1. Desde principios de 2023, Francia es el escenario de uno de esos movimientos sociales de los que tiene la reputación y el secreto. Movilizados contra (otra) nueva reforma periódica del sistema de pensiones, los ocho principales sindicatos que representan a los trabajadores y los tres principales sindicatos de estudiantes han movilizado a sus afiliados, así como a una mayoría significativa de la opinión pública, en su oposición. Y han sacado a la calle a millones de franceses. Hasta hoy en día, ya se han celebrado en todo el país una docena de jornadas de acción y manifestaciones, ordenadas y pacíficas, para protestar contra el texto de esta reforma, que prevé un aumento de la duración de la cotización a 43 anualidades y el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Después, la utilización por la Primera Ministra de un dispositivo constitucional (el famoso "artículo 49.3") que le permite forzar la decisión del Parlamento poniendo en juego la confianza del Gobierno, provocó manifestaciones espontáneas más violentas. Y desencadenó una espiral de radicalización creciente y mutual, entre un movimiento social, por un lado, que exige que se le escuche y se le haga justicia, y un gobierno, por otro lado, que hace oídos sordos a la protesta popular que denuncia como ilegítima e irresponsable. De la calle a las instituciones, y en el rechazo mutuo de la falta, se ha cristalizado una verdadera "crisis democrática", crisis que la validación de la ley por el Consejo Constitucional el 14 de abril no ha hecho más que prolongar. Pero ¿en qué consiste realmente esta reforma de las pensiones que está poniendo a una parte de Francia en huelga y en la calle? Según el Gobierno, se trata de anticipar el futuro deterioro de las cuentas públicas y hacer frente a un futuro déficit de este sistema de pensiones de reparto al que los franceses han mostrado su apego desde principios del siglo XX -y que defienden ferozmente, como en 2019 contra la introducción de un "sistema de puntos" basado en el modelo escandinavo. Sin embargo, el Consejo de Orientacion de Jubilacion, organismo independiente cuya experiencia es reconocida por todas las partes interesadas, no parece compartir el pesimismo del Gobierno francés. El pasado mes de septiembre, el Consejo estimó que en la mayoría de los escenarios previstos no hay una "dinámica incontrolada de los gastos de pensiones". En 2021, también consideraba que las pensiones seguían una "trayectoria controlada" hasta 2070. Aunque se prevén déficits pequeños y temporales en los próximos años, son principalmente consecuencia de reformas anteriores que redujeron unilateralmente la financiación de la seguridad social. Segun la opinión de los expertos, y de sus oponentes a derecha e izquierda del gobierno, se trata en realidad de una reforma "paramétrica". El gobierno disponía de tres variables: el importe de las cotizaciones patronales, el importe de las pensiones y la duración de las cotizaciones. De forma arbitraria y puramente contable, para pagar la reducción de un déficit temporal a partir de 2027, eligió mantener en activo dos años más a las categorías de trabajadores más frágiles: aquellos cuya penosidad (ya cuestionada en las reformas anteriores) hace que cada año de trabajo sea más penoso y más costoso; y las mujeres, cuyas carreras son más discontinuas, más incompletas y peor remuneradas. 2. Dramatizando la secuencia por razones tácticas, el gobierno pretende así que esta reforma salvaría al país de la ruina y la quiebra. Una burda exageración de la insostenibilidad de la deuda pública generada por las medidas adoptadas para amortiguar la crisis sanitaria y energética. Pero al desprecio por el ser humano, desencarnado por los agregados estadísticos, y al desprecio social por las clases trabajadoras, convocadas a trabajar más para compensar unos déficits que no son suyos, el Gobierno ha añadido también el desprecio por la democracia, reducida al respeto de unas pocas disposiciones constitucionales y a un respeto por la legalidad desconectado de la legitimidad política de su acción. Esta implacabilidad sólo puede incitar a los observadores a buscar en otra parte que en los argumentos oficiales las motivaciones profundas de esta reforma. Sin aventurarnos demasiado, podemos sospechar que son exactamente las contrarias de las que se han enunciado. En realidad, sólo se