriormente, tres semanas después del estallido, mientras el Ejecutivo un tanto ensimismado, se mostraba incapaz de procesar las demandas de la población movilizada, parlamentarios del oficialismo y representantes de partidos de oposición –con excepción de PC– elaboraron un itinerario con los principales puntos para el llamado “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”, canalizando las múltiples demandas ciudadanas, trasladándolas al terreno de lo político, asumiendo la necesidad de que la posible salida de la crisis sea la refundación institucional del país a partir de una nueva Carta Fundamental, deliberada por la ciudadanía, que deje atrás la constitución de 1980, uno de los principales enclaves autoritarios heredados de la dictadura militar de Pinochet. Luego, intentando tomar algunas de las demandas más sentidas del movimiento, plantean la posibilidad de subir un 50% las pensiones solidarias, cuestión que todavía está pendiente de su confirmación.
En segundo lugar, el sector empresarial ha sido cauto al momento de evaluar las causas del descontento social. No así sus consecuencias, en donde los discursos transitan desde la inminente crisis económica, pasando por el impacto negativo de las movilizaciones para ciertos sectores productivos, las exportaciones y en las expectativas de crecimiento en general. Respecto de los orígenes del malestar, muy poco. En general, hay una evaluación que indica que el problema está en los bajos salarios[1], cuestión que ha derivado en algunas iniciativas de carácter individual, empresarial o de grupos de empresas. Es así como la fortuna más importante de Chile, Andrónico Luksic, anunció un piso mínimo de $500 mil en el sueldo de las personas que trabajen en Quiñenco, consocio empresarial matriz del Grupo Luksic; por otro lado, COMACO, una de las principales empresas B, propuso abrir la discusión acerca del Salario Ético. En el plano gremial, se muestra un cambio en la disposición del actor empresarial frente a las necesidades sociales. Así, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, llamó a su sector "a escuchar con los oídos bien grandes", lo que está diciendo la calle; y el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Matte, se alineó con las declaraciones de Swett respecto a la posibilidad de discutir la integración del sistema tributario.
En tercer lugar, algunos analistas e intelectuales, en un comienzo, intentaron encasillar a los actores movilizados definiéndolos generacionalmente y determinando su malestar a partir de expectativas desmedidas y la percepción de desigualdad que derivaba en actos de violencia presa de sus pulsiones[2]. También, otra de las causas que se aludió para comprender los motivos de la revuelta, fue la despolitización de la población facilitada por la Constitución de 1980, entendida como la exclusión de los actores desde los espacios o canales institucionales de representación[3]. Por otro lado, en un registro propiamente sociológico, se ha buscado explicar las raíces de la conflictividad y la radicalización de la protesta, asegurando que el gran conflicto en Chile refiere a cuestiones de redistribución, desigualdad e injusticia económica y social, sobre todo en los ámbitos laboral, estudiantil y pensiones[4]. Específicamente en lo relacionado con la desigualdad[5], se hace hincapié en que nuestro país se encuentra entre los más desiguales del mundo[6], siendo el más desigual de los que forman parte de la OCDE, lo que se ve reflejado en el coeficiente de Gini, cuyo valor en Chile llegó a 0,48 el año 2017, siendo 0 la mínima desigualdad y 1 la máxima[7]. La población, cansada de la presión basada en la exclusión política y desigualdad económica y social, harta de las colusiones y la corrupción, salió a las calles a manifestar su malestar.
Tanto el sistema político, los actores empresariales, los analistas e intelectuales, han abordado de manera más o menos profunda y, sobre todo este último grupo, relativamente certera algunos síntomas presentes de forma manifiesta en la sociedad chilena. Aunque en este intento por comprender las condiciones sociales de producción de la protesta colocan los axiomas en el lugar de las demostraciones. La redistribución, la desigualdad y la injusticia económica y social son fenómenos complejos, que sin duda requieren ser analizados, comprendidos y, sobre todo, combatidos. Pero estos, al igual que la explosión social, son consecuencias y no causas.
En este artículo sostenemos la hipótesis que el origen del malestar social, así como de la desigualdad, la injusticia y la inequidad, es principalmente la explotación desmesurada del trabajo humano provocada por el modo de producción capitalista[8], las relaciones de poder y dominación que emergen, configurando, este contexto, el modelo de desarrollo que se pone en forma en el país y las decisiones económicas y políticas que desde hace casi cuarenta años se vienen tomando en relación a cómo nos relacionamos social, económica y políticamente; las cuales han definido qué producimos, con qué lo hacemos, cómo lo realizamos, para quienes son las ganancias y los productos que se generan.
La implementación y consolidación de las políticas neoliberales en Chile[9], a partir de fines de los años setenta y hasta la primera década del siglo XXI, transformaron la estructura económica en base a políticas de apertura, desregulación de los mercados y privatización de los distintos sectores productivos y de la mayoría de las empresas estatales. De la misma forma, se configuró una nueva estructura productiva, basada en la exportación de materias primas, el comercio y los servicios, que impactó en la estructura de clases del país, tanto en los empresarios como en los trabajadores. Hubo una reconfiguración social y política de la población en base a una determinada forma de gobierno, que es la manera de vincularse el Estado y la población propia del neoliberalismo chileno, realizada a través de instituciones de mediación que garantizan la acumulación de capital privado y permiten, en conjunto con aquello, la reproducción del modelo económico. Estado Subsidiario que eliminó los derechos sociales universales de la mano de su privatización[10].
