Las dos promesas de campaña del presidente de la república José Antonio Kast, que se convirtieron en ideas fuerza de su victoria, estas promesas fueron, en primer lugar, combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos, y, en segundo lugar, la expulsión de inmigrantes irregulares (Bustamante Olguín, 2025, Radical Right? In Chile: An Analysis of the Republican Party). En esta columna revisaremos ambas propuestas y la forma en que ellas se han enfrentado en los primeros días del gobierno de Kast.
Sin lugar a duda, se produjo un cambio histórico en Chile con la elección de José Antonio Kast, quien se convierte en el primer presidente de una derecha radical desde el retorno a la democracia en 1990 luego de largos y cruentos 17 años de la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Piniochet. La victoria electoral de Kast se explica, en parte, por la frustración de amplios sectores de la población con la política, los políticos y partidos tradicionales, que no han logrado interpretar y resolver problemas sociales acumulados en los últimos 40 años. Esto generó una estructura de oportunidad política que fue capitalizada por la última campaña electoral de Kast luego de haber intentado conquistar la presidencia de la República en los años 2017 y 2021.
En este escenario, las principales preocupaciones ciudadanas se han desplazado hacia la seguridad y el orden público, junto con la inmigración. Estas prioridades han reemplazado, en buena medida, demandas anteriores centradas en igualdad y justicia que aparecen como más difusas y genéricas ante la inminencia de la vulneración de la seguridad personal frente al avance de la delincuencia que es percibida por la población chilena, con severas consecuencias en el orden público y por extensión, y como corolario de esta “crisis” se explica esto a partir de la presencia de grandes contingentes de migrantes, este encadenamiento explicativo simple y fácil de ver en el día a día se establece como una verdad única e indesmentible que ciega la mirada a problemas estructurales ligadas a conceptos de justicia social e igualdad. Se configura así una crisis percibida que el discurso de Kast logra articular, presentando a Chile como un país que enfrenta una triple crisis, institucional, económica y moral.
En esta perspectiva, Kast también puede entenderse como parte de un clima de época, alineado con liderazgos internacionales de características similares, como el de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Donald Trump en Estados Unidos y Giorgia Meloni en Italia. En ese contexto, es posible observar una estrategia de instalación rápida de agenda, orientada a marcar el ritmo político desde el inicio del gobierno, mediante el uso intensivo de decretos y proyectos de ley, con efectos inmediatos en el escenario nacional ( https://theconversation.com/jose-antonio-kast-au-pouvoir-au-chili-un-tournant-symptomatique-dune-radicalisation-droitiere-en-amerique-latine-278454 ).
Estas promesas se inscribían en un diagnóstico de país basado en una supuesta crisis y situación de emergencia. Sin embargo, ese diagnóstico presenta un problema de fondo, ya que no se condice con la realidad. Se intentó emular el escenario de Argentina, pero Chile no es Argentina, y la crisis que atraviesa ese país no es la misma que experimenta Chile. De hecho, diversos especialistas han señalado que la deuda externa chilena se encuentra entre las más bajas de América Latina.
En este contexto, José Antonio Kast ha planteado la necesidad de garantizar seguridad y orden para combatir el crimen organizado. No obstante, durante esta semana el gobierno ha recortado $72.000 millones de pesos del presupuesto destinado a protección ciudadana. En campaña se prometió “mano dura” contra el crimen, pero hoy se debilita financieramente a quienes deben resguardar a la ciudadanía: las policías de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile. Por lo tanto, resulta evidente e inquietante que no se está cumpliendo lo comprometido anteponiendo a esto la imperiosa idea del recorte fiscal que opera con un monto de 3% de recorte para todos los ministerios incluidos los que se suponía eran prioridad: Educación, Salud y Seguridad.
A esto se suma la decisión de la ministra de Seguridad Pública, la abogada y ex fiscal María Trinidad Steinert de remover a la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, tras solo una semana en el cargo, lo que contribuye a una percepción de inestabilidad en áreas sensibles y de poca racionalidad en la aplicación de estas medidas toda vez que en la prensa nacional se han vinculado estas acciones a “rencillas” de la Ministra con antiguos colaboradores de la Policia de Investigaciones de Chile (https://www.theclinic.cl/2026/03/28/el-averiado-aterrizaje-de-la-ministra-de-seguridad-trinidad-steinert-un-viaje-a-la-vida-de-la-abogada-que-no-solto-el-rol-de-fiscal-y-que-entrampo-su-relacion-con-la-pdi/).