trata de preservar este precioso sistema de reparto, herencia de los modelos bismarckianos inventados por la Europa continental a finales del siglo pasado, cuando la última revolución industrial y el desafío socialista al capitalismo industrial estaban en pleno apogeo. Lo que realmente está en juego en esta tragedia es una financiarización encubierta. Tras el pretexto del aumento de la esperanza media de vida -cuestionable porque olvida la reciente inversión de la tendencia y la toma en consideración de la morbilidad-, las consecuencias nefastas de este aumento de la edad de jubilación son numerosas. En un mercado laboral francés bajo presión, donde el empleo de las personas mayores ya es uno de los más bajos de Europa, el principal efecto será alargar el periodo de inseguridad entre el empleo y la jubilación. Para las mujeres, cuyas pensiones ya son inferiores a las de los hombres, para los más modestos, para las clases trabajadoras, el espectro de la precariedad se hace más amenazador. Francia, junto con Italia, fue uno de los últimos países en los que el Estado asumió la misión de corregir las desigualdades de estas poblaciones, donde son muy fuertes. Esta reforma podría marcar el fin de una excepción francesa. La incertidumbre sobre los importes finales de las pensiones, e incluso sobre su pago a largo plazo, mantiene un sentimiento creciente de amenaza a la "vejez". Ante esta inquietud generalizada, es muy probable que los franceses recurran al ahorro privado y a la capitalización complementaria, sobre todo las clases medias que disponen de medios financieros. Los fondos de pensiones, principalmente estadounidenses, están al acecho desde los primeros pasos de la reforma. No se equivocaron los manifestantes del 6 de abril, que tomaron simbólicamente las oficinas parisinas de la sociedad de inversión americana Blackrock. Aún más sutil que la "estrategia de choque", asistimos a un artero intento de privatizar el sistema de pensiones "a la Chomski": debilitar la fiabilidad de la oferta pública en la mente de la gente hasta el punto de hacerla fracasar a los ojos de la opinión pública, con el fin de incitar a la gente a pasarse a alternativas privadas.
3. Esta secuencia de doble crisis democrática y social aporta dos grandes enseñanzas. En primer lugar, al conducir hábilmente a las clases medias a alejarse progresivamente de la solidaridad nacional y, por tanto, del contrato social en el que se basa la República desde hace dos siglos, este gobierno refuerza las relaciones de dominación en el seno de la sociedad francesa. Cuando toda la energía de la vida cotidiana se dedica a perseguir los fantasmas de la precariedad, queda muy poca para la contestación del orden social. Todavía más cuando la doctrina del mantenimiento del orden es cada vez más violenta, lo que hace que las protestas sean tan peligrosas físicamente como costosas económicamente. Heredero de una representación de la sociedad en la que los pobres son responsables de su destino, ya que sólo tenían que "cruzar la calle para encontrar un trabajo", Emmanuel Macron trona en la cima de una gran pirámide. Faraón lleno de su propio poder, representa hasta la caricatura esa Francia de la meritocracia, convencida de que sólo debe su éxito y su lugar en el orden político a su propio talento, y desde luego no a las condiciones sociales y culturales en las que ha nacido y se ha educado. Noble provinciano a la manera de M. Homais, el farmacéutico pedante del que Flaubert se burla en Madame Bovary, el presidente francés machaca regularmente con su desprecio de clase la Francia de los “Gilets Jaunes”, de las trabajadoras de primera línea y de las procesiones sindicales, este "país que no conoce". "Heritócrata", según la bonita fórmula del historiador Paul Pasquali, Emmanuel Macron tiene la sonrisa de una Francia autosatisfecha, segura de su buen derecho, de sus orígenes y de su futuro. Aquella para la que "todo va bien", porque ha tomado las decisiones correctas. Tronante en lo alto de la jerarquía de una sociedad con diplomas, esta nueva aristocracia concibe el mundo y las relaciones sociales como una gran cadena alimentaria, mezclada de darwinismo social, donde su dominación es de orden natural. Los más modestos merecen ciertamente consideración y cuidados, pero en forma de caridad que se concede y no como derechos que deben respetarse.
