UN DERECHO SUPRA ESTATAL
Un Estado democrático se caracteriza por el funcionamiento regular de su Poder Judicial. La administración de justicia no es solo un poder del Estado. En muchas ocasiones, es la última instancia a la que concurren los seres humanos al garantizar la existencia y efectividad de sus derechos y suprimir la violencia como recurso para dirimir las controversias entre los individuos y los grupos de una sociedad. El Poder Judicial es, además, un elemento central dentro de un estado social y democrático de derecho. El derecho de fondo de carácter constitucional y supranacional convierte a la persona en sujeto portador de derechos humanos. En sus instrumentos esenciales del orden mundial y regional americano, la protección del trabajo en cualquiera de sus formas de realización o modalidad ocupa un lugar preponderante. Los derechos humanos laborales son aquellos derechos atribuidos a los individuos por su simple condición humana o de persona, y que se portan en el ámbito de la prestación del trabajo dependiente con fuente en normas de Derechos Humanos. Ese reconocimiento de derechos incluye a los específicos relativos al trabajo. Pues bien, todo derecho, pero en particular los derechos humanos laborales y los derechos asignados especialmente a los trabajadores, necesitan para su existencia misma, la posibilidad de reconocimiento y exigibilidad frente al Estado e inter partes por su condición, además, horizontal. Es inherente a la existencia del derecho, el poder acceder a su protección ante un órgano del Estado y lo que se conoce como el derecho de acceso a tutela judicial efectiva, un derecho humano de primera generación normativa. Pero. es frente a los derechos fundamentales que tienen por objeto los seres humanos en condiciones de debilidad o vulnerabilidad, donde se representa con mayor énfasis ese derecho de concurrir ante un órgano estatal que venga a asegurar la existencia misma y la realización plena del derecho consagrado en normas internas e internacionales sobre derechos humanos y derechos laborales (.https://webapps.ilo.org/static/spanish/intserv/working-papers/wp010/index.html#:~:text=El%20derecho%20de%20acceso%20a%20tutela%20judicial%20efectiva,a%20que%20su%20caso%20sea%20resuelto%20de%20mo). El rol de un juez es fundamental en el sistema judicial de un país, siendo las principales funciones y responsabilidades de un juez las siguientes: El juez debe interpretar la ley y aplicarla a los casos que se le presentan, Además, es responsable de dirigir el proceso judicial, asegurándose de que se cumplan los procedimientos y plazos establecidos. También debe evaluar la evidencia presentada por las partes y determinar su relevancia y credibilidad y tomar decisiones justas y imparciales basadas en la ley y la evidencia presentada. Desde luego que el juez debe mantener su imparcialidad y no tener prejuicios ni intereses personales en el caso, respetando los derechos de las partes y asegurarse de que se cumplan los procedimientos y garantías establecidos. Y, desde luego, debe mantener la confidencialidad de la información presentada en el caso. El juez debe ser independiente y no estar sujeto a presiones o influencias externas. Y debe tener integridad y ser honesto en sus decisiones y acciones.
UNA QUEJA TRASCEDENTE
La injusticia ha estado presente en todas las culturas asi como su denuncia. Jean-Jacques Rousseau en su obra "El contrato social" (1762) que la injusticia se origina en la desigualdad social y económica. Según Rousseau, la justicia se basa en la igualdad y la libertad, y la injusticia se produce cuando se violan estos principios. Volteire, difusor de la ilustración escribió en "Cándido o el optimismo" (1759), una critica a la injusticia y la opresión en la sociedad de su época. Luego en su obra "Tratado sobre la tolerancia" (1763), Voltaire aborda la cuestión de la injusticia en relación con la tolerancia y la libertad de conciencia. Georges Sorel en "Reflexiones sobre la violencia" (1908), analiza la relación entre la injusticia y la violencia. Según Sorel, la injusticia puede llevar a la violencia, pero también puede ser un medio para luchar contra la injusticia. En "La decadencia del capitalismo" (1908), Sorel critica la injusticia y la explotación en la sociedad capitalista. El filósofo Jean-Paul Sartre también se referirá a la injusticia en su obra "El ser y la nada" (1943), analizando la relación entre la libertad y la responsabilidad en relación con la injusticia. Según Sartre, la libertad humana implica la responsabilidad de elegir y actuar en el mundo, y la injusticia se produce cuando se violan los derechos y la dignidad de los demás. Más adelante en su obra "Crítica de la razón dialéctica" (1960), Sartre critica la injusticia y la opresión en la sociedad capitalista, y aboga por una sociedad más justa y igualitaria. Por su parte Jacques Derrida, en su obra "La escritura y la diferencia" (1967), analiza la relación entre la justicia y la injusticia concluyendo que la justicia se basa en la igualdad y la diferencia, y la injusticia se produce cuando se violan estos principios.
