La aparición masiva de banderas rojas en diversas convocatorias y avatares de internet no está anticipando nada bueno en el panorama nacional. Si el año pasado, tras el asesinato del werken Alejandro Treuquil y los ataques racistas en las municipalidades de Curacautín y Victoria, se pobló el paisaje de internet con la wüñelfe en un fondo negro, similar a la bandera chilena del estallido que señalaba un duelo, el tono rojo está indicando ahora un giro decidido hacia la lucha, el weychan. El gobierno de Sebastián Piñera ha sido incapaz de abordar políticamente una situación cuyas causas son conocidas de sobra[1] y, como secuela de la respuesta dada dos años atrás al levantamiento popular chileno, elige la vía de presionar aún más los acontecimientos, provocando una vez más inestabilidad y desgracia con una aparente nueva declaración de guerra.
En el contexto de una torpe declaración de estado de excepción de parte de un gobierno impotente (en el sentido dado por Hannah Arendt: sin base de apoyo popular), abandonado a su propia y ciega aplicación de una violencia unilateral e infundada, el 3 de noviembre de 2021 un Mapuche es asesinado por militares en Huentelolén, Cañete: Jordan Llempi Machacán de 23 años; otro se encuentra en riesgo vital: Iván Porma; y otros/as varios/as resultan gravemente heridos/as, incluyendo una niña de 9 años. En tanto, el día 5 de noviembre un estudiante del hogar de estudiantes mapuche Pelontuwe en Temuco tuvo fractura craneal y se encuentra en estado grave, tras recibir un chorro de agua directo al rostro proveniente del carro lanza agua de carabineros (contrario al protocolo institucional de uso de la fuerza), mientras se encontraba dentro del hogar. Estas situaciones nos enlutan y hieren profundamente. Enviamos desde ya nuestras condolencias y apoyo a las familias afectadas. Newentuleaymün, kisulelaymün. Fue advertido por diversos sectores, no puede decir el Ejecutivo que “no lo vieron venir”. Por lo tanto: exigimos que rindan cuentas los responsables de este nuevo crimen de la violencia terrorista del Estado.
Los medios de prensa oficiales omiten señalar en los titulares el origen de las balas que asesinaron a un Mapuche, pareciendo querer contribuir aún más a aumentar la sensación de caos: “confuso incidente”, “enfrentamiento”, nadie sabe nunca qué pasó. Y, sin embargo, la inmensa mayoría tiene de antemano absoluta claridad de las circunstancias y hechos, aunque se busca hacerle creer que el fascismo es una amenaza siquiera equiparable en magnitud[2]. Bastaron un par de horas para que diversos testimonios dieran cuenta de lo evidente: para variar, no hubo enfrentamiento, sino que los militares atacaron de manera infame y veleidosa a civiles luego de abrir el paso vehicular. “A quemarropa”, como señaló uno de los sobrevivientes. Un verdadero intento de masacre: “los militares nos querían puro matar, puro matar personas, no respetaron a nadie, ellos dispararon para todos lados” según el testimonio de Adriana Lincopi. La pareja de Yordan Llempi, Danitza Herrera, también confirmó que él estaba en su casa cuando recibió el disparo. En definitiva, aunque en sus declaraciones las autoridades busquen demostrar que estas acciones no se dirigen al pueblo Mapuche, los hechos están claramente mostrando lo contrario.
La sistemática violación de los derechos humanos del pueblo Mapuche, que ha sido una constante aún en democracia, y la descarada aplicación de los mismos métodos al resto de la población chilena en 2019 y 2020, suficientemente documentada en sendos informes de numerosos organismos nacionales e internacionales, han implicado lógicamente el crecimiento de la conciencia en la población. No puede ser que en pleno siglo XXI el Estado ataque impunemente a la población civil, con el beneplácito de quienes se regodean[3], pero luego fingen ser las víctimas de la violencia y odio que siembran a diario.
Bajo un nuevo set de eufemismos como “violencia rural” y “macrozona sur” se ha buscado imponer un vocabulario en la agenda nacional, que acríticamente se recepciona en el léxico comunicacional. ¿Qué designa exactamente? ¿Es una zona estratégica de la policía? ¿Por qué un periodista -y un habitante promedio- tendría que hablar así entonces? El llamado “conflicto Mapuche” de las últimas décadas es en realidad un conflicto de los Estados nacionales con el pueblo-nación Mapuche producto del robo y saqueo del territorio[4], y ha visto la emergencia de las más grotescas injusticias. Infancias que crecen en medio de la violencia, asesinatos impunes y cobardes por la espalda, allanamientos racistas y arbitrarios. En Argentina se habla sin más tapujo de “violencia mapuche”. Un periodista puede escribir groserías infundadas y estigmatizadoras contra todo un pueblo, que se replican por todos lados, y no pasa nada. Nadie hace nada. ¿Quién puede en realidad hacer algo? Y, si nadie puede hacer nada, ¿de qué se trata entonces la existencia de un “país”? ¿De qué ufanarnos tanto si la justicia se ejerce de forma parcial? Si desde las infancias se construye la desigualdad.
