Mientras exista militarización y presos políticos mapuche no es posible siquiera iniciar diálogos que conduzcan a acuerdos.
Seamos claros, esta Comisión no representa los objetivos políticos de nuestra organización y del movimiento mapuche autonomista que está activo en los procesos de recuperación territorial. Nuestra política sigue siendo la reconstrucción nacional y la liberación del Wallmapu, objetivos que, una vez más, no son entendidos ni abordados por la clase política chilena y todos sus sectores afines.
Desde un inicio sostuvimos que está Comisión estaba condenada al fracaso, puesto que, más que representar las demandas de las comunidades y agrupaciones que luchan por sus tierras, encarna los intereses del gran empresariado y del latifundio que se encubren hoy en falsos discursos de paz y bienestar social. Son estos sectores los que buscan legitimar su propia concepción de “paz y entendimiento”, que no es más que un nuevo artilugio para asegurar las mejores condiciones para incrementar y acumular sus ganancias en nuestra territorialidad ancestral. Por lo mismo es que, esta Comisión también funciona como un instrumento político y mediático al intentar excluir al movimiento mapuche autonomista, y para afirmar públicamente que los intereses del Estado y del gran capital están bajo amenaza, imponen sus reglas y su forma de hacer política en los sectores mapuche institucionales. De hecho, solo han tenido voz los sectores cooptados y funcionales.
Sumado a lo anterior, es importante subrayar que una Comisión que nace, sesiona y concluye en medio de un Estado de Excepción activo sobre aquel territorio objeto de la misma, no tiene legitimidad. Quieren “hacer política”, aunque el término les quede grande, con la pistola sobre la mesa y los milicos sitiando comunidades. Exhibiendo con estas "proclamadas prácticas democráticas", un gran contrasentido.
Una Comisión que surge en medio de la militarización del Wallmapu, y que reúne posiciones y materiales de información de los territorios bajo estas circunstancias, no cumple ni los más mínimo estándares de respeto a los DDHH en materia internacional. A la vez, es una Comisión que ha operado desde sus inicios bajo un patrón neoindigenista, porque no se consultó a las comunidades mapuche, ni quiénes serían sus representantes, ni cuales son los temas centrales, ni cómo deberían ser las formas de resolución de estos. Esta lógica verticalista y tutelar es heredera de los más viejos sistemas políticos coloniales, donde la representación paternalista fue impuesta a sangre y fuego. Lo cierto es que esta lógica impide que los pueblos originarios tengan el derecho a decidir sobre su realidad, mientras otros, poderosos y nobles, lo hacían por ellos. Hoy se vuelve a repetir el formato colonial y racista del Estado capitalista chileno.
Ante esta realidad, que ha permeado por decenas de años los mecanismos con que el Estado de Chile trata la “cuestión indígena”, es que el movimiento mapuche autonomista surge con fuerza, a partir de los años 90, con su propia política, hablando y haciendo por nosotros mismos, sin que otros nos suplanten o nos representen. Pero hoy nuevamente esta situación fue desconocida -a propósito- por los iluminados progresistas que están detrás de la Comisión. Y lo más paradojal es que quienes sí tienen voz son los representantes de la clase política y del empresariado antimapuche.
Son quienes por tres décadas piensan que el histórico conflicto sostenido entre comunidades movilizadas, el Estado y los representantes del capital en el Wallmapu se soluciona con persecución, criminalización, montajes, juicios y cárcel. Parece irrisorio que el supuesto “diálogo” por la paz, materializado con esta Comisión, incluya precisamente a los militaristas que no la quieren y que han engrosado sus bolsillos a costa de la ocupación usurpadora. Es el caso de comandos paramilitares, como el APRA, que realizan sendas operaciones políticas, más que actuar como una asociación que represente a un gremio en búsqueda de esa supuesta “paz”.
A nivel orgánico y operativo, resulta ser una Comisión construida sobre arenas movedizas, tal como lo fue la participación de mapuche en la Convención Constituyente. Por lo mismo, al no llegar a acuerdos concretos, el máximo logro es mostrar a esta Comisión en su labor de elaboración de un diagnóstico respecto de lo que ellos han denominado la recuperación de las tierras, cuestión que en el mundo mapuche no tiene absolutamente ningún sentido porque nuestro pueblo, las comunidades, tienen absolutamente claro cuáles son las reivindicaciones territoriales que nos interesan, para restablecer un diseño territorial que permita la reconstrucción de nuestro Pueblo Nación.
