Sin lugar a dudas, el calendario político avanza con una celeridad implacable hacia la asunción de José Antonio Kast como presidente de la República de Chile. En ese marco temporal cada vez más exiguo, resulta pertinente interrogarse por aquellas prácticas y orientaciones políticas que podrían permitirle preservar, o al menos amortiguar la erosión, del caudal electoral que lo condujo a La Moneda. En virtud de ello, esta reflexión, pensada para Le Monde Diplomatique, aspira a subrayar cuáles serían las políticas plausibles de su futura administración y, sobre todo, aquellas frente a las cuales las distintas izquierdas —sin excepción— debieran mantener una vigilancia atenta.
En primer término, conviene recordar que una parte significativa de la literatura especializada sobre la extrema derecha europea —denominada, según el marco conceptual elegido, ultraderecha o derecha radical— coincide en identificar una marcada inclinación hacia lo que se ha conceptualizado como single-issue politics. Se trata, en rigor, de formaciones políticas que se estructuran casi monomaníacamente en torno a un eje temático dominante, siendo el más recurrente y movilizador el rechazo a la inmigración. Este tópico, como es sabido, ha operado como principal vector aglutinador y catalizador del crecimiento electoral de estas derechas en el continente europeo.
Desde esa perspectiva comparada, no resulta descabellado suponer que José Antonio Kast. podría perseverar —o incluso intensificar— una agenda abiertamente antiinmigratoria, acompañándola de gestos simbólicos cuidadosamente calculados, destinados a tranquilizar a un electorado que percibe este fenómeno como una amenaza inmediata. Intervenciones en campamentos habitados por migrantes en situación irregular, por ejemplo, cumplirían una función más performativa que estructural: mostrar autoridad, producir orden visible, escenificar control. No sería sorprendente que este tipo de acciones se desplegaran durante los primeros seis meses de gobierno, periodo decisivo para la consolidación de la gobernabilidad y la legitimidad política.
La interrogante relevante no es tanto el qué, sino el cómo. ¿Se optará por un aumento de la presencia policial o incluso militar en determinados territorios? ¿Se avanzará hacia una securitización más explícita del fenómeno migratorio? Aquí emerge una tensión nada menor: los vínculos de José Antonio Kast con actores de la derecha económica, como Antonio Walker —presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)—, revelan una paradoja estructural. Mientras el discurso político promete restricción, la racionalidad productiva exige mano de obra migrante, aunque sea bajo modalidades temporales y altamente reguladas. La derecha empresarial sabe, sin demasiados rodeos, que el trabajo agrícola depende en gran medida de esa fuerza laboral. Esta contradicción introduce una fisura evidente en la coherencia de la política antiinmigratoria, cuyo desenlace permanece abierto.
No obstante, lo que sí parece claro es que existe un segmento del electorado que apoyó a José Antonio K. con la expectativa explícita de limitar severamente la permanencia de migrantes o, derechamente, promover su expulsión. Es allí donde las izquierdas deberán definir con nitidez su estrategia y su relato. Resulta ilustrativo recordar que el gobierno de Gabriel Boric, pese a su retórica inicial, implementó una política marcadamente securitaria en esta materia, con expulsiones ejecutadas bajo la responsabilidad de una figura históricamente asociada a la defensa de los derechos de los migrantes, como Luis Thayer. En la práctica, se terminó administrando una política que bien podría calificarse como conservadora.
Todo indica que la cuestión migratoria seguirá ocupando un lugar prominente en la agenda del nuevo gobierno, precisamente porque constituye el eje discursivo que mejor se articula con la cosmovisión de la derecha radical chilena —al menos, así la entiendo analíticamente—. A ello se suma, de manera casi indisoluble, el problema de la seguridad. Robos, asaltos cotidianos, barrios cooptados por el narcotráfico y la irrupción de redes transnacionales de crimen organizado conformaron un cóctel que la administración saliente tardó demasiado en reconocer como socialmente corrosivo. Esta demora fue capitalizada con notable eficacia por la derecha radical.
