Hacia finales de 2025, decenas de migrantes venezolanos quedaron varados en la frontera de Chacalluta, entre Chile y Perú, sin poder cruzar hacia ningún lado. No eran delincuentes. Eran personas atrapadas entre dos Estados que no los querían. Esa imagen, cuerpos suspendidos en un no-lugar, entre la expulsión y la imposibilidad del retorno, no es una anécdota de campaña. Es un síntoma. Y como todo síntoma, señala algo más profundo que lo que muestra.
La ciencia social lleva décadas intentando nombrar ese algo. Pierre Bourdieu lo llamó sufrimiento social: la traducción corporal y biográfica de las estructuras de dominación, las marcas que deja el orden social, sus jerarquías de clase, raza, género, nacionalidad, en las trayectorias de personas históricamente excluidas. No son accidentes. Son efectos previsibles y sistemáticos de cómo una sociedad decide organizarse. Y el Estado, lejos de ser un observador neutral, es uno de sus principales productores.
Leer el gobierno de José Antonio Kast desde esta clave no es un ejercicio académico. Es una forma de entender lo que está ocurriendo en Chile.
Desde el 11 de marzo de 2026, las primeras medidas del nuevo gobierno han confirmado una lógica que su campaña ya anunciaba con claridad: el Estado reducirá su presencia donde más se lo necesita, y la reforzará donde se trata de controlar. Al día siguiente de asumir, el ministro de Hacienda firmó un recorte del 3% en el gasto de todos los ministerios, con el objetivo declarado de reducir el déficit fiscal en torno a los cuatro mil millones de dólares. El Ministerio de Educación perderá más de 524 mil millones de pesos; el de Salud, más de 517 mil millones. En Educación, el golpe es especialmente severo porque se acumula sobre un presupuesto que ya contemplaba una reducción del 4,6%, y sobre una gratuidad universitaria que el gobierno evalúa restringir para mayores de 30 años.
Mientras tanto, el gasto en control se expande. El Plan Escudo Fronterizo despliega al Ejército en el norte del país. Se nombra un comisionado presidencial para la región. Los recursos siguen hacia donde hay un orden que vigilar, no hacia donde hay un sufrimiento que aliviar. Bourdieu describió esta dualidad con precisión: el Estado tiene una mano izquierda, servicios sociales, educación, salud, vivienda, y una mano derecha, policía, tribunales, burocracia punitiva. Lo que define a los gobiernos que administran el sufrimiento en lugar de reducirlo es el debilitamiento sistemático de la primera y el fortalecimiento de la segunda.
El sufrimiento no se distribuye al azar. Tiene una geografía que coincide con las coordenadas del poder.
Los migrantes son su objetivo más declarado. Las propuestas del gobierno contemplan privarlos del acceso a salud, educación, vivienda y beneficios sociales, y prohibir el envío de remesas a quienes no tengan residencia regular. La retórica del "ilegal" cumple una función precisa: deshumaniza para legitimar. Convierte en problema de orden público lo que es, en primer lugar, un problema de sufrimiento social producido a escala global y gestionado localmente con violencia institucional. El Banco Mundial y la CEPAL estiman que la migración aporta el 10,5% del PIB chileno, pero quienes la sostienen viven en condiciones cada vez más precarias, y el Estado ahora se propone hacerlas aún más invivibles.
La comunidad LGBTIQ+ enfrenta un retroceso de otro tipo: el de la omisión deliberada. Cuando el gobierno de Kast retiró el apoyo de Chile a una declaración del Grupo LGBTIQ+ de la OEA, organismo del que Chile es país fundador, lo hizo mientras reconocía en ese mismo foro que el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género son avances. La contradicción no es descuido: es política. Se reconoce lo que ya no puede desmontarse y se abandona lo que todavía puede deteriorarse.
Los sectores medios tienen su propia forma de sufrimiento, menos visible pero igualmente concreta. El 26 de marzo, el gobierno de Kast aplicó el mayor ajuste de combustibles en décadas: la bencina de 93 octanos subió más de 390 pesos por litro, el diésel 580. El alza, atribuida al conflicto en Oriente Medio, se trasladará inevitablemente al costo de los alimentos, el transporte y los servicios básicos. La arquitectura del ajuste es reveladora: la minería vio suspendida transitoriamente su exención tributaria sobre combustibles, equiparada al régimen del transporte terrestre; los camioneros recibieron no dinero sino promesas de zonas de descanso y seguridad vial, demandas históricas legítimas, convertidas ahora en moneda de negociación. Los sectores populares y medios, en cambio, no negociaron nada. Simplemente pagan.
Aquí aparece una de las contradicciones más reveladoras de estos primeros meses. Kast ganó las elecciones en buena medida prometiendo seguridad. Pero la austeridad fiscal que impulsa afecta también a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, cuyo presupuesto no ha sido exceptuado del recorte. Un gobierno que recorta a su propia policía mientras despliega esa misma policía para contener el descontento social revela algo importante sobre qué entiende por seguridad.
El 26 de marzo, mientras miles de estudiantes marchaban contra los recortes y el alza de combustibles, el centro de Santiago fue blindado con vallas, el metro cerró varias estaciones y Carabineros desplegó carros lanzaaguas y gases lacrimógenos. Catorce personas fueron detenidas, entre ellas un menor de 13 años y tres migrantes. El subsecretario del Interior declaró que el gobierno no tiene que evaluar la motivación política de las marchas. El presidente Kast llamó a los jóvenes a no afectar más a la patria.
Lo que ese dispositivo muestra no es un Estado preocupado por los asaltos, los portonazos o los homicidios que llevaron a tantos chilenos a votar por la derecha. Es un Estado que tolera el sufrimiento en silencio y persigue su expresión colectiva en la calle.
La eficacia del sufrimiento social como mecanismo de dominación reside precisamente en su tendencia a naturalizarse. Quienes lo padecen suelen culparse a sí mismos, de no haberse regularizado, de no haber estudiado lo suficiente, de no haber llegado a fin de mes, antes de identificar las estructuras de dominación que producen esos contextos. El Estado, en ese esquema, no aparece como causante sino como árbitro o, en el mejor de los casos, como un recurso escaso al que no todos pueden acceder.
El discurso de la emergencia que encuadra el gobierno de Kast opera exactamente en esa dirección. Presenta como respuesta técnica inevitable a una crisis lo que es, en realidad, una elección política sobre quién merece protección y quién no. La emergencia convocada desde La Moneda tiene nombre y apellido: es la de los mercados, la de la seguridad, la de los equilibrios fiscales. Otras emergencias, la de los migrantes varados en una frontera, la de los jóvenes endeudados, la de quienes no pueden llenar el estanque para llegar al trabajo, no aparecen en ese cuadro porque no son reconocidas como tales.
Bourdieu señaló que nombrar es un acto de poder. Llamar "ilegal" a quien migra, "privilegio" a un derecho conquistado o "gasto" a una política social no es solo retórica: es la operación mediante la cual el sufrimiento de unos queda invisibilizado y el de otros se vuelve el fundamento legítimo del orden. Cuando quienes padecen ese sufrimiento invisibilizado salen a la calle a nombrarlo, el Estado responde con lanzaaguas.
Gobernar desde el dolor ajeno no requiere crueldad consciente. Basta con elegir, sistemáticamente, qué sufrimiento merece atención del Estado y cuál queda librado a la suerte de cada uno. En sus primeros meses, el gobierno de Kast ha trazado con claridad esa línea. La tarea de quienes no están de acuerdo con ese trazado es, antes que nada, resistir su naturalización: nombrar cada recorte, cada expulsión, cada derecho retirado en silencio, como lo que son —decisiones políticas con consecuencias reales sobre vidas concretas— y no como el inevitable precio de un orden que, en rigor, tampoco nos protege a todos por igual.
José Ignacio Díaz Aros
Sociólogo, Escritor.
