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Entre la invención y la herencia. Una arquitectura pública para la educación chilena. Por Juan Carlos Orellana y Mauro Salazar J.

Las herencias de la primera mitad del siglo XX permitieron activar un programa nacional de educación, concebido como un sistema mixto donde coexistían escuelas públicas y privadas bajo un diagrama que ordenaba la educación primaria, secundaria y superior. El Estado se hacía cargo incrementalmente de formar maestros y crear liceos gratuitos.

De un lado, a partir del convencimiento de que la escuela primaria era la base de un reparto comunitario, capaz de conciliar la joven república y la condición de ciudadanos y, de otro, fomentando un orden que consolidaba una élite con retrato de futuro. Aludimos a la herencia -ni nostálgica o idealizante- de la vieja república que buscaba optimizar la formación para reducir la dosis de segregación. La instauración de un nuevo organigrama público -liceos a nivel nacional- pudo proyectar lo mejor de una sociabilidad compartida mejorando los niveles de formación integral. Los liceos como un espacio de sociabilidad edificaron un relato común que permitió el fortalecimiento de una ciudadanía de mayores horizontes cognitivos. Pero cabe aclarar que las escuelas, no solo buscaban un mejoramiento funcional en términos de indicadores cuantitativos –por relevantes que ellos resulten-, el desafío era una respuesta cualitativa a las demandas de los ciudadanos y actores que ponían el acento en la inclusión, la calidad de la formación y la construcción de una esfera pública cada vez más robusta y que, ciertamente, debe ser repensada en el marco de la cibercultura.

A la luz de los resultados que exhibían los liceos qué decir sobre la potencial “tasa de retornos” (externalidades), y qué proyección podemos hacer sobre aquel potencial ciudadano, que fomentada virtudes cívicas, en el respeto por la ciudadanía, el pluralismo y una robusta formación que reditúa al mérito escolar; y que ahora debe subsistir en medio del Outsourcing formativo. Son múltiples los intangibles que hemos perdido bajo modernizaciones que no atiende a ninguna consideración público-cualitativa, sino a consumidores y usuarios (boutique de bienes y servicios) que han consolidado una nueva “indigencia simbólica”. No se trata solamente de reprogramar dogmáticamente un modelo público, sino de resituar una política en la cual se pueda anudar a los profesores, alumnos y la comunidad, reforzando una “cultura del compromiso" y el fortalecimiento del rol formativo. Ello comprende llevar a un primer plano el valor del esfuerzo (meritocracia), cuestión esencial en los liceos formados a inicios y mediados del siglo XX.

Tal preeminencia del Estado -amén de discutir el protagonismo fiscal en sociedades de la información- fue interrumpida por el golpe militar de 1973. Hasta ese año Chile se había logrado instalar un sistema nacional de educación pública reconocido, consolidado y valorado. Los datos indican que asistía el 78.1% de la población escolar del país y la educación era definida como una función primordial del Estado. A esa función estaban invitados a colaborar los privados, los que debían ajustarse a los planes y programas de estudio establecidos por las autoridades educacionales.

En suma, en Chile, la matriz socio-educacional experimentó (años ‘80) una radical reconfiguración hacia un shock terciario, masificación acelerada, traducido en la consolidación intensificada de un rubro rentable para la iniciativa de agentes privados (stakeholders) que pavimentaron el camino de la «mercantilización, sin proveer mixturas, ni mecanismos preventivos ante el aceleracionismo de los mercados. Aquí, lejos de todo principio normativo, se erigió un sector neo-extractivista de servicios educacionales que se benefició (empresarialmente) de la dinámica de los mercados, depreciando la función del maestro y cercenando las “tradiciones cognitivas”. Con ello comenzó la pérdida gradual de matrícula, y su relevancia socio-cultural. Cuando partió el traspaso de la educación desde el Ministerio de Educación a los municipios (comienzo de los 80’), la matrícula pública correspondía al 79% de su total. En 1988, cuando el proceso había concluido y se había desplegado la nueva política educacional, la matrícula de la educación municipal había bajado casi 20 puntos, llegando al 60%. En la actualidad, 37 años después, ella se ha reducido al 36.3%. En suma, la educación pública había parecido drásticas reducciones de cobertura, agravando el individualismo posesivo.

Entonces, ¿es hoy, y entre nosotros, la educación una causa movilizadora de la sociedad para la mejora de ésta? ¿Desempeña la educación pública algún papel insustituible en esa causa que mueva a una parte importante de la sociedad, de los partidos, sindicatos, padres y profesores? En suma ¿ tenemos puesta en ella esperanzas poderosas que nos orienten en nuestra forma de ver y de querer que se realice la educación en la sociedad? ¿ De qué promesas está cargada esta nueva educación pública? Son preguntas que tratan de centrar nuestra atención en un supuesto, a saber, la importancia social, la vitalidad, el arraigo y el porvenir de la educación pública dependen de que sea una ilusión colectiva -un “horizonte movilizador”- hacia los diferentes agentes sociales, a los poderes públicos y a cada ciudadano. Toda institución, proyecto o realidad social – y la nueva educación pública lo es – es una creación histórica con un sentido, que tiene un origen y trayectoria que se justifica debido a que debe satisfacer unas determinadas necesidades de los agentes sociales ( ciudadanía). Cuando esto es así, quiere decir que la educación responde a motivos, de acuerdo con las circunstancias por las que atravesó el proceso de la creación de esta realidad. La educación se define por perseguir fines de universalidad y acceso en una perspectiva de comunidad. Su condición laica y pluralista, su opción por la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad de acuerdo a las particularidades locales y regionales, asegura los territorios de la ciudadanía. Esto la distingue de la educación privada (subvencionada o no por el Estado), que siempre va a responder a objetivos, intereses y orientaciones particulares (fragmentación de lo social). En nuestro sistema educacional, es el Estado, a través del Ministerio de Educación, el organismo que establece las políticas y los marcos normativos de funcionamiento del sistema educacional. El currículo y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad definen los contenidos y aprendizajes que se espera alcancen todos los estudiantes del país, evalúa los niveles de logro que alcanzan, informa sus resultados y se definen las consecuencias de aquello.

