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Érase una vez… la niñez de un país sin memoria. Por Isabel Plaza Lizama y Nibaldo Acero

El 20 de noviembre es la fecha definida por la UNESCO para celebrar el Día Universal de las niñas y los niños del mundo. ¿Qué se celebra? Nada más y nada menos que la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, tratado que, como se sabe, es el más ratificado por los Estados, incluido el nuestro. Para la UNICEF, el objetivo de esta jornada “es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo”. El dedicar un día internacional a la niñez, también procura alertar frente a sus necesidades y peligros.

Por ello, al menos no deja de asombrar que, en la misma semana en la que se celebra el Día Universal de las niñas y los niños del mundo, nuestro país haya sido testigo de una nueva violación grave de derechos por parte del Estado de Chile, hacia dos niños que, paradójicamente, se encontraban a su cuidado. Dos niños del Sename, de 14 y 17 años, cuya integridad estaba a cargo de un Estado “protector de la infancia”, de un Estado cuyos mismos aparatos de represión ejercieron una brutalidad demencial contra ellos.

Lamentablemente, se nos hace imperativo recordar que estos dos niños internos en el Sename, son niños que están al cuidado del Estado. Decimos lamentablemente, porque debiera ser tan claro que una de las principales labores del Estado -sino la más importante- es propiciar y favorecer la vida digna de las personas, previniendo, sin excepción, violaciones de derechos humanos. Decimos lamentablemente, porque los derechos humanos no están en el ADN de nuestras autoridades, puesto que en esta misma semana escuchamos las insensatas declaraciones de un ex ministro de este gobierno diciendo. “Los niños y niñas que requieren protección son los menores no infractores de ley”.

Las palabras de Teodoro Ribera perfectamente pueden ser leídas como perversos argumentos que defienden la agresión de carabineros y que promueven la violación de derechos fundamentales. La falta de humanidad no viene de otro lugar que de nuestras autoridades, por supuesto que plantear esto es de lo más desolador, porque, ¿cómo podríamos detener y erradicar de una vez por todas la violencia estatal, si son nuestras mismas autoridades quienes justifican el actuar violento de sus “fuerzas de orden”?

Estamos todavía lejos de tener Fuerzas Armadas y de Orden educadas en derechos humanos, y sin dudas este conocimiento debería ser una obligación para todas y todos quienes ejercen una función pública, partiendo por quienes están a la cabeza de los tres poderes del Estado. Por ello, no basta con un cambio de mando en carabineros y de ahí la insistencia en una refundación estructural de este cuerpo, porque no podemos confiar en quienes no han sabido responder a tiempo a las recomendaciones de organismos de Naciones Unidas, a propósito de los incumplimientos del Estado de Chile en materia de derechos humanos.

A propósito, no olvidemos que en el año 2018 el Comité de los Derechos del Niño emitió un informe relativo a la situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) del Sename, tras un examen in situ, responsabilizando directamente al Estado chileno por las violaciones llevadas a cabo en centros residenciales de nuestro país, bajo el control directo o indirecto de aquel organismo. El Comité también consideró que las violaciones allí ocurridas no se debían a “circunstancias puntuales, de personas concretas o de una determinada coyuntura, sino que su mantenimiento a lo largo de casi 40 años y la falta de corrección ante las reiteradas denuncias y constataciones, demuestra que existen unas causas estructurales que han permitido esa situación”. Dos años después, recién hemos conseguido que el Senado apruebe un proyecto que cambiará el nombre de Servicio Nacional de Menores por el de Servicio de Protección a la niñez, pero que, tal y como se ha encargado de aclarar la defensora de la niñez Patricia Muñoz, tiene falencias estructurales, al mantener el mismo sistema de financiamiento, a través de subvenciones del Estado y no asegurar una dotación suficiente de fiscalizadores que puedan garantizar que las entidades a cargo del cuidado de los NNA, no vulneren sus derechos.

