Las imágenes provenientes de Lirquén han sido de las más devastadoras que los medios de comunicación nacional han registrado en las últimas horas, respecto a los incendios forestales que han afectado a la Región del Biobío y Ñuble, y se han convertido, sin duda, en el símbolo del desastre en la Macrozona Sur: evacuaciones masivas, casas destruidas, denuncias por saqueos a infraestructuras críticas y el miedo latente del fuego cercando progresivamente la ciudad de Concepción.
Cada verano, Chile vuelve a arder, como si fuera un déjà vu y hasta una situación casi habitual de esta temporada. El fuego recorre cerros, valles y áreas periurbanas, alcanzando, incluso como ahora, zonas urbanas. La vida cotidiana se paraliza en un vaivén y nos demuestra, una vez más, que estos escenarios son la expresión de cómo se han construido, gestionado y habitado los territorios a lo largo del tiempo, mostrando a su vez la fragilidad de estos asentamientos, las debilidades estructurales del Estado en la respuesta ante este tipo de escenarios, la escasa coordinación público-privada en la prevención y gestión de emergencia y las consecuencias de una historia local que puede explicar la magnitud de estos eventos.
Esta recurrencia no responde a una imprevisibilidad del clima. Los incendios forestales, ampliamente conocidos y monitoreados por organismos técnicos del Estado, como la Corporación Nacional Forestal y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, señalan que más del 99 % de los incendios tiene origen humano (Haltenhoff, 2010; SENAPRED, 2024). Ahora bien, en tanto esto se reconoce de esta manera, donde se conjuga, además, con condiciones medioambientales que facilitan su propagación, de fondo seguimos teniendo una lectura episódica: la emergencia, la catástrofe, y con ello una naturalización social y política del desastre (Otero, 2006). Un desastre estructural que detona por condiciones críticas preexistentes y no por el evento puntual de la presencia de la amenaza.
Para entender esta última idea, pensemos que la transformación del territorio en Chile ha estado articulada históricamente con el fuego. Desde el período colonial, las quemas fueron recurrentes y un método que permitía habilitar tierras agrícolas, dar apertura a los caminos y, de a poco, sustituir bosque nativo y expandir asentamientos humanos (Otero, 2006). Así, los paisajes actuales son, en gran medida, la consecuencia de siglos de intervención de las sociedades humanas a través del uso sistemático del fuego (Carracedo Martín et al., 2017).
En este sentido, el problema (o no el único, por lo menos) no es la existencia del fuego en sí mismo en tanto amenaza (independiente de su origen: natural o antropogénico). El problema surge cuando esta amenaza (el fuego) se conecta con modelos productivos intensivos, paisajes más homogéneos y un vacío en la regulación territorial. Son condiciones, además de las altas temperaturas, la disminución de la humedad del suelo y los fuertes vientos, que permiten la rápida propagación, comprometiendo a poblaciones humanas.
Este quiebre entre la lógica de uso del fuego como factor estructural en los procesos de ocupación, heredera del pasado colonial, se da especialmente a partir del siglo XX, cuando se empiezan a consolidar la modernización productiva, la urbanización periférica y la expansión forestal a gran escala. Esto permite un cambio de régimen de los incendios en cuanto a mayor frecuencia, intensidad e impacto social (Haltenhoff, 2010).
En el caso de Chile, el modelo forestal basado en los monocultivos de pino y eucalipto ha sido clave para entender estos períodos de recurrencias en las temporadas estivales, ya que no solo reducen la heterogeneidad ecológica, sino que además tienen una alta inflamabilidad, lo que da una continuidad del combustible y rápida propagación del fuego, en especial en contextos de sequías y altas temperaturas (Peña-Fernández & Valenzuela-Palma, 2008; Urzúa & Cáceres, 2011).
Con ello tenemos que una ausencia de franjas de protección que resulten efectivas, el manejo adecuado del combustible vegetal y vacíos en la fiscalización estatal producen y reproducen las condiciones y los escenarios necesarios para considerar los incendios como amenazas permanentes y contextos altamente vulnerables a la detonación de procesos de desastres.