4. La segunda enseñanza es la siguiente: la batalla de las pensiones ya es anticuada, que sea ganada por el movimiento social al final, como lo esperamos, o por el gobierno, como lo tememos. Ésta es un residuo del mundo antiguo y sigue siendo totalmente dependiente de una visión paternalista del Estado e ignora el cambio cultural causado por la revolución digital. La financiarización de las pensiones es una tendencia general de las últimas décadas aunque sea un espejismo. En Chile, por ejemplo, alimentó el neoliberalismo inspirado por los Chicago boys, sin embargo no cumplió ninguna de las grandes promesas de emancipación y enriquecimiento individual que supuestamente debía traer. Después de 40 años, el balance es irrevocable: el trabajador medio cobra apenas el 30% de su sueldo cuando está jubilado, y no el 70% según lo prometido. Casi el 40% de los jubilados chilenos no tienen un plan de pensiones suficiente para vivir y la mayoría de los jubilados viven con menos del sueldo mínimo. Por lo tanto, el Estado debe actuar para paliar estas grandes vulnerabilidades, lo que pesa sobre las finanzas públicas al fin y al cabo - es decir, sobre los contribuyentes, que así terminan pagando dos veces. En resumen, los jubilados no se volvieron más ricos gracias a esta financiarización. La mayor parte de la población ni siquiera benefició de ésta y se redujeron las finanzas públicas. Es obvio que solo los mercados de capitales y los gestores de planes de pensiones beneficiaron de la financiarización y que acabaron disponiendo de decenas de miles de millones de dólares de liquidez para participar en el gran casino de las finanzas globalizadas. Sin embargo, a pesar de los riesgos de pérdidas evidentes desde la crisis de las hipotecas (“subprimes”) en 2008, los chilenos, como muchos otros en el mundo, parecen seguir creyendo en la fábula de un sistema financiero protector contra las violaciones de un Estado corrupto e indigno de confianza, en opinión de muchos. Así, durante la crisis sanitaria, tuvieron la potestad de usar sus ahorros de jubilación a título derogatorio. Esto les permitió individualmente padecer las dificultades financieras causadas por la paralización brutal de la economía mundial. En Alemania, o en Suiza, en donde las reformas de las últimas décadas han aumentado la cuota de capitalización en la financiación de las pensiones, son las personas con los sueldos más altos las que suelen optar por la capitalización, evidentemente. En este mundo, en el que el poder público resulta globalmente limitado por la influencia de los mercados y puntualmente desacreditado por los comportamientos de quienes lo representan, la financiarización simboliza entonces para las clases medias, e incluso para algunas categorías más modestas, una alternativa verosímil a los dispositivos de solidaridad nacional. Esta ilusión de la salvación individual, sobre todo para los que tienen medios, no es más que otra forma de creencia en la meritocracia, en definitiva. Los más dotados hacen lo que quieren, y los demás, lo que pueden. El debilitamiento progresivo de nuestros relatos colectivos no se remonta al advenimiento del reino digital. El cuestionamiento de las fuerzas unificadoras que representaban el trabajo, la familia, la patria o la religión se cumplió en nombre de los valores de libertad, igualdad y lucha contra todos los poderes. Las redes sociales y su poder unificador permiten – de manera puntual, es cierto –las movilizaciones colectivas de las pequeñas partículas fundamentales en las que nos hemos convertido– causando aquí y allá las primaveras árabes, las revueltas de los chalecos amarillos o la reunión activa de ciudadanos afectados por las mismas causas. Sin embargo, la digitalización acelerada de nuestras relaciones sociales durante las dos últimas décadas ha precipitado considerablemente la atomización del cuerpo social. Los estudios lo destacan regularmente: las constataciones son alarmantes. Todos nos dirigimos cada vez más a nosotros mismos, esclavos de un universo muy amplio y muy estrecho a la vez, del cual somos el centro absoluto. Los grandes cambios causados por la transformación digital del mundo sobrepasan nuestras formas de pertenencia colectiva. Literalmente borran el espacio y el tiempo, contribuyendo a un verdadero aplanamiento del mundo. Dañan nuestras mentes, nuestras representaciones, nuestras realidades íntimas, nuestras relaciones interpersonales, nuestras percepciones, y dañan hasta la carne de nuestros cuerpos, que ya es casi incómoda para navegar en los universos virtuales a los que se nos promete pronto el acceso generalizado - como el Metaverso en el que es posible tener una vida paralela y virtual completa. Pero no es necesario conectarse a la Matriz para notar diariamente esta evolución estructural. La desmaterialización es general y aparece evidentemente en la economía: en la actualidad, más del 90% de las riquezas producidas en el mundo son inmateriales.
