Mucho se ha cuestionado el Acuerdo por Chile, que parece ser más elitista y menos democrático que el Acuerdo por la Paz. Es indudable como el Congreso apostó por amarrar el nuevo proceso constitucional, o al menos ese fue el costo para que hubiera un nuevo proceso, no por nada Boric señaló que “es preferible un acuerdo imperfecto, que no tener acuerdo”, dado que aquel escenario de incertidumbre constitucional trancaba la agenda de Gobierno y pudiendo agudizar el actual periodo de inestabilidad, tampoco podían permitir que con el tiempo se profundizara la desconfianza hacía la institucionalidad; por ello para garantizar el status quo y a falta de presión social, acordaron 12 pilares que asegurara tranquilidad dentro de la clase política, bajo el argumento de no repetir los mismos errores que hizo fracasar el proceso anterior, asegurando la propiedad privada, las prestaciones privadas, no amenazar a ese Chile único e indivisible, garantizando la existencia del parlamento bicameral, entre otros tantos; pero lo real es que bajo estos principios se busca limitar la deliberación dentro del denominado Consejo Constitucional ya que como dicen las fuerzas políticas este nuevo proceso busca realizar cambios, sin reformar el país, ¿de verdad la propuesta de Constitución 2022 refundaba el país?
Este control supraparlamentario se ve agudizado tanto con el Comité Técnico de Admisibilidad, como por la designación de Expertos, del que no se sabe cuáles serán realmente los requisitos para ser considerado como tal, a lo más que sean nombrado por los Partidos Políticos y tengan el voto favorable de 3/5 del Parlamento, lo que no garantiza que sean realmente expertos en el tema, pero ¿Qué tema? ¿De verdad una Constitución puede escapar del debate político y ser vista únicamente como un tema técnico? ¿Serán solo abogados constitucionalistas o habrán “expertos” en otros temas?
Sin duda que lo que la elite política busca instaurar es el regreso de esa vieja política transicional donde no solo resurge la tecnocracia, que es donde se deja la política a los “técnicos” o expertos, olvidando que fue la razón por la que estalló el estallido social, sino que también hacen resurgir lo que Carlos Huneeus denomino como democracia semisoberana. A eso debemos sumarle el rol que cumplirá el Comité Técnico de Admisibilidad al momento de admitir o no, las propuestas de normas, ya que no debiesen transgredir los doce principios ya acordados por el Congreso, Comité Técnico de Admisibilidad compuesto por 14 técnicos también designados por el Congreso, que se sumados a los 24 expertos designados, inevitablemente transgredirán la voluntad popular, siendo esta tutelada a los técnicos y expertos que el Congreso designe.
Resulta un verdadero fracaso que después de un amplio periodo de redemocratización del país desde el retorno de la democracia donde cargos que en un principio eran designados y ahora se eligen por votación popular, primero con los concejales, luego los alcaldes, la supresión de los senadores designados, la elección de Consejeros Regionales y posteriormente de los Gobernadores, es un reflejo de una lenta y constante apertura democrática de nuestro sistema político, que ahora, bajo la excusa de evitar la refundación del país (misma excusa que sostuvo la Dictadura Cívico-Militar para instalar cerrojos antidemocráticos) instalan nuevamente los pilares de la democracia tutelada, desconfiando de la voluntad popular mientras que por otro lado, reinstauran el voto obligatorio con el argumento de “fortalecer” la democracia; es cierto, la propuesta de Constitución 2022 también reinstauraba el voto obligatorio pero no limitaba la participación política al mero voto sino que además, instalaba diversos mecanismos de democracia directa, algo muy lejano hoy en día en Chile.
