El miércoles 23 de agosto se realizó en las dependencias de la Biblioteca del Congreso de Valparaíso el coloquio: “Sociedad Civil y Parlamentarios sobre la Participación Ciudadana en Chile”. El evento organizado por la Academia Parlamentaria, el Centro de Extensión del Senado y el Ministerio Secretaria General de Gobierno, contó con la presencia de dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos, consejos comunales, fundaciones y corporaciones, quienes expusieron sus propuestas respecto a los avances de la ley 20.500 de Participación Ciudadana en Chile.
Con el objetivo de dar a conocer y generar un diálogo acerca del informe del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil sobre propuestas a la reforma de la ley 20.500 y el estado de participación en el país, se reunieron en Valparaíso parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de exponer sobre los avances en materia de institucionalidad y participación ciudadana en Chile.
Cabe recordar que la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública se promulgó en febrero del 2011. Este cuerpo legal, entre sus principales medidas, establece la participación ciudadana en la gestión pública como un principio de la administración del Estado. De este modo, el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones.
En Chile estos conceptos representan un importante avance pues introducen el derecho a la participación ciudadana en el sistema de administración del Estado que éste debe garantizar y promover activamente.
Sin embargo, este marco normativo sobre participación ciudadana es visto por la sociedad civil como un instrumento legal fragmentado y débil, que no logra instalar la participación ciudadana como un derecho transversal dentro del ordenamiento jurídico chileno. Francis Valverde, quién expuso en el coloquio como representante de ACCIÓN y del Proyecto Asocia2030, afirma que: “La principal razón para esto, reside en la vigencia del orden constitucional heredado de la dictadura, y el tipo de prácticas políticas que esto ha configurado, particularmente en la manera en que se concibe y ejerce el poder”.
Corresponde, según Valverde, buscar maneras para lograr un equilibrio entre estas diferentes formas de poder. “La manera más evidente de hacerlo desde la perspectiva del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, es modificando el principal determinante y cerrojo del orden actual, es decir la Constitución del ‘80”.
Si bien dentro de la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública se establecen de manera obligatoria instrumentos tales como; cuentas públicas participativas, consejos de la sociedad civil y consulta ciudadana para toda repartición pública, además de apertura de datos gubernamentales, en la práctica, esto se ha traducido en el establecimiento de espacios de participación meramente formales, con mandatos débiles y determinados por la repartición pública de la que dependen, con poca autonomía, pocos recursos y un nivel de participación informativo o consultivo en el mejor de los casos.
Por ello, desde las organizaciones de la sociedad civil, plantean la participación política directa, como derecho y como forma de interacción necesaria desde el punto de vista del funcionamiento equilibrado de una democracia. Consagrar como mínimo el derecho de todo ciudadano y ciudadana a participar de manera directa o indirecta en la gestión de los asuntos públicos del país al que pertenece, estableciendo el derecho a la participación como un principio transversal de los derechos humanos: “La participación política de la ciudadanía requiere ser reconocida constitucionalmente como un derecho humano. Para ello, se requieren nuevos mecanismos de democracia participativa que reconozca la nueva realidad ciudadana en Chile” concluye, Valverde.
Fuente: ACCIÓN
