En la madrugada del miércoles 7 de julio del 2021, individuos no identificados ingresaron al domicilio del presidente haitiano Jovenel Moise, en Pelerin 05 y ¡lo asesinaron! Insólito, ¿no? Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un hecho así en la isla caribeña.
Desde la fundación de la República de Haití en 1804, con la independencia de la primera república negra en América, más de una vez un presidente ha sido asesinado o muerto en el poder. La primera vez fue en 1806, cuando se asesinó al precursor mismo de la independencia de la república, Jean Jacques Dessalines, y después sus adversarios políticos se dividieron el poder y al mismo tiempo el país. Medio siglo después, precisamente en 1870, Sylvain Salnave, fue juzgado y sentenciado a muerte por la corte marcial por traición. Ya entrado el siglo XX, en 1912, fue asesinado el presidente Cincinatus Leconte, en un atentado con explosivos en el Palacio de Puerto Príncipe.
Luego, en 1915, el presidente Vilbrun Guillaume Sam solicitó exilio en la Embajada de Francia en Haití, después de un periodo de revuelo en contra de su gobierno. Esto no impidió que sus adversarios irrumpieran en la misión diplomática para capturarlo y golpearlo hasta matarlo. Su cuerpo fue exhibido en la capital, hecho que fue una de las causantes de la primera ocupación estadounidense de la isla.
En pleno siglo XXI, en donde los países con un sistema democrático proponen la cooperación como pilar fundamental que permita mantener la democracia, la justicia social y, sobre todo, la paz un estado de derecho, ¿cómo puede ser posible un hecho de impunidad flagrante? En un país que es parte de tantos acuerdos internacionales sobre democracia y orden político. ¿Será que, al integrarse al sistema democrático, no se entendió la amplitud y la responsabilidad que conlleva ser parte de un sistema internacional? Es necesario tener en cuenta la gravedad de la situación: el asesinato de un presidente en ejercicio, baleado dentro de su domicilio, lugar que debería ser el más seguro de la República. Esto solo refleja el nivel de impunidad e inseguridad social que reina en la República de Haití.
No debemos entender este hecho como un ajusticiamiento social, sino como una lucha entre élites políticas por el poder, donde lamentablemente nadie será juzgado por sus actos. En un estado democrático moderno representativo, en donde la soberanía nacional se hace efectiva a través de la figura de un presidente electo (en teoría), el asesinato de un presidente en función dentro de su domicilio no es solo la muerte de un ciudadano de elite, sino que refleja la muerte de un sistema ya disfuncional, o más bien inexistente.
Erica Joseph
Magíster en Estudios Internacionales, Universidad de Chile; Licenciada en Relaciones Públicas, Instituto profesional Los Leones, Chile; Consultora independiente; Miembro del Colegio Profesional de Relacionadores Públicos de Chile; Miembro de National Alliance for the Advancement of Haitian Professionals (NAAHP); ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5472-2098
Erica.katiamoh@gmail.com
Aline Bravo
Antropóloga y Magíster en Estudios Internacionales. Asistente de la agenda Migraciones del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). Miembro de la Comisión de DD.HH. del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile
abravosandoval@gmail.com