Con este diagnóstico, la Comisión pretende justificar que existen los mecanismos de devolución de tierra, no existiendo una propuesta concreta y precisa que determine o que haga real la devolución de los territorios. Sin embargo, constituye el “caballito de batalla” para encubrir un engaño mayúsculo, que es la imposición de las técnicas del mercadeo, con corruptelas incluidas, para reacomodar las grandes inversiones capitalistas en nuestro territorio ancestral. Un diagnóstico que será presentado como un gran objetivo, pero que no estará concluido con este gobierno. Tampoco las devoluciones territoriales que serán a largo plazo y que solo indicarán o establecerán un tipo de mecanismo, un tipo de forma para, políticamente buscar componendas y negociaciones en los futuros gobiernos.
En definitiva, esta nueva Comisión constituye una verdadera farsa, un nuevo tongo y pasará a formar un eslabón más para que la actual administración, la actual gobernanza neoliberal, proyecte un futuro gobierno que estará en manos de la ultraderecha.
Buscar la paz y entendimiento con exclusión de los que luchan es la gran interrogante, ¿cómo se puede buscar paz en un contexto de militarización y de mayor represión? Más aún, con la existencia de muchos presos políticos mapuches (PPM) que hemos venido siendo procesados y condenados sólo por representar la lucha territorial, autonomista y revolucionaria a través de ideas fuerzas y de propuestas políticas para la reconstrucción de nuestro pueblo. Nada se ha dicho de los weichafe que estamos secuestrados por el estado chileno. Porque mientras exista militarización y presos políticos mapuche no es posible siquiera iniciar diálogos que conduzcan a acuerdos.
La existencia de los PPM se da un contexto de mayor persecución y sobre la base de leyes de excepción que nos remiten a tiempos dictatoriales. En efecto, hoy hay presos políticos mapuche producto a las políticas más sofisticadas para reprimir y perseguir al movimiento autonomista, que con más fuerza hemos asumido la lucha contra el extractivismo y por la reconstrucción de nuestro pueblo, procesos sostenidos con la recuperación de los espacios territoriales, hoy de mano principalmente de las forestales.
Como antesala de la presentación de los acuerdos o los puntos de la Comisión por la Paz y el Entendimiento se viene implementado una verdadera campaña mediática en la que participan los sectores más fascistas de la derecha chilena, obviamente cubiertos por los medios de comunicación que están a su servicio, en donde se reinstala el discurso que demoniza la causa mapuche, condenando la violencia que ejercen las comunidades para la recuperación territorial. Un discurso que reinstala los conceptos de terrorismo, violencia rural, crimen organizado para deslegitimar y despolitizar la justa lucha por el territorio.
Por otra parte, se está instalando la idea de un supuesto acuerdo de devolución de tierras en que habría una descomunal cifra de dinero que se dispondrá para la reparación territorial hacia las comunidades, lo cual es parte de la farsa que ya conocemos, porque en los hechos está propuesta siempre se va diluyendo en el camino y al final termina en escuálidos recursos y en casi nula viabilidad de devolución de tierras. Lo cual es una constante bajo la legislación vigente con la participación de la CONADI, un organismo putrefacto y funcional del estado capitalista. Solo habrá dineros para reparar a los latifundistas y para engrosar las arcas de las forestales, quienes hacen el gran negocio con la especulación financiera de la compraventa de los fundos usurpados a las comunidades.
Sin duda se ha puesto en marcha una nueva operación política que intenta darle fuerza e importancia a una Comisión que no tiene en la realidad nada que ofrecer para la resolución del conflicto, porque la confrontación está instalada sobre cimientos estructurales, económicos, que implican la lucha de un pueblo originario oprimido contra un estado colonial invasor y frente a lo cual ya existe un proceso de lucha y de resistencia por la reconstrucción de la Nación mapuche.
La lucha mapuche actual es y será por territorio y autonomía para la Nación mapuche.