5. Este cambio espectacular, por supuesto, no ha terminado. Pero por eso la oposición actual a la financiación de las pensiones es necesaria y ya anticuada. Necesaria, porque cuando un gobierno decide que la sostenibilidad de la solidaridad nacional es la responsabilidad de las categorías populares ya cansadas y la de aquellas y aquellos sin los cuales la economía no funcionaría, la injusticia social no debe ser aprobada. Anticuada, porque mientras persista esta ilusión de que los mercados financieros globalizados podrían cumplir la misión de solidaridad nacional de manera más eficaz que el poder público, los responsables políticos olvidan lo esencial. En la era digital, no es el trabajo extendido de las masas trabajadoras ni los mecanismos del mercado que permitirán establecer una sociedad solidaria estable. Nuestros sistemas fiscales y la organización de la seguridad social siguen girando fundamentalmente en torno a los intercambios y al valor añadido generado en un territorio. Pero, en la actualidad, la creación de riqueza se resbala a los Estados en gran parte. La cuestión que deberíamos plantear colectivamente es ¿cómo permitir al poder público sacar una parte justa de esta riqueza? En una economía mundial dominada por los flujos (financieros, energéticos o de contaminación) las existencias (valor añadido, trabajo, patrimonio inmobiliario) ya no deben ser el fundamento de la base imponible. La idea de un impuesto “Tobin” sobre las transacciones financieras es antigua. Se enfrenta a muchos obstáculos desde el principio. La opacidad del sistema financiero internacional conviene tanto a los bancos, las empresas multinacionales, las redes mafiosas, los servicios secretos de los Estados como a los poseedores de las mayores fortunas mundiales. Para que funcione esta idea, habría que reconsiderar dos aspectos: en primer lugar, basarla en la tecnología de la blockchain, que permite una transparencia total de los flujos y, en segundo lugar,n ampliarla a todas las transacciones financieras que se encuentran bajo la jurisdicción nacional de los Estados. Los cálculos de Marc Chesnay, uno de los inventores y promotores de este «micro impuesto» adaptado al reino de la economía inmaterial, sugieren que incluso con un tipo bastante bajo aplicado al conjunto de las transacciones financieras anuales en un país como Francia, o Suiza, se cubrirían todas las necesidades sociales. En otras palabras, ya va siendo hora de mirar más allá de la mera resistencia a las reformas injustas del gobierno de Emmanuel Macron - y de todos los demás. Organización, misiones y financiación: es el Estado en la era digital el que debemos reconsiderar integralmente. Con esta condición, nuestras luchas colectivas como resistencia desesperada podrán convertirse en propuestas concretas para un mundo mejor, para los trabajadores y para la sociedad entera.
Rodrigo Arenas es diputado francés, miembro de La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale (NUPES) franco-chileno.
