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Informe distributivo en proyectos de ley. Por Emiliano Vargas López

Chile ha sido un experimento social referente al uso del mercado en la asignación de los recursos y del subsecuente proceso distributivo de la riqueza. Esta distribución, encargada al sistema de precios y con el discutible análisis de los excedentes sociales tiene inicio en la segunda década del siglo XXI. Hoy nuestro país logra índices macroeconómicos cercano a países desarrollados, pero con gran parte de la población con ingresos bajos. Esto se ha generado , a pesar de que el Estado ha tratado de favorecer una redistribución progresiva en los años de democracia, con impuestos, renta a algunos recursos naturales, subsidios y gasto social. Es decir, aumentando el gasto público en aquellas áreas donde existe la mayor proporción de población que no recibe los excedentes del lado de los productores, porque los retornos de la asignación en el mercado, paulatinamente se concentra en empresas de gran tamaño. En definitiva, se ha desarrollado una “continuación mejorada” del esquema instaurado en dictadura, sin cambiar sustantivamente, la distribución de las rentas. El logro pos dictadura se podría resumir en mitigar fallos del mercado (asimetrías de información y concentración) con el desarrollo de un sistema extensos en bienes públicos, mitigación de externalidades y la incorporación paulatina de derechos sociales para revertir los sesgos distributivos de un país basado en la economía de mercado.

Se ha consolidado la definición economía política que los excluidos de aquella asignación eficiente se compensa con gama de instrumentos administrativos (ejecutivo), judiciales (Cortes) y legislativos (parlamento), que han determinado en parte el actual estado del país. De ellos el actor fundamental es el marco legislativo que dicta el Congreso y que condiciona la estructura del mercado y su desempeño.

La descripción general, aunque incompleta y posiblemente imprecisa, busca resaltar el efecto de las leyes en la distribución de la riqueza y por ende del bienestar social medido a precios que no necesariamente cumplen el requisito de ser el primer mejor. Dado que se asume esta realidad (o equilibrio sub óptimo), se plantea aquí que el reforzamiento del proceso legislativo en cuanto a su énfasis redistributivo es urgente y absolutamente necesario.

Lo destacable es que no solo sucede en Chile. Por ejemplo, en el año 2018 senadores Demócratas en EE.UU incorporaron en el Departamento Federal de Estadísticas (BEA), la obligación de un informe distributivo del país. Esto marca un desafío que implica analizar, adaptar, simular y evaluar el desempeño de la economía americana en su conjunto. Este informe que tiene una orientación primaria de informar enfocado en el evidencia de una distribución progresiva de la renta.

Con esta referencia, la idea en Chile, es que el parlamento inicie una metodología abierta y transparente que permita anticipar los efectos económicos de las nuevas leyes o modificación de las existentes, en cuanto a la distribución del ingreso nacionales, de las rentas del capital natural no reemplazable y su eventual efecto en todas las generaciones (actuales y futuras). Esta idea, adecuadamente diseñada e implementada permitiría evidenciar los sesgos y eventuales efectos de cada iniciativa legal, mostraría a parlamentarios, ciudadanos interesados y a la opinión pública aquellos intereses que motiva a los legisladores (y a quienes representan), es decir podría constituir un mecanismo de revelación de las preferencias sociales de cada parlamentario y su comportamiento legislativo basado en evidencia .

¿Dónde incluirla?

R: Dentro del proceso actual de la evaluación de la ley, incluida como una etapa de evaluación exante, independiente del informe financiero de cada ley. Corresponde a un nuevo documento de carácter informativo, que se debería realizaría previo a la aprobación de las iniciativas de ley en las comisiones respectivas.

¿Quién podría desarrollaría la metodología el modelo y su implementación?

R: Inicialmente un consejo académico e investigativo con instituciones como el CMM (Centro de modelamiento matemático de la Universidad de Chile) quienes podría asumir el desafío para diseñar una forma de abordar la propuesta, la cual incluye los postulados de la economía en lo referente al primer y segundo teorema del bienestar y una breve prescripción de la economía sobre la distribución de la riqueza. Sin embargo, la potencia de la iniciativa es incorporar las variables de los sistemas complejos sociales con la modelación y simulación en entonos de incertidumbre: tenencia de la propiedad y medios de producción, bancos, cambios sociales, mercados nacionales e internacionales, finanzas públicas y medioambiente. En concreto un primer caso sería analizando la reforma previsional, en una dimensión distinta a: la alternativa de administración del aumento de la cotización, las rentabilidades esperadas y extensión de la expectativa de vida de la población.

¿Qué se obtendría?

R: Se puede obtener dos productos: El informe que acompañe el mensaje de ley y una aplicación simple y mediática «El semáforo distributivo»: este es un indicador que muestra el efecto probable de las iniciativas legales en lo referente a la distribución social del producto interno (o riqueza) del país. En simple: una nueva ley: reduce, mantiene o aumenta de la redistribución

¿Requerimiento iniciales?

R: voluntad en avanzar en la agenda legislativa «basada en evidencia», apoyo de un institución política y comprometer al nuevos parlamentarios y a la academia con el proyecto.

¿ Cuánto costaría implementar la propuesta?

R: Tiempo y dinero, el cual puede ser gestionado por el propio Congreso o con una glosa especial en la Ley de presupuestos 2022 que institucionalice la norma y operativice en el corto plazo.

¿ Quién es el responsable ?

Todo funcionario o institución que presente ideas de ley al parlamento. Deberá contener un artículo que estime exante los efectos redistributivos de cada proyecto de ley. Este tema, aunque técnico y económico, podría ser tratado en la Convención constitucional, para su incorporación en la nueva constitución o analizarla como proyecto de ley . El informe será emitido y durante el proceso deliberativo, se conozcan las estimación de redistribución de la riqueza logra el proyecto que contiene fondos públicos.

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