El mes de octubre, el Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) lanzó el “Informe de Huelgas Laborales en Chile 2019” (OHL, 2020), el cual aborda la panorámica de la actividad huelguista especialmente marcada por el estallido social, junto con un análisis de una de las principales armas que tiene la clase trabajadora, es decir, la huelga general. La evidencia que entrega este documento llama reflexionar sobre cuál ha sido el rol del sindicalismo en la revuelta reciente, la trayectoria que siguió hasta la movilización de octubre y, además, sobre las acciones a seguir de cara al proceso constituyente. A continuación se describen los principales hallazgos entregados en el documento y, posteriormente, se plantean algunas preguntas y desafíos para el movimiento sindical.
En informes anteriores, el OHL ya alertaba sobre un ciclo creciente de conflictividad laboral. A pesar de una baja en la cantidad de huelgas en los años 2017-18, el reciente año parece haber recuperado los niveles de actividad huelguista que venían gestándose desde el 2006. Esto es explicado en parte por el estallido, especialmente en el caso de las paralizaciones del sector público, las que se concentraron entre octubre y noviembre; aunque también en el aumento de las huelgas desarrolladas en el marco de la negociación colectiva reglada, las que responden a los plazos de vigencia de los contratos colectivos, siendo menos sensibles a la coyuntura. Además, se observa una mayor participación de huelguistas, tanto en el sector público como en el privado.
Junto con la mayor actividad huelguista, otro aspecto interesante es la creciente politización de las movilizaciones. Si bien las huelgas del sector privado suelen realizarse principalmente por temas remuneracionales, en los últimos cinco años han adquirido mayor relevancia las demandas que buscan un mayor control del proceso productivo por parte de las y los trabajadores, donde las huelgas que demandan cuestiones relativas a la organización del trabajo alcanzaron casi un tercio del total. De manera similar, las huelgas en el sector público por temáticas distintas a los salarios (como condiciones de trabajo, organización de la producción y asuntos políticos) han adquirido mayor relevancia, donde inclusive las problemáticas sobre remuneraciones fueron las de menor proporción en los últimos dos años. Al parecer, el sindicalismo nacional venía calentando desde hace años la olla a presión en los centros de trabajo exigiendo mayor participación en las decisiones sobre la forma en que el trabajo es organizado y desarrollado, la cual terminó por estallar en el octubre pasado junto con el resto de demandas de la población.
Por otro lado, se destaca una creciente escalada de las huelgas generales políticas. Entendidas como una paralización que involucra al menos a tres ramas de actividad económica, impulsada por una organización supra-sindical (como una federación o una central) y dirigida a algún poder del Estado, este tipo de huelgas buscan oponerse a iniciativas del gobierno o presionar por la consecución de leyes o políticas públicas. En concreto, y a pesar de lo que se pudiese pensar, bajo estos criterios se observan 18 huelgas generales entre los años 1990-2019, teniendo alcances regionales y/o nacionales. En efecto, Los años siguientes al fin de la dictadura, el sindicalismo nacional no realizó este tipo de acciones sino hasta el año 2003, la cual demandó más derechos laborales y sindicales y que fue dirigida por la CUT, marcando un giro en la estrategia de la central hacia una mayor movilización.
Tuvo que pasar casi una década para volver a observar una huelga general en Chile, la cual ocurre el año 2011 y que abre el periodo en que esta táctica se instala definitivamente en su repertorio de acción de las y los trabajadores. Ese año estuvo marcado por las protestas regionales de Magallanes y Calama, además de una en apoyo al movimiento estudiantil. Por su parte, el año 2016 también se destaca por presentar tres huelgas generales que buscaban influir en el debate de la reforma laboral y por las protestas del denominado Mayo Chilote. Finalmente, el año de mayor movilización por esta vía fue el 2019, donde se evidencian cinco huelgas generales, una convocada por la CUT y cuatro por la Mesa de Unidad Social (MUS). Como se observa, las huelgas generales han sido más frecuentes en los años de alta protesta ciudadana y debilidad gubernamental, siendo convocadas cuando se percibe un escenario político y social favorable al avance en las reivindicaciones compartidas por los/as trabajadores/as de distintos sectores y rubros.
Ahora bien, las huelgas generales no sólo han sido más recurrentes, sino que también han radicalizado sus demandas. En específico, las primeras exigían cuestiones relativas a derechos laborales y asuntos coyunturales o propios de algún sector, pero a medida que avanzó el periodo, esta táctica se utilizó para reclamar por aspectos estructurales, es decir, que afectan al país en su conjunto y a los pilares del modelo económico-social vigente. Dentro de este segundo tipo se destaca la re-nacionalización de los recursos naturales, derecho a la educación gratuita y de calidad, reforma al sistema tributario, mejoras al sistema de salud, temas relativos a la vivienda, negociación colectiva ramal, cambio al modelo de previsión, una Asamblea Constituyente, entre otros.
La radicalización de las demandas recién enunciadas se relaciona por la vinculación que ha tenido el movimiento sindical con otros movimientos sociales. Si bien las primeras huelgas generales eran convocadas por la CUT, las posteriores al 2011 son promovidas junto con otras organizaciones sociales. De esa manera, la Central comenzó a movilizar las demandas de otros actores sociales, adhiriéndose, por ejemplo, a la huelga convocada por organizaciones de estudiantes el 2013. De hecho, el año pasado se consolida la ampliación de las alianzas al integrarse a la Mesa de Unidad Social (MUS) junto con más de 150 organizaciones laborales y no laborales, dando lugar a un abanico más amplio de problemáticas que exceden las históricas del movimiento sindical. En consecuencia, como el Centro de Investigación Político y Social del Trabajo (CIPSTRA, 2019) demuestra, el éxito de la huelga del 12 de noviembre radica en buena medida en las participación de otras organizaciones, quienes mediante cortes de rutas y ocupación de las calles impidió a muchas y muchos trabajadores de llegar a sus puestos de trabajo, aumentando el impacto económico y social del paro. Esta articulación se puede volver central en un contexto donde hay cerca de un 30% de desempleo según la tasa de desocupación ampliada[1], según datos el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2020). De todas maneras, esta alianza no es exclusiva del caso chileno, sino que es un fenómeno que se ha observado en buena parte de América Latina (Kim et al., 2020)
Sintetizando, queda en evidencia que estamos ante un contexto de revitalización sindical con una mayor capacidad de movilización y de convocatoria, donde la huelga general se ha vuelto una táctica central. Además, las organizaciones sindicales han adquirido un carácter más politizado, cuyas demandas sobrepasan al mundo laboral y se orientan a las problemáticas de la clase trabajadora.
Esto abre preguntas y desafíos a las y los dirigentes sobre cómo abordar el proceso constituyente y la crisis social y económica en que estamos inmersos. Por un lado, respecto al carácter de las organizaciones y de las acciones a seguir se deben preguntar cómo fortalecer el vinculo con otras organizaciones sociales y territoriales, y qué rol debiesen jugar los sindicatos en esa alianza ¿Cuál debe ser el papel de los sindicatos en los territorios donde están inmersos? ¿Cómo llevar a cabo futuras huelgas generales ante la inseguridad económica y el alto nivel de desempleo? o ¿Cómo canalizar la politización fraguada en los centros de trabajo en un proyecto político común a la clase trabajadora? Por otro lado, respecto al proceso constituyente, se desprende el desafío sobre cómo fortalecer a la acción de la huelga en la discusión de la nueva carta magna. ¿Cómo garantizar su ejercicio como un Derecho en concordancia con los convenios de la OIT firmados por Chile? ¿Cómo el proceso constituyente puede garantizar o favorecer a las negociaciones colectivas sectoriales, ramales o territoriales? ¿Cómo fortalecer las huelgas que ocurren por fuera de negociaciones colectivas regladas, otorgándoles fueros y garantías para su acción? ¿Cómo evitar las limitaciones a las temáticas posibles de negociar colectivamente y a las demandas que justifican la acción colectiva, asegurando así la autonomía sindical? ¿Cómo garantizar el derecho a asociación, negociación y huelga en el sector público? ¿Cómo representar los intereses de los sindicatos en la discusión en la convención constituyente? Estas son algunas de las temáticas que tienen que ser puestas en discusión de cara a una más que probable redacción de la constitución, de manera tal de lograr un marco institucional que proteja a las y los trabajadores y garantice su autonomía y su capacidad de organización y acción a través de sindicatos.
Referencias
CIPSTRA (2019). Balance de la huelga general del 12N. Disponible en https://cipstra.cl/2019/balance-huelga-general-12n/
INE (2020). Boletín estadístico: Empleo Trimestral. Trimestre móvil Junio-Agosto 2020. Instituto Nacional de Estadísticas. Santiago, Chile.
Kim, Dongkyu, Kim, Mi-son, & Villegas, César. (2020). Organized Labor Strikes and Social Spending in Latin America: The Synchronizing Effect of Mass Protest. Latin American Politics and Society, 62(2), 99-109.
OHL (2020) Informe de Huelgas Laborales en Chile 2019. Universidad Alberto Hurtado y Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social. Santiago.
*Sociólogo y doctorando en Geografía. Es docente en la Universidad Alberto Hurtado e investigador del Observatorio de Huelgas Laborales de la Universidad Alberto Hurtado y del Centro de Investigación del Conflicto y la Cohesión Social.
[1] Incluye a desocupados e inactivos disponibles, es decir, personas que no buscaron trabajo activamente, pero que están dispuestos a trabajar.
