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Indulto a los injustamente condenados y libertad a los presos políticos del estallido social. Por Alex Ibarra Peña

Un caso para el indulto es el de Jordano Santander que fue sentenciado con varios años de prisión en un proceso bastante sospechoso. Las pruebas que fundamentan su condena es el insuficiente testimonio de funcionarios de la PDI, lo que por cierto, es una prueba demasiado débil. Pero, lo más oscuro es que quienes prestaron testimonio son funcionarios que tienen una demanda por tortura durante la detención. Este tipo de actuación por parte del sistema de justicia nos muestran otro rasgo de la persecución organizada para la criminalización del movimiento social. Esta es una estrategia clásica del poder represivo que ha estado ejerciendo el Gobierno. Es un grave caso de injusticia el que constituye este caso. Sócrates en la Apología aparece afirmando frente a los tribunales de justicia su falta de equilibrio al condenar a inocentes y dejar libres a los culpables. Esta falla es evidente en tantos casos de «saqueadores» con corbatas, entre ellos Piñera, Generales, operadores políticos, que sin duda son un peligro para la sociedad.

No sé cuántos más casos hay como el de Jordano Santander. Sin embargo, sé de muchos presos políticos que no tienen condena y lejos están de haber recibido un debido proceso en sus detenciones. En este caso, el sistema de justicia los ha tenido recluidos por dos años apoyando una estrategia que responde a una planificación represiva en contra, principalmente, de los jóvenes rebeldes. Esto está claramente coordinado con los procedimientos relacionados a las muertes, daños oculares, torturas, uso excesivo de la violencia y la constante represión de las fuerzas de orden y seguridad.

Los organismos internacionales de derechos humanos, también con cierta lentitud se han pronunciado sobre estos graves casos. Recién a los dos años los pronunciamientos han sido más claros en afirmar la permanente violación a los derechos humanos en relación a las manifestaciones que se inciaron en octubre del 2019.

Los parlamentarios han estado lejos de un pronunciamiento al respecto, recién se ha elevado la voz en torno al «indulto», claramente con fines electorales con esa pretensión de sacar votos ya sea aprobándolo o negándolo, dependerá sólo de cuál es el voto que pretenden conquistar. Las traiciones de la clase política han sido varias y siguen en un estado de inmadurez democrática.

Hemos dado por supuesto que lo de octubre 2019 constituye un avance en la conquista de los derechos ciudadanos, pero aquello en la estructura institucionalizada de la política aún carece de efectos apareciendo el tradicional «gatopardismo».

Para este martes el Congreso tiene en agenda la discusión en torno a lo que han llamado indulto general a los presos de la revuelta, tendremos la posibilidad de ver quienes están a favor de la democracia y de la justicia, y quienes desde los lugares de privilegio que ocupan respaldarán el régimen de castigo y criminalización del movimiento social.

La discusión sobre el «indulto» a los condenados y sobre la liberación de los presos políticos nos debería colocar frente a un cuestionamiento al sistema de justicia que en tanta ocasiones falta a su deber en favor de aquellos sujetos peligrosos que entre sus privilegios han gozado de impunidad y han sido respaldados por los poderes del Estado. Ni más ni menos el grave mal de la corrupción que atenta con violencia a la participación y organización política de los ciudadanos.

Alex Ibarra Peña.
Dr en Estudios Americanos.

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