De todos los puntos que se ha destacado en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, uno ha pasado bastante desapercibido a pesar de la relevancia que posee. En muchos momentos del discurso presidencial se reconoció el uso de Inteligencia Artificial (IA) en tareas que están definiendo las políticas de gobierno, tanto a nivel de decisiones económicas como decisiones en vivienda, seguridad, salud, educación y otras. El presidente explicó que se está utilizando IA tanto para procesar datos de gran tamaño como para hacer revisiones y auditorías amplias y profundas a fin de asegurar el buen uso de los recursos públicos. No cabe duda que es loable el fin: que los recursos que aportamos los ciudadanos se utilicen eficiente y correctamente. El punto que quiero destacar aquí es el medio o instrumento que se estaría utilizando para orientar las políticas de gobierno, pues la IA evidentemente incuba problemas que pueden inducir a falta de transparencia o peor, a errores dentro de la gestión del gobierno.
Como sabemos, la IA es una iniciativa tecnológica privada que empuja el procesamiento masivo de datos a través de algoritmos muy complejos. Como el mismo presidente destacó, es una tecnología que llegó para quedarse. Sin embargo, la IA no es un instrumento inocuo ni neutralmente perfecto y por eso mismo requiere de un uso responsable. La IA es un instrumento tecnológico que no está exento de problemas en su utilización pues incluye sesgos humanos en la programación, en el procesamiento de datos y en la información que produce.
Cabe citar al respecto que la Comunidad Europea ha erigido una ley sobre el uso de la IA en agosto de 2024 que busca controlar, bajo un sentido de confianza, el uso de esta tecnología en múltiples aspectos de la organización y gestión dentro de los países europeos. El fin es proteger a los ciudadanos de ciertos usos de la IA que terminen por perjudicarles. Esta ley identifica niveles de riesgo en la IA y pone especial énfasis en aquellos que implican aplicaciones que vayan a ser usadas en sectores críticos como la salud, la educación, el empleo, el orden público, la gestión de fronteras y la infraestructura crítica. Hoy por hoy en Europa, el uso de IA en la gestión política exige transparencia, replicabilidad, una evaluación estricta permanente, mitigación de riesgos y supervisión humana constante antes de cualquier decisión que se apoye en dicha tecnología.
En síntesis, esta preocupación sobre la incorporación de IA en las gestiones del gobierno de Chile implica tener en cuenta, al menos por criterios éticos, que todo uso de IA en política se oriente por principios de confianza, transparencia, explicabilidad y de rendición de cuenta permanente. No vaya a ser cosa que el “remedio” resulte peor que la “enfermedad” que se quiere curar.
Cristhian Almonacid Díaz
Director Magister en Ética y Formación Ciudadana
Universidad Católica del Maule.