En este contexto, resulta especialmente ilustrativo que el Proyecto de Ley que Regula la Prevención de Incendios Forestales y Rurales (Boletín N° 16335-14), que se ingresó en octubre de 2023 y todavía sigue en tramitación en el Senado, no haya podido avanzar en puntos clave como la creación de zonas de interfaz urbano-rural y franjas de amortiguación o la obligación de cortafuegos y manejo preventivo, por ejemplo.
Esto ocurre en un escenario donde entre 1964 y 2009 Chile registró más de 188.000 incendios forestales, que afectaron más de dos millones de hectáreas, con escalonamiento hacia incendios de alta severidad (Haltenhoff, 2010). Estos incendios, además, no se distribuyen aleatoriamente, sino que, por el contrario, se concentran en territorios donde se articulan monocultivos forestales y asentamientos humanos, particularmente en la interfaz urbano-rural, espacios que se caracterizan por precariedad habitacional, expansión informal y ausencia de planificación adecuada (Caviedes Vargas, 2017).
Por lo que el incendio pasa de ser forestal a urbano. Esto es el resultado de la ocupación histórica en zonas de alto riesgo, dando paso a una reproducción sistemática de la vulnerabilidad social y territorial; la falta de una regulación robusta y, además, también implica que el fomento productivo del sector forestal no se correlaciona con la incorporación adecuada de criterios en materia de riesgo, prevención y protección territorial.
Casos emblemáticos en este sentido son varios. Pensemos en los incendios de Valparaíso de 2014 o bien en los mega incendios de 2017 en el Maule, que afectaron a comunidades rurales que todavía tenían deuda pendiente de los daños ocasionados tras el sismo de 2010.
Lo de la zona de Lirquén, no escapa a esta situación. Después de la quiebra de las industrias manufactureras de la zona entre los años 80´s y 90´s tales como Lozapenco o Bellavista Oveja Tomé, el proceso de reconversión económica se basó en dar carta blanca a una industria forestal que, sin políticas privadas responsables y ante un Estado que priorizó la crisis de cesantía de la época, y dejó en un segundo plano los impactos tanto territoriales como ambientales de dichas decisiones. Esto, sin duda, contribuyó a configurar las condiciones que hoy en día enfrentan los habitantes de dicha zona.
· Carracedo Martín, V., Cunill Artigas, R., García Codron, J. C., Soriano López, J. M., Pèlachs Mañosa, A., & Pérez Obiol, R. (2017). Fuentes para la geografía histórica de los incendios forestales: Algunas consideraciones metodológicas. Cuadernos Geográficos, 56(3), 66–89.
https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/5299
· Caviedes Vargas, J. A. (2017). Construyendo sobre cenizas: ¿Son utilizados los incendios forestales como herramienta informal para la expansión urbana en Chile central? [Tesis de magíster, Pontificia Universidad Católica de Chile].
· Haltenhoff, H. (2010). Los grandes incendios forestales en Chile (1985–2009) (Documento de trabajo nº 539). Corporación Nacional Forestal (CONAF).
· Otero, L. (2006). La huella del fuego: Historia de los incendios forestales en Chile. Pehuén Editores.
· Peña-Fernández, E., & Valenzuela-Palma, L. (2008). Incremento de los incendios forestales en bosques naturales y plantaciones forestales en Chile. En A. González (Ed.), Memorias del Segundo Simposio Internacional sobre Políticas, Planificación y Economía de los Programas de Protección contra Incendios Forestales: Una visión global (pp. 595–612). USDA Forest Service. (General Technical Report PSW-GTR-208).
· Urzúa, N., & Cáceres, F. (2011). Incendios forestales: Principales consecuencias económicas y ambientales en Chile. Revista Interamericana de Ambiente y Turismo, 7(1), 18–24. https://riat.utalca.cl/index.php/test/article/view/108/74
[1] Antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, doctora en Historia de la Universidad de Sevilla, académica del Departamento de Análisis de Datos de la Universidad Autónoma de Chile, investigadora y directora del Laboratorio de metodologías, análisis e interpretación multidisciplinaria para el estudio del clima y los desastres (LAB MULTIDES) de la misma casa de estudio.
[2] Administrador Público y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile, académico de la carrera de administración pública de la Universidad de Artes, Comunicación y Ciencias (UNIACC).
