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Es urgente reconocer, visibilizar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Por Ignacia Caballero y Camila Plaza

El 25 noviembre es el día internacional de la eliminación de la violencia en contra de la mujer y este año en particular nos encuentra habiendo ratificado, al fin, el convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo y, ad portas del plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de texto de nueva constitución. Dos textos que parecen apuntar en direcciones opuestas.

¿Qué relación tienen estos textos con la violencia hacia la mujer?

Si bien el Convenio 190 se circunscribe en las relaciones de trabajo, lo cierto es que la violencia tiene varias formas y se da en todos los espacios. Lamentablemente el espacio de trabajo no es la excepción, todo lo contrario. Las relaciones laborales se caracterizan por un vínculo de dependencia y subordinación, y en el caso de las mujeres, ocurre que 7 de cada 10 trabajadores viven algún tipo de violencia laboral. Además, si bien es menos la violencia física, 3 de cada 10 mujeres sufren violencia sexual en este espacio, mientras que el 60% de las trabajadoras vive violencia económica en el lugar en que presta servicios.

Las cifras hablan por sí solas, la violencia hacia la mujer es un problema que vivimos y sufrimos transversalmente en todas las esferas de la vida, desde la más íntima como es el hogar, la más cotidiana como es la calle y también aquella esfera de nuestra vida que nos da sustento, como es el trabajo.

Si bien el convenio no se refiere exclusivamente a las mujeres, lo cierto es que somos nosotras las que más sufrimos acoso y violencia en el lugar de trabajo y el convenio parece considerarlo. A modo ejemplar, en su preámbulo reconoce expresamente que la violencia y el acoso por razón de género afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas.

Por esto, en su artículo 7 establece que los Estados miembros deberán adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso con inclusión de la violencia y acoso por razón de género, es más, el convenio, amplía la protección contra cualquier tipo de violencia incluso fuera del establecimiento de trabajo, lo que obliga a tener una legislación acorde, no solo al acceso eficaz de recurso y reparación, sino que a la prevención de todos los tipos de violencia en el ámbito laboral.

El artículo 10 del Convenio, obliga a los Estados a prever que las víctimas de violencia y acoso por razón de género, tengan acceso a un efectivo mecanismo de presentación o quejas y solución de conflictos, recursos y vías de reparación, sin embargo la propuesta de nueva constitución resta facultades de sanción a la Inspección del Trabajo, que es el lugar donde generalmente acuden los trabajadores, cuando por ejemplo una persona está sufriendo acoso, -que es un tipo de violencia-, por lo que, difícilmente se podrá cumplir el mandato de accesibilidad de prevención y protección contra la violencia de género en el trabajo.

Es más, el proyecto de nueva Constitución menciona la palabra igualdad 6 veces en 182 páginas, la menciona en 5 artículos de un total 216 artículos y ninguna de las veces que se utiliza, es para referirse a igualdad de género. De hecho, la palabra género no aparece ni una sola vez en todo el texto. En definitiva, no es un texto que se proponga eliminar la violencia o discriminación hacia las mujeres, de hecho, parece apuntar en un sentido contrario pues pone en peligro la ley de aborto en tres causales, al constitucionalizar la objeción de conciencia como derecho fundamental, a propósito de la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, lo que violenta nuevamente a las mujeres.

La violencia hacia la mujer tiene muchas formas y se da en muchos espacios, uno de ellos es el trabajo. El convenio 190 se refiere específicamente a la violencia en la relación laboral, reconociendo, aunque tímidamente, que la violencia en el trabajo tiene un componente importante de género.

La propuesta de nueva constitución no busca avanzar en esta línea, de hecho, retrocede, no sólo porque hace peligrar leyes que nos ha costado mucho conseguir sino, sobre todo, porque en caso de aprobarse se tratará de una constitución escrita en democracia que probablemente no vuelva a cambiar en los próximos 40 años.

No podemos seguir siendo tratadas de forma distinta por el solo hecho de ser mujer. Es urgente reconocer, visibilizar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer.

Ignacia Caballero y Camila Plaza, abogadas de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores

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