Lo ocurrido recientemente en televisión abierta obliga a una reflexión profunda sobre el rol de los medios de comunicación en la protección, o vulneración, de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En un programa de alcance “masivo”, Patricia Maldonado, conocida por su admiración pública a la dictadura de Augusto Pinochet -período marcado por graves vulneraciones a los derechos humanos en Chile- relató en tono liviano y sin cuestionamiento alguno que un personaje del espectáculo “gustaba de menores de edad”, que se vinculaba con niños, que les regalaba zapatillas y favores, y que “todos sabían”. No hubo alarma ética. No hubo interrupción. No hubo incomodidad. Hubo risas, nostalgia y una peligrosa normalización.
Lo que se presentó como una anécdota televisiva es, en realidad, la verbalización pública de un patrón de abuso sostenido por el silencio colectivo. Un relato que no solo expone una práctica violenta, sino también un entramado de encubrimiento social y mediático que permite que estas situaciones sean narradas sin consecuencias, como parte del folklore del espectáculo. Cuando este tipo de discursos circulan sin cuestionamiento en espacios de alta visibilidad, el daño no es sólo simbólico: se legitima la vulneración y se desdibuja cualquier estándar ético de protección a la infancia.
Desde el Trabajo Social, este tipo de escenas no pueden leerse como simples excesos televisivos. Constituyen señales de un fenómeno estructural más profundo: medios de comunicación que validan -por acción u omisión- la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Cuando un relato de esta naturaleza se emite sin denuncia, sin resguardo hacia posibles víctimas y sin responsabilidad editorial, el mensaje que se instala es devastador: que el abuso puede contarse como historia de camarín, que el encubrimiento es parte del espectáculo y que la infancia queda nuevamente subordinada al poder adulto, mediático y económico.
Este episodio no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto más amplio de prácticas mediáticas que vulneran de manera constante los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluso cuando no existe una intención explícita de dañar.
La vulneración comienza, muchas veces, desde el lenguaje. Cuando los medios de comunicación continúan utilizando el término “menor”, no se trata de un error semántico ni de una simple costumbre periodística: es una forma de reducir a la infancia a una condición subalterna, despojándola de su calidad de sujeto de derechos. El lenguaje no es neutro. Como advierte Pierre Bourdieu, nombrar es ejercer poder. Desde el Trabajo Social sabemos que la forma en que se nombra a niños, niñas y adolescentes condiciona la manera en que la sociedad los percibe, los juzga y los protege - o los vulnera - .
La vulneración se profundiza cuando los medios de comunicación convierten las trayectorias de vida marcadas por la violencia, el abandono o el abuso en material narrativo. Personas que fueron gravemente dañadas en su infancia y que, en la adultez, han terminado involucradas en delitos son expuestas como relatos individuales de fracaso o maldad, sin contexto, sin memoria y sin responsabilidad social. Se muestra el delito, pero se borra la infancia vulnerada; se condena al adulto, pero se invisibiliza al niño que no fue protegido. Estas historias, ya sea en noticiarios, programas de ficción, series o documentales, se transforman en guión, espectáculo y producto cultural, muchas veces sin consentimiento, sin reparación y sin un enfoque de derechos. El dolor se vuelve narrativa y la vulneración, entretenimiento. Como advierte Judith Herman, el trauma expuesto sin cuidado ni reparación no sana: se reactiva. Desde el Trabajo Social sabemos que cuando la experiencia traumática se utiliza como recurso narrativo sin responsabilidad ética, no solo se revictimiza a las personas involucradas, sino que se consolida una cultura mediática que consume el sufrimiento ajeno sin límites y sin memoria.
También se vulnera cuando la infancia es convertida en caricatura o recurso “chistoso” en pantalla. Personajes infantiles o juveniles son ridiculizados y burlados por su orientación sexual, su expresión de género, su estrato social o su historia personal, transformados en material de entretenimiento sin resguardo alguno. En el otro extremo, niños, niñas y adolescentes bajo la tutoría de sus padres forman parte de realities de lujo, viajes por el mundo y programas de televisión donde la exhibición permanente se presenta como privilegio, sin considerar que muchas veces no existe discernimiento ni asentimiento real para decidir si quieren o no estar ahí. Basta recordar la exposición televisiva de la hija de Raquel Argandoña cuando tenía menos de diez años, o los casos actuales de bebés recién nacidos con cuentas creadas en redes sociales antes incluso de construir una identidad propia.
