En 1943, mientras la Segunda Guerra Mundial hacía incierto el destino de buena parte del mundo democrático, la Junta de Escritores del Gobierno de Estados Unidos le pidió a E. B. White que respondiera una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué es la democracia? White no habló de constituciones, parlamentos ni elecciones. Habló de esperar el turno, del derecho a decir que no, de la privacidad de una cabina de votación, de una biblioteca, de la posibilidad de escribir una carta al editor. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt recuperan ese texto hacia el final de su libro Cómo mueren las democracias y vuelven sobre una idea elemental: la democracia supone aceptar la posibilidad de que la mayoría pueda tener razón.
Tomada en serio, la afirmación resulta bastante más exigente de lo que parece. Aceptar que la mayoría puede tener razón supone admitir que nosotros podemos estar equivocados y, sobre todo, aceptar las consecuencias políticas de esa posibilidad. Entre ellas hay una particularmente difícil: estar dispuestos a vivir bajo reglas que también utilizarán quienes piensan distinto de nosotros. Chile ha tenido suficientes oportunidades recientes para comprobarlo. En pocos años elegimos autoridades de signos diferentes, constituimos dos órganos constitucionales políticamente muy distintos, rechazamos dos propuestas de nueva Constitución y volvimos a modificar de manera importante la distribución del poder político. Mayorías que parecían expresar transformaciones profundas de la sociedad se convirtieron rápidamente en minorías, mientras sectores que parecían electoralmente debilitados recuperaron posiciones de poder.
Esa sucesión suele presentarse como prueba de inestabilidad, y probablemente algo de eso existe. Pero también admite otra lectura: ninguna mayoría ha logrado apropiarse de manera permanente de la voluntad popular. El problema es que nuestra conversación política suele reaccionar como si cada elección pudiera resolver definitivamente quién tenía razón sobre Chile.
Después de cada resultado reaparece la búsqueda de lo que “Chile dijo”. Si una elección favorece nuestras preferencias, tendemos a encontrar en ella un mandato inequívoco. Cuando ocurre lo contrario, buscamos explicar qué cambió, qué no comprendimos o por qué los electores se comportaron de una manera distinta a la esperada. Quizás habría que aceptar una explicación menos ambiciosa: Chile no tiene una sola voz esperando ser correctamente interpretada. Tiene muchas y no siempre son coherentes entre sí.
La democracia sirve, entre otras cosas, para administrar esa realidad. Permite que distintas mayorías gobiernen sin que ninguna pueda declararse propietaria definitiva del país. Vista de ese modo, la alternancia deja de ser únicamente un cambio de autoridades y se convierte también en una prueba para nuestras convicciones institucionales.
Una atribución presidencial, por ejemplo, no debería parecernos razonable o peligrosa según quién ocupe La Moneda. Podemos someterla a una prueba bastante sencilla: preguntarnos si estaríamos dispuestos a entregar esa misma facultad al presidente en quien menos confiamos. Si nuestra respuesta cambia junto con el nombre del gobernante, quizás nuestra posición tenga menos que ver con la institución de lo que suponemos.
La discusión reciente sobre seguridad volvió a poner esa cuestión sobre la mesa. Chile enfrenta transformaciones reales de la criminalidad y necesita mejores capacidades para responder a ellas. Inteligencia, persecución patrimonial, control penitenciario, coordinación institucional y capacidad para recuperar territorios donde organizaciones criminales han adquirido poder son funciones propias de un Estado que pretende ejercer autoridad. Convertir cualquier discusión sobre nuevas herramientas de seguridad en una disputa entre democracia y autoritarismo impide hacerse cargo de un problema que existe.
Pero fortalecer al Estado no equivale necesariamente a concentrar poder. La diferencia importa, especialmente cuando se discuten facultades excepcionales. La pregunta no debería ser únicamente si confiamos en que el gobierno actual las utilizará correctamente, sino si estamos dispuestos a que permanezcan disponibles para el siguiente. Las instituciones, después de todo, sobreviven a quienes las ocupan.
