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¿Estamos preparados en las universidades para transferir conocimiento que quizás ya no sabemos cómo formar? Por José Ariel Rementeria

Hace unos días se publicó en Chile la nueva Ley 21.838 sobre Transferencia de Tecnología y Conocimiento. La iniciativa busca fortalecer la conexión entre investigación, innovación, emprendimiento y sociedad, promoviendo mecanismos para transferir resultados científicos, fomentar empresas de base tecnológica, impulsar la ciencia abierta y construir capacidades nacionales de innovación.

A primera vista parece una excelente noticia. Y probablemente lo sea. Chile necesita más ciencia. Necesita más innovación. Necesita más transferencia tecnológica. Necesita que el conocimiento producido en las universidades salga de los laboratorios y contribuya efectivamente al desarrollo económico, social y cultural del país. Pero mientras leía la ley apareció una inquietud que no logro disipar. La ley habla extensamente sobre cómo transferir conocimiento. Sin embargo, dice muy poco sobre cómo asegurar que seguimos siendo capaces de producirlo y aprenderlo. Puede parecer una observación menor. No lo es. Porque esta ley entra en vigencia (marzo del 2027) en un momento histórico particularmente extraño.

Por una parte, las universidades enfrentan la mayor expansión tecnológica de las últimas décadas. Por otra, todavía intentan comprender qué significa enseñar y aprender en un contexto donde sistemas de inteligencia artificial pueden generar textos, análisis, informes, códigos computacionales y síntesis complejas en segundos.

Nunca habíamos tenido tantas herramientas para producir información. Y tal vez nunca habíamos tenido tantas dudas sobre cómo distinguir información, conocimiento y juicio. La coincidencia temporal no es trivial. Mientras Chile fortalece institucionalmente la transferencia del conocimiento, la inteligencia artificial está obligando a revisar los procesos mediante los cuales ese conocimiento se construye.

El reciente informe de la UNESCO sobre inteligencia artificial en educación superior latinoamericana muestra una realidad inquietante. La mayoría de las instituciones ya utiliza estas tecnologías, pero sólo una minoría cuenta con estrategias formales, mecanismos de evaluación o sistemas de gobernanza suficientemente desarrollados. En otras palabras, estamos adoptando herramientas más rápido de lo que estamos comprendiendo sus consecuencias.

El MIT llega a una conclusión similar, aunque desde otro ángulo. Su informe sobre inteligencia artificial y educación sostiene que el problema principal no es el plagio ni las trampas académicas. El problema es la creciente dificultad para asegurar aprendizajes genuinos y evitar que los estudiantes confundan respuestas correctas con comprensión real. La observación parece obvia. Sin embargo, podría ser una de las discusiones más importantes para la próxima década universitaria. Porque la nueva ley descansa sobre una premisa que durante mucho tiempo dimos por sentada: que las universidades producen conocimiento.

Pero ¿qué ocurre si comenzamos a tener dificultades para verificar cómo ese conocimiento se forma?

Ésta no es una discusión exclusivamente tecnológica. Es una discusión epistemológica. Y quizás también una discusión existencial para las universidades. Durante décadas las instituciones de educación superior se organizaron sobre una lógica relativamente estable. Los estudiantes leían. Reflexionaban. Discutían. Se equivocaban. Corregían sus interpretaciones. Y, poco a poco desarrollaban capacidades de análisis y juicio. Los productos académicos podían entenderse como evidencia visible de ese proceso.

Hoy la situación es menos clara. Un informe académico puede ser excelente. Un ensayo puede ser impecable. Una presentación puede parecer sofisticada. Pero cada vez resulta más difícil demostrar cuánto de aquello corresponde efectivamente a un proceso de aprendizaje. No porque los estudiantes sean menos capaces. Sino porque el entorno tecnológico ha cambiado radicalmente. Y aquí aparece una paradoja particularmente interesante para Chile.

La Ley 21.838 impulsa la transferencia tecnológica, fomenta la creación de empresas de base científico-tecnológica, fortalece la ciencia abierta y crea un repositorio nacional de conocimiento e información científica. Todo eso apunta a aumentar la circulación del conocimiento. Pero simultáneamente, la inteligencia artificial está reduciendo algunos de los costos tradicionales asociados a producir documentos que aparentan conocimiento.

