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La siguiente investigación sigue el rastro de distintas hipótesis en torno al origen de los incendios que afectaron a la región de Valparaíso a principios de febrero. Intereses inmobiliarios de la familia Gómez Chadwick, el proyecto Ruta Periférica de Valparaíso, y una posible acción del crimen organizado, entre otras teorías.
I. Introducción
¿Cui prodest?
A casi un mes de la catástrofe, crece la especulación sobre quiénes están detrás de los incendios. La impotencia por el daño provocado, en términos de vida humana, bienes materiales y ambientales, genera mayor presión para que se encuentren culpables y se haga justicia.
Las autoridades concuerdan en que existe evidencia de intencionalidad y organización en el origen de los incendios. Esto afirman tanto la Ministra de Interior Carolina Tohá; como el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Vicente Maggiolo; y el Jefe de Defensa Nacional en las provincias de Valparaíso y Marga Marga, el Contralmirante Daniel Muñoz.
El filósofo romano Séneca afirmó que, aquel a quien beneficia el crimen, es el que lo ha cometido. Siguiendo este razonamiento, se deben buscar evidencias reales de beneficio entre un hecho y la persona señalada como culpable. Entonces, ¿Qué beneficio se obtiene al ocasionar un incendio de esta magnitud? ¿Quién se beneficia?
II. Especulación inmobiliaria
La hipótesis más popular es que las inmobiliarias buscarían cambiar la categoría del tipo de uso de suelos, a través de la quema de miles de hectáreas, y así tener la vía libre para la ejecución de sus distintos proyectos habitacionales.
Si bien la investigación “Construyendo sobre cenizas. ¿Son utilizados los incendios forestales como una herramienta informal para la expansión urbana de Chile central?” concluye que “existen antecedentes que pueden vincular proyectos urbanísticos con sectores afectados por incendios forestales”, respaldando de alguna forma esta hipótesis, la investigación también afirma que “esta correlación no implica una relación de causa-efecto entre ambas variables”.
El mega proyecto habitacional del Fundo Los Peumos
Se señaló a Patricio Gómez Chadwick, primo del ex ministro Andrés Chadwick, como posible culpable, ya que su fundo se ubica en en Las Tablas, mismo sector en el que se iniciaron los cuatro focos simultáneos que provocaron el incendio.
Se trata del predio rol 9318-23, una hijuela de la ex Hacienda Las Tablas, que antes perteneció a la familia Walbaum. El predio tiene una extensión de 300 hectáreas, y colinda con la Ruta 68 y la Ruta F-800 camino a Quintay.
En abril de 2012, Patricio Gómez Chadwick - que falleció el año 2020 - señaló a El Mercurio, que adquirió el predio previendo que tarde o temprano se ampliaría el radio urbano, debido a las necesidades de crecimiento de la comuna. Su meta era levantar un proyecto inmobiliario de hasta siete mil viviendas.
Efectivamente, el difunto empresario adquirió este predio cuando aún no estaba tipificado como zona de expansión urbana (ZEU). Lo que cambió el año 2013, cuando se promulgó el nuevo Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL), y se le asignó la tipificación Zeu 2 y Zeu 3 (Art. 17 y 18 Premval).
Mapa II: Zona de Extensión Urbana aprobada por el Premval 2013
Las ZEU 2 y 3 permiten construcciones de hasta cuatro pisos y 15 metros de altura, y ponen como condición que sólo se pueden ocupar el 30% de la superficie del suelo destinada a uso residencial. Es decir, si se destinan 300 hectáreas para uso residencial, sólo 90 son las que pueden disponerse de forma efectiva para la construcción de viviendas. Esta cantidad de superficie basta para construir cientos de conjuntos habitacionales medianos.
El Oficio N°824 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de 2013, respalda esta información, ya que señala que no se hallaron impedimentos para la subdivisión del predio en 56 lotes, los que serían destinados “a la construcción de viviendas sociales o de un valor de hasta 1.000 UF”. Aunque el Oficio N°2284 añade que “sólo se podrá autorizar el emplazamiento de una vivienda por predio”.