Lo anterior fue posible gracias a la imposición de los intereses materiales, políticos, ideológicos y culturales de la clase capitalista internacional y local sobre el trabajo, para su sometimiento, con el objetivo de disponer de mejor y mayor forma del uso y aplicación de su fuerza productiva, del control de los medios de producción, de las materias primas emplazadas en el territorio nacional y de las ganancias generadas a partir de todo lo anterior. De hecho, en el siguiente gráfico, elaborado considerando las Cuentas Nacionales del Banco Central, se puede observar la tendencia de la distribución de los recursos entre las remuneraciones, los excedentes de explotación y los impuestos, que refleja el enorme poder que ha adquirido el capital sobre el trabajo, con claridad, desde la mitad de la década de los noventa:
Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central de Chile. Entre 1960-1980; 1981-1985; 1996-2005; 2003-2010; y 2013-2018. No existen cifras publicadas para el periodo 1986-1995. Se debe considerar que para los periodos son utilizadas diferentes bases, por lo tanto, la comparación es referencial. Lo que se buscó destacar es la tendencia de la distribución de los recursos que se generan en el país.
Si analizamos en detalle la fuente de información base del gráfico, el año 2017, la participación de los componentes del PIB desde la perspectiva del ingreso en Chile que corresponde a los Excedentes Brutos del Capital fue de un 51%, las Remuneraciones correspondieron a un 38% y los Impuestos Netos a un 11%. Esta tendencia no siempre ha sido igual, de hecho, para 1972, año en que la distribución es completamente opuesta a la actual, las remuneraciones al trabajo se estima en un 54,2%, los excedentes de explotación en 32,1% y los impuestos indirectos en 13,5% (el 0,2% restante fue asignado al ítem Transferencias Corrientes del Mundo, el cual no se contempla en las últimas publicaciones analizadas).
La razón de lo anterior descansa en que para que sea posible cualquier sociedad se requiere, primero, de las condiciones materiales para su existencia y, quien domina la producción de tales condiciones, domina también, generándolo, el ordenamiento social. La imposición de los intereses y las lógicas del capital, por tanto, están a la base de las condiciones de posibilidad de lo social. El capital como tal, es decir, como acumulación, máquina y circulación; como dinero, inversión o producto; pero también como clase social, como clase capitalista, puede existir sólo a condición de apropiarse de los medios de producción, las materias primas y los excedentes que se generan por la aplicación de trabajo vivo (de personas) o muerto (de máquinas) durante un tiempo determinado, sobre las materias primas, para transformarlas y generar valor.
Tal es la magnitud del problema. La gran transformación ocurrida en Chile, que conformó el actual escenario, donde convive el desarrollo de grupos económicos con alto patrimonio, una clase político-burocrática que administra sus intereses y sectores de la población trabajadora integrados de manera formal (trabajo clásico) o informal (trabajo precario) a la estructura productiva y otros definitivamente excluidos de la participación, redunda, entre otras cosas, en desigualdad, injusticia económica y social, malestar y rabia.
Por lo tanto, si las propuestas de solución de los diversos actores involucrados no abordan la raíz del fenómeno, es decir, el núcleo operativo del modelo chileno, que está en la relación entre capital y trabajo y la imposición desmesurada de los intereses del primero sobre el segundo, cualquiera de las opciones, sean las llamadas reformas sociales o la posibilidad de darnos una nueva Constitución, no serán más que paliativos que podrán mitigar o atenuar, pero no comenzar a solucionar aquello que origina el agravio popular. En efecto, con el objetivo de asegurarnos una existencia digna, el punto de partida es otorgarle al trabajo el carácter de derecho social asegurado por un nuevo Estado, resguardando la integridad de quienes lo realizan (seres humanos) así como del ambiente que lo permite (naturaleza) y destinando los excedentes para quienes los producen, es decir, para la sociedad en su conjunto, de manera equitativa y sustentable. Recuperar la centralidad del trabajo, tal es el desafío.
[1] Este tema ha sido trabajado por la Fundación Sol en la serie Los Verdaderos Sueldos de Chile, cuya última versión se puede revisar en http://www.fundacionsol.cl/estudios/losverdaderos-salarios-de-chile-2018/
[2] https://www.elmercurio.com/blogs/columnistas/1/pena-carlos.aspx
[6] http://documentos.bancomundial.org/curated/es/242251476706821424/pdf/109215-REVISED-PUB-PUBLIC.pdf
[7] En los países escandinavos este coeficiente se aproxima a 0,25.
[8] Decimos principalmente porque consideramos la relación capital/trabajo como uno de los elementos estructurantes de la vida social, otras que no abordaremos en este artículo son las relaciones entre nuestra especie y la naturaleza, entre los sexos (dominación masculina) y entre razas o etnias.
[9] Al respecto ver: Garretón, Manuel. (2012). Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010. Santiago: Editorial ARCIS – Clacso, Moulian, Tomas. (2002 [1998]). Chile Actual. Anatomía de un mito. Santiago: Lom ediciones, y Ruiz, Carlos y Boccardo, Giorgio. (2014). Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social. Santiago: Fundación Nodo XXI.
[10] Para una definición del concepto de “Estado Subsidiario” y sus alcances en Chile, ver: Arqueros, Claudio e Iriarte, Álvaro. (editores). Subsidiaridad en Chile: Justicia y Libertad. Santiago: FJG – IRP.
Mauricio Muñoz
Sociólogo
Doctor en Ciencias Sociales
