Tras los resultados electorales del domingo 14 de diciembre José Antonio Kast se erige como el nuevo presidente de Chile. Su programa político y proyecto de gobierno ponen en evidencia la reproducción y profundización del sistema neoliberal, que pensando los sectores rurales y el medio ambiente consolida la mercantilización del agua, la tierra y la vida. Estas líneas ideológicas fortalecen el modelo agroexportador neoliberal, en tensión directa con cualquier posibilidad de una vida común.
El actual programa de gobierno contiene referencias ambientales que sitúan el campo de la biodiversidad, los caudales ecológicos, la contaminación ambiental y las zonas de sacrificio, pero el uso discursivo y el lenguaje se anclan en una matriz productivista donde la vida interespecie (humana y no humana), solo es pensable en función de su administración eficiente y su contribución al crecimiento económico. El medio ambiente y la biodiversidad se amparan en las dinámicas económicas bajo discursos desarrollistas que perpetúan la tecnificación, la ecointeligencia y la sustentabilidad desde un capitalismo verde que ha encontrado formas de depredar la naturaleza. Desde esta lógica se despliegan nuevos mecanismos de apropiación bajo el nombre de servicios ecosistémicos que al cuantificarse son intercambiables al convertirse en activos financieros.
De esta manera, la gestión del agua continúa sin desmercantilización, el programa de gobierno no cuestiona la propiedad privada, sino que busca optimizar su distribución entre titulares de derechos mediante juntas de vigilancia y tecnologías de control; es más, específicamente en la zona de la Araucanía y Arauco la política de Desarrollo Rural se respalda en el uso de la seguridad nacional para atacar de frente el terrorismo, considerando la modificación y el perfeccionamiento de la actual Ley Indígena, concretamente lo que se refiere a la libertad de elección sobre propiedad individual o colectiva. Los mecanismos de control se amparan en Instituciones del Estado chileno como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, la reformulación de órganos de inteligencia, Fiscalía, el Ministerio del interior, entre otras.
Las reivindicaciones históricas del uso de las aguas y la tierra encuentran una amenaza en las promesas de revisión de la Ley Indígena, la denuncia al Convenio 169 de la OIT que desde la lógica fascista y liberal contiene elementos ideológicos que frenan el progreso del país al impedir proyectos como hidroeléctricas, embalses de agua y obras de vialidad. En este sentido, la tierra y la ruralidad contienen elementos de regularización y productividad que están asociadas a la regularización de títulos de propiedad, el acceso financiero y la mejora tecnológica; la tierra aparece como activo económico no como territorio relacional, ecosistémico y con memoria histórica, ello refuerza una ruralidad despolitizada que se alinea en lógicas mercantiles siendo funcional al sistema agroexportador.
Es más, el plan de fomento frutícola regional, pone en evidencia las contradicciones entre agricultura familiar campesina y modelo agroexportador, considerando que su objetivo a través del Banco Estado, CONADI e INDAP permitan la producción bajo tasas de interés que faciliten la competitividad. En este contexto, lo que está en juego no es solo un modelo de desarrollo, sino los derechos humanos en su dimensión más básica: el derecho al agua, al territorio y a una vida digna en interdependencia con otros seres. Un proyecto político sustentado en el liberalismo reduce la vida a propiedad y la naturaleza a mercancía, debilitando las condiciones que hacen posible lo común.
Francisca Rodó Donoso
Doctora en Ciencias Sociales- Universidad Santo Tomás