En cuanto a la inmigración irregular, se ha dado inicio a la construcción de una zanja de carácter más bien simbólico en el marco del “Plan Escudo Fronterizo” que alude a una “crisis migratoria sin precedentes” que se enfrentará, entre otras medidas, con una zanja de tres metros de profundidad en sectores de alto tráfico migratorio, además de la construcción de muros y vallas de seguridad de cinco metros en sectores aledaños a pasos fronterizos oficiales y clandestinos (https://www.gob.cl/noticias/presidente-jose-antonio-kast-llego-hasta-arica-para-supervisar-implementacion-del-plan-escudo-fronterizo-contra-la-migracion-irregular/), junto a estas medidas de carácter efectista y de alta repercusión mediática hasta ahora no se han concretado expulsiones. Al contrario, incluso se invitó a representantes de la oposición venezolana, en particular a la recientemente premio Nobel de la Paz María Corina Machado Parisca, al cambio de mando y en ese contexto tener un masico encuentro con la comunidad venezolana residente en un espacio público a pocas cuadras del Palacio de la Moneda en pleno centro de la ciudad de Santiago. De este modo, el discurso de orden y soberanía parece debilitarse por sus propias contradicciones.
En consecuencia, ninguna de las dos promesas centrales se ha materializado en la forma en que se expresaron en medio de la campaña presidencial, con advertencias directas a los migrantes a quienes se les instaba a irse del país ya que les quedaban X cantidad de días para que su situación implicara expulsión, lo que luego se cambió a invitación. Por un lado, no se ha logrado avanzar de manera efectiva en la expulsión de inmigrantes irregulares; por otro, se han comenzado a matizar esas promesas señalando que no es posible expulsarlos a todos en el contexto actual. Esto ha generado un clima de incertidumbre y de “evaporación” de los aparentemente sólidos anuncios del antaño candidato, que ahora en el cargo de Presidente de la República matiza dichas propuestas.
Además, se han adoptado medidas como el decreto del 23 de marzo que modifica el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) subsidio estatal que data del año 2014 en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para operar como amortiguador ante fluctuaciones al alza del precio internacional de los combustibles, lo que ha incidido en el alza de las bencinas y, con ello eventualmente el encarecimiento del transporte y de los alimentos. Paralelamente, el gobierno ha oficializado sueldos de sus asesores presidenciales que alcanzan los 10 millones de pesos mensuales, superando los topes éticos establecidos durante la administración del expresidente Boric.
Todo esto se inscribe en una lógica ideológica que combina elementos del chicago-gremialismo —como puede observarse en publicaciones del centro de pensamiento de la derecha, en particular de la UDI, Libertad y Desarrollo de la década de 1990— con corrientes libertarias más recientes. En términos generales, se prioriza el mercado, se enfatiza el esfuerzo individual y se promueven presupuestos ajustados, mientras que los beneficios sociales tienden a ser considerados un costo excesivo o un desincentivo al trabajo. En esa línea, el gobierno actúa en consecuencia con estas ideas rectoras de su pensamiento en lo económico y social que Kast ha tenido de telón de fondo desde su juventud gremialista.
En apenas dos semanas de gestión, este conjunto de decisiones ha generado tensiones, protestas masivas y cuestionamientos. Incluso, la propia conducción presidencial comienza a ser percibida como un factor de inestabilidad por el manejo errático de las vocerías de gobierno y sus principales asesores en materia comunicacional.
Como se ha señalado en una editorial de El Siglo (https://elsiglo.cl/el-editorial-la-gente-molesta-intranquila-en-la-incertidumbre/), lo que hoy se presenta como política de seguridad podría interpretarse como un marco discursivo que encubre medidas de carácter regresivo que tienden a consolidar la desigualdad. En esa misma línea, no existe evidencia concluyente de que la reducción de impuestos corporativos genere mayor crecimiento económico. De hecho, diversos economistas de un amplio abanico político que incluye a ex ministros del gobierno de Sebastián Piñera han sostenido que el crecimiento se estimula más eficazmente a través del aumento del ingreso disponible de la población que mediante recortes tributarios.
