La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quiere alertar con profunda preocupación, el proyecto de ley Nain Retamal al que, el Presidente de la República Gabriel Boric, ante el chantaje permanente de la derecha, ha puesto urgencia. Esto refleja la utilización política que la derecha y otros sectores del parlamento han hecho a raíz del lamentable crimen contra a carabinera Rita Olivares por parte de delincuentes.
El empoderamiento de la derecha, nostálgica de la dictadura y de los tiempos del oscurantismo institucional, se refleja con mucha nitidez en el proceso constituyente desarrollado entre cuatro paredes por los más conspicuos defensores del modelo económico y de la constitución del 80, y ahora, con la ofensiva legislativa para fortalecer las políticas represivas y criminalizadoras de la protesta social , otorgándole a los agentes del estado pertenecientes a las fuerzas de orden y seguridad, Carabineros y PDI, facultades y derechos inconmensurables para ejecutar de manera encubierta bajo la denominada legítima defensa privilegiada la política del gatillo fácil de manera impune. Bajo esta denominación de legítima defensa privilegiada las víctimas del abuso y brutalidad policial quedaran marginadas de toda protección legal.
Los derechos de las víctimas tan vociferados por la derecha quedarán reducidos a una mínima expresión frente a la conducta criminal de los agentes del Estado pertenecientes a Carabineros y PDI. La degradación del derecho desde la mirada de los Derechos Humanos es no solamente preocupante, es de una extrema gravedad porque legitima la criminalidad policiaca. Las palabras del GeneralYáñez hace algunas semanas atrás, han encontrado un terreno fértil en lavoluntad Legislativa de los sectores políticos que añoran la dictadura militar, con un profundo desprecio de los Derechos Humanos. Este proyecto de ley libera a los agentes de policía de medidas cautelares proporcionales al delito, en un eventual proceso, quedan liberados de la prisión preventiva, confiriéndole a las acciones criminales de la policía el carácter de delitos de bagatela. La legítima defensa privilegiada se pone al margen de los protocolos existente y de la normas legales y constitucionales vigentes para el legítimo uso de armas letales, es gravísimo desde el punto de vista del derecho, establecer en favor del agentes del estado que ejecutan un acto que atenta contra la vida, que su conducta se presuma legítima, eso atenta contra principios básicos de legalidad penal y procedimental, estableciendo y consagrando desde el punto probatorio una degradación de las reglas que regulan la carga de la prueba, en el marco de un debido proceso.
En definitiva y para ser claro, y para que el pueblo lo sepa, en caso que Carabineros o PDI, atente contra la vida de las personas que se manifiesten en ejercicio del derecho de reunión o en el marco de una protesta social, el juicio ante los tribunales tendrá una carácter retórico, no se podrá decretar prisión preventiva a pesar de la gravedad del delito y el peligro para la seguridad de la sociedad que la libertad de ese agente signifique, no será sometido a prisión preventiva, y desde el punto de la atribución penal dirigida a una condena se verá frustrada por la ausencia de un castigo porque esa conducta criminal estará amparada por una eximente de responsabilidad penal, eso es lisa y llanamente impunidad y eso en un Estado de Derecho es inaceptable.
Santiago 3 de marzo 2023
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS
