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‘Élite política’ y Convención Constitucional. Por Manuel Acuña Asenjo

Al provocar la asesoría de organismos internacionales al órgano constituyente, la ‘élite política’, a través del ex ministro Allamand y, ahora, por intermedio del Senado, le ha faltado el respeto a la Convención Constitucional y, consecuentemente, a toda la comunidad nacional. Debe admitir su culpa, debe pedir excusas. Y, más que nada, ha de enmendar rumbos. Porque la Historia puede superarla.

 

PRELIMINAR

La confianza entre las clases dominantes y las clases dominadas jamás ha sido recíproca. No puede serlo precisamente por el carácter opositor que presentan ambos estamentos. La desconfianza mutua es su forma natural de relación social. Sin embargo, la sola circunstancia que uno se imponga sobre el otro, anula toda posible opción alternativa para el dominado. El dominante le exige confiar en él, le obliga a ello, es un deber que le impone. Por eso, cuando los sectores populares, con sus luchas sociales, logran ejercer una porción del poder, los temores invaden a los sectores dominantes y a las fracciones de clase que se imponen con ellos. Hay miedo en los sectores ‘reinantes’, en los ‘sostenedores’ y en los que ayudan a quienes dominan. Es lo que sucede en la Convención Constitucional, conducta que intentaremos mostrar en este trabajo.

 

EL COMITÉ ASESOR DE LA OCDE

En marzo de 2021, meses antes que se realizaran las elecciones de los convencionales constituyentes, advertimos acerca de una conducta bastante agresiva del gobierno de Sebastián Piñera orientada a controlar el funcionamiento del futuro proceso constituyente[1]. Entre los actos que realizaba esa administración, señalábamos las gestiones que, durante su gira a algunos países de Europa, en noviembre de 2020, realizara el entonces canciller Andrés Allamand.

En efecto, advertíamos en esa oportunidad, que

“En un acto sin precedentes, el ministro Andres Allamand firmó un contrato, en Francia, con Ángel Gurría, secretario general de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico de las Naciones Unidas OCDE, para que ‘Asesore a Chile en la redacción de una nueva constitución y acompañe el proceso’”[2].

 

Y era que la rogatoria de Allamand no se limitaba a pedir tal asesoramiento al organismo internacional sino solicitaba, además, viniese a este país

 

“[…] a entregar su aporte en diversos temas, pero particularmente en una lista en la que la experiencia de la organización y de Europa es particularmente importante”[3],

pues

“[…] estamos hablando del régimen político, donde deberá resolverse si se mantendrá el régimen presidencial o avanzará a otra forma política; los derechos sociales; materias medioambientales; defensa de los consumidores; nuevos derechos individuales en la era digital, y también aspectos institucionales, como la autonomía del Banco Central y las tareas del Tribunal Constitucional”[4].

 

Por supuesto que tal asesoría no era,en modo alguno,gratuita, como más de algún ingenuo podría suponer. Jamás lo han sido esas gestiones. Debe pagarse el servicio contratado y los gastos que se derivan del mismo, como lo son pasajes, hotel e infraestructura. Nada de eso es gratuito. De ello da cuenta una carta de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de Chile, que lleva el Nª 1320, de 26 de noviembre de 2020, en donde se establece el pago de la suma de US $ 200.000, que se entregaría contra presentación de una factura emitida por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico de las Naciones Unidas OCDE.

La iniciativa del canciller llamó profundamente la atención de la prensa. Las elecciones de convencionales constituyentes aún no se realizaban y, a pesar de ello, la desconfianza del Gobierno parecía haber alcanzado su clímax. ¿Qué estaba pasando? ¿Era necesaria esa gestión? La comunidad nacional, ¿necesitaba de esa ayuda? ¿O es que, tras tal rogativa, se ocultaba un profundo desprecio hacia lo que pudiera decidir la comunidad nacional? Ese desprecio —por una presunta indigencia intelectual de esa comunidad—, ¿era de tal magnitud que requería del apoyo invaluable de una comisión internacional para poder cumplir su cometido? Una analista se preguntó, en relación a la acción del canciller, si acaso

 

“¿Fue una iniciativa suya?, ¿fue una instrucción presidencial?, ¿fueron ambas?, ¿por qué el apuro?”[5]

 

El canciller Allamand desapareció de la escena política del país; nadie lo reemplazó hasta el término del mandato de Piñera y, tal vez, no era necesario hacerlo. Nada más se ha sabido de esta iniciativa. Y hasta pudo creerse que la desconfianza de las clases dominantes hacia las decisiones de los sectores dominados había sido superada.

