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Hace 10 años la Corte Suprema no creía que existía la falla de Ramón. Por Patricio Herman

En los últimos días todos los canales de televisión y la mayoría de la prensa escrita y radios, se han referido con diferentes énfasis a la falla de Ramón, reproduciendo lo que claramente han dicho expertos en geología en cuanto a que se debe planificar bien el territorio urbano, es decir con criterio preventivo, por donde discurre la misma.

El gobernador regional Orrego ha tomado la sana y aunque tardía decisión de anunciar la modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) para que en este instrumento normativo de las 52 comunas que conforman esta región, se incorporen medidas restrictivas y preventivas en sus usos de suelo en las comunas que limitan al oriente con la precordillera. Para ello le solicitó su iniciativa al Seremi de Vivienda y Urbanismo, servicio que estuvo de acuerdo con ello.

El mismo Orrego ha criticado a la institucionalidad recordando que en el año 2016, cuando ejercía como intendente, se habían aprobado $ 248 millones, los cuales se le entregaron al Minvu para que, respecto de esta falla, se realizaran los estudios que hicieran realidad el cambio normativo en dicho PRMS, pero esos cuantiosos fondos no se utilizaron en el propósito buscado y que, por ello, no se hizo nada. Sería indispensable conocer el destino final de esos millones de pesos, pues la opinión pública no sabe en que se gastaron y en tal sentido dicho Seremi tiene la palabra.

Pues bien, a raíz de la publicación, en septiembre de 2010, once años atrás, en el Diario Oficial una modificación del Plan Regulador Comunal (PRC) de La Reina, una de las comunas afectadas por la mencionada falla de Ramón, cambio que, por presiones de actores inmobiliarios y funcionarios negligentes, tal PRC no la incluyó en los estudios de riesgos contemplados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), ello a pesar del respaldo de numerosos estudios científicos y publicaciones especializadas.

En aquella época le decíamos a quienes detentaban el poder político que las pavorosas consecuencias del terremoto de febrero de 2010 debían tenerlas presente para que procedieran con cautela y previsión en la elaboración de los instrumentos de planificación urbana, pero no escucharon y por ello, con la Coordinadora Vecinal de La Reina, liderada por Pedro Davis, actual candidato a consejero regional, tuvimos que interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.

En marzo de 2011 esa Corte rechazó el recurso de protección que iba en contra de la ex Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) por haber mal aprobado la declaración de impacto ambiental (DIA) del PRC de La Reina. La sentencia decía que era improcedente presentar un recurso cautelar, considerando entonces que los peligros sísmicos latentes de la falla no se debían tener en cuenta.

Ante ese rechazo judicial, este columnista decía públicamente hace más de 10 años que «en los próximos días se evaluará qué acciones tomaremos pues hay dos posibilidades, dejar las cosas así o recurrir a la Suprema». Optamos por insistir judicialmente, ya que esa falla contempla una diferencia de nivel entre 2 placas subterráneas, lo que, ante un posible terremoto, es una evidente exposición a un mayor riesgo de derrumbes de las casas allí emplazadas y a construirse.

A mediados del año 2011 la Corte Suprema rechazó el recurso, aunque sin decirlo expresamente, desconociendo los efectos devastadores de un eventual sismo de proporciones y por ello saludamos desde esta tribuna de opinión a las actuales autoridades por haber entrado en razón. Así, se modificará el PRMS para fijar las indispensables restricciones en el uso de suelo y normas de altura en edificaciones habitacionales en los territorios jurisdiccionales de las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto.

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