Cabe añadir que en el año 2001, el mismo Comité en sus Observaciones Generales a la Convención sobre los Derechos del Niño especificó, entre varios otros elementos, que “La educación en la esfera de los derechos humanos debe facilitar información sobre el contenido de los tratados de derechos humanos, pero los niños también deben aprender lo que son esos derechos observando la aplicación en la práctica de las normas de derechos humanos, ya sea en el hogar, en la escuela o en la comunidad. La educación en la esfera de los derechos humanos debe constituir un proceso integral que se prolongue toda la vida y empiece con la manifestación de valores de derechos humanos en la vida y las experiencias cotidianas (…)”.

Escaso impacto hemos visto de estas Observaciones en nuestro país, aun cuando contamos con un Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual permanece absolutamente invisibilizado por la cartera a cargo de su implementación: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como ciudadanas y ciudadanos, como seres humanos, se nos ha mantenido sistemáticamente al margen de una “educación en la esfera de los derechos humanos”, como chilenos hemos debido de aprender a punta de impacto y reactividad, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación que sin filtro alguno replican y viralizan información, muchas veces con poco resguardo sobre la revictimización, sobreexponiendo a quienes debieran ser protegidos. Al mismo tiempo, es esa misma cascada informativa replicada en las redes, la que ha permitido dar testimonio de la violencia estatal. Si el Estado se hubiera hecho responsable oportunamente de la educación de los derechos humanos, sin duda algo debiéramos haber aprendido, sobre todo por ser portadores de una memoria impactada por la violencia de nuestra historia reciente, desbordada de testimonios que también dan cuenta del abandono en el que se ha tenido a los NNA. Y probablemente todo y todas conoceríamos de Niños, el libro donde la escritora María José Ferrada revive la memoria de niñas y niños menores de 14 años, que figuran en el informe elaborado por la Comisión Rettig. A modo de –injusto– resumen, podemos decir que a través de 34 narraciones poéticas, la autora revive la niñez perdida de quienes forman parte de la lista de detenidos, desaparecidos y ejecutados en dictadura.

Así como a los niños que protagonizan el libro de Ferrada, a los niños heridos el 18 de noviembre no les correspondía ser símbolo de nada, menos de una injusticia. No tenían por qué ser parte del historial de violencia de carabineros, solo les correspondía ser felices, asunto de antemano arrebatado por una sociedad que primero los abandonó a su suerte, y que después les dispara a quemarropa. Estos niños no urgían de ser mártires, para eso ya contamos con 34 nombres y la engrosada lista de las víctimas del Sename. No les corresponde ser mártires ni quedar expuestos, de eso ya tuvimos suficiente. Lo que sí les correspondía (y les corresponde) es acceder por fin a una vida digna, a la protección oportuna de una sociedad con Estado de derecho y, por qué no (por qué no), al cariño, a la felicidad. ¡Si son niños!

No podemos seguir tolerando trasgresiones a los protocolos, oyendo justificaciones ¡indignantes! de parte de quienes tienen la obligación de proteger a la ciudadanía; el deber constitucional de ceñirse a las reglas y activar los recursos a su disposición, para capacitarse de manera óptima en derechos humanos y no generar relatos o ejercer su profesión de manera matonesca. Es y será traumático para toda una sociedad el atestiguar una y otra, y otra vez prácticas más propias de delincuentes que de quienes ostentan el cargo de “defensores del orden público”.

Este y los siguientes 20 de noviembre, seguiremos celebrando el Día Universal de las niñas y los niños del mundo, una fecha conmemorativa que operará como un conector con el pasado y con nuestra historia reciente. Que funcionará como un telegrama, que en escasas palabras, nos deberán mantener alertas, recordándonos también las necesidades y riesgos del colectivo humano más vulnerable. Si leemos este telegrama según las claves de la pedagogía de la memoria, también podremos decir que las fechas conmemorativas, como esta, nos debieran hacer reflexionar acerca de lo que hemos aprendido de un año a otro, en términos de derechos humanos, de protección a la niñez, con la ruda esperanza que no se repitan los horrores del pasado y, desgraciadamente, también de nuestro presente.

Por Isabel Plaza Lizama y Nibaldo Acero
Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos Harald Edelstam. Universidad Academia de Humanismo Cristiano

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