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Golpear la dignidad: Guillermo Oyarzún y el silencio institucional. Por Mario Ociel-Moya

Maltrato y violencia contra las personas mayores en Chile

En la madrugada del sábado 17 de mayo, Guillermo Oyarzún, un conserje de 71 años fue brutalmente golpeado con puñetazos y patadas por Martín de los Santos Lehmann, un hombre de 34 años, a la entrada de un edificio en Vitacura, Santiago (RM). El resultado, múltiples fracturas y una pérdida irreversible del 70% de la visión en su ojo derecho.

El video que muestra la violencia y el ensañamiento del agresor ha sido difundido por varios medios de comunicación y que se ha viralizado en las redes sociales. En este video se evidencia una golpiza brutal y sin justificación, dejando en claro la evidente asimetría de fuerzas entre un hombre de 34 años y otro de 71. Esto es, sin duda, un claro ejemplo de la violencia que la juventud y la adultez pueden ejercer sobre la vejez.

Mientras tanto, el agresor quedó en libertad, con prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y firma mensual, la víctima quedó hospitalizada en el Hospital Clínico Mutual de Seguridad.

En El Nacimiento de la Tragedia, Nietzsche decía que “Sólo como fenómeno estético están eternamente justificados el mundo y la existencia”. En este sentido, me permito hipotetizar que la justicia también operaría en base a criterios estéticos o, siendo aún más directo, en base a un criterio de clase ¿Qué hubiese ocurrido si el agresor no hubiese tenido el apellido de los Santos Lehmann?, ¿Qué hubiese ocurrido si el agresor no fuera un empresario zen? Según creo, la historia hubiese sido distinta: quien hubiese llevado un apellido “común” y en su cuerpo la vulnerabilidad y pobreza, este habría quedado en prisión preventiva los 100 días que dura la investigación. La cárcel, en efecto, como señaló Isabel Arriagada (2014) es una máquina de desigualdad.

Más allá de lo que se ve en la televisión o en las redes sociales, estamos ante un claro síntoma de edadismo (imagen negativa de la vejez), una forma de discriminación tan arraigada como el racismo o el sexismo. Atacar a un trabajador septuagenario por negarse a regalar un cigarrillo revela cómo se ha naturalizado un prejuicio, donde el cuerpo y la voz de una persona mayor parecen valer menos, convirtiéndolos en un blanco fácil para la ira o la impaciencia de otros.

Los datos indican que esta agresión no es un caso aislado. Entre 2020 y 2024, los delitos contra personas mayores aumentaron un 86,8 %, y solo entre 2023 y 2024, se identifica un aumento del 23,4 %. El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) reporta un promedio anual de 2500 consultas por maltrato, con un 68 % de estos casos relacionados con violencia intrafamiliar. La Subsecretaría de Prevención del Delito también señaló que en 2024 hubo 118923 víctimas mayores de 60 años, de las cuales 45000 estaban en la Región Metropolitana. La evidencia es contundente, la violencia física, patrimonial y psicológica hacia la población mayor está en aumento y se ha convertido en un problema de salud pública.

Considerando todo lo anterior resulta, al menos curioso, el silencio de las instituciones. Mientras el Ministerio de Desarrollo Social y SENAMA promueven la campaña “¡Buen trato, trato hecho!”, al momento de cerrar esta columna, no hay un pronunciamiento oficial de estas instituciones sobre el ataque a Oyarzún. Esa falta de respuesta dice tanto como mil discursos, transmite que la indignación es, por ahora, un asunto privado de la familia, de la audiencia televisiva y develando que la violencia contra las personas mayores no es, en efecto, una prioridad política. La ética mínima nos pide algo diferente. El ataque que un joven adulto ejerce contra un trabajador de 71 años no es solo un delito; es un quiebre a la promesa de promover una organización social sin maltrato, violencia y abusos.

De los Santos Lehmann merece una sanción que esté a la altura de la gravedad y la cobardía de sus acciones, y el Poder Judicial debería evaluar si las medidas cautelares actuales realmente cumplen con la necesidad de justicia y prevención. Pero la responsabilidad no se limita al castigo penal, es urgente fortalecer la red de buen trato, garantizar programas de prevención que estén disponibles las 24 horas, y proporcionar a las comunidades protocolos claros para actuar ante cualquier indicio de violencia hacia las personas mayores. Porque cuando un trabajador de 71 años sufre una golpiza de esta magnitud y termina con una pérdida del 70% de la visión en su ojo derecho, no solo falla, en este caso particular, la seguridad de un edificio, sino que también nosotros como sociedad y sus instituciones.

El silencio —institucional o ciudadano— y el olvido veloz que nos caracteriza como país es la coartada perfecta para la perpetuación de la violencia.

El envejecimiento y vejez de la población

Un total de 18.480.432 personas fueron censadas en Chile entre marzo y julio de 2024 y, de acuerdo con los datos preliminares, el envejecimiento de población continúa siendo el evento sociodemográfico de mayor impacto. Realizando una comparativa entre el año 1992 y 2024, las personas mayores de 65 años y +, ha pasado de un 6,6% a un 14%. También se ha observado que las personas de 14 año y -, en los mismos años, ha disminuido de un 29,4% a un 17,7%. Considerando estos datos, el índice de envejecimiento en Chile, muestra que, por cada 100 personas de 14 años o menos, hay 79 personas de 65 años y +.

Referencias

Arriagada, I. (2014). La cárcel como máquina de la desigualdad. En: El Mostrador. En línea: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2014/08/19/la-carcel-como-maquina-de-la-desigualdad/

Instituto Nacional de Estadística. (2025). CENSO 2024. En línea: https://censo2024.ine.gob.cl/ SENAMA. (s/f). Buen trato. En línea: http://www.senama.gob.cl/revisa-el-calendario-con-las-actividades-por-el-mes-de-las-personas-mayores-a-nivel-nacional

Mario Ociel-Moya
Antropólogo

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