Levitsky y Ziblatt llaman contención institucional a una de las normas informales que sostienen las democracias: entender que no todo aquello que jurídicamente puede hacerse necesariamente debe hacerse. La acompañan de otra, la tolerancia mutua, que consiste en reconocer que los adversarios políticos, mientras respeten las reglas constitucionales, poseen el mismo derecho que nosotros a competir, ganar y gobernar. Ambas descansan sobre una premisa que parece obvia, pero que la práctica política vuelve bastante menos sencilla: algún día gobernarán los otros.
Es fácil defender esa idea en abstracto. Resulta más difícil cuando afecta al propio sector. Una decisión que bajo un gobierno consideramos abusiva puede parecernos necesaria bajo otro. Defendemos la autonomía de una institución cuando limita al adversario, pero podemos comenzar a cuestionarla cuando obstaculiza nuestros propios objetivos. El riesgo es terminar construyendo una institucionalidad cuyo valor depende de quién la controla.
Hay algo interesante, en este sentido, en los datos recientes de opinión pública. La Encuesta CEP N.º 96 mostró que un 54% considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, siete puntos porcentuales más que en la medición anterior. En la misma encuesta, un 66% se inclinó por dirigentes que privilegien los acuerdos aunque para ello deban ceder parte de sus posiciones.
Las cifras no permiten concluir que exista una ciudadanía particularmente comprometida con la negociación. La confianza en las instituciones políticas continúa siendo baja y sabemos que la adhesión declarada a la democracia no siempre se traduce en comportamientos igualmente democráticos. Pero los datos al menos cuestionan una idea bastante instalada: que cualquier disposición a negociar supone necesariamente alejarse de lo que demanda la ciudadanía.
El problema parece estar también en los incentivos de la propia competencia política. Confrontar permite marcar diferencias, cohesionar a los propios y presentar posiciones fácilmente reconocibles. Negociar es bastante menos cómodo. Obliga a explicar concesiones, aceptar resultados imperfectos y, en ocasiones, reconocer que una buena idea puede provenir del adversario. Nada de eso significa que una democracia deba aspirar a eliminar el conflicto. Sería extraño exigirlo precisamente a un sistema construido para procesar desacuerdos.
La dificultad aparece cuando la distinción entre adversario y enemigo comienza a desaparecer. Con un adversario se compite y se negocia porque se acepta que tiene derecho a participar del mismo juego. Frente a un enemigo, en cambio, la tentación de utilizar todos los instrumentos disponibles para impedir que llegue al poder —o para dificultar que pueda ejercerlo— resulta mucho mayor.
or eso la reflexión de White conserva actualidad. La democracia no exige creer que todas las posiciones son igualmente razonables ni que la mayoría es infalible. Mucho menos obliga a renunciar a convicciones profundas. Exige aceptar algo más básico: que nuestras convicciones no nos conceden un derecho permanente a gobernar.
En Chile hemos comprobado varias veces durante los últimos años lo rápido que pueden cambiar las mayorías. Quizás esa experiencia debiera producir algo de modestia respecto de nuestra capacidad para interpretar definitivamente al país. Ningún proyecto lo representa por completo y ninguna elección clausura la discusión sobre su futuro.
Hay, entonces, una forma bastante concreta de evaluar la solidez de nuestras convicciones democráticas. No consiste solamente en observar cuánto poder consideramos necesario cuando gobiernan quienes piensan como nosotros. Consiste en preguntarnos cuánto de ese mismo poder estaríamos dispuestos a dejar disponible cuando llegue el turno de los otros.
Las instituciones que realmente importan son aquellas que seguimos dispuestos a defender entonces.
Sergio Alejandro Valderrama Valderrama
Trabajador Social
Magíster en Gobierno y Sociedad
