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Estado de Horror: Chile, las políticas de la muerte. Por Iván Ramírez García

El 11 de marzo del 2018, Sebastián Piñera asumió como Presidente de Chile por segunda vez. Antes de dedicarse a la política, acrecentó su poder económico durante la dictadura de Augusto Pinochet, periodo caracterizado por las amenazas y desapariciones de miles de ciudadanos y en el cual se instauró un modelo neoliberal que se volvió impositivo. Durante ese periodo, el actual Presidente amasó una fortuna de 2700 millones de dólares. Según la Revista Forbes, en 2017, Piñera se convirtió en la séptima persona más rica del país y el número 745 a nivel mundial.

Como empresario ha mostrado sus impunes facetas truculentas. Quizás el caso más evidente de su desvergüenza fue el millonario robo al Banco de Talca. En esa instancia, se le dio una orden de arresto por fraude. Evadiendo la justicia, se fugó del país y esperó el tiempo oportuno para solicitar y conseguir un recurso de amparo, otorgado en ese entonces por la ex Ministra de Justicia de la dictadura, Mónica Madariaga, quien declaró también haber sido interpelada por José Piñera, ex Ministro del régimen militar, autor intelectual del nefasto sistema de AFP chileno.

Otro de sus actos reprochables fue la compra del Parque Tantauco, evento que generó rechazo por parte de las comunidades indígenas del sector al ser tierras ancestrales de su cultura. A pesar de este gesto de la comunidad, de igual manera se llevó a cabo la transacción, pasando a llevar los derechos de los pueblos originarios. En el año 2007 Sebastián Piñera fue multado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por la compra de acciones de LAN usando información privilegiada, asunto en el cual se basó Sergio Jara, periodista y autor del libro Piñera y los leones de Sanhattan. Crónica del auge de la elite financiera chilena (2018).

La falta de ética de Piñera como empresario es arrastrada hacia su ejercicio político. En este, su segundo mandato, incluyó a sus hijos dentro de la comitiva chilena que viajaba a China para reunirse con líderes tecnológicos del gigante asiático utilizando su poder y posición política para contactarlos con los grandes empresarios de dicho país.

Si el actual mandamás de Chile actúa de maneras siniestras ¿qué se puede esperar del resto de la clase empresarial chilena?

 

No es desacierto, es ideología

A principio de este año la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) llevó a cabo el proceso de elección para la presidencia de la institución. A esta instancia llegaron dos candidatos: el actual dueño de agencia de aduanas Ricardo Mewes y el empresario agrícola Juan Sutil, quien fuera finalmente electo, sacando del Directorio a Alfonso Swett, propulsor de la idea de que el empresariado debía tomar un rol social frente a la crisis dada por el estallido de octubre, haciendo un llamado al empresariado a “meterse la mano en el bolsillo” y hacerse cargo de mejoras sociales.

Por otra parte, el nuevo presidente de la CPC, Juan Sutil, señalaba que esta crisis social no era responsabilidad del sector empresarial chileno, descartando así las ideas e iniciativas de su antecesor, indicando que el rol del empresariado nacional era fomentar el crecimiento económico del país y no ser garante de las posibles mejoras sociales. Sutil se hizo cargo de la CPC no solo con el antecedente del estallido social, sino que, además, ha debido asumir la dirección de la Confederación frente al nuevo escenario mundial afectado por la Pandemia de Covid-19 y una inminente recesión económica global, moderando su discurso y usando en su estrategia comunicacional el actual contexto para mostrar un rol más social y menos politizado por parte de la CPC y las empresas asociadas[1].

A casi un mes de que Sutil asumiera la cabeza de la CPC, el Director de Inversiones de LarrainVial Asset Management, José Manuel Silva, en entrevista con diario La Tercera, analizaba las perspectivas económicas de la región. En una de las preguntas del periodista, relativas a cómo sería la recuperación de nuestra economía, Silva señaló que era un panorama de incertidumbre, añadiendo un enunciado que no quedó exento de críticas en la prensa nacional: “pero no podemos seguir parando la economía y por lo tanto tenemos que tomar riesgos, y esos riesgos significan que va a morir gente”.[2]

Lo anterior viene a demostrar un predominio de la lógica economicista y necropolítica en el análisis de la pandemia sin valorar la salud del cuerpo social de la nación. Sin duda, la entrevista apuntaba a una mirada económica, sin embargo, nos hace reflexionar sobre el pensamiento de los economistas y el empresariado en nuestra sociedad, los cuales, tras el Golpe Militar de 1973 han influenciado y ganado espacios de opinión siendo parte del Estado chileno.

