Dentro del sistema político y económico que nos rige, existe un desmedido afán por ganar dinero a través de trampas, siendo un ejemplo claro y de actualidad, lo que sucede con la orquestada "toma" iniciada en el año 2019 de un terreno rural de 218 hectáreas en el cerro Centinela, San Antonio, cuyo dueño espera que el gobierno le pague el precio fijado por él, luego se utilizaