A pesar del gran crecimiento económico sostenido las últimas tres décadas, que casi quintoduplica su potencia, crece, paralelamente, una desigualdad socioeconómica descontrolada que provoca el estallido social. La victoria arrolladora de la propuesta de Gabriel Boric, que logró unir a la izquierda y centroizquierda, muestra que las grandes mayorías piden una repartición más equitativa del ingreso y de la riqueza, como también la profundización y consolidación de los grandes avances en derechos civiles y humanos de mujeres, diversidad sexual y pueblos originarios; además de una política institucional en defensa irrestricta del ecosistema. Todo esto implica, en suma, no solo el deseo de las grandes mayoritarias por equilibrios socioeconómicos con equidad, sino también muestra, meridianamente, que esperan una mejora sustancial en la calidad del sistema democrático. La principal ―hay demasiadas― encrucijada de este gobierno es, sin tener mayorías en el Parlamento, lograr acuerdos transversales para hacer las reformas y mantener al mismo tiempo la macroeconomía saneada que, después del estallido social y la catástrofe sanitaria, padece de un recalentamiento grave, con una inflación casi descontrolada que pone en peligro el crecimiento económico. Y, lo más importante, convencer al poderoso mercado chileno ―unos pocos conglomerados de unas pocas familias―para que no se instale en la sedición contra su gobierno, como hicieron con Bachelet 2 con un auténtico lockout empresarial. El cambio de un Estado subsidiario neoliberal a uno socialdemócrata, vale decir, con un Estado potente financieramente garantizando los derechos sociales básicos de calidad, que es lo que propone Boric y su conglomerado, Apruebo Dignidad, requiere de demasiada estrategia política y mucha gradualidad, es decir, una velocidad muy moderada, dos factores que no sé si su electorado tendrá la paciencia de soportar. Estamos hablando de mínimo ocho años para recién comenzar a sentir los cambios en carne propia. Y esto si todo funciona por carriles sin ningún impedimento, algo inimaginable hasta ahora. El factor comunista en su gobierno ―es el partido más grande de su coalición y con una experiencia política de más de 100 años― es un enigma, más que nada en el poder que tendrán en las decisiones económicas. Sin embargo, la historia del partido Comunista de Chile es sui generis. En efecto, en las primeras décadas del siglo pasado, este partido ya participaba en gobiernos del partido Radical, que, siguiendo el modelo del Frente Popular europeos, fracasados allí y no así en Chile, pusieron los primeros cimientos de un Estado más solidario y social, respetando el marco constitucional y democrático, sin fisuras. Durante el gobierno de Salvador Allende fue el partido más “conservador”, no se salió jamás de la legalidad del marco constitucional; los que la rompieron fueron la derecha y la Democracia Cristiana (con muchas mea culpas después por estos últimos) con un golpe de Estado, el mayor crimen contra la democracia. En suma, este partido jamás ha propiciado propuestas antidemocráticas que rompan el marco constitucional. Si crearon el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con ello no se salían de las cláusulas de Naciones Unidas, que estipula que se pueden dar todas las formas de lucha contra tiranías. En definitiva, si el partido Comunista chileno no se sale de su línea política histórica, no habría grietas para llevar a cabo el Programa de Gobierno de Boric; más bien podría ser de gran apoyo a las reformas llevando a las multitudes a la calle exigiéndoles, a los que se oponen, el acuerdo transversal para llevarlas a cabo. No obstante y no sólo por el factor comunista, todo indica que la administración de Boric será una empresa titánica llena de imposibilidades. Para que el gobierno de Boric no sea echarle agua al mar, debiera centrarse en llevar a buen puerto la tarea de la Convención Constitucional que, como se supone, situarán en la nueva Constitución los derechos económicos y sociales en primera línea. Entonces, se podrán llevar a cabo las transformación estructurales para hacer de Chile un país con un estado social y solidario que, con un mínimo del 35% del Producto Interior Bruto, pueda financiar la garantía en derechos sociales en salud, educación, pensiones y vivienda, universales y de calidad; y que le entrega al mercado privado regulado la tarea del desarrollo del crecimiento económico. Con la nueva Constitución en la mano, si se aprueba en el plebiscito de salida, se podrá constitucionalizar e institucionalizar la justicia social plasmada en su Programa de Gobierno.
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Abril 2024
