Cabe precisar que las Fuerzas Armadas han sido un actor protagónico durante gran parte de nuestra historia, de modo que aquella imagen un tanto idílica en torno a un cuerpo armado obediente, profesional y subordinado al poder civil no se ajusta correctamente nuestra trayectoria histórica. Desde el nacimiento de la República, en la primera mitad del siglo XIX, y hasta bien entrada la centuria siguiente, los militares fueron protagonistas de diversas coyunturas; a veces en alianza con sectores de la elite dirigente, o bien, actuando bajo sus propios criterios y cosmovisiones. La recurrencia de este protagonismo uniformado pareció tener inclusive su propia temporalidad: intervalos de diez o veinte años (1830 - 1851 - 1859) se alternaron con otros ciclos un poco más largos de cuarenta o cincuenta años (1891 – 1924 – 1973), en donde el accionar uniformado aparecía con inusitada fuerza en el escenario público, ocupando, en general, un lugar destacado en la primera línea de la política. El sentido de cada una de estas intervenciones respondería entonces a condiciones y situaciones bastante particulares: desde el conflicto civil que dividió en más de una ocasión a la elite decimonónica, hasta el énfasis proyectualmente contrarrevolucionario del golpe militar de 1973 y la consecuente instalación de una dictadura, la cual para Guillermo O’Donnell constituía junto a los regímenes de igual tenor instaurados en Brasil, Argentina y Uruguay una forma específica de lo que denominó como Estado Burocrático Autoritario.
Ya fuese en el siglo XIX o XX, el protagonismo uniformado se enmarcaría dentro de coyunturas críticas que cerraron un ciclo y permitieron abrir nuevos derroteros, algunos ciertamente más dramáticos que otros. No se debe olvidar, por cierto, que en la mayor parte de estos escenarios las FF.AA. actuaron como uno de los apoyos materiales más significativos de los proyectos de modernización que las elites dirigentes llevaron adelante: desde el modelo oligárquico-monoexportador del siglo XIX hasta el esquema de carácter mesocrático sustentado por la joven oficialidad en la década del veinte y treinta del siglo pasado.
En el marco de la dictadura militar de Pinochet (1973-1990) observaremos nuevamente a las FF.AA. situándose como sostén fáctico de un nuevo proyecto de modernización, esta vez de signo neoliberal. Cabe recordar a este respecto que fueron sectores de la Armada en conexión con economistas imbuidos de la doctrina neoliberal aprendida en Chicago quienes esbozaron los primeros lineamientos de este nuevo modelo, cuyas ideas matrices, en todo caso, ya se habían sintetizado en el texto conocido como El Ladrillo. En poco tiempo, la Junta Militar hacía suyo el ideario monetarista, comenzando una rigurosa aplicación que, aunque resistido en algunos círculos oficiales, a la larga se terminaría por imponer. En este sentido, las Fuerzas Armadas fueron un factor decisivo para impulsar y materializar un proyecto que desde el punto de vista social y político carecía de legitimidad y apoyo. En un arranque de franqueza, Rolf Lüders reconocería años más tarde que sin la intervención de los militares el año 1973 habría sido “imposible” aplicar el modelo neoliberal en Chile, señalando adicionalmente, que lo importante no era la legitimidad del modelo ni las condiciones en las cuales se aplicó, sino, por el contrario, los “beneficios” que a la larga aquél generaría.
Cabe recordar en todo caso, que la dureza y consecuencias materiales de la implementación de este proyecto fueron padecidas fundamentalmente por la sociedad civil y no por las Fuerzas Armadas, cuestión que sin duda resultaba -y resulta hasta hoy- oprobiosa y moralmente cuestionable. El propio Pinochet alertaría, en este sentido, que respecto a la reforma de pensiones que introdujo el sistema de AFP en 1981, y del cual las FF.AA. quedarían al margen, podrían suscitarse fuertes críticas y un repudio generalizado hacia las autoridades castrenses. Igual de significativas –y cuestionables- fueron las disposiciones legales que favorecieron el financiamiento de las Fuerzas Armadas a través de la ley reservada del cobre o, desde un ángulo más estructural, la privatización de empresas púbicas que favorecieron en su momento a grandes grupos económicos, los cuales estrecharían sus relaciones y apoyos hacia el régimen militar. Así, el cambio estructural que introdujo la dictadura en materia económica favorecería los intereses del gran empresariado y a sectores muy minoritarios de las capas medias del país, dejando en un espacio fronterizo de abandono y marginalidad a sectores importantes de la población. En síntesis, el modelo neoliberal -concebido ideológicamente en el exterior- fue materializado en Chile gracias al accionar de las Fuerzas Armadas que brindaron su sostén y respaldo operativo, permitiendo de este modo imponer por la fuerza un modelo de sociedad excluyente y desigual. Conviene advertir de igual forma que la instauración de este esquema se hizo sobre la base de unas FF.AA. asentadas sólidamente dentro de un aparato estatal que controlaban y hegemonizaban a voluntad (es decir, se estaba en presencia de un militarismo plenamente institucionalizado) lo que sin duda facilitaba la puesta en práctica de cualquier tipo de cambio estructural.