Atravesamos una profunda crisis de interpretación de la realidad: ¿quién tiene la verdad de los hechos? A los/as ciudadanos/as comunes no les queda más opción que desgarrarse en la impotencia. ¿Hasta cuándo? Quienes pueden hacer algo han elegido hace ya bastante tiempo hacer la vista gorda (y hacernos creer que se interesan por los temas). Se permite que a la convencional y machi Francisca Linconao se la insulte -no tan anónimamente- por alzar la voz, y se permite el basureo cotidiano a la Convención Constitucional[5]. Se permite que un exmilitar lance amenazas por internet frente a un eventual triunfo de la oposición. Se ha permitido que las protestas iniciadas el 2019 sean brutalmente reprimidas, acostumbrándonos al hecho de que los carros policiales arrojen semana a semana soluciones ácidas que provocan graves quemaduras, mientras la policía dispara lacrimógenas directo al cuerpo de quienes se manifiestan. En este país medra altanera, hace bastante tiempo, la injusticia.
Pu weychafe anuncian su determinación a la autodefensa. Se debe anticipar e impedir la ocurrencia de una tragedia mayor. No se justifica la presencia, mucho menos la acción, de un ejército profesional contra la población civil. Los pueblos indígenas son parte de la nación, tienen derecho a una nacionalidad, incluso la ley establece un estatuto especial por su pre-existencia a la república. NO estamos en guerra. Si el gobierno no ha sido capaz de proveer pruebas contundentes que justifiquen este nivel de intervención armada (recuérdese el fracaso de la operación Huracán hace tres años, que demostró ser un montaje más como tantos otros, de camiones quemados, de falsos enfrentamientos), ¿por qué se le concede? ¿A quién le consta realmente que no sean las mismas facciones siempre dispuestas a realizar montajes o infiltrarse[6]? ¿Por qué se tiene que decir lo obvio? ¿Por qué tenemos que vivir en un país donde la prensa se pliega asquerosamente a las apetencias de agentes descarados del fascismo? ¿Por qué no actúan los tribunales y son las ONGs de defensa popular quienes deben hacerse cargo de estos casos?
Se suele hablar hasta el hartazgo en los medios de comunicación controlados por la elite mercantil, de la “violencia”. Se impone con éxito en la agenda política, transversal a todos los partidos políticos, el imperativo de “condenar la violencia venga de donde venga”. Si se sigue con atención los acontecimientos que ocurren cotidianamente en este país, se puede evidenciar que no hay jamás, nunca, una expresión de condolencia, mucho menos condena, de la violencia que se ejerce hacia el pueblo, hacia los/as pobres, indígenas, mujeres. No es de extrañar entonces la actitud del ministro del Interior y otras autoridades incapaces de lamentar la muerte de personas, de civiles en manos del Estado, y el hecho de que una niña de 9 años haya resultada baleada por efectivos militares (realmente, ¿a eso se atreven a llamar “enfrentamiento”?). Se festeja la aparente mayor “tranquilidad” en el sector (¿la de quién realmente?), se señala mañosamente lo obvio (“hay grupos militarizados”, evidentemente: el ejército de Chile; se habla de una “emboscada”, efectivamente: la de los militares)[7]. Por eso parecen deleitarse en regurgitar palabras como “terrorismo”: porque saben, están ciertos, de su existencia: porque ellos la ejercen.
Ad portas de una acusación constitucional motivada por el escándalo de los Panamá Papers, que indica la potencial responsabilidad del presidente en la trama de un proyecto ecocida (Dominga), el gobierno de Piñera vuelve a atizar las brasas de la crisis buscando eternizar el caos. Como decía el filósofo Giorgio Agamben el año pasado, a propósito de la pandemia, la estrategia gubernamental de este siglo parece ser la generación de la crisis como escenario permanente y no como acontecimiento puntual que exige una resolución. Cual Nerón, Piñera elige incendiar nuevamente el país. La “oposición” tiene entonces la obligación de destituir a un gobernante fanático de la violencia, que se erige en base a sus actuaciones en auténtico tirano[8]. La población, en quien reside verdaderamente la soberanía, no merece más sufrimiento. Se debe desarmar inmediatamente, desfinanciar, destituir y desintegrar, a las policías, ajenas a la población y sus sufrimientos, siempre dispuestas a masacrar. En lo inmediato, exigimos el cese del estado de excepción y la búsqueda de soluciones políticas al “conflicto” que no solo no se han agotado[9], sino que deliberadamente se ha dado marcha atrás en los avances que habían mostrado las últimas décadas (como la restitución de tierras por medio de la CONADI[10]), al tiempo que el extractivismo se ha acentuado cada vez más. El Estado debe buscar fórmulas para respetar la autonomía de los pueblos indígenas, consagrada en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) de las Naciones Unidas. El diálogo es la única solución para alcanzar este objetivo. La militarización solo empeora las cosas[11].
