El Encuentro “Descentralización, derechos sociales y desarrollo local” de la comunidad que reunió a diversos actores sociales junto al gobernador electo por la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca para abordar temáticas pendientes a nivel local sobre equidad social y participación.
En la jornada de discusión, realizada en el auditorio Salvador Allende de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano con el apoyo de Le Monde Diplomatique, Mundaca analizó las tensiones entre las autoridades regionales y el Gobierno central, así como las limitaciones estructurales que enfrenta la descentralización administrativa, política y fiscal en el país. El ingeniero agrónomo y activista por el acceso al agua como bien público y derecho básico señaló que, aunque Chile ha dado algunos pasos hacia la descentralización, el modelo actual sigue fuertemente centralizado. “Los gobernadores regionales, electos democráticamente, aún deben coexistir con los delegados presidenciales regionales, designados por el Ejecutivo, cuyas funciones en seguridad, migración y emergencias a menudo se contraponen con la de las autoridades regionales. Esto crea conflictos administrativos y una percepción de homologación de roles que dificulta la toma de decisiones autónomas en las regiones”, señaló.
El gobernador destacó también que la mayoría de los recursos de los gobiernos regionales provienen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), diseñado originalmente como un mecanismo de compensación territorial. Sin embargo, el 93% de los fondos sigue dependiendo del Gobierno Central, lo que limita la autonomía fiscal de las regiones. Situación que se ve agravada por las modificaciones presupuestarias unilaterales realizadas por el Gobierno central en términos de planificación regional.
El actual gobernador por la Región de Valparaíso describió los desafíos únicos de la región que alberga el puerto de San Antonio que es el puerto marítimo más grande del país, el Congreso Nacional y un ecosistema universitario robusto. A pesar de su importancia estratégica y económica, el Gobierno Regional opera con solo 172 trabajadores para atender las 38 comunas, incluidas las insulares, como el Archipiélago Juan Fernández. Esta insuficiencia de recursos humanos ilustra las limitaciones de la descentralización administrativa. El gobernador también subrayó que, aunque la región genera ingresos significativos a través de actividades como el comercio portuario, los tributos derivados de estas operaciones van al Gobierno central, sin beneficios directos para la región. Esto pone en evidencia la necesidad de avanzar hacia una descentralización fiscal efectiva que permita a las regiones gestionar los recursos que producen.
En cuanto a la importancia del trabajo territorial, Mundaca resaltó que la descentralización tiene un impacto directo en la vida de las personas, al permitir que las decisiones se tomen más cerca de las comunidades. Ejemplos de esto incluyen la inversión en infraestructura sanitaria, como la compra de ambulancias para hospitales locales y la implementación de equipamiento médico en comunas desatendidas, entre otros casos. Enfatizó además que estas acciones dependen de un financiamiento insuficiente y de la voluntad política del Gobierno central para compartir competencias.
Según la autoridad, la descentralización amplía la base social deliberante, fortaleciendo el tejido democrático. Esto contrasta con el antiguo modelo de intendentes designados, quienes muchas veces actuaban bajo las directrices de Santiago sin considerar las necesidades locales.
Aunque reconoce los avances en el traslado de competencias hacia las regiones, Rodrigo Mundaca se mostró escéptico respecto de un Gobierno central que no cumpliría compromisos clave, como la eliminación de los delegados presidenciales regionales. También señala que el proyecto de ley "Regiones Más Fuertes", que busca otorgar mayor autonomía a las regiones, ha quedado estancado tras los escándalos de corrupción relacionados al “Caso Convenios”. El gobernador concluyó que, a pesar de las dificultades, la descentralización sigue siendo un objetivo prioritario. Para lograrlo, es necesario no solo un cambio estructural, sino también un esfuerzo conjunto entre las autoridades regionales y la sociedad civil.