La pregunta entonces deja de ser solamente económica o tecnológica. Pasa a ser epistemológica. ¿Qué estamos transfiriendo exactamente? ¿Resultados? ¿Información? ¿Conocimiento? ¿Capacidades? ¿Juicio?

La diferencia importa más de lo que parece. Porque una sociedad puede acumular enormes cantidades de información sin aumentar necesariamente su capacidad de comprender problemas complejos.

La historia reciente de internet demuestra precisamente eso. Tener acceso a más información no garantiza mejores decisiones. Del mismo modo, transferir más tecnología no asegura, por sí solo, mayores capacidades sociales para utilizarla responsablemente. Quizás por eso la ley contiene un concepto particularmente interesante: el licenciamiento socialmente responsable.

La expresión parece discreta dentro del articulado. Sin embargo, contiene una intuición poderosa. No toda innovación es automáticamente beneficiosa. No toda transferencia tecnológica es socialmente neutra. No todo avance científico genera bienestar por el simple hecho de existir. Las universidades deberán hacerse cargo de esa discusión. Y la inteligencia artificial vuelve esa tarea aún más urgente.

Podemos imaginar al menos tres escenarios plausibles. En el primero, las universidades logran articular exitosamente investigación, transferencia tecnológica e inteligencia artificial. Desarrollan nuevas formas de evaluación. Fortalecen la alfabetización crítica. Forman profesionales capaces de colaborar con sistemas inteligentes sin volverse dependientes de ellos. La ley se transforma entonces en una plataforma para una innovación genuinamente orientada al bien público.

En el segundo escenario, probablemente el más realista, observamos avances importantes, pero también brechas crecientes. Algunas instituciones desarrollan capacidades sofisticadas. Otras simplemente adoptan herramientas comerciales. La transferencia tecnológica aumenta. La gobernanza avanza lentamente. La reflexión ética queda rezagada. La educación se adapta parcialmente, pero no del todo. La incertidumbre se vuelve permanente.

Existe también un tercer escenario. Es el menos discutido. Y precisamente por eso merece atención. En este escenario, las universidades se vuelven extraordinariamente eficientes para mover información, generar innovación y producir resultados medibles. Los indicadores mejoran. Las métricas aumentan. Los repositorios crecen. Las empresas derivadas se multiplican. Sin embargo, las capacidades humanas que hicieron posible esos logros comienzan silenciosamente a erosionarse.

Pensamiento crítico. Capacidad de análisis. Autonomía intelectual. Juicio profesional. Discusión argumentada. Lectura profunda. No desaparecerán de un día para otro. Simplemente comenzarán a ser menos frecuentes. Menos necesarias. Menos valoradas. Y cuando queramos recuperarlas, descubriremos que nunca estuvieron garantizadas. Porque ninguna ley puede producirlas por sí sola. Ninguna plataforma tecnológica puede automatizarlas. Ningún algoritmo puede sustituir completamente su desarrollo.

Por eso la pregunta central quizás no sea si estamos preparados para transferir tecnología y conocimiento. La pregunta más incómoda es otra. ¿Estamos preparados para demostrar que seguimos sabiendo cómo formar las capacidades humanas que hacen posible la existencia misma de ese conocimiento?

La nueva ley parece asumir que sí. La UNESCO sugiere que todavía estamos aprendiendo. El MIT advierte que no deberíamos darlo por hecho.

Y tal vez la universidad chilena necesite comenzar esta conversación antes de celebrar demasiado rápido sus próximos éxitos en innovación. Porque una sociedad puede perder muchas cosas y recuperarlas después. La capacidad colectiva para aprender quizá no sea una de ellas. Y sobre eso, sospecho, todavía no estamos discutiendo lo suficiente.

Referencias

Ley N° 21.838, dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Diario Oficial de la República de Chile, 17 de septiembre de 2026. https://bcn.cl/L9dy0L

Massachusetts Institute of Technology. (2026). MIT AI and Education Report. Report of MIT’s Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training. https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.mit.edu/dist/d/2418/files/2026/09/AI-Committee-Final-Report-Aug-13.pdf

UNESCO. (2026). Implementación de la IA en la educación superior en América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000399333_spa

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José Ariel Rementeria, Departamento de Publicidad e Imagen de la USACH

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