Este cambio en el uso de suelos es criticado por algunos investigadores (2019), ya que observan cómo importantes proyectos inmobiliarios ganan más y más terreno en las zonas de amortiguación de la Reserva de la Biosfera Campana-Peñuelas (RBCP), que fue creada por decreto en 1984.
Mapa IV: Reserva de la Biósfera
El Lago Peñuelas, que integra la RBCP desde 1985, posee una zona de amortiguación, que la Ley N°21.600 define como un espacio ubicado en torno a un área protegida “cuyo uso podría ser parcialmente restringido en virtud de lo que establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial pertinentes, destinado a absorber potenciales impactos negativos y fomentar efectos positivos de actividades para la conservación”.
Pero en este caso, el fundo Los Peumos no integraría la zona de amortiguación, sino la zona de transición, en la cual las restricciones disminuyen, permitiendo la expansión urbana y el desarrollo productivo. En tanto, la zona sur de Las Tablas (Melosilla, La Engorda) sí es parte de la zona de amortiguación, y fue la parte más afectada por los incendios.
Estos antecedentes le restan contundencia a la hipótesis de intereses inmobiliarios en la quema del fundo Los Peumos. El predio adquirido por el empresario Gómez Chadwick cumple la normativa mínima para la construcción de viviendas o la realización de otro tipo de faenas y edificaciones productivas. Además, apenas fue afectado por los incendios.
De la misma forma, carece de base la hipótesis de que estos ataques incendiarios buscan modificar el tipo de suelo del Lago Peñuelas. Esto porque el lago es una Reserva Nacional y además es núcleo de la RBCP, lo que hace impracticable que un incendio logre modificar su estatus para habilitarlo a la expansión urbana y productiva. Esto se sostiene también en el “principio de no regresión” manifiesto en la Ley N°21.600, según el cual “no admitirán modificaciones que signifiquen una disminución en los niveles de protección de la biodiversidad alcanzados previamente”.
Por otra parte, el cambio en el tipo de suelos no se debe confundir con el cambio en el uso de los suelos. El Informe Incendios en Chile: causas, impactos y resiliencia del Center for Climate and Resilience Research, analiza el cambio de uso de suelos en las zonas centro y sur del país de las últimas décadas. Explica que casi una quinta parte de los bosques nativos siniestrados son reemplazados por maleza, pastizal, plantaciones forestales o por el sector agrícola. Pero no revela datos de bosques nativos, que tras ser siniestrados, se conviertan en proyectos inmobiliarios.
Por último, los dos incendios que azotaron gravemente al Parque Nacional Torres del Paine, en 2005 y 2011 respectivamente, no amenazaron su condición de Parque Nacional. Lo mismo puede afirmarse del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, que sufrió una devastación de más del 90% de su superficie, pero se realizará una importante inversión para su adecuada restauración.
La Ruta Periférica de Valparaíso
La Ruta Periférica es la hipótesis más fuerte, sostenida principalmente por organizaciones medioambientalistas de la región que buscan defender, por mencionar algunos casos, al Parque Natural Kan Kan ubicado en Quebrada Quinta Vergara y extender el área de protección del Santuario de la Naturaleza "Palmar El Salto".
Estas organizaciones señalan al proyecto Ruta Periférica de Valparaíso del Ministerio Obras Públicas (MOP), como una amenaza para los diversos ecosistemas naturales del Gran Valparaíso. Las obras atravesarían el Jardín Botánico y la Quebrada Quinta Vergara.
Cabe mencionar que existen antecedentes de casos similares en los que un tramo o franja de área protegida es dispuesta por el Estado para la construcción de una carretera. Un caso reciente es la fallida Ruta T-720 anunciada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, la cual iba a atravesar el Parque Nacional Alerce Costero (PNAC) en la región de Los Ríos. Finalmente, el proyecto fue cancelado y hoy se buscan alternativas que preserven la biodiversidad del Parque Nacional en cuestión.
El proyecto Ruta Periférica se anunció por la prensa desde el año 2021. El objetivo del proyecto es mejorar la conectividad vial intercomunal de Concón, Viña del Mar, Quilpué y Valparaíso, cada vez más congestionada por el aumento del flujo vehicular. Además se señaló que potenciaría el crecimiento urbano planificado.