Sobre estos pilares, que aseguran que los principales esfuerzos están destinados al aprendizaje de todos sus estudiantes y a que no haya establecimientos educacionales en condición de resultados insuficientes, la educación pública despliega su compromiso con la calidad integral definida en su visión. Recuperar el sentido y rol de excelencia de la educación pública es uno de sus mayores desafíos; no es suficiente una educación pública inclusiva y universal; su función social sólo resulta aceptable si, además, sus niveles de calidad son superiores a los esperados para la totalidad de los establecimientos educacionales del país. Es ello lo que le permitirá recuperar la condición de referente de calidad educativa para la totalidad del sistema escolar.

En efecto, la promesa de la nueva educación pública concibe la calidad de la educación como un proceso de desarrollo de cada uno de sus estudiantes, permitiéndoles acceder a oportunidades de aprendizaje para llevar adelante los proyectos de vida y contribuir activa y comprometidamente en el desarrollo social, cultural y económico del país. Ello incluye facilitar el desarrollo de la persona en sus dimensiones espiritual, ética, moral, cognitiva, afectiva, artística y en su desarrollo físico, entre otras; implica la promoción de una buena convivencia escolar, que prepare a los estudiantes para la vida en sociedad, tanto a través de actividades curriculares como extracurriculares. Construir un Sistema de Educación Pública que asuma, a partir de sus tres niveles de gestión (nacional, intermedio y local) una nueva fórmula de gestión de establecimientos públicos, que garantice los ambientes de aprendizaje, las oportunidades y los recursos educativos necesarios para todos sus estudiantes. Estos niveles deben ser complementarios y coherentes dentro de una nueva estructura institucional. La nueva educación pública estatal requiere de organismos y relaciones que superen las brechas sistémicas, fomentando la participación y tuición local, así como la colaboración y el acompañamiento de los establecimientos que entregan el servicio educacional. Se espera construir una nueva relación del Estado con sus establecimientos educacionales, y una nueva alianza con las familias y las comunidades. Así, los primeros podrán focalizarse en su trabajo pedagógico y fortalecer su rol educativo, mientras que las familias recuperarán la confianza en la educación pública. Tales ideas deben transformarse en metas concretas, que orienten las propuestas y permita desarrollar un plan de acción para el fortalecimiento de las escuelas públicas del país, superar los niveles de logros académicos de sus estudiantes y su desarrollo integral, habilitándolos para participar crítica y productivamente en la sociedad en el campo económico, cultural, social, y político, desarrollar autónomamente sus proyectos de vida, y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, organizar sus instituciones para promover la convivencia positiva, la cooperación y complementariedad entre ellas, incentivando el aprendizaje horizontal, el trabajo en red, y el desarrollo de capacidades formativas a nivel territorial y en todos sus establecimientos. Una meta necesaria es la atención a las habilidades de orden superior (comunicación, pensamiento crítico, colaboración, emprendimiento) para el aprendizaje permanente, la innovación y el uso de las tecnologías en el marco de “vidas de plataformas”.

La escuela pública para superar su carácter asistencial , no solo debe ser igualadora en el sentido de ser interclasista, en ella no se debe discriminar ni menos seleccionar al ingreso, sino que debe satisfacer a los diversos sectores y clases sociales, convencer acerca de su valía , siendo aceptada como válida para el más amplio espectro social, la educación pública tiene que crear su propio público en torno a su proyecto. Se debe instar en la opinión pública una credibilidad sobre la bondad de sus funciones y lo que en ella debe entenderse por educación de calidad. ¿Qué calidad demanda el sistema público? Sin perjuicio de los indicadores, y los estándares de competencia la Educación pública es aquella que alcanza objetivos propios de toda educación buena independiente que sea pública o privada, que, además, logra fines específicos del sistema público, que consigue los objetivos propios de toda educación buena. El debate sobre la enseñanza pública de calidad nos remite a las cualidades de lo que es un proyecto público (ausente en el país). Los indicadores generales de calidad tendrán que ser necesariamente múltiples, porque variados son los objetivos de la contemporaneidad, y deberán contemplar los objetivos que reclama un nuevo proyecto País. En suma, el diferido contrato social.

Juan Carlos Orellana. Doctor © Educación y Sociedad por la Universitat Autónoma de Barcelona, España.

Mauro Salazar J. Doctorado en Comunicación. Universidad de la Frontera.

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