Interpelamos a quienes alguna vez han acudido a las manifestaciones de la revuelta, pobladas de banderas mapuche, o han clamado por la interculturalidad y el respecto a las diversidades en Chile. Ser indiferentes hoy es ser cómplices pues, mientras en el centro del país espectan impacientes la batalla electoral, en Wallmapu la batalla es desigual y cobra vidas Mapuche. Dejemos de contar votos. No solo son 30 años de neoliberalismo, son 30 años con más de 20 peñi/lamgen asesinados/as[12]:
Chile
1. 13 julio 2002 - Agustina Huenupe Pavian y José Mauricio Huenupe Pavian (a manos de colonos) Cauñicú
2. 12 noviembre 2002 - Edmundo Alex Lemun Saavedra, 17 años, asesinado por mayor Marco Aurelio Treuer, Angol
3. 11 diciembre 2002 - Jorge Antonio Suárez Marihuan, 27 años, asesinado por colono en Río Queuco
4. 26 septiembre 2004 - Julio Alberto Huentecura Llancaleo, 30 años, apuñalado por un reo en ex Penitenciaría, Santiago
5. 10 mayo 2005 - Zenén Alfonso Díaz Nécul, 17 años, atropellado por camión forestal, Puerto Montt
6. 3 de septiembre 2005 - José Gerardo Huenante Huenante, detenido desaparecido en Puerto Montt. Sargento Juan Ricardo Altamirano Figueroa y cabos Patricio Alejandro Mena Hernández y César Antonio Vidal Cárdenas formalizados por falsificación de documento en 2016
7. 29 agosto 2006 - Juan Lorenzo Collihuin Catril, 71 años, logko asesinado por sargento Juan Mariman Levío (absuelto), Nueva Imperial
8. 3 enero 2008 - Matías Valentín Catrileo Quezada, 23 años, asesinado por cabo segundo Walter Ramírez Inostroza, Vilcún
9. 31 marzo 2008 - Johnny Cariqueo Yañez, 23 años, ataque cardiaco por golpiza de carabineros, 26° comisaría de Pudahuel
10. 12 agosto 2009 - Jaime Facundo Mendoza Collío, 24 años, asesinado por cabo Miguel Patricio Jara Muñoz, Ercilla
11. 6 agosto 2013 - Rodrigo Melinao Lican, 27 años, asesinado por disparo de escopeta, Pidima
12. 1 octubre 2014 - José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil, 32 años, atropellado por tractor conducido por José Cañete Paredes (condenado en 2014), Galvarino
13. 29 octubre 2014 - Víctor Manuel Mendoza Collío, 27 años, werken, asesinado por dos desconocidos en Ercilla
14. 22 agosto 2016 - Yudy Macarena Valdés Muñoz, 32 años, femicidio empresarial, Tranguil
15. 10 junio 2017 - Luis Humberto Marileo Cariqueo, 24 años, y Patricio Gabriel González Guajardo, 23 años, asesinados por exsargento y dueño de fundo Ignacio Gallegos Pereira, Ercilla
16. 14 noviembre 2018 - Camilo Marcelo Catrillanca Marín, 24 años, asesinado por la espalda por sargento Carlos Alarcón Molina, Temucuicui
17. 31 diciembre 2018 - Juan de Dios Mendoza Lebu, 61 años, logko, muerto por lesiones atribuibles a terceros, Ercilla
18. 4 junio 2020 - Alberto Alejandro Treuquil Treuquil, 37 años, werken emboscado por desconocidos, Collipulli
19. 16 febrero 2021 - Emilia Milen Obrecht Baucis, 25 años, asesinada por disparo de guardia en condominio, Panguipulli
20. 9 julio 2021 - Pablo Marchant Gutiérrez, 29 años, recibió disparo en cabeza por carabinero, Carahue
21. 3 noviembre 2021 - Jordan Llempi Machacán 23 años, asesinado por militares en Cañete
Argentina
22. 25 noviembre 2017 - Rafael Nahuel Salvo 22 años, disparo por la espalda cabo primero Francisco Javier Pintos, Villa Mascardi
Referencias
Carrasco, Morita y Briones, Claudia. 1996. La tierra que nos quitaron. Reclamos indígenas en Argentina. Copenhague: IWGIA Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas; Documento IWGIA n° 18
[1] El despojo y la desposesión territorial, el aplastamiento sostenido que siguió a la ocupación de Wallmapu, que implicó una política (y actitud) etnocida y genocida que ha tenido al borde de la desaparición las manifestaciones culturales ancestrales del pueblo Mapuche.