Este Consejo Constitucional, más que ser un órgano redactor, será un órgano revisor, que vendría a aconsejar al Comité de Experto, revisando el anteproyecto que redacten los expertos designados por el Congreso y en caso de que este Comité de Expertos tenga observaciones con el texto constitucional final, podrá hacer observaciones que deberán ser aprobadas por 3/5 y rechazadas con 2/3; un quorum hecho a la medida. En caso de que las observaciones no se alcancen los 3/5 de aprobación o los 2/3 de rechazo, se deberá levantar una comisión mixta para destrabar el desacuerdo, el bicameralismo hecho consejo constitucional. En esta etapa, que supondría ser la última, pese a no contar con legitimidad popular y ser inferior en número, los expertos se instalaran en igualdad de condiciones frente a los concejeros en la comisión mixta que deberá conformarse por 6 expertos y 6 consejeros, que deberán resolver la controversia por 3/5 y en caso de que no se logre dicho quorum el Comité de Experto en un plazo de 5 días y con un quorum de 3/5 de sus integrantes, podrán presentar una nueva propuesta; entonces, si son los expertos quienes pueden insistir ¿Quiénes serán realmente los redactores de la propuesta de Constitución 2023?
Este nuevo proceso se erige en el fundamento de no repetir los errores de la Convención Constitucional, principalmente con los independientes pero incluye a nuevos personajes offshore: los expertos. En su momento eran los independientes quienes vendrían hacer frente a la falta de legitimidad de la clase política, ahora es tiempo de los expertos. De plano se descartó que el Congreso redactará la nueva Constitución, naciendo muerto el eslogan “rechazar para reformar”, del mismo modo en que se descartó ya bien avanzada las negociaciones la idea de que la propuesta de Constitución 2023 antes de ir a Plebiscito de Salida, fuese visada por el Congreso, que claro, intenciones de que así fuera habían y por ello tienen ahora la tranquilidad de elegir a los expertos que trabajaran casi por 10 meses en el Consejo Constitucional, mientras que los consejeros electos lo harán apenas por 6 meses.
Es cierto que tuvimos un proceso constitucional mucho más democrático del que se ofrece ahora, mucho más abierto políticamente hablando y menos excluyente, y que aun así el resultado fue rechazado abultadamente; debemos ser autocríticos en ello, ya sea en nuestra incapacidad por comunicar, por no recoger a cabalidad las demandas de las personas o por caer en la política identitaria; sin duda debemos ser humildes en nuestro análisis de lo acontecido pero ello no puede significar relegar un nuevo proceso constitucional a una democracia tutelada de facto.
No podemos olvidar que lo que habilito el primer proceso constitucional fue la presión social que sí, fue un acuerdo imperfecto y no habilitaba una Asamblea Constituyente, era mucho mejor de lo que la clase política ofrece hoy con el denominado Acuerdo por Chile, entonces ¿faltó presión social? Sin duda, la clase político pudo darse tiempo para alcanzar un acuerdo sin la presión social que hubo en el 2019, es más, la única presión social que llegó a sentir la clase política fue la del Team Patriota, que de mala manera descolocó e incomodó a aquellos sectores que apoyaron el rechazo y que ahora, en vez de ir por reformar la actual Constitución, negociaban para habilitar un nuevo proceso constituyente. Necesitamos rearticularnos como sector, pero no para contentarnos con presionar y hacer ruido, sino para posicionarnos como agentes políticos válidos, pero para ello debemos primero evitar la fragmentación de nuestro sector que se agudiza cada vez más y si bien es cierto que tenemos nuestras diferencias y distintas prioridades, en tiempos en que el conservadurismo y la política de la medida de lo posible reaparecen en la escena política, la unidad debe estar por sobre la división y la reflexión por sobre la soberbia.