La penetración del Tren de Aragua constituye, en este punto, un caso paradigmático. Aunque su presencia haya desaparecido del primer plano mediático, nada indica que haya dejado de operar. Como señalé en una columna anterior en Le Monde Diplomatique, su irrupción contribuyó decisivamente a la construcción de una imagen profundamente estigmatizante de la migración venezolana, asociándola indiscriminadamente a delitos de alta connotación social: secuestros, extorsiones, violencia organizada. Este mecanismo de atribución colectiva —bien documentado en la literatura sobre extrema derecha— consiste en convertir ciertos delitos en marcas identitarias del “extranjero”, desplazando así responsabilidades estructurales hacia un otro convenientemente externalizado.
En consecuencia, la seguridad será otro pilar discursivo y operativo del futuro gobierno. Las señales ya han comenzado: anuncios de persecución a grafiteros, la eventual creación de un registro nacional de infractores, y una narrativa de orden que no distingue demasiado entre delito grave y transgresión simbólica del espacio urbano. Habrá que observar con atención cómo responde la izquierda a este giro, considerando que, frente al crimen organizado, por ejemplo, incluso figuras de la centroizquierda —como Jeannette Jara— han adoptado posiciones de mayor dureza.
A ello se añade una cuestión no menor: la relación de la izquierda chilena con Venezuela. Aquí persisten tensiones evidentes. Mientras sectores de la centroizquierda han manifestado su desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, otros mantienen ambigüedades difíciles de sostener. Resulta interesante notar que incluso el Partido Comunista de Venezuela ha denunciado el autoritarismo del régimen, aunque esta postura dista de ser hegemónica en la izquierda regional. En relación con este punto, confieso una incertidumbre profunda respecto de la manera en que la izquierda logrará procesar —intelectual, política y simbólicamente— la derrota que supone el triunfo de José Antonio Kast. No se trata únicamente de una alternancia electoral más, sino de la consagración de una figura que encarna, al menos en el plano emblemático, la persistencia del pinochetismo como matriz cultural y política: un universo donde aún circulan, sin demasiados pudores, defensas explícitas de la dictadura y de la figura del general Augusto Pinochet. La interrogante, entonces, no es menor: ¿cómo rearticulará la izquierda su posición frente a este escenario sin caer en la parálisis ni en la nostalgia?
A ello se suma una dificultad adicional, quizás más incómoda aún: la relación ambigua y tensionada de la izquierda con los llamados regímenes socialistas —o, para ser más precisos, autodenominados socialistas— existentes en la actualidad. Dichos regímenes arrastran un descrédito considerable en la opinión pública global, y ese desprestigio termina irradiando, por arrastre, hacia tradiciones políticas que poco o nada tienen que ver con sus derivas autoritarias. Lo curioso —y aquí asoma una ironía difícil de soslayar— es que, en términos comparativos, estos regímenes son numéricamente marginales en el sistema internacional contemporáneo, con la excepción evidente de China, cuya magnitud demográfica y económica distorsiona cualquier estadística simple. Sin embargo, pese a su escasez, el comunismo, el progresismo o la izquierda en general siguen siendo invocados como “chivos expiatorios” predilectos de los males que aquejan a las sociedades capitalistas. Lo notable es que rara vez el foco se desplaza hacia el capitalismo mismo, es decir, hacia sus desigualdades estructurales, sus asimetrías persistentes, su tendencia a la concentración de la riqueza y su propensión a generar precariedad social. Como ha señalado con agudeza César Rendueles, el capitalismo no es un sistema robusto y autosuficiente; al contrario, un entramado extraordinariamente frágil, crónicamente atravesado por crisis, que requiere de constantes “ortopedias” institucionales, culturales y tecnológicas para mantenerse en funcionamiento. Una de esas prótesis ha sido la sobrevaloración de las redes sociales, del internet y de la virtualidad como sustitutos de la experiencia política y social concreta. En ese marco, se ha ido consolidando —particularmente