La primera etapa de este proyecto fue superada al licitar con éxito el Estudio Integral Ruta Periférica Valparaíso con un coste cercano a los $4.000 millones. El MOP explicó que el proyecto “se encuentra en etapa de desarrollo de los estudios necesarios para determinar la factibilidad de licitar a través del sistema de concesiones de obras públicas”.
Específicamente, se encuentra en la Fase 3 de las 5 que considera esta etapa. Para posteriormente, en 2025 licitar el proyecto.
Una vez que la empresa se adjudique la licitación, se realizarán los estudios de ingeniería y de impacto ambiental. El MOP afirmó que sólo podrían iniciar las obras “una vez que se haya obtenido la correspondiente Resolución de Calificación Ambiental (RCA)”. Además, descartó que la Ruta Periférica fuera a atravesar el Jardín Botánico Nacional o la Quebrada Quinta Vergara. Al respecto señalaron que “no está considerado atravesar esas zonas en las alternativas que han sido priorizadas en el marco del estudio”.
Por último, confirmó que también fue descartada la nueva ruta Troncal Norte del proyecto, “para minimizar afectaciones en zonas propuestas como Santuario de la Naturaleza en Quilpué”. Esto se decidió el año anterior y fue informado por la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán y el Seremi del MOP Yanino Riquelme, tras la presión ejercida por organizaciones medioambientales de Marga Marga que denunciaban el impacto negativo del proyecto al ecosistema y a sitios arqueológicos de la zona.
Por tanto, la hipótesis de que los incendios pasan por el trazado de la Ruta no sería tan certera, ya que muchas de éstas zonas ya fueron descartadas en la etapa inicial del proyecto. Por otra parte, tampoco se puede observar un beneficio en quemar una zona en la que todavía faltan años para que inicien las obras, más aún cuando las empresas todavía no pueden postular ni competir por la licitación agendada para el año 2025.
III. Un complot contra la izquierda
El Gobernador Regional apuntó a una posible persecución política, debido a que tanto la región como las comunas afectadas son lideradas por alcaldías de izquierda. Lo que apunta directamente a los movimientos políticos de derecha o ultraderecha como posibles culpables. El motivo aparente sería castigar a los gobiernos locales de izquierda, desbordando la gestión que puedan realizar durante el último año previo a las elecciones.
En este último caso, se debe mencionar que una catástrofe natural o socionatural, no necesariamente afecta negativamente a las autoridades en cuanto a su aprobación. En muchas ocasiones sucede todo lo contrario. Por ejemplo, durante los incendios forestales del año anterior, la aprobación del Presidente Gabriel Boric aumentó. De la misma forma ocurrió con el ex Presidente Sebastián Piñera tras el exitoso rescate de los mineros en la mina de San José. En conclusión, provocar una catástrofe para hundir a un adversario es un arma de doble filo, que puede fortalecerlo tras una buena gestión, y dejarlo mucho mejor parado frente a los próximos comicios.
IV. Una operación del narcotráfico
Un día antes de que estallara a las puertas de la capital uno de los incendios más letales de nuestra historia reciente, el gobierno anunció la creación de un gabinete especial de seguridad y convocó al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), para discutir los problemas de seguridad del país y sobre cómo los militares se integrarían en el combate de la delincuencia.
Es importante recordar que un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) catalogó al puerto de San Antonio, como uno de los puntos neurálgicos del tráfico internacional de drogas.
El Cosena, que tiene por objetivo asesorar al Presidente, fue convocado para discutir la implementación de la Ley N°21.542, de protección de la infraestructura crítica, que permitiría al Estado desplegar un número no definido de unidades y equipo militar en el plano urbano, en el marco del enfrentamiento de la delincuencia y el crimen organizado.
El día lunes 5 de febrero, la reunión del Consejo de Seguridad Nacional se llevó a cabo sin problemas. Al finalizar el encuentro, el Presidente Gabriel Boric aseguró que “no vamos a permitir que el crimen organizado se normalice, se asiente ni se consolide en nuestro país”.
