Durante el pasado diciembre, el Congreso Nacional aprobó la norma que establece escaños reservados para la elección de 17 representantes de los Pueblos Originarios en la Convención Constituyente que se elegirá en el mes abril del presente año. Ello constituye un significativo avance en hacia una plena integración de ellas comunidades en este trascendente proceso de cambio institucional. No obstante lo anterior, la disposición excluyó de la tal consideración al pueblo tribal afrodescendiente.
Este es, sin duda, un hecho contradictorio. No solo por la necesaria amplitud y pluralidad que el proceso de discusión de una nueva Carta Fundamental requiere, sino también porque el año 2019 el Estado de Chile reconoció en su ordenamiento jurídico[1], la existencia de los afrochilenos, valorando las prácticas y elementos que configuran su identidad cultural y asumiendo que el origen de su presencia se vincula con los “descendientes de la trata trasatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX”.[2]
Esta disposición legal fue un primer e importante paso para visibilizar su presencia como parte de la heterogeneidad sociocultural de la nación chilena. Lo anterior, hace posible en primer término su anhelada inclusión en los censos de población a quienes se auto identifiquen como tales, siendo un importante paso para establecer políticas estatales en su directo beneficio, así como por ejemplo, la promoción y difusión de su patrimonio cultural inmaterial.
Dentro de ello, resulta fundamental la inserción de la presencia y trayectoria histórica de los afrodescendientes en Chile dentro de los programas escolares dada la necesidad de que la escuela ubique: “en el centro de la educación, la cultura, el hombre concreto, en su diversidad y contexto socio-histórico, esto es, debe anteponer siempre la dignidad humana”[3].
Adicionalmente, este acto de reconocimiento y de dignificación de los afrodescendientes chilenos, les otorga derecho de consulta según lo dispuesto en el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[4] que garantiza condiciones para su inserción en acuerdo con sus tradiciones ancestrales y su forma de vida.
La historiografía, ha realizado en las últimas décadas una significativa labor de recuperación de la presencia de los afrodescendientes en su singularidad en tanto sujeto histórico invisibilizado en el tradicional discurso de la disciplina. Ello no solo ha rescatado la pluralidad étnico-cultural existente en nuestro pasado, sino también ha hecho posible evidenciar los diversos mecanismos de subsistencia que estos pudieron desarrollar, como asimismo, la complejidad de los agravios que esta comunidad experimentó, entre ellos, la negación de su existencia histórica.
La presencia de los afrochilenos representa una herencia de la “colonialidad del poder”[5] ejercida dentro del mundo hispanoamericano, prolongada durante la etapa republicana en la que estos se constituyeron en una oculta subalternidad en el orden social impuesto. Por el contrario hoy, la necesidad de reconocimiento significa para esta comunidad un remedio en contra de la injusticia y en el principal objetivo de su lucha político-cultural.
El proceso de mestizaje que acompañó las décadas posteriores a la Independencia y la consecutiva abolición de la esclavitud en Chile en 1823, fueron parte de la gradual desaparición de los rasgos fenotípicos de nuestra población en la región central. Esta imagen, sumada a los silencios de la historiografía y la necesidad de dar cohesión a la naciente nación chilena, alimentaron la visión de los afrodescendientes como un exótico componente del orden colonial asimilado, gradualmente, a través de las libertades nacidas con la República.
No obstante lo anterior, el proceso de expansión territorial ocurrido hacia fines del siglo XIX, implicó la incorporación de un importante contingente de población afrodescendiente en el Valle de Azapa, pertenecientes a la antigua provincia peruana de Tarapacá, adicional al que ya existía en lugares como Valparaíso, Quillota y Coquimbo.[6]
Fue en el marco del mencionado proceso que hicieron su aparición las llamadas Ligas Patrióticas hacia 1910, organizaciones paramilitares de carácter nacionalista y xenófobo que participaron del agresivo proceso de “chilenización” actuando con impunidad en las principales ciudades y poblados del Norte Grande. Su rol no solo se enfocó en reprimir al movimiento obrero y al ideario político socialista, sino también a practicar violentos actos en contra de la población boliviana y peruana que ahí habitaba, especialmente, hacia los afrodescendientes a fin de propiciar su forzada emigración[7].
Lo anterior, expone la tolerancia hacia actitudes de naturaleza racista por parte del Estado en Chile como un velado discurso construido por actos y omisiones alimentados por el deliberado mito de la nación mestiza. El racismo es, por lo tanto, una categoría de análisis indispensable para comprender los procesos de elaboración de representaciones simbólicas y culturales, así como la reproducción de prácticas sociales de jerarquización que hasta hoy configuran algunos de los soportes de la mentalidad predominante en nuestra sociedad.
El progresiva emergencia de sus reivindicaciones identitarias, se remonta a los primeros años del presente siglo cuando diversas organizaciones de la Región de Arica y Parinacota, plantearon a las autoridades la necesidad de una política de reconocimiento para los afrochilenos. Especialmente activa fue su demanda dirigida al gobierno de Sebastián Piñera sobre la necesidad de ser incluidos como alternativa dentro en la consulta sobre la pertenencia a pueblos indígenas que integraba el cuestionario del Censo de Población y Vivienda efectuado el 2012.
A pesar de los obstáculos, la población afrochilena ha experimentado un notable ascenso al instalar sus aspiraciones en el debate público, configurando un interesante y valioso fenómeno de legitimación de su subjetividad dentro de la sociedad chilena. El rechazo de su inclusión como parte de los escaños reservados en la Convención Constituyente, otorga relieve a la discusión acerca de la presencia de concepciones racializadas en nuestro país y sobre la necesidad de un diálogo, que reivindique el rol y el aporte de aquellos sujetos históricos tradicionalmente subestimados por no ser funcionales al relato que el Estado Nacional ha elaborado respecto de su propia construcción. Avancemos entonces, dejando atrás los silencios, hacia el pleno reconocimiento de nuestra pluralidad.
Notas:
[1] Ley 21.155 “Que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal Afrodescendiente”. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1130641.
[2] Ibídem, Art. 2.
[3] Kakozi, J. (2016), Revisión histórica del concepto de “raza” en Max Hering y Peter Wade en Anales de Antropología, UNAM, N° 50, pp. 188-198, México. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185122516300133#bibl0005 .
[4] https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314
[5] Cfr. Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina en Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos Aires. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf.
[6] Cfr. Marfull, M; Barrenechea, P. (2017). De la negación a la difusión: los intra y extramuros de los estudios afrochilenos en Tabula Rasa. Revista de Humanidades, N°27. Disponible en: https://www.redalyc.org/jatsRepo/396/39654308007/html/index.html.
[7] González Miranda, Sergio, y Maldonado Prieto, Carlos, y McGee Deutsch, Sandra, Las ligas patrióticas en Revista de Ciencias Sociales, Universidad Arturo Prat (Cl), vol. , no. 2, 1993, pp.54-72. Redalyc. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70800204.