en el imaginario neoliberal— una suerte de consenso cínico: la democracia sería tediosa, lenta, impracticable; la deliberación colectiva, una pérdida de tiempo. Frente a ello, se propone dejar que el mercado resuelva aquello que la política no sabría o no podría resolver. El problema, como la evidencia demuestra con insistencia casi obstinada, es que ese desplazamiento no ha solucionado los conflictos de fondo. Los déficits persisten, las desigualdades se profundizan y la sensación de descomposición social se agudiza. Por su parte, la izquierda tampoco ha logrado articular con claridad un horizonte postcapitalista verosímil. Se mueve, más bien, en una zona de tanteos, intuiciones y ensayos parciales, sin alcanzar una formulación capaz de disputar hegemonía. Y aquí me permito una digresión reflexiva: tal vez no sería del todo inútil volver a leer a Lenin. No para repetirlo mecánicamente, desde luego, sino para recuperar una intuición central que hoy parece extraviada: la comprensión de que la política, en última instancia, gira en torno a la conquista del poder en su forma más plena. Mientras la izquierda no se tome en serio esa dimensión —el poder, sin adjetivos ni eufemismos—, seguirá oscilando entre la gestión del mal menor y la melancolía programática. Y con eso, como es sabido, no se construyen mayorías duraderas.
Para cerrar, la imbricación entre inseguridad y extranjerización de determinados espacios territoriales ha logrado sedimentarse con notable profundidad en el sentido común nacional. Este repertorio simbólico no constituye un patrimonio exclusivo de la derecha; por el contrario, atraviesa transversalmente el campo político, al punto de que segmentos nada desdeñables de la centroizquierda, enfrentados a una experiencia cotidiana de vulnerabilidad y desamparo, optaron por respaldar electoralmente a José Antonio Kast, persuadidos de que otras candidaturas no ofrecían garantías mínimas de control, orden y previsibilidad. Este punto reviste una importancia decisiva, pues la evidencia empírica sugiere que no estamos ante una derechización estructural de la sociedad chilena, sino frente a un desplazamiento electoral motivado por la centralidad del problema de la seguridad, el temor asociado a la inmigración y la percepción de amenaza difusa. Se trata, en muchos casos, de electores que históricamente habían respaldado a la Concertación o a expresiones de la centroizquierda, fenómeno que no resulta excepcional si se lo observa en clave comparada, ya que procesos análogos se han verificado en otras latitudes, particularmente en Francia, donde el voto securitario ha operado como un principio ordenador de las lealtades políticas.
En este contexto se configura una zona de opacidad analítica que la izquierda no ha logrado despejar con suficiente lucidez. En amplios sectores populares, la idea de izquierda parece no lograr arraigar ni interpelar, mientras adquieren mayor atractivo nociones como el emprendimiento individual y el denominado “capitalismo popular”, imaginario profundamente heredero del pinochetismo y chicago-gremialismo, que promete autonomía, movilidad social y reconocimiento del mérito. Algo se desplaza allí, algo se reordena, y no parece un detalle menor. Desde lo que he podido observar, el fenómeno migratorio operó como un factor de agitación decisivo, un dispositivo de estructuración de las orientaciones de voto en Chile, que terminó por facilitar el triunfo de la derecha radical, la cual supo capitalizar con eficacia ese clima de ansiedad social. De ahí que se abra un campo de reflexión ineludible para la izquierda: comprender que, en el contexto chileno actual, sostener una posición explícita de defensa irrestricta de la inmigración —como ocurre en ciertos debates en España o en algunos países europeos— carece hoy de buena recepción social y mediática. Este dato, incómodo pero insoslayable, obliga a repensar estrategias, lenguajes y prioridades. No dispongo, por ahora, de una respuesta acabada frente a este dilema; lo dejo planteado como una interrogante abierta, destinada a ser retomada en una reflexión posterior.
Fabián Bustamante Olguín. Doctor en Sociología. Académico del Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía, Universidad Católica del Norte, Coquimbo