El corolario fue cerrado con las declaraciones del Gerente General de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) Carlos Soublette, quien manifestase al medio Emol lo siguiente:

Tenemos que ser capaces de ver si vamos a poder funcionar en los próximos meses y quizás años (…). En ese contexto, no podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, porque después vamos a estar lamentando que la gente se muera de hambre. Es muy complejo y yo sé que nadie va a decir lo contrario: hay que poner la salud delante de la economía, pero la economía también trae salud y una economía destruida también va a traer problemas de salud muy profundos.[3]

La afirmación en cuestión no es más que una particular forma de ética de los representantes de una élite empresarial y económica del país, la cual no solamente preocupa por la carga ideológica que posee, sino que evidencia el carácter inhumano y a-social que además está siendo respaldado por el Estado chileno. Este último viene desde octubre de 2019 mostrando su peor cara, develando los intereses económicos y el perfil de Gobierno Neoliberal que asume un rasgo propio, común a las nuevas formas de los neototalitarismos: intransigencia y violencia directa hacia sus detractores. Violencia que se expresa en el permanente refugio de leyes prohibitivas que imponen el control social a costa de militarización y el uso del lenguaje belicista que asumen sus líderes.

 

Bajo el alero del modelo

En la década de los 70 el filósofo francés Michel Foucault comienza a desarrollar una filosofía del poder a partir del estudio de las relaciones de poder que se dan entre el Estado y la sociedad, analizando no solo las relaciones, sino también tecnologías y dispositivos de poder que les permiten controlar de manera aparentemente racional a la sociedad, estableciendo un encauzamiento de las conductas del individuo y de la sociedad según los intereses de quien ejerce el poder, planteando así el concepto conocido como biopoder o biopolítica.

El francés define a la biopolítica[4] como el poder ejercido sobre la vida a través de tecnologías de dominación como leyes y políticas públicas que gestionan la vida humana, traduciéndose básicamente en la máxima “hacer vivir y dejar morir”[5]. Si antes el poder estaba concentrado en la imagen de los monarcas y la importancia de mantener a un sujeto vivo en el trono que prefigurara el poder, esta idea del poderío soberano que controlaba la vida, evoluciona hacia una nueva forma que Foucault establece como poder disciplinario, es decir, el poder que se regula a partir del conocimiento de las leyes y de las acciones de los individuos y cómo éstos se mueven en el funcionamiento social. Así, este biopoder da un paso más allá hasta conformar una biopolítica que se centra en el cuerpo de la población, un cuerpo político y productivo. Para Foucault, esto es observable desde la política moderna en el siglo XVI hasta la actualidad. 

A raíz de lo anterior, los Estados modernos comienzan a dar auge a tecnologías de la biopolítica, tales como la medicina, la estadística y políticas públicas como elementos clave para regular a la población. Por otro lado, se deja morir a aquellos que amenazan la sobrevivencia de la mayoría, yendo en menoscabo de la maquinaria productiva[6].

Además, agrega que para que el Neoliberalismo se masifique debe generar la idea de utopía, poseer un método del pensamiento que permita restar influencia al rol del Estado como protector de la sociedad y traspasar esa idea al individuo a través de dos mecanismos: por un lado, usando la teoría del capital humano, o en palabras simples, establecer que, aunque todos tengan características innatas y adquiridas que les hacen mejores para realizar una cierta labor, traducida en mejor paga, cada uno puede invertir para mejorar, atrayendo beneficios económicos, trasformando a los individuos en empresas de sí mismos[7], debiendo tomar salvaguardas personales de sus actos y problemáticas sociales, tal como lo haría un gran empresario que invierte y toma riesgos.

El segundo mecanismo de masificación del sueño neoliberal es la lógica del terror, con la cual sobreexponen la criminalidad y delincuencia, pudiendo asegurar los medios con los que se generan leyes disciplinarias, instrumentalizando el miedo en la población, y, de esta manera, derivando en un individualismo tal que el sujeto busque preservar su sobrevivencia por sobre la del resto.

Tras la dictadura de Pinochet, el caso chileno se vuelve pragmático. Si analizamos bajo esta óptica biopolítica la implantación del modelo neoliberal, el análisis se queda corto para entender la envergadura del porqué de la violencia sistemática del Estado. Por tanto, aquí se propone un análisis desde una epistemología necropolítica, observada en el actuar tanto del Estado como también del empresariado chileno, el cual no es ni ha sido solamente un cómplice pasivo, sino más bien, uno con opinión de peso. 

 

¿Pro vida o pro muerte?

      Achilles Mbembe[8] define la necropolítica como un contrario de la biopolítica. La máxima que opera en esta epistemología es “hacer morir y dejar vivir” ¿cómo? A través de tecnologías de explotación y de la destrucción del cuerpo, reconocible en feminicidios, ejecuciones y la desaparición forzada. Aquí la relevancia del poder soberano[9] es vital a través del Estado de excepción, que permite crear límites y fronteras internas, jerarquizando quién tiene importancia y quiénes son sustituibles, yendo más allá de lo netamente espacial. A tal punto que el individuo que no tiene relevancia dentro del ensamblaje de la maquinaria productiva se transforma en excluido, incluso legalmente. Esa es la clave del Estado de excepción: se permite medidas poco comunes en circunstancias de crisis dentro de una democracia[10].

