Henry Giroux, en su libro La escuela y la lucha por la ciudadanía. Pedagogía crítica de la época moderna, nos plantea que “El lenguaje es el “verdadero material” de que está hecha la cultura y constituye tanto un terreno de dominación como un campo de posibilidad. Para expresarlo como lo hacía Gramsci, el lenguaje es hegemónico y contrahegemónico a la vez, y constituye un medio tanto para silenciar las voces de los oprimidos [y oprimida] como para legitimar las relaciones sociales opresivas. Al universalizar ideologías particulares, trata de subordinar el mundo del albedrío y la pugna entre los seres humanos, en interés de los grupos dominantes. Pero al mismo tiempo, al lenguaje se lo considera también el terreno sobre el cual se da significado a los deseos, aspiraciones, sueños y esperanzas radicales, por medio de una fusión del discurso de la crítica y la posibilidad” (1993, p. 234).
Por tales razones, resulta interesante recordar las declaraciones de José Clemente Pérez Errázuriz, el miércoles 16 de octubre del año 2019, frente a las evasiones masivas de las y los estudiantes a propósito de la abrupta subida del pasaje de metro:
"Cabros, esto no prendió. No son más choros… no se han ganado el apoyo de la población. Ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, realmente no lo hay. La verdad, la gente está en otra, el chileno es bastante más civilizado… Y lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes porque la gente se ve muy perjudicada… a la gente que ha estado trabajando todo el día y que se va a subir a una estación de metro y está cerrada por este tipo de acciones, le genera molestia… Esto ya pasó… Es verdad que es bastante inédito, pero no digamos que prendió, afortunadamente la gente tiene mucho más sentido común y esto ha sido una protesta que no ha prendido en la población”.
El discurso del exdirector de Metro encarna la hegemonía del mundo civilizado. Quien apela a la abnegación y buena voluntad de una clase social trabajadora que sagrada y silenciosamente está dispuesta a financiar los costos y las alzas progresivas de todo bien público. Quien se arroga el derecho a representar a una clase media endeudada que está acostumbrada a pagar por el uso del transporte, vivienda, pensiones, salud y educación. Sin cuestionar el sueldo de 18 o 19 millones de pesos que las y los directores del metro reciben mensualmente; o la ganancia de 551 millones de dólares que las Administradoras de Fondos de Pensiones (en adelante AFP) rentabilizan anualmente gracias a las remuneraciones y cotizaciones de las y los trabajadores del sector público y privado.
Por lo demás, Pérez es el portavoz de las y los ciudadanos chilenos que se mantienen al margen de los movimientos sociales, políticos, ecológicos, ciudadanos, estudiantiles y de quienes rechazan abiertamente este tipo de actitudes y acciones. Porque “la gente civilizada está en otra” y se opone tajantemente ante todo aquello que la perjudica. Pero el empresario omite que el alza en sí misma tiene un impacto negativo en los gastos e ingresos de los grupos familiares, así como, en la calidad de vida y bienestar emocional de las personas. U omite que las próximas líneas de metro comprometidas por el gobierno de Sebastián Piñera serán financiadas con los presupuestos de los propios usuarios que tienen la obligación de desplazarse por las distintas comunas de la región Metropolitana.
Entonces, el discurso del exdirector de Metro encarna los intereses culturales e ideológicos de un grupo social hegemónico, cuyas convenciones enmarcan las relaciones de dominación entre una población-civilizada que no apoya la forma y contenido de las evasiones masivas y una población-barbarie que suscribe tales mecanismos de protesta. Así que el enunciado: “Cabros esto no prendió” constituye al mismo tiempo un recurso comunicativo que pretende legitimar las relaciones opresivas y un medio lingüístico que procura silenciar las voces protagónicas de los sectores oprimidos.
Pero el abogado se equivocó en sus predicciones porque los campos de posibilidades que abrieron las demandas estudiantiles han sobrevivido en las diferentes regiones del país. Y sus discursos contrahegemónicos han hecho eco en la sensibilidad de los distintos grupos y sectores sociales. Los cuales se han empoderado y han ejercido de manera transversal una ciudadanía activa que exige justicia, equidad e igualdad en materia de derechos sociales privatizados.
Por más de 295 días, como ciudadanas y ciudadanos hemos otorgado sentido y significado a nuestros deseos, aspiraciones, sueños y esperanzas respecto del transporte, vivienda, pensiones, salud y educación.
Donde es necesario transformar la Constitución Política de 1980 dado que antepone la libertad de enseñanza al derecho a la educación. Entendiendo que dicha libertad “(…) no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”. Por lo que se pueden abrir, mantener, cerrar, contratar, arrendar o permutar múltiples bienes, servicios e instituciones educativas gracias a la rentabilidad del mercado que resguarda el negocio inversionista y toda su especulación financiera como único principio.
Pero con la salvedad de que “(…) la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista alguna”. De modo que, constitucionalmente hablando, el profesorado tiene prohibido difundir sus visiones ideológicas acerca del mundo de la vida, así como, está impedido de propagar sus juicios de valor, opiniones e ideas sobre figuras públicas, épocas controversiales, movimientos culturales, críticas políticas, doctrinas religiosas, entre otras.
En consecuencia, gracias al estallido social se logró posicionar a la educación pública, laica y gratuita como un eje fundamental en la construcción de un país más justo y solidario… Y gracias a las y los estudiantes se ha mantenido la exigencia de una educación de calidad con equidad para todas las personas independientemente de su nivel cultural, clase social, raza-etnia o sexo-género.