 

EL OPOSITOR A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL NO ES SOLAMENTE LA ‘DERECHA’

Pero, no. Porque los enemigos de la CC no son solamente personajes representados por el sector que se agrupa en el pacto Vamos por Chile o Chile Vamos, como quiera llamársele. Abarcan un espectro más amplio. Podemos encontrarlos en toda la ‘élite política’ de la nación. Especialmente en los sectores socialdemócratas y, ¿por qué no decirlo <?, hasta en el propio gobierno del presidente Boric. Los hechos nos inducen a estimarlo así.

A principios de enero del presente año, con la firma de la presidenta del Senado Ximena Rincón, veintidós miembros de esa cámara legislativa enviaron un oficio a la Comisión Europea para la Democracia, en el que le

 

“[…] consultaban por materias como la posibilidad de que la propuesta de nueva Constitución contemple un Congreso unicameral, si es que se considera conveniente eliminar el Tribunal Constitucional y si es que la ‘idea de no abolición de derechos fundamentales incluye el principio de no regresión en materia de derechos y libertades’, según el documento”[6].

 

No se ha dado a conocer el nombre de los senadores involucrados en esa gestión, pero conocemos que algunos de ellos fueron, por supuesto y, en primer lugar, Ximena Rincón; luego, Jorge Pizarro, Rodrigo Galilea, Luz Ebensperger, Iván Moreira, Juan Antonio Coloma, Francisco Huenchumilla, Juan Castro, Ricardo Lagos Weber, Manuel José Ossandón, Alejandro Guillier y Francisco Chahuán, personas que presentaban mayores

 

“[…] aprensiones respecto al ‘control constitucional, la teoría de pesos y contrapesos de los poderes del Estado, sistema bicameral, los estándares de las consultas indígenas, la autonomía del Poder Judicial, deberes versus derechos, el pluralismo jurídico y la regionalización’, entre otras materias”[7].

 

Podría creerse que la consulta de los señores senadores terminaría allí. Sin embargo, no fue de esa manera. La consulta derivó a un viaje de inspección que se concretó el 28 de febrero recién pasado con la llegada al país de una Comisión de cinco miembros, a saber, Gianni Buquiccio (representante especial), Simona Gratana-Menghini (secretaria de la Comisión), Serguei Kuznetsov (jefe de la división), Paolo Carozza (ciudadano de USA) y Josep Maria Castella (representante de España)[8].

 

LA COMISIÓN DE VENECIA

La Comisión (que se conoce bajo el nombre de Comisión de Venecia —se la llama así, porque fue creada en Venecia—) permaneció tres días en el país y regresó el 02 de marzo entregando a sus convocantes una serie de recomendaciones que se tradujeron en lo que ha pasado a denominarse ‘primera versión del texto definitivo’ dado a conocer el pasado miércoles 16 del presente. Al parecer, el documento final (‘Proyecto de opinión sobre la redacción y adopción de una nueva constitución’) se ha dado a conocer. No hay información oficial. Pero hay fragmentos que la prensa ha publcado.

 

“En términos generales todos los congresistas reconocieron que tanto el debate que se ha dado en la Convención como muchas de las normas que han sido aprobadas en las comisiones respectivas y que deberán ser votadas en el pleno, preocupan pues ‘se pretende refundar la República eliminando todo lo conocido, creyendo que, por ese solo hecho, las demandas ciudadanas serían respondidas’”[9].

 

El texto definitivo debería contener las respuestas a las 10 preguntas que formularon los senadores a la Comisión Europea para la Democracia o Comisión de Venecia y que recomienda la existencia de un Senado como asimismo la mantención de algunas disposiciones de la constitución pinochetista. Veamos algunas de esas recomendaciones.

Sobre el unicameralismo, señala que

 

“[…] ha estado a menudo ligado a momentos revolucionarios o de democracia radical”[10].

 

Sobre la descentralización, aprovecha defender el bicameralismo indicando que

 

“[…] todo Estado muy descentralizado necesita una segunda cámara que garantice el diálogo entre el centro y la periferia”[11],

 

Sobre el bicameralismo, lo recomienda diciendo que

 

“[…] es a menudo una respuesta a las diferencias regionales, a la multietnicidad y al multiculturalismo. En una sociedad en la que estos aspectos adquieren una mayor importancia, el bicameralismo es recomendable”[12].

 

Sobre el Tribunal Constitucional (TC), los redactores aseguran que la Comisión

 

“[…] se ha mostrado siempre a favor de la de un tribunal constitucional […]”,

 

cuyo nombramiento/elección por el Parlamento sea por mayoría de dos tercios[13].

 

‘SACANDO LAS CASTAÑAS CON LA MANO DEL GATO’: LA TERCERA OPCIÓN EN EL PLEBISCITO DE SALIDA

Una de las consultas que formularon los senadores a la Comisión de Venecia era

 

“[…] si la opción binaria (apruebo/rechazo) prevista en el plebiscito constitucional (de salida) es compatible con la necesidad de lograr amplios acuerdos y consensos y si debería tener opciones adicionales ofrecidas por los votantes”.