EL ESTADO INCOMPETENTE
El discurso liberal acrítico señala que las instituciones funcionan. Sin embargo, a realidad muestra otra cosa, Es indudable que no hay suficientes jueces laborales y ambientales, entre otros, lo que explica la demora en fijar las fechas de las audiencias, de un año a otro, transformando la justicia en otra forma de violación de derechos ( https://derechoprobatorio.cl/articulos/principios-probatorios/prueba-inmediacion-y-potestades-en-el-proceso-laboral-observaciones-criticas-y-apelacion-al-equilibrio/). Además, se ha criticado la creación de tribunales especializados de Cobranza Laboral y Previsional, porque ha generado una mayor complejidad en el sistema judicial laboral, demorando la satisfacción de los derechos. El tiempo es el principal enemigo del derecho a la justicia. Una crítica recurrente hacia los jueces laborales se refiere a su *falta de especialización* lo que podría explicar fallos o resoluciones arbitrarias. ( https://repositorio.uft.cl/bitstreams/31454e74-9410-479b-ac22-af8678fcb9e0/download).También se ha señalado que los jueces laborales no siempre tienen la *capacidad para interpretar* las leyes laborales de manera efectiva, lo que puede generar decisiones contradictorias (https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113221/de-salvad%C3%B3_f.pdf?sequence=) También se critica el error de los jueces laborales de aplicar fuera de contexto la norma del Código del Trabajo que los faculta para proponer soluciones, muchas veces en desmedro del trabajador demandante, interpretando el Código de Procedimiento Civil (246) que le permitiría proponer soluciones sin tomar en cuenta que se trata de derechos irrenunciables de los trabajadores. Por otra parte es oportuno señalar la existencia de incentivos perversos en la justicia reformada, que impulsan a jueces (y fiscales, en el ámbito penal) a cerrar rápidamente las causas en pos del cumplimiento de metas administrativas, utilizando muchas veces, los magistrados, el subterfugio de presionar fuera de audio en las audiencias a las partes y en la evidente falta de control sobre el ejercicio jurisdiccional, ya que tienen las facultades para ello, son quienes han intervenido muchas veces en el nombramiento de los jueces cuestionados.