Finalmente, el conjunto de medidas que se han ido adoptando puede generar problemas relevantes. La estrategia de rapidez impulsada por José Antonio Kast, junto con recortes en materia social, el énfasis en políticas de “mano dura” en seguridad y propuestas como la amnistía para miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en hechos de vulneración de derechos humanos ocurridos durante las protestas de 2019, configuran un escenario delicado que tensiona las relaciones entre gobierno y oposición que hasta ahora solo existen a través de la prensa. A ello se suma la reciente represión de manifestaciones en Santiago y el reforzamiento del control fronterizo, que en la práctica ha mostrado escasa eficacia (https://theconversation.com/jose-antonio-kast-au-pouvoir-au-chili-un-tournant-symptomatique-dune-radicalisation-droitiere-en-amerique-latine-278454)
Este tipo de acciones puede derivar en una orientación gubernamental que impulse medidas impopulares con baja capacidad de contrapeso institucional en vistas de las recientes “descordinaciones” de la posición en el Congreso. En ese contexto, existe el riesgo de que ciertas restricciones a las libertades (iliberal) se normalicen progresivamente, lo que podría debilitar la democracia chilena en el largo plazo entrando en un proceso de desarrollo de democracia iliberal que implica el debilitamiento de libertades civiles, separación de poderes y el estado de derecho tal como lo describió el periodista y escritor Fareed Zakaria, pero que remite a obras de Pierre Rsanvallon y Etienne Balibar (Rosanvallon, Pierre (2020). El siglo del populismo. Historia, teoría, crítica. Buenos Aires: Manantial; Balibar, Étienne. (2016). La ilimitación democrática. Buenos Aires: Editorial Jusbaires).
Este fenómeno puede analizarse a la luz de lo planteado por Joan Antón Mellón e Ismael Seijo Bado (La teoría política de la Derecha Radical, 61-99, https://revistas.um.es/reg/article/view/559591/344861), quienes describen las características de la derecha radical contemporánea. Según estos autores, se trata de un sector que, si bien forma parte del espectro de la ultraderecha, se diferencia de la extrema derecha clásica, como el fascismo histórico, en aspectos clave.
En primer lugar, acepta las reglas básicas de la democracia moderna, como las elecciones y el sufragio universal. En ese sentido, liderazgos como el de José Antonio Kast acceden al poder por vías democráticas y no recurren a la violencia como mecanismo principal de acción política. Sin embargo, incorporan un componente iliberal significativo. Aunque participan en elecciones, tienden a cuestionar principios centrales de la democracia liberal, como la protección de las minorías y la existencia de contrapesos institucionales sólidos, el peso y el papel del Estado en el desarrollo nacional y el bienestar de los ciudadanos.
Esto se traduce en una preferencia por liderazgos más fuertes, con menor control judicial o parlamentario, lo que podría constituir una deriva posible en el caso chileno. Dentro de las tipologías de la derecha radical, este enfoque se aproxima a lo que los autores denominan un neoliberalismo autoritario, caracterizado por la defensa del libre mercado, la reducción del rol del Estado en la economía y una postura conservadora en el plano valórico, especialmente en materias como el aborto o los derechos de las diversidades sexuales.
Este tipo de orientación ha tenido expresiones en distintos contextos internacionales, en experiencias asociadas a Jair Bolsonaro en Brasil o al partido Vox en España. En esa línea, el riesgo radica en que, de manera gradual, la democracia chilena comience a tensionarse como consecuencia de estas estrategias, especialmente bajo el paradigma de la “mano dura” como eje de acción política.
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Fabián Bustamante Olguín. Doctor en Sociología. Académico del Departamento de Teología, Universidad Católica del Norte, Coquimbo. https://icrf.ucn.cl/nosotros/coquimbo/fabian-bustamante
Javier Romero Ocampo. Doctor en Estudios Americanos, especialidad Pensamiento y Cultura