La lucha continúa!!
Amulepe taiñ weichan !!
HABLA LA CAM -Segunda parte-
Caso Huracán: “No están todos los responsables en el banquillo de los acusados”
A ocho años del Caso Huracán y en el contexto actual en que se está llevando a cabo un juicio en contra de carabineros comprometidos con este montaje, hay que destacar varios elementos. Primero, esta fue una operación de inteligencia, un montaje tal vez bastante burdo por las características de sus formas y del equipo que lo llevó a cabo. Pero esto no quita valor al hecho que aquí estén involucrados agentes del Estado y el Estado en su conjunto, cuando de reprimir y de establecer objetivos para perseguir políticamente y atacar, a como dé lugar, la causa Mapuche se trata. Represión dirigida hacia aquellos que sosteníamos con mayor fuerza los planteamientos políticos estratégicos para la liberación de nuestro pueblo.
Para tal efecto, se destinó la misión a Carabineros por parte del poder político y se comprometió al Ministerio Público para coordinar las acciones. Fue una operación llevada adelante por un equipo específico, la UIOE, que estaba al mando de algunos oficiales de Carabineros, pero mandatados desde la dirección general, es decir, aquí existen responsabilidades muy claras de orden y mando, hay generales comprometidos y autoridades del gobierno que dieron luz verde a la operación, entre otros, Mahmud Aleuy.
Efectivamente, si bien se lleva a cabo un juicio público que busca establecer responsabilidades, son solo algunas personas de baja graduación las que están encausadas, no así aquellos que están vinculados con la dirección política y policial de esta operación. Por las características que tenía el conflicto en aquel momento, lo cierto es que la responsabilidad está en el Poder Ejecutivo y en el Ministerio Público quienes eran y son los encargados de la seguridad pública y la represión al movimiento mapuche, con fiscales cómplices que aún se mantienen activos en la persecución político judicial hacia nuestras expresiones de resistencia. Por eso es que afirmamos que no están todos los responsables en el banquillo de los acusados.
Otro elemento importante a considerar es que, en ese tiempo, el propósito de esta operación de inteligencia no era solo golpear una dirección estratégica del movimiento Mapuche, como se ha querido presentar tendenciosamente, una operación que habría sido direccionada a dirigentes exclusivos. En este sentido, queremos ser bien claros y responsables al sostener que la operación fue para desarticular una postura política estratégica muy específica, que principalmente era encarnada por la CAM. La idea era demonizar a nuestro movimiento, y para ello esta operación involucró a otras orgánicas y personas que no responden a nuestra expresión y cuyo actuar no coincide con la línea ni los principios de nuestra lucha política. Sin duda el objetivo era desvirtuar e intentar vaciar la causa Mapuche autonomista con definiciones anticapitalistas y revolucionarias.
"Todos los organismos del Estado estuvieron involucrados"
Otro aspecto del caso Huracán que se debe destacar y reforzar es que, más allá de determinar cuáles fueron los tecnicismos de este montaje, se debe dejar claro que esta fue una operación mandatada al más alto nivel y por lo tanto involucra al Estado en su conjunto. De esta manera, fue una política de estado que compromete al poder político de aquel entonces, al actuar bajo la presión empresarial principalmente de las forestales. Sin duda, el montaje responde a una operación política de inteligencia, tal como dijimos, con el objetivo explícito de golpear no solo a una orgánica mapuche, sino también desvirtuar su sentido profundo de lucha, criminalizando sus expresiones a través de la prensa burguesa que la demonizó para restar el apoyo que se iba adquiriendo en diversos sectores.
En la actualidad, es importante subrayar la responsabilidad de la institucionalidad chilena con agentes específicos del Estado que actuaron fuera de la ley, esa que dicen representar. Se debiera establecer además que hubo participación de jueces y fiscales que hoy no fueron alcanzados ni procesados por la justicia chilena. Fiscales que se mantienen en sus puestos, que siguen actuando y dando continuidad a la represión y persecución del movimiento mapuche en resistencia. Son fiscales antimapuche que persisten en desarrollar nuevas operaciones de inteligencia política para involucrar a los dirigentes y weichafe presentes en la lucha territorial y política de nuestro pueblo.