[2] No nos cansemos de enfatizar la aplastante realidad que el plebiscito constituyente demostró con casi el 80% a favor del apruebo.
[3] Emol no da cobertura en su portada a este crimen, pero sí muestra “los dos últimos atentados”, ¿cometidos por quién exactamente? ¿Son capaces de demostrar la participación del pueblo pobre, del pueblo indígena, en sus hechos morbosos de violencia?
[4] Antes se hablaba de “cuestión indígena”, pero la retórica parece apuntar al mismo trasfondo: los intereses para nada simulados -y, de hecho, explícitamente declarados- de apropiarse de la tierra, de disponer de los indígenas como mano de obra barata (Carrasco y Briones 1996).
[5] La Ley 19.253, entre otros instrumentos nacionales e internacionales, condena explícitamente el racismo y la discriminación por motivo de identidad étnica. ¿Qué pasa entonces con todos esos bots y comentaristas de medios “tradicionales”? ¿Por qué quedan en la impunidad? ¿Simplemente porque nadie se hace cargo de aplicar las leyes? ¿Algunas sí y otras no? Algunas, dicho sea de paso, tan infamemente aplicadas como la Ley de seguridad interior del Estado instrumentalizada en problemas entre particulares.
[6] Con esto no queremos negar la existencia de la resistencia en Wallmapu ni su legitimidad, en tanto no se ha dado respuesta a las consecuencias de la usurpación del territorio (e incluso se ha permitido que colonos adscritos a la posverdad enarbolen tal noción para referirse a quienes toman lo que legítimamente les pertenece). Véase el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de 2003, y nótese ahí el uso del sustantivo “verdad”, con mayúscula. La violencia sufrida por los pueblos indígenas en Chile no está en cuestión ni es relativizable. Con todo, en los acontecimientos del pasado 3 de noviembre, los ataques de los infantes de marina se dirigieron a población civil, desarmada, que nada tenía que ver con manifestaciones. Tamaña arbitrariedad y descaro en mentir a la opinión pública no puede ser más tolerable.
[7] Ahí reside gran parte de la estrategia discursiva de las autoridades, con la que parecen prevenirse de estar diciendo algo “verdadero”, si bien impreciso, vago, alimentando una vez más la odiosidad.
[8] No es pensable una solución que implique la condena de la mayoría en favor de una minoría. Los términos de la discusión están también por lo general invertidos, mostrando a quienes sufren constantemente la violencia como los agentes de la misma, cuando en realidad estamos tratando de acciones legítimas de autodefensa frente a la agresión vil de quienes monopolizan los medios para ejercerla.
[9] En este último ciclo político, ¿siquiera se han explorado? Solo recordamos -además de las “mesas de diálogo” levantadas por el sector privado con claros intereses implicados, es decir: las empresas forestales-, el intento felizmente frustrado de “consulta indígena” llevado a cabo por Piñera en 2017 con el fin de desintegrar la propiedad indígena, cuestión nada nueva dentro de la institucionalidad; ya lo propusieron los liberales a principios del siglo pasado y también Pinochet.
[10] Fernando Pairican, “Los polos que presionan a la Convención”, Tercera Dosis, 30/10/21, https://terceradosis.cl/2021/10/30/estado-de-excepcion-en-wallmapu-los-polos-que-presionan-a-la-convencion/
[11] Y lejos de entender esto, las autoridades siguen echando carbón al fuego. Al cierre de este escrito, se conoció una reunión “secreta” del subsecretario de Interior con autoridades argentinas para coordinar la represión.
[12] A ambos lados de la cordillera. En alrededor de 10 de los casos se ha acreditado la participación directa de agentes del Estado. El caso de Yordan Llempi implica un nuevo punto de inflexión por tratarse de la acción directa de infantes de marina.
Andrés González Dinamarca, antropólogo social
Aline Bravo Sandoval, antropóloga social
Comisión de Derechos Humanos, Colegio de Antropólogxs de Chile