LA CORRUPCIÓN ALIMENTA LA INJUSTICIA
El denominado caso Audio-Hermosilla ha servido para reiterar la existencia de corrupción en diversos niveles de la sociedad chilena, en particular en el poder judicial. Se puede señalar, por ejemplo, se ha denunciado como factor corruptor la Influencia política, es decir como la selección de jueces y fiscales puede estar influenciada por consideraciones políticas, lo que puede afectar la independencia y la imparcialidad del poder judicial. También la falta de transparencia en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos aparece como un ambiente propicio para la corrupción. Es indudable que también ha quedado de manifiesto los conflictos de interés: Los jueces y fiscales pueden tener conflictos de interés que no siempre son declarados o resueltos de manera adecuada, en particular cuando han sido promovidos por contactos políticos y sociales no declarados. Aparte de los notables casos de la ex ministro Vivanco, algunos ejemplos de casos de corrupción en el poder judicial son el Caso Penta que el 2015, se descubrió un escándalo de corrupción que involucraba a varios jueces y fiscales que habían recibido sobornos para influir en sus decisiones. El Caso SQM, el 2016, se descubrió que la empresa SQM había pagado sobornos a varios jueces y fiscales para influir en sus decisiones: el Caso Caval. Aparte de estos casos simbólicos, se sostiene que en general no existe un acceso debido a la justicia, sobre todo en materia laboral. ( chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minjusticia.gob.cl/media/2021/04/DIAGNOSTICO_55.pdf ). En efecto, los informes publicados señalan que las dificultades de acceso a la justicia se originan, entre otros, en un problema cultural, a lo que agregaremos, en una mala comprensión de los derechos laborales por parte de algunos magistrados. Estos aplican un criterio comercial cuando ofrecen conciliaciones, en contra de derechos humanos, como es el derecho de propiedad de los trabajadores respecto de sus remuneraciones. Una cosa es que ofrezcan el pago de lo adeudado en plazos según la situación eventual del demandado, pero, otra cosa es que le pidan al trabajador que renuncia a lo que le pertenece. Los jueces que así proceden debieran ser sancionados porque demuestra que no conocen el derecho o abusan del mismo. Es necesario investigar cuantos miles de millones de pesos se ha dejado de pagar a los trabajadores gracias esta cultura pro empleador mediocre, que tiene como agravante afectar la siquis y la calidad de vida del trabajador, gracias a por un sistema insensible que permite validar el chantaje. , un sistema que no garantiza derechos sino que permite el abuso (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/106989/de-norambuena_p.pdf).El rol del juez requiere no solo la memorización de las armas legales sino también entender la situación concreta del más débil y el deber del Estado de proteger los derechos de todos en su mérito. Por otra parte lo que ha pasado en la justicia Penal es de máxima gravedad toda vez que uno de sus instrumentos, como es el Ministerio Público, ha quedada en evidencia con muchas denuncias que aun no se satisfacen y cuya máxima expresión puede ser la denuncia contra el propio Fiscal Nacional, señor Valencia.
UN FUTURO PARA LA JUSTICIA
Las propuestas que se han realizado en diferentes foros sobre la modernización de la Justicia debieran ya ser consideradas. Recordemos solo como referencia la que propuso el Grupo de Estudios Constitucionales cuyo objetivo era generar un sistema por encima de toda sospecha. Sin perjuicio de lo dicho se supone que el sistema de justicia actual se basa sobre principios destinados a otorgar una justicia eficaz y justa, tales como: Independencia del Poder Judicial, Imparcialidad, Acceso a la justicia, Sin embargo, podría considerarse que adolece de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad, por la forma en que se genera el propio cuerpo judicial. También es evidente que no es capaz de resolver los casos de manera rápida y eficiente. En resumen, la organización de un sistema de justicia debiera estar diseñada para garantizar la independencia, imparcialidad y acceso a la justicia, así como la celeridad y eficiencia en la resolución de los casos, sin zonas oscuras que permitan actos de corrupción y de aplicación indebida de la ley. La IA esta tan avanzada que se predice que muchas decisiones podrán ser tomadas por maquinas, pero esas decisiones dependerán de cómo se informen las bases de datos y se diseñen los logaritmos. Por el momento, tengamos presente que una pequeña ganancia o triunfo de una posición en desmedro de derechos de otros es crear una situación que en el futuro volverá a su autor. Sin duda que los efectos, más allá de lo legal o político, es el desprestigio personal e institucional, y esto ultimo recae en toda la sociedad. Ello acarrea la pérdida de credibilidad. En lo personal y familiar produce sentimientos de culpa y remordimientos. Por ello, cada uno debe hacer esfuerzos para mirarse a si mismo cuando tienen autoridad para decidir, sin olvidar que todo lo que salga de uno vuelve a uno. La tarea es humanizar la justicia y no robotizarla, la inteligencia artificial puede ayudar, pero solo un ser humano es capaz de administrar justicia.
Carlos López Dawson DR. En Ciencia Política, abogado, profesor universitario director del Centro de Innovación de INAC
Diciembre 2024.