“Caso Huracán versus Comisión por la Paz”
Actualmente el juicio por el Caso Huracán se está llevando a cabo en el contexto de la presentación del informe de la “Comisión de Paz y Entendimiento”. Una Comisión que, como hemos señalamos, no tiene ninguna validez ni legitimidad. Por lo mismo, creemos que este juicio pasaría a ser una suerte de componenda respecto de lo que son los alcances y los acuerdos de la comisión, ya que la derecha desde siempre viene proponiendo impunidad para los represores del movimiento mapuche, por lo que suponemos que en este caso (juicio Huracán) habrá un sobreseimiento de la mayoría de los involucrados, y el gobierno actual sostendrá una postura ambivalente al respecto, indicando solo que situaciones como esta no se pueden volver a repetir, condenando el montaje pero avalando la resolución “de la justicia”.
Por cierto, consideramos que en este juicio se intentará de forma soterrada proteger a los verdaderos involucrados del caso, que son los agentes del Estado al más alto nivel. Y por su parte con la Comisión se buscará un arreglo, una suerte de negociación con la contraparte que supone a ciertos perseguidos (hoy víctimas) y defensas (abogados) quienes, más allá de buscar justicia, serán tentados por las indemnizaciones y ofrecimiento de tierras y otras dádivas que hay para el efecto. Al respecto queremos ser muy claros que está propuesta excluye a quienes estuvimos más comprometidos con los planteamientos políticos estratégicos de confrontar con el gran capital y que hoy seguimos firmes luchando por los derechos políticos y territoriales de la Nación Mapuche. Cómo CAM no aceptaremos ningún tipo de componenda, menos indemnizaciones que provengan de la institucionalidad opresora.
La demonización de la Causa Mapuche
El Caso Huracán fue el más grande de los montajes contra la causa mapuche y fue una operación que tenía como objetivo de fondo la demonización de la resistencia y la reconstrucción de nuestro pueblo. Así fue planteado por los ideólogos y estrategas del Estado a cargo de la represión, al ver el desarrollo y la propuesta política del movimiento Mapuche autonomista y revolucionario, que se expresaba de forma consecuente desde la CAM con un proyecto político-estratégico a través de un proceso de acumulación de fuerzas basado en el control territorial y la resistencia a la reproducción del gran capital en nuestra territorialidad ancestral. Por lo mismo es que reafirmamos que en una propuesta así no cabe acciones que contravienen la línea y los principios del restablecimiento del mundo Mapuche como, por ejemplo, estar involucrados con el tráfico de drogas ni tener vinculación con mafias de la madera, menos realizar acciones indiscriminadas que afecten a inocentes y pobres. Las acciones directas siempre deben ser contra los intereses de los grandes capitalistas no afectando a trabajadores ni al campesinado que también sufre las consecuencias del sistema capitalista. La lucha concreta es en contra de las estructuras de dominación y la economía de los poderosos que destruyen el mundo Mapuche.
Por lo anterior es que seguimos manteniendo nuestra línea y principios, y hacemos la crítica de lo que han sido otras posturas extremas e inconscientes que han generado desviaciones en distintas orgánicas de la resistencia, con las cuales ya mantenemos posiciones encontradas y de emplazamiento. Está postura nos obliga a asumir un debate muy responsable y serio dónde la crítica y la autocrítica con el conjunto del movimiento Mapuche resultan fundamentales para dar perspectiva a una lucha mayor y permanente por la liberación nacional Mapuche.
Sobre la compra-venta de tierras
Respecto del anuncio de compra de tierras que va a realizar Boric y que implica una descomunal cifra en millones de pesos para tal efecto, nuestra posición es clara y siempre ha sido estar en contra de este mecanismo para la solución al conflicto territorial. La compra de tierras es una técnica de mercadeo que sólo favorece a los poderosos y a la reproducción del gran capital en el Wallmapu. Es un mecanismo comercial sujeto a la especulación financiera que controlan los grupos económicos y que se fundamenta sobre la base de mantener el despojo y el saqueo territorial a través de la mantención del sistema de propiedad usurpado, que es la base del conflicto actual y que en el último tiempo viene a agudizar la confrontación del Estado con nuestro pueblo.