Niños y niñas aparecen, así, como extensiones del relato adulto, como parte de una marca personal o familiar. Se exhiben rutinas, conflictos, quiebres emocionales, enfermedades, vínculos y procesos íntimos bajo la lógica de la “vida real”, cuando en realidad lo que opera es el lucro: contratos, auspicios, rating y capital simbólico. Tener cuidado personal o patria potestad no habilita a exponer la vida privada de un hijo o hija para obtener beneficios económicos. El cuidado no es propiedad. La infancia no es contenido.
Cabe entonces una pregunta incómoda, pocas veces formulada: ¿alguien se ha detenido a pensar cómo están hoy, en su vida adulta, estos niños y niñas cuya intimidad fue expuesta tempranamente? ¿Qué ocurre cuando crecen y deben convivir con registros digitales permanentes de sus conflictos familiares, su dolor, su cuerpo, su historia? La huella digital no prescribe. El trauma tampoco. La exposición temprana puede transformarse, años después, en vergüenza, estigmatización, consumo de drogas, trastornos conductuales, angustia y dificultades para construir una identidad propia fuera del relato impuesto.
El marco jurídico es claro. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que le afecten; que ningún niño o niña debe ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su honra o su imagen; y que los Estados deben proteger a la infancia contra toda forma de explotación. En Chile, la Ley 21.430 refuerza esta obligación al reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y al establecer el deber del Estado de prevenir, proteger y reparar vulneraciones que afecten su vida privada, honra e imagen, incluyendo aquellas que ocurren en el ámbito comunicacional, digital y mediático. A ello se suma la Observación General N.º 25 del Comité de los Derechos del Niño, que advierte sobre los riesgos específicos del entorno digital y subraya la responsabilidad tanto de los Estados como de los actores privados en su regulación. Sin embargo, entre este marco normativo y la práctica mediática cotidiana persiste una brecha profunda.
En este escenario, el rol de la Defensoría de la Niñez resulta clave. Su mandato no se limita a reaccionar frente a casos emblemáticos o de alta connotación pública; sino a ejercer una vigilancia activa, permanente y no selectiva sobre las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, incluyendo aquellas que ocurren en los medios de comunicación, la televisión y las plataformas digitales. La defensa de la infancia no puede depender del rating ni del apellido de quienes están involucrados.
Desde la intervención social sabemos que cuando se expone sistemáticamente la intimidad de niños y niñas, cuando se comentan sus historias, cuando se ficciona su dolor o se normalizan relatos de abuso bajo la lógica del espectáculo, emergen alertas claras: instrumentalización de la infancia, vulneración del derecho a la privacidad y a la propia imagen, asimetría absoluta de poder entre adultos y niños, ausencia de asentimiento real y revocable, e impactos psicosociales que no siempre son inmediatos ni visibles, pero que se arrastran por años.
Estas prácticas responden a una lógica adultocéntrica, donde las decisiones se toman desde la conveniencia, el interés o la mirada del mundo adulto, invisibilizando la voz, el consentimiento y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Como señala Alice Miller, el daño infantil no reconocido tiende a reproducirse cuando el entorno adulto lo minimiza o lo normaliza.
Las declaraciones emitidas en televisión abierta a propósito de Patricia Maldonado conectan todas estas dimensiones. Hay ENCUBRIMIENTO, porque “todos sabían”. Hay LUCRO, porque la infancia expuesta vende, entretiene y genera audiencia. Y hay OMISIÓN, porque quienes escuchan, producen, transmiten y consumen callan. La violencia contra niños, niñas y adolescentes no se sostiene en el vacío: se reproduce en contextos donde muchos observan, muchos comprenden y nadie interviene. Ese silencio social también es una forma de violencia.
No todo lo legal es ético. Y no todo lo mediático es protector. Así como en salud exigimos asentimiento, escuchamos la voz de niños, niñas y adolescentes y ponemos límites cuando el cuidado se transforma en riesgo, resulta urgente preguntarse por qué esos estándares desaparecen en la televisión, en los realities, en la ficción y en las redes sociales. ¿Por qué el interés superior del niño se diluye cuando entra en juego el rating, el algoritmo o el mercado?
El Trabajo Social no puede ser neutral frente a este escenario. Porque cuando la infancia se transforma en contenido, cuando el dolor se convierte en espectáculo, cuando el lucro y el encubrimiento se normalizan y cuando la omisión se vuelve costumbre, lo que está en juego no es solo un programa de televisión o una plataforma digital. Está en disputa el modelo de sociedad que estamos validando y el lugar real que le otorgamos a la infancia.
En ese contexto, mirar, callar y consumir no es inocuo: también es una forma de vulnerar.