Con base en lo anterior el filósofo italiano Giorgio Agamben propone el concepto de “nuda vida”, a saber, la reducción de la categoría de una persona a su estatus meramente biológico, despojándolo de la calidad de sujeto legal y pasando a ser un homo sacer: un individuo que ha cometido un crimen y a quien se despoja de sus derechos al punto de poder ser asesinado sin que quien lo mate adquiera la categoría legal de homicida. Reflexionando en torno a esto, queda claro que un homo sacer es un sujeto expuesto a la violencia.

En el caso chileno, es observable cómo en el contexto de pandemia por Covid19, parte del cuerpo social del país ha sido despolitizado y deshumanizado hasta quedar como un cuerpo biológico que es parte de una estadística (ya sea de enfermos, pobres, criminales y muertos). El Estado chileno tiene a su haber una larga data histórica de deshumanización ejercida en una parte de su cuerpo social, transformándolo en un cuerpo doliente castigado tanto por el aparataje estatal como el empresarial.

Tras el Golpe Militar de 1973 Chile comienza a vivir un periodo de refundación nacional mediante una feroz dictadura militar y un estado de excepción permanente, intentando borrar parte de su historia social a través de la instauración de un nuevo modelo de desarrollo económico que pone como eje central el autoritarismo y la lógica empresarial, siendo una verdadera revolución capitalista, tal como lo plantean autores como Manuel Gárate[11], logrando imponer por medio de la fuerza el respeto de la propiedad privada como derecho social esencial.

Si bien el Golpe fue encabezado por las Fuerzas Armadas, las acciones para desestabilizar y sabotear el gobierno de Salvador Allende –quien, por cierto, fue electo democráticamente– venían desde sectores civiles, específicamente gremios empresariales como la CPC, la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Evidencia de esto es el discurso que da el presidente de la CPC, Jorge Fontaine, el 4 de septiembre de 1973

“Cuando un país libre y democrático se debate con valentía y decisión a fin de evitar el dominio del marxismo-leninismo es evidente que toda la acción gremial se va fundiendo y entrelazando con la acción política […] sino que luchar por la libertad, por el derecho de trabajar […] y por el derecho de producir y distribuir bienes y servicios bajo un régimen que respete el derecho y la individualidad.[12]”

Los dichos del presidente de la CPC en 1973 no solo develan la carga ideológica antimarxista, sino que justifican su futuro actuar: una vez que Allende fue sacado del poder, los gremios empresariales iniciaron despidos masivos y cometieron vejaciones dirigidas hacia los trabajadores y trabajadoras[13].

De ahí en adelante, el empresariado se permeabiliza intelectualmente con los Chicago Boys y se cuadra con la Dictadura Militar haciendo vista gorda de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que realizó la ONU[14], al punto de que el presidente de la CPC del año 1978, Manuel Valdés, salió a apoyar el actuar de los militares para establecer un marco de orden y respeto, indicando además que era una acusación injusta e influenciada por países comunistas que sí sometían a su población a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, aseverando que tal no era el caso de Chile. Esto nos hace ver parte del pensar y actuar de los gremios empresariales chilenos, que han mantenido un discurso a-histórico, a-político y negacionista en cuanto a las violaciones de DD.HH, validando una lógica necropolítica en pro de preservar su rol de propietarios de Chile, fundando y manteniendo por todos los medios a su haber, un modelo de convivencia centrado en el individualismo y la competencia, desplazando el bienestar social a la suerte del mercado.

Como se ha expuesto, gran parte del gremio empresarial posee un “modo de ser” que avala prácticas necropolíticas por sobre nociones biopolíticas, manteniendo una clara matriz histórica como grupo de poder. Han modificado estructuralmente elementos como la economía, la cultura y la política. Desde el análisis histórico, es dable rastrear y se podría analizar de mejor manera el perfil abusivo y la ubicación del empresariado como élite intocable que se arrastra desde la época colonial, dejando heridas profundas en las historia de Chile.

Es importante cuestionar los modos de pensar y de ser del empresariado chileno en el contexto presente (estallido social y pandemia), puesto que no tan solo queda en eso: pensamientos; sino que se expresa en acciones necropolíticas que se entrelazan con el actuar del Estado, conformado en gran parte por integrantes y adeptos a la Dictadura Militar. Se vuelve relevante analizar el contexto histórico y actual bajo la relación entre biopolítica y necropolítica. Las frases de Soublette o de Silva no son lapsus, sino más bien ideas que develan cómo creen y actúan: sin remordimiento.

Ese es el tenor de la lógica extractivista que destruye nuestra zona. Ellos, basados en la idea de generar crecimiento económico en la región, ejercen de manera violenta la extracción de recursos, hecho que va en desmedro de las próximas generaciones. Entre los participantes de su “revolución capitalista” hay manos manchadas con sangre. Sin duda, las funestas condiciones que ellos aceptaron e implantaron para seguir con su rol de propietarios del país, tanto en nuestro pasado como en nuestro presente, ya no pasan desapercibidas. La misma sociedad ha develado parcialmente sus intereses y abusos y aunque todavía falte para lograr quitar todo el velo con el que se cubren, es necesario insistir para que sean debidamente interpelados y sancionados.


[1] https://www.capital.cl/juan-sutil-la-gente-ha-cambiado-su-percepcion-de-mi/?cx_testId=4&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s

 

[2] https://www.latercera.com/pulso-trader/noticia/jose-manuel-silva-de-larrainvial-la-historia-de-la-industria-de-las-aerolineas-es-bastante-compleja-y-en-tiempos-normales-las-dejan-quebrar/GMRXI4IDANGP3HZ3ABXFH5AOE4/

 

[3] https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/04/16/983284/CCS-apetura-paulatina-malls.html

[4] Es importante recordar que la actualidad de Foucault no era exactamente la nuestra, pues cuando murió, la globalización en formación, de la mano de los desarrollos tecnológicos comunicacionales aún no mostraba todo su potencial en términos económicos, políticos y sociales, como lo vivimos hasta antes del COVID-19. Byung Chul Han, por ejemplo, desarrolla parte de su obra asumiendo que es necesario actualizar el concepto de biopolítica ya que los tiempos en que fue desarollado, cambiaron.

[5] Ariadna Estévez, “Biopolítica y necropolítica: ¿Constitutivos u opuestos?, pág. 12. http://www.espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/7017

[6] En los cursos impartidos durante 1979, que reunidos conforman el libro Nacimiento de la Biopolítica, Michel Foucault busca establecer una genealogía del término, destacando el uso que le diera el liberalismo norteamericano, el cual comenzó a trasladar el rol del Estado como benefactor social hacia uno que potenciara el modelo económico liberal, naciendo así el Neoliberalismo, concepto que los mismos intelectuales que dieron origen a esta idea se niegan a aceptar. Foucault señala el caso de EE. UU contemplando que este país basó, desde su origen, sus ideas en nociones empresariales y del libre comercio, siendo una nación que se funda en el realce del emprendimiento y en asignar importancia a la propiedad privada como derecho esencial del individuo.

[7] Una idea similar se utiliza con las AFP. Su objetivo se basa en la capitalización individual, con ello cada afiliado tendría su cuenta individual, en la que depositaría sus cotizaciones, las que se capitalizarían en los fondos que cada cotizante estime conveniente, con lo que ganarían rentabilidad al ser invertidas en la bolsa por administradoras privadas. En breves palabras, cada persona sería un especulador a través de las inversiones realizadas en el sistema financiero internacional, con lo cual, al término de su vida activa, vería los dividendos de su esfuerzo personal.

[8] Achille Mbembe, “Necropolítica seguido de Sobre el Gobierno privado indirecto”, Editorial Melusina. 2011.

[9] Mbembe toma el término poder soberano desde los postulados de Foucault y lo asocia con la garantía dada por el derecho de matar, facultad intrínseca de un denominado Estado de excepción en las democracias contemporáneas en situación de crisis. Cfr. Achille Mbembe, ibidem, p.21.

[10] Idea que nace de Carl Schmitt, ideólogo conservador alemán que buscaba eliminar la posibilidad de la lucha de clases. Dentro de su pensamiento sentía que todo estaba en una potencialidad de volverse político, entendiendo esto último como el grado de intensidad que cualquier asunto puede tomar al discutirse. En lo relativo al Estado de excepción, él propuso que las leyes positivas no tuvieran mucho que decir y se preguntó al respecto ¿quién decide? En Estado de excepción lo válido es el derecho por sobre la norma, siendo el Soberano y su decisión las que crean jurisprudencia. Cfr. https://beersandpolitics.com/carl-schmitt-politica-decision-y-estado-de-excepcion

[11] Manuel Gárate Chateau, “La Revolución Capitalista (1973-2003), Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012.

[12]J.P. Bahoslavsky, K. Fernandez y S. Smart (editores). “Complicidad económica con la dictadura chilena: Un país desigual a la Fuerza”, Capitulo 12 por Rodrigo Araya, “El apoyo de las cámaras empresariales a la dictadura”, pág. 210, Lom ediciones, Santiago, 2019. 

[13] Ibidem, pág. 211.

[14] Cfr. Cap. 12 por Rodrigo Araya, Op Cit.

 

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