La salida que ofrece el Estado, sobre todo de los gobiernos pro-capitalistas, incluyendo el actual, dice relación con mantener el sistema de injusticia que tiene de trasfondo la compraventa: ¿Cómo es posible que se le deba comprar los predios a los usurpadores que ya llevan décadas depredando nuestro territorio ancestral con políticas extractivistas? Sin embargo, sigue siendo este mecanismo la respuesta que da el Estado a las reivindicaciones de las comunidades. Es una política que contraviene con nuestra propuesta de lucha por la tierra y los territorios para la reconstrucción de la Nación Mapuche.
Hemos señalado que existen tres vías para enfrentar el tema territorial: una es mantener la situación actual de injusticia basada en el despojo, la depredación del territorio ancestral y el exterminio de las comunidades, propuesta que se promulga desde la derecha chilena. Lo otra vía es la compraventa de tierras que han materializado los gobiernos post dictadura y que en los hechos es un camino que resulta funcional a los intereses de los grupos económicos que tienen usurpado el territorio. La tercera vía es la que sostenemos desde la CAM: desarrollar un proceso de lucha confrontando con los intereses del gran capital sobre la base de una propuesta política y territorial autonómica del pueblo Nación Mapuche. Donde el control territorial es la plataforma concreta para la recuperación de las tierras ancestrales usurpadas. El control territorial es la forma específica y táctica de llevar adelante la resistencia y la reconstrucción de la Nación Mapuche.
Es por esta razón que nos hemos opuesto firmemente en contra de la postura que tiene el alcalde de Lumaco y sostenida por dirigentes Mapuche oportunistas que han pretendido suplantar nuestra vocería. Se ha dicho en el caso del fundo Pidenco que este predio se debiera comprar por la CONADI como una forma de solución, lo cual es una trampa y una estocada al proceso de lucha territorial asumido con valentía y dignidad por las comunidades ligadas a la CAM. Sin duda está es otra operación política más que vine desde el poder para favorecer a las forestales, y que quiere instalar la compraventa del fundo como la única vía de solución, desautorizando, quitando viabilidad y el sentido profundo de nuestra propuesta que desde el inicio de la lucha territorial se ha implementado para recomponer el mundo mapuche en esa territorialidad nagche.
Imponer la compra del fundo Pidenco es una afrenta a lo que ha significado nuestra propuesta de recuperación territorial, la que también es asumida por una veintena de comunidades en diversos puntos del Wallmapu y que con firme determinación señalan un camino claro y digno para la reconstrucción de la Nación Mapuche.
De hecho, el anuncio de compra del fundo, es lo que siempre han planteado todos los gobiernos con base en la ley indígena, la que no tiene legitimidad ni recursos para tal efecto, un mecanismo que siempre se ha entrampado a partir de diagnósticos errados y donde participan organizaciones y comunidades que son funcionales o han sido cooptadas por los gobiernos de turno. Las compras de tierras no solo han sido insuficientes, sino que no resuelven el problema de fondo, que es estructural con dimensiones culturales, al ser un choque de las comunidades contra el sistema de dominación.
Sin duda, hoy más que antes, la compraventa se inscribe como parte de una estrategia militarista y de confrontación toda vez que el Estado dominante impone la militarización y la represión hacia las comunidades en resistencia. Es la renovada Ocupación de tipo militar que existe y se reacomoda constantemente, y que ya cuenta con nuevas leyes que han sido elaboradas por la clase política al servicio de los poderosos: normativas y legislación que van creado las condiciones para una nueva ofensiva neofascista en el Wallmapu.
Frente a lo anterior, como expresión de lucha no nos dejaremos engañar y mantendremos nuestra línea de control territorial mapuche. Reforzaremos la resistencia en los predios recuperados. Porque estamos absolutamente convencidos que la recomposición del mundo mapuche es el sentido profundo de nuestra lucha territorial y política. Así debe entenderse porque Toño Marchant yem está en un espacio de recuperación territorial que es Pidenco, y que su pullu pasa a ser parte de la recomposición del mundo mapuche en marcha.
¡Fuera las forestales y milicos del Wallmapu!
