A un mes de instalado el gobierno de Gabriel Boric Font, junto con su Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, como era previsible, los temas de seguridad pública fueron los primeros que se evidenciaron para gestionarlos. Pareciera ser que la primera tensión en este sentido, tuvo que ver con la problemática mapuche, la cual acogió al nuevo gobierno con particular intensidad, más que por los actos de los distintos grupos mapuches más radicalizados (que no son precisamente los ajustados a un estado de derecho), por las maneras con las cuales la/os diferentes personera/os del ministerio del interior y seguridad pública (Ministra Siches y Subsecretario Monsalves) y la delegación presidencial del Bío-Bío (Daniela Dresdner) sobre la Macrozona Sur.
No es afán de esta opinión referirse a las dificultades de movilidad de la Ministra y Subsecretario, consignados en la zona, ni las declaraciones de la Delgada Presidencial, situaciones todas entendibles desde dos dimensiones generales: 1.- el gobierno, como nuevo ejecutivo, se encuentra sometido al morbo público (opinión pública) de cualquier nuevo ejecutivo, pero, además intensificado por su trayectoria activista de sus años de dirigentes estudiantiles (sin perjuicio de su paso por la institucionalidad congresal y gubernamental para el caso de unos y otros) y 2.- el gobierno es un sub cuarenta, como se le ha descrito latamente en uno u otro medio de análisis político y otras coberturas de discernimiento de lo público, por lo tanto, el dicho popular clásico, “otra cosa en con guitarra”, en este caso se amplía de sobre manera, haciendo entendible otra frase, como es, “veamos como lo hacen esta/os jóvenes”. Por descontada se considera la oposición política, además, fragmentada, la cual, se espera, más allá del verbo, haga carne su trabajo de oposición democrática en el Congreso y otras instancias, más todos los poderes fácticos, que son diversos y rondan en la “opacidad de la transparencia”.
Si bien, en un mes no se puede prospectar qué ocurrirá en el comportamiento del gobierno en el mediano y largo plazo, sí interesa fijar la atención en cómo, muy tempranamente, orientan su accionar en una perspectiva que es lacerante en la popularidad ciudadana cuando el delito o la percepción de delito se visibiliza en los centros urbanos (¡ya existe el quehacer delictual!) por medio de la violencia, el robo de especies, delitos de alta connotación pública, narcotráfico y así un largo etcétera. Ese es un momentum, donde deben minimizarse al máximo los errores no forzados, dada la sensibilidad de estas materias, ya que, en el entendido que el diseño y ejecución de política pública en estas problemáticas, efectivamente, debe acompañarse de empoderados personeros (o sino preguntar a Andrés Chadwick, tras el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca), de lo contrario, su gestión o capacidad política se minimiza gradualmente.
Mirando la promesa del programa de gobierno en esta línea, el cual es amplio y transformador, que va desde la reforma de carabineros, pasando por los delitos de cuello y corbata, llegando a la casuística delictual clásica, se podría afirmar que no bastará con un enfoque territorial consciente para estos y otros temas (fundamental de todos modos) para su eficacia y eficiencia, si es que la gestión política no se ajusta, adecuadamente, ya que de no hacerlo, terminará comprometiendo la gobernanza en seguridad pública, la que se entiende como compleja y de equilibrios dinámicos. Esto es urgente, ya que el aterrizaje, pero también el influjo que provendrá desde los territorios (domicilio familiar, cuadra, avenida, barrio, comuna, región, combinaciones interescalares de las anteriores, otros) debiese ajustar las políticas e instrumentos existentes para hacer frente al hecho que comporta vulneración de seguridad pública. Los instrumentos nacionales, regionales y locales, acompañados de la política pública sancionada, más la que se gestionará, en este nuevo gobierno, precisan asertividad en la gestión política y técnica, no sólo por la necesidad de incrementar mejores calidades de vidas de las personas en sus barrios (que es central), concretando. Efectivamente, la gobernanza en seguridad pública, la cual debiese entenderse territorializada y participativa.
Se aprecia cómo entonces las dificultades han transitado en diferenciados espacios del ya pretérito mes inaugural, que debió inscribirse en lo que se denomina marcha blanca de instalación que, por lo antes dicho, no fue (o muy acotada, temporalmente). Sin embargo, fue significativo como primera puesta en escena que remite al problema propio de la representación política, en donde pasar al acto significa dos cosas; primero, que cualquier acción se inscribe en el universo simbólico del otro y, que, por lo tanto, la modificación de los sentidos como la culminación del acto mismo está abierta a su posibilidad más radical de variación; en segundo lugar, la política está signada como actividad del actuar y no del producir, lo que implica el comienzo permanente de la incertidumbre y el error, por más técnico que se sea, cuestión que algunos ponen al tapete como crítica a la falta de experiencia; no hay que olvidar los casos de la política pública del Transantiago, las políticas permanentes y discontinuas de los gobiernos en el caso Araucanía, la Modernización del Estado en la Concertación y el problema de la DIPRES como organismo evaluador y ejecutor de los presupuestos ministeriales (escrutados críticamente por una/os y otra/os).
No obstante, hay algunas dimensiones a tener en consideración en el ejercicio práctico de la política para interpretar estos primeros treinta días, a propósito de la política pública, lográndose ésta en la triada de toda política pública, policy (forma), politics (proceso) y policie (contenido), la cual hace insostenible calificar un gobierno en un lapso tan breve como éste. Ahora bien, lo prudente es mirar críticamente las complejidades varias que asechan a un gobierno con miras a transformaciones profundas, en donde la capacidad para gestionar una gran cantidad de intereses, expectativas y conflictos en el ámbito securitario es complejo. Lo que sí es seguro, es la multidimensionalidad que atraviesan los problemas en materia de seguridad, y la tarea no cayó, no cae ni caerá restrictivamente en las instituciones propias a la seguridad moderna, en donde la experiencia comparada evidenció las dificultades y efectos adversos que acarrearon, sino a todo un aparato institucional multidisciplinar que permita la disminución de la desigualdad, algo que la Jefa de Asesores de Gobierno, Lucia Dammert, identifica como el problema generador del fenómeno tratado acá.
Cristopher Ferreira Escobar. Doctorante en Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos (DETLA), UAHC. Politólogo y director de la Fundación Politología, Centro de Estudios.
José Orellana Yáñez. Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Académico de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia Humanismo Cristiano