El nuevo ciclo político que parece abrirse en la actualidad se conecta (o conectará) indefectiblemente con la dictadura militar y las transformaciones socioeconómicas que a partir de ella se instauraron en Chile. Si comienza a operar un cuestionamiento cada vez más serio y contundente en contra de las bases del modelo neoliberal es posible que se desarrolle también un cuestionamiento implícito hacia el carácter y operatividad que asumieron los militares tras el golpe de 1973, por apoyar y sustentar un proyecto económico de esas características. Como señalamos al inicio de esta columna, el problema más delicado y posiblemente más importante a este respecto radica en saber cómo procesará y posteriormente reaccionará el mundo uniformado en el momento en que comiencen a operar algunas de las modificaciones más significativas al modelo, por ejemplo, respecto al tema de pensiones u otras de similar impacto. Recordemos que algunas de estas transformaciones, esbozadas hasta ahora a modo de propuestas, pero con posibilidades de materializarse en un futuro no tan lejano, afectarían directamente los intereses y posiciones de poder de las propias Fuerzas Armadas y de Orden. Se trata, en fin, de cambios y modificaciones que buscarán no sólo a rectificar un cuerpo legal o normativo que en buena medida les favorece, sino también comenzar a desmantelar un proyecto ideológico del cual las FF.AA. fueron su brazo ejecutor.
Lo interesante de la actual coyuntura social y política es que un cuestionamiento de esta magnitud hacia el modelo neoliberal no se había observado todavía en Chile. Y esto es significativo en relación con las coyunturas que se pueden abrir en el mediano plazo. De hecho, los cuestionamientos que operaron hacia las FF.AA. en los últimos treinta años tuvieron relación fundamentalmente con las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Dictadura y perpetradas por miembros activos de estas instituciones, pero no con su papel como sostén del proyecto neoliberal. El cambio de ciclo que se vive en Chile en estos momentos ha generado, a mi juicio, una discusión que, además de pasar inadvertida, pone un punto de tensión no menor respecto al modelo –severamente cuestionado en la actualidad- y los actores que propugnan su defensa y mantención inalterable. Las FFAA parecen situarse, a pesar de su silencio en esta materia, dentro de este último sector dado el papel protagónico que tuvieron en su implementación y desarrollo hace más de cuarenta años atrás, aunque también cabe incluir dentro de este segmento al gran empresariado y una parte de la elite política e intelectual. Nadie debería descartar a priori que desde estos últimos segmentos se enarbolen estrategias discursivas que, implícita o explícitamente, interpelen a las Fuerzas Armadas a asumir un rol defensivo de las bases del modelo neoliberal. A fin de cuentas, los llamados que se hicieron recientemente desde el oficialismo y el mundo empresarial para que las Fuerzas Amadas velaran por el orden y la paz social reflejan cuán importante es el tema de la estabilidad para la elite, una estabilidad que no sólo obedece a cuestiones relativas al orden público sino también respecto a la continuidad de un modelo económico -severamente cuestionado en su legitimidad- pero que requiere de ese orden para poder funcionar. En definitiva, me parece observar que no solo las Fuerzas Armadas son el último sostén del modelo, sino que ellas constituyen un componente más dentro de un segmento amplio (que se articula con elementos civiles del empresariado y del mundo político) que velará por su continuidad y vigencia. En un futuro no tan lejano, podríamos presenciar la re-emergencia fáctica de ese grupo cívico-militar que administró el país en los setenta y ochenta y que, llegado el momento, deberá actuar desde posiciones defensivas en resguardo del modelo.
Cómo enfrentar esta coyuntura y, sobre todo cómo construir un discurso y un accionar estratégico que aborde el papel de un actor clave del sistema institucional dentro de un escenario político cada vez más complejo e incierto, constituirá uno de los desafíos más interesantes para la sociedad civil en el mediano plazo, tras el estallido social de hace dos semanas.
Francisco Javier Morales Aguilera
Doctorando en Historia Contemporánea Universidad Autónoma de Madrid