¿Es posible que el narcotráfico se haya sentido amenazado? Hace menos de un mes Ecuador declaró Estado de Excepción tras la fuga del líder narco “Fito” y los motinos simultáneos en distintas cárceles del país. La medida tenía por objetivo dar “todo el respaldo político y legal” a las Fuerzas Armadas de esa nación en la lucha contra el narcotráfico, lo que sentó un precedente para el crimen organizado que opera en países vecinos.
Si los incendios fueron una abierta provocación o forma de amedrentamiento, habría sido acompañado por mensajes públicos, a través de las redes sociales o en las calles. En este caso nadie se adjudicó los ataques. Otra opción es que fuera una sutil operación de distracción para concentrar la mayor cantidad de recursos, personal y autoridades del Estado, por el mayor tiempo posible.
Esto podría tener como finalidad, quitar el foco de la frontera y así ingresar cargamento importante al país, o realizar en otras ciudades diversas operaciones con mayor libertad, ya sea reubicar sedes, a personas o recursos.
Pero no hubo un masivo despliegue policial militar en la zona de catástrofe.
El Ejército de Chile informó que trasladó 551 efectivos militares a la zona de catástrofe, con el fin de colaborar en controlar los incendios, labores de patrullaje y seguridad, asistencia veterinaria y en la remoción de escombros. A éstos se suman 25 vehículos destinados al transporte de personal y carga, y maquinaria para la remoción y retiro de escombros.
La Dirección de Comunicaciones Estratégicas añade que el Ejército continuó operando en el norte del país “con efectivos en las jefaturas de área de zona fronteriza en tres frentes (Colchane; Arica y Parinacota; y Antofagasta), bajo la Ley de Infraestructura Crítica y operando en la Macrozona Sur, Regiones de La Araucanía y Bío Bío en el marco del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia”.
Por su parte, el cuerpo de Carabineros de Chile señaló que “en la región de Valparaíso se han desplegado más de mil Carabineros provenientes de distintos planteles educacionales”, tales como la Escuela de Oficiales de Carabineros, la Escuela de Suboficiales, la Escuela de Formación y la Escuela de Especialidades.
En total se puede estimar que durante esta catástrofe se desplegaron al menos dos mil efectivos policiales y militares. Lo que no es muy significativo si se compara con el reciente plebiscito constituyente del 17 de diciembre de 2023, en el cual hubo 4.500 funcionarios policiales y militares activos en toda la región de Valparaíso. De éstos, 1.500 pertenecían a Carabineros, y 3.000 a las diversas ramas de las Fuerzas Armadas.
Ante esta hipótesis, el Teniente Coronel (r) Mauricio Valdivia afirmó que lo considera “muy poco probable, ya que a nivel internacional los incendios forestales están más relacionados a la negligencia industrial y empresarial. En segundo lugar, a la compra y venta ilegal de madera. Por último, no hay antecedentes de un vínculo de los incendios con el crimen organizado o el narcotráfico”.
III. Conclusiones
Cum hoc ergo propter hoc
Todas las autoridades coinciden en la intencionalidad y organización de los incendios, pero no hay claridad en quiénes. Esto tiene el potencial negativo de acrecentar la especulación, la paranoia y hasta el entorpecimiento de las investigaciones oficiales.
La mayoría de las hipótesis analizadas no poseen pruebas ni evidencia material que señale de forma contundente a ningún culpable. A falta de pruebas se abusa de la falacia Cum hoc ergo propter hoc, según la cual la correlación sí implica causalidad. Esta perspectiva nubla la investigación y es un estorbo cuando se persigue la verdad.
Si bien el Ministerio Público es el responsable de investigar y determinar las causas y eventuales culpables de esta catástrofe, es sumamente relevante para el debate público poner ante el escrutinio a las diferentes hipótesis que han surgido en las últimas semanas.
Lamentablemente, aún no se puede responder la pregunta inicial ¿Cui Prodest? Si hubo planificación y organización, es evidente que hubo autores materiales e intelectuales. Es necesario encontrar evidencia material que apunte hacia los posibles autores del delito. La catástrofe, que se llevó la vida de más de 130 personas y que generó un inmenso daño material, psicológico y ecológico, no puede quedar impune.
Alex Dixon Fajardo Cisternas
Periodista y Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Playa Ancha.
Diplomado en Estudios Políticos por el Institut d’Études Politiques Science Po Rennes.
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