 

La respuesta de la corporación fue la siguiente:

 

“La Comisión de Venecia observa que las reglas en el plebiscito son actualmente claras y han sido conocidas por los ciudadanos y actores políticos. En consecuencia, cambiar estas reglas correrían el riesgo de violar el principio de la certeza jurídica”.

 

Sin embargo, en el punto 110 del documento anunciado, agregó el organismo, sobre el particular:

 

“No obstante, la Comisión de Venecia considera que si se ofrece la posibilidad de una tercera opción, debería ser a través de los compromisos políticos de los actores políticos relevantes para llevar a cabo una verdadera reforma después del plebiscito, en lugar de cambiar los términos del proceso de revisión formal en esta fase”.

 

Era lo que necesitaban los sectores opositores a la Convención Constitucional para arreciar sus ataques en contra del órgano constituyente, por lo que, no debe causar extrañeza que el día 20 del presente, los titulares de ‘El Mercurio’ anunciaran, triunfalmente:

 

“Informe de Comisión de Venecia abre debate sobre posible tercera opción en proceso constituyente”.

 

Porque, para el matutino de Edwards, las expresiones de la Comisión de Venecia constituían un espaldarazo a las propuestas de Pablo Longueira, de hace algún tiempo atrás, en el sentido de provocar una tercera alternativa.

Alondra Carrillo, una de las convencionales constituyentes, fue entrevistada por un medio y respondió sonriendo ante tamaña tergiversación:

 

“El titular de El Mercurio es de una deshonestidad tremenda. La pregunta por la tercera papeleta es la que el Senado le planteó a la Comisión de Venecia”.

“No es que la Comisión de Venecia haya dicho ‘¿y si piensan en una tercera opción?’ No, fue el Senado quien les preguntó y luego El Mercurio lo hace pasar como si esto fuera una recomendación internacional”.

“Ahora tienen la fantasía de que es posible que la población que decidió mayoritariamente que quería una nueva Constitución a través de una Convención Constituyente decida que lo más sensato sea dejar al Congreso escribir una nueva Constitución”[14].

 

La propuesta no ha sido inocente. Aumentar las alternativas cuando se recorre una fase en la que es necesario producir acuerdos produce, precisamente, el efecto contrario: invita a no pactar. O, como lo señala un analista, la dispersión (y la confusión) aumenta cuando

 

“[…] surgen noticias como la de poner una tercera opción en la papeleta del plebiscito de salida. Esa solución, primero, tendría que pasar por el Congreso y lo segundo es que genera lo opuesto a lo que ellos quieren, cuando tienes tres alternativas es un incentivo para no llegar a acuerdos”[15].

 

Algo que parece ser, exactamente, el objetivo propuesto.

 

LAS CAUSAS DE ESTAS MANIOBRAS

Mucho se puede decir acerca de lo qué es lo que causa en la ‘èlite política’, y en los sectores dominantes, la necesidad de provocar estos incidentes. Sostenemos aquí que la causa es la reproducción en determinado espectro social de lo que Erich Fromm denominó ‘carácter autoritario’. Porque los caracteres se reproducen en el transcurso de la historia. Por eso, sin el menor ánimo de recurrir a una analogía para ilustrar la idea que nos asalta, permítasenos emplear una comparación que puede ayudarnos en ese empeño: así como un departamento dentro de un edificio no es sino la reproducción de la cueva destinada a guarecer al ser humano en la época de las cavernas, la ‘élite política’ actual no es sino la reproducción en el tiempo del vasallaje feudal.

Una conducta determinada se reproduce en el tiempo. Forma caracteres que, a su vez, se reproducen. Cuando adquiere determinados rasgos da origen a lo que Fromm denominara ‘carácter autoritario’, conducta que troca en fuerte a un sujeto frente al débil y lo hace tremendamente sumiso ante el poderoso.

 

“Para el carácter autoritario existen, por así decirlo, dos sexos: los poderosos y los que no lo son. Su amor, admiración y disposición para el sometimiento surgen automáticamente en presencia del poder, ya sea el de una persona o el de una institución. El poder le fascina, no en tanto que defiende algún sistema determinado de valor, sino simplemente por lo que es, porque es poder. Del mismo modo que su ‘amor’ se dirige de una manera automática hacia el poder, así las personas e instituciones que carecen de él son inmediatamente objeto de su desprecio”[16].

