Las filtraciones, entendidas como ‘comunicaciones de contenido’ que causan efectos sobre el devenir, tanto político como económico, son un aspecto estridente en el ejercicio práctico de la política.
Interesa indicar que, quien regularmente ocupa este aspecto, es el periodismo en general y el de investigación en particular, entendiendo que ambos aplican estándares para corroborar informaciones y validar sus fuentes. En esta línea, de todos modos, es mejor renunciar a fuentes o métodos no transparentes y situarse en una clave de investigación, más que caer en supuestos que, fácilmente podrían ser desmentidos.
La filtración, dependiendo de la fuente, implica una intencionalidad, la cual, ineludiblemente tendrá un efecto sobre la marcha del ejercicio de la política, pudiendo menoscabar la seriedad e imagen del medio que la difunde. En este último tiempo, las filtraciones, han sido una importante causa de conflicto, en la toma de decisión de instituciones, como también, esculpidoras de opinión pública, por lo que, dependiendo del contenido, el dónde, quién y cómo se concreta la filtración, podrían perfectamente tener el estatus de delito.
Ahora se conoce, lo que antes de la creación del Ministerio Público, no se sabía o, por lo menos, no era tan evidente. No sólo las partes en un juicio filtran información, sino que también quienes no son parte, convirtiéndose los medios de comunicación, en visibilizadores de filtraciones en “vivo y en simultaneidad”. Un ejemplo fue el fallo que aún no se conocía desde el Tribunal Constitucional que destituyó a la Senadora Isabel Allende por incumplir el artículo N° 60 de la Constitución y cuyo efecto implica el control constitucional sobre autoridades electas en Chile. Se supo por los medios de comunicación, quiénes habrían votado a favor y en contra de la destitución. Pero el fallo, demoró varios días en ser conocido formalmente.
Tal como están las cosas, el caso audio (Hermosilla), gatillado por la filtración de una asistente a la reunión de corte privado (Leonarda Villalobos), tuvo implicancias políticas y legales, generando la misma filtración una reacción en cadena de afectaciones de actores de primera línea en el poder judicial que tomaron decisiones con la expectativa de obtener apoyos en sus nominaciones, torciendo decisiones, cambiando el curso de los hechos, sin perjuicio de las reglas establecidas.
Hasta ahora el concepto “ética” es esquivo o nulo, como marco de una moralidad o principios que regulen la conducta de los profesionales involucrados en este tipo de situaciones, pareciendo a ratos más un problema de farándula que una fractura provocada a los cimientos de la credibilidad del poder judicial en particular, con proyección política.
Conocidas son las filtraciones de Miguel Mellado de la reunión privada con el Presidente de la República en Cerro Castillo el año 2023 con otros congresistas de la región del Biobío para analizar temas propios de la conflictividad en la macrozona sur; también están los audios ministeriales en Relaciones Exteriores, donde se evidenciaba el sentir de la ex Canciller Urrejola ; o bien, las carpetas investigativas del caso de la Ex alcaldesa Catty Barriga en vigencia absoluta su trámite judicial.
Se sabe que 75 funcionarios del Ministerio Público accedieron a los detalles del caso Monsalve. Recientemente se informó que una diputada (Carol Cariola) y una alcaldesa (Hirací Hassler), tenían una opinión “critica” del presidente Gabriel Boric (gracias a la filtración in extenso).
Ejemplos de “filtraciones” o de uso abusivo de información privilegiada, hay cada día más. En ese contexto, se sabe que la prensa obtiene información desde “filtraciones”, lo que es una normalidad mal entendida.
La lista es larga en estas situaciones (hoy se suma el pinchazo del teléfono de Miguel Crispi). Se sabe quién filtra, qué filtra, cuándo y cómo lo hace, la prensa no guarda secretos (en términos de principio, no lo podría hacer), sobre todo cuando está con certidumbre de verdad el contenido de la información. Todo pareciera estar cubierto por un manto de libertad de expresión, pero claramente las filtraciones destruyen la credibilidad de las instituciones, de las autoridades y de las decisiones, sin perjuicio de que develen, los intersticios del poder en sus diferenciadas posibilidades de concreción en una opacidad, que poco ayuda al fortalecimiento de la democracia. Es una situación de dilema democrático, ineludible de abordar en lo que corresponde, esto es, que no implique delito.
Qué confianza podría existir en personas o instituciones que velan por el ejercicio de la justicia, cuando su proceder no asegura imparcialidad. Por ello, así como existe una legislatura que controla a los díscolos en el sistema político, avanzar en regular las filtraciones es razonable, anulando el beneficio mutuo entre quien traspasa y quien recibe la información, cuestión que no debe restringir el correcto uso de la información que beneficia la transparencia y fortalece la democracia, en definitiva.
Queda el desafío permanente por apelar la honestidad de los actores que se encuentran en lo público, como en ajustar la institucionalidad para desincentivar la permeabilidad que entorpece la buena política, la buena justicia y la buena comunicación, esto es, proba, por defecto ética y moralmente adecuada para el fortalecimiento de la democracia.
Hernán García Moresco, Magister© Ingeniería Informática USACH. Diplomado en Big Data Universidad Católica. Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad de Chile. Licenciado en Educación en Matemática y Computación USACH
José Orellana Yáñez, Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Integrante del Centro para el Desarrollo Comunal Padre Hurtado.
