En los últimos días, el nuevo gobierno ha comenzado a mostrar con mayor claridad hacia dónde quiere llevar el país. Su discurso mezcla orden, autoridad y valores tradicionales. En ese relato, la apelación a Dios, a la familia y a la recuperación del orden moral aparece como uno de los pilares simbólicos de esta nueva etapa política.
Sin embargo, cuando se revisan con mayor detalle las primeras definiciones programáticas, emerge una tensión difícil de ignorar.
El plan de ajuste fiscal anunciado por el gobierno no es solo una medida económica. Es también una señal política sobre el tipo de Estado que este gobierno busca impulsar. La reducción del gasto público aparece como una de las primeras decisiones de esta administración, en el marco de lo que sus propias autoridades han descrito como un gobierno de “emergencia”. Bajo este discurso, el ajuste se presenta como una necesidad. Pero esa misma lógica abre una pregunta de fondo: ¿qué lugar ocuparán las políticas sociales en un gobierno que inicia su mandato proponiendo reducir el alcance del Estado?
A ese relato se suma además una declaración que pasó casi como una anécdota en medio del cambio de mando, pero que revela con bastante claridad el clima político que comienza a instalarse. El diputado republicano, parte de la bancada oficialista, Álvaro Carter señaló ante la prensa que el país que esperan recuperar sería “quizás un país más pobre, pero más feliz”. Más allá de si se trató de una frase desafortunada o de un intento por simplificar una idea más compleja, lo cierto es que muestra con bastante claridad una forma de pensar que empieza a aparecer en el discurso oficial: la idea de que el empobrecimiento relativo del país podría ser un precio que están dispuestos a pagar en nombre del orden, la seguridad o la estabilidad.
A esto se suman medidas concretas anunciadas recientemente: ajustes al sistema de gratuidad universitaria, fortalecimiento del cobro del Crédito con Aval del Estado y cambios tributarios orientados a reducir impuestos a las grandes empresas.
El problema de fondo no es solo económico. Es también ético.
Porque en sociedades profundamente marcadas por la desigualdad, como la chilena, las políticas sociales no son simplemente programas administrativos. Son, en muchos casos, las redes mínimas que permiten que millones de familias puedan proyectar su vida con cierta estabilidad.
Por eso resulta legítimo preguntarse qué significa invocar a Dios en la política.
La fe que vivimos en las iglesias, en distintas comunidades, ha insistido históricamente en una idea simple pero profunda: el valor de una sociedad se mide por la forma en que trata a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Desde las iglesias de los barrios y poblaciones hasta la doctrina social de la Iglesia, la preocupación por quienes tienen menos y por la justicia social ha sido uno de los ejes centrales en la forma de entender la vida.
Cuando el lenguaje religioso se convierte en herramienta de discurso para reforzar proyectos políticos que terminan debilitando las estructuras de protección social, ese lenguaje corre el riesgo de terminar anunciando a un Dios que sirve para el discurso, pero que desaparece cuando llega el momento de ponerse al servicio de quienes más lo necesitan.
En los barrios, en las iglesias y en las comunidades de fe que sostienen la vida cotidiana de muchas familias, la fe rara vez se vive como un eslogan político. Se vive en la forma en que las comunidades se acompañan, en los vínculos que se construyen entre vecinos y en la convicción de que la dignidad humana no puede depender exclusivamente del mercado.
Hoy incluso las mediciones oficiales en Chile muestran que la pobreza no se reduce únicamente a los ingresos, sino que involucra dimensiones como la salud, la educación, la vivienda y las redes que sostienen la vida cotidiana.
Esta preocupación se vuelve concreta en los territorios. En muchas iglesias evangélicas de población, donde llegan personas marcadas por trayectorias de inestabilidad y falta de oportunidades, la posibilidad de estudiar en etapas más tardías no es un privilegio, sino una segunda oportunidad. Cuando esos caminos se cierran o se dificultan, se golpea directamente a quienes, sin haber contado antes con apoyo, intentan reconstruir su vida desde el esfuerzo, la fe y la comunidad.
Por eso, más allá de las disputas ideológicas, el debate que hoy se abre es más profundo.
No se trata solo de discutir números del presupuesto o formas de organizar la economía. Se trata de preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir y qué lugar ocupa, en esa construcción, la calidad de vida de quienes más necesitan apoyo colectivo.
Porque si el nombre de Dios se usa con tanta fuerza en el discurso público, entonces también debería reflejarse en las decisiones que definen cómo se distribuyen las responsabilidades y los cuidados dentro de una sociedad.
De lo contrario, la fe corre el riesgo de convertirse en un símbolo útil para la política, pero cada vez más distante de la vida real de quienes dice representar.