Por lo mismo igual cabe preguntarse sobre el rol que cumpliremos en este nuevo proceso ¿disputaremos, participaremos o simplemente nos marginamos? Claro, se puede construir desde afuera pero ¿Cuánto se ha construido desde afuera? Y si miramos el escenario electoral venidero el escenario es complejo para nuestras demandas, donde se relega a los independientes a un segundo plano y se plantea una elección vía circunscripciones senatoriales, dificultando nuestras competitividad electoral y tergiversando la representatividad territorial; donde la elección de consejeros variaría entre 2 a 5 por región, donde regiones con una población inferior a 1 millón de habitantes como el Maule y Araucanía, elegirían 5 representantes a la vez que la región del Biobío donde votaron 1.184.845 de personas para el plebiscito de salida, elegirían solo a tres representantes; esto se ve agudizado con la Región Metropolitana que con un padrón superior a los 5 millones de personas, elige solo a 5 representantes, al igual que el Maule y la Araucanía, similar a la Región de Valparaíso que con un padrón de un millón y medio de personas aproximadamente también elige cinco representantes, existiendo una distorsión no menor en nuestro sistema electoral senatorial y por ende, para consejeros constituyentes ¿Saldrá el Presidente del SERVEL acusando desigualdades graves en el voto que amenaza el origen democrático del nuevo proceso constitucional? Lo dudo, si hasta La Tercera salió elogiando el Acuerdo alcanzado.
No podemos olvidar cuando el presidente del SERVEL, Andrés Tagle, salió el 25 de febrero del 2022 a cuestionar el origen democrático de la Convención Constitucional ¿Por qué no saldría ahora a cuestionar el origen democrático del Consejo Constitucional? ¿Será porque es UDI? ¿Y nosotros como cuestionaremos el proceso? ¿Excluyéndonos o desde adentro? No tengo la respuesta, pero abro la interrogante ya que pareciese que los llamados a rechazar desde ya la propuesta de Constitución 2023, responden más a la pasión que a una estrategia política y como estrategia, hay que evaluar todos los escenarios ¿Y qué pasa si esta nueva propuesta constitucional se aprueba el 2023, o estamos tan cegados que no podemos ver la posibilidad de que ello ocurra? ¿Qué pasa si se rechaza? ¿Estaremos por el rechazo igual que los republicanos?
Quiero hacer hincapié en lo siguiente: “participar no es sinónimo de validar”, la derecha lo demostró bien; pero primero debemos reflexionar en torno a una estrategia que nos permita situarnos lo mejor posible en el escenario venidero y eso no se logra solo con pasión sino con estrategia, reflexión y análisis, más cuando vemos un agotamiento sistémico en el sistema político que no es capaz de hacer frente a las necesidades de las personas. Por ello, no es casualidad que busquen ingresar el proyecto de ley que materialice el Acuerdo por Chile desde el Senado para su tramitación, ya que al existir inclusive dudas en los mismos firmantes, el actual agotamiento político no se manifiesta en su totalidad en el Senado ya que actuarían casi en bloque al asegurar un nuevo proceso constitucional que no amenace la existencia del bicameralismo, es decir, de su fuente laboral, tal como lo es la Cámara Alta; en cambio en la Cámara de Diputados ese no sería el escenario dado que al ser conformada por un variopinto de fuerzas políticas, la discusión puede ser más álgida, lo que no amenaza la aprobación del acuerdo en sí pero podría poner en cuestionamiento la esencia del acuerdo y su transversalidad.
Nadie puede negar el desgaste y la fragmentación que se vive en el Congreso Nacional, donde los Partidos Políticos más que asumir la culpa por la falta de conducción en los últimos años, culpan a la atomización de las fuerzas políticas que es causa misma de la falta de legitimación que los partidos tradicionales han construido y que ahora, aprovechan de retomar el control limitando la representatividad vía circunscripción senatorial y expertos designados, por ello, este es un acuerdo que deja tranquilo a la elite de nuestro país, porque más que evitar la refundación del país, lo que buscan es conservar y custodiar el futuro constituyente, porque tal como culpan a los independientes del fracaso del proceso anterior, después podrán culpar a los expertos pero no se podrá culpar al Congreso porque su trabajo en llegar acuerdo ya está hecho, pese a ser un acuerdo imperfecto, del que todos saben pero pocos asumen.
Axel Abarzúa
Ex Asesor en la Convención Constitucional. Licenciado en Historia, mención en historia del tiempo presente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Correo electrónico: ax.abarzua@gmail.com
Martes, 20 de diciembre del 2022
