Un gobierno al que le cuesta gobernar

A un gobierno se le puede evaluar desde distintos ángulos y ópticas, desde la perspectiva económica con datos duros o desde la gestión con la medición de cumplimiento de metas, ejecución presupuestaria y otras variables. Sin embargo es la gestión política, su capacidad de conducción del país y la forma en que hace frente a los problemas, momentos críticos o derechamente la crisis, la que queda en la retina, en la memoria inmediata de la ciudadanía, como también en las mediciones de la percepción de las personas.

Pero también hace sentido a la ciudadanía, y particularmente aquella que se organiza, activa y moviliza, la capacidad de los movimientos sociales y sus organizaciones capaces de empujar los límites demarcados por el Estado y el gobierno, evaluar sus avances, aprender de sus retrocesos y observar cómo se van colocando en posiciones de fuerzas para acumular nuevas y más masivas. Es una suerte de ajedrez, de búsqueda de mejor posicionamiento. La administración de la derecha llegó a La Moneda aupada por las conquistas y avances de los sectores más conservadores a nivel mundial y regional, con una agenda destinada a demoler los intentos socialdemócratas por limar los ángulos más agudos del neoliberalismo chileno que tomaron forma con la reforma tributaria, el avance en dotar de educación gratuita al país, los cambios laborales y arrinconar la demanda por una nueva Constitución, entre otros asuntos que marcaron la administración anterior.

Mientras la alianza de fuerzas derrotadas en la contienda electoral se fragmentaba, un grupo de jóvenes mujeres de Valdivia inició la toma de la Universidad Austral que, literalmente, “encendió la pradera”; su ejemplo y demanda por poner fin al acoso y abusos se multiplicó y estalló una nueva y fortalecida ola feminista que tiñó al movimiento estudiantil, primero, y luego a amplias capas de la sociedad. La síntesis del movimiento fue el “Mayo feminista”, con múltiples formas de denuncia, protestas y movilizaciones. La salida política del movimiento fue -además de generar conciencia y mecanismos para poner freno a los abusos- la instalación de la idea de la necesidad de una educación no sexista. El movimiento feminista descolocó al gobierno y a la mayoría de las fuerzas políticas, incluidas algunas de la debutante oposición.

La movilización feminista puso en debate y cuestionamiento la esencia del modelo, su expresión y manifestación patriarcal, y avanzó además -pañuelos verdes incluidos- hacia un peldaño más alto en la conquista de la soberanía de los cuerpos con la demanda del aborto libre y seguro.

Primero fue en Quintero, luego Puchuncaví y al final también otras localidades cercanas a esta “Zona de sacrificio”, que en agosto pasado fueron foco de una crisis medioambiental por la emanación de tóxicos de las empresas afincadas en ese enclave costero. Centenares de lugareños, principalmente menores de edad, mujeres y personas de edad avanzada, fueron víctimas de intoxicaciones que las autoridades sanitarias y medioambientales no atinaron a identificar. Peor aún, el gobierno y el propio presidente Piñera anunciaron sucesivas medidas que resultaron inútiles para detener los efectos de la contaminación, lo que gatilló masivas movilizaciones y la solidaridad de vastos sectores del país. Chile se enteró así de la existencia de estas “Zonas de sacrificio”, en las que grandes empresas producen a costa de la calidad de vida de las personas. De nuevo el neoliberalismo imperante mostraba su cara más fea, y la respuesta de las localidades movilizadas dejaban a los gobernantes con escaso espacio de acción. El conflicto permaneció abierto por semanas.

La agenda pública -esa que todo gobierno intenta controlar- tuvo un brusco y trágico giro con el asesinato el 14 de noviembre del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca. Desde ese mismo día una cadena de mentiras, errores y omisiones puso en evidencia la incapacidad del gobierno para hacer frente a una crisis que cada día escalaba más. La policía de Carabineros ya venía con una crisis abierta generada por el mayor fraude a las arcas fiscales de la historia chilena, a la que se sumaba el montaje de la llamada operación Huracán que llevó a la cárcel a una decena de dirigentes mapuche, a quienes se les inculpó con pruebas falsas. La remoción en pocos meses de dos jefes policiales no ha sido suficiente para frenar la crisis, como tampoco lo ha sido la salida del intendente de La Araucanía, una medida de poca cuantía para dar por saldadas las responsabilidades políticas relacionadas con el crimen, con la forma de actuación de la policía, la vulneración de los protocolos y la flagrante violación de derechos que quedó en evidencia.

El crimen de Catrillanca sacó a las calles a miles de personas que protestaron contra el asesinato y reclamaron verdad y justicia, una movilización que se sumó a decenas de otras en las que el gobierno tuvo escasa capacidad de respuesta, como sucedió con los trabajadores portuarios, los estudiantes que se opusieron al estatuto laboral juvenil o contra el proyecto aula segura o la persistente movilización contra las AFP y las malas pensiones. Cuando aún no cumple un año de ejercicio, el gobierno ha visto ante sus ojos cómo se desborda el escenario, se debilita su gabinete ministerial por la pérdida de interlocución de sus integrantes con los sectores que deberían dialogar y, en definitiva, cómo se asienta la idea y percepción que el gobierno tiene escasa capacidad de gobernar.

*Editor general de la edición chilena de Le Monde Diplomatique.





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