 

Este rasgo era típico de Augusto Pinochet quien, incluso, se sometía a todos los caprichos de Lucía Hiriart, según nos lo recuerda Alejandra Matus en su libro ‘Doña Lucía’. Rasgo en ese sujeto que, por lo demás, destacaba Orlando Letelier, poco antes de ser asesinado en Washington:

 

“Es adulador y servil, como el barbero que te persigue con el cepillo después de cortarte el pelo y no cesa de cepillarte hasta que le das su propina. Constantemente está tratando de ayudarme con el abrigo, con cargar mi portafolios […]”[17].

 

Porque, como lo señaláramos en uno de nuestros libros,

 

“El autoritarismo no funciona sin el servilismo; ambos conceptos son necesarios e idénticos entre sí. Son las caras de una misma moneda. Son sadismo y masoquismo funcionando como el Ying y el Yang. En las instituciones fuertemente jerarquizadas constituyen una forma normal de relación social […]”[18]

 

Porque la ‘élite’ es así, servil y sumisa con las formaciones sociales que creen ‘adelantadas’ y tremendamente cruel y despectiva con quienes viven en las que se consideran ‘atrasadas’. Por eso no confía en el ‘pueblo’, por eso está inquieta con la Convención Constitucional. Acostumbrada a aceptar cartas fundamentales emanadas del poder militar o de otros estamentos dotados de la capacidad de imponer, se encuentra desconcertada ante estos sujetos osados, advenedizos, que se han atrevido a tomar en sus manos semejante tarea. Por eso, angustiada, recurre como Allamand a la OCDE; y cuando eso falla, al Consejo Europeo para la Democracia. Porque, para ella,‘alguien’, no cualquier ‘alguien’, sino un ‘alguien superior’, ‘alguien’ que posea respeto, debe indicar a esos ‘niñitos’ de la Convención cómo hacer su trabajo que está, no en parte, sino todo malo. En esa tarea poco o nada les importa el prestigio de su nación.

Al provocar la asesoría de organismos internacionales al órgano constituyente, la ‘élite política’, a través del ex ministro Allamand y, ahora, por intermedio del Senado, le ha faltado el respeto a la Convención Constitucional y, consecuentemente, a toda la comunidad nacional. Debe admitir su culpa, debe pedir excusas. Y, más que nada, ha de enmendar rumbos. Porque la Historia puede superarla.

 

Santiago, marzo de 2022


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[1] Acuña. Manuel: “El azaroso rumbo hacia las elecciones de convencionales constituyentes”, varios medios digitales, marzo de 2021.

[2]Camus, María Eugenia: “La asesoría del canciller”, ‘El Mostrador’, 07 de diciembre de 2020.

[3] Anónimo: “Gobierno y OCDE firman acuerdo de acompañamiento técnico para el proceso constitucional de Chile”, Ministerio de RREE, página webb, jueves 03 de diciembre de 2020.

[4] Anónimo: Art. citado en (3).

[5] Camus, María Eugenia: Art. citado en (2).

[6]Toro, Daniela: “El perfil de los cinco miembros de la Comisión de Venecia que revisarán consulta de senadores sobre proceso constituyente”, EMOL, 28 de enero de 2022.

[7]Anónimo: “Comisión de Venecia: conocen detalles sobre el proceso constitucional”, página web del Senado de la República, 28 de enero de 2022.

[8] Anónimo: Documento citado en (7).

[9] Anónimo: Documento citado en (7).

[10] Cornejo, Claudia: “Los tres puntos clave que planteó la Comisión de Venecia sobre el trabajo de la Convención Constitucional”, ‘La Tercera’, 16 de marzo de 2022. La negrita es del original. Sobre lo señalado por la Comisión de Venecia, podemos señalar que el unicameralismo de Suecia no es resultado de revolución alguna; tampoco el de otras naciones europeas.

[11] Cornejo, Claudia: Id. (10).

[12] Cornejo, Claudia: Id. (10). La negrita es del original.

[13]Cornejo, Claudia: Id. (10).

[14]Redacción: “’El titular es deshonesto: Acusan a El Mercurio por mentir sobre la Comisión de Venecia y tercera opción en plebiscito de salida de la CC”, ‘La voz de los que sobran’, 20 de marzo de 2022.

[15] Redacción: “C Laudio Fuentes: ‘Si tienes tres alternativas en el plebiscito de salida es un incentivo para no llegar a acuerdos”, Radio Universidad de Chile, 22 de marzo de 2022. La negrita es del original.

[16] Fromm, Erich: “El miedo a la libertad”, Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 1993, págs. 168 y 169.

[17] Dingues, John y Landau, Saúl: “Asesinato en Washington”, Grupo Editorial Planeta, Santiago, 1990, pág.72.

[18] Acuña Asenjoi, Manuel: “In memoriam”, Editorial Senda/Senda Förlag i Stockholm, 2010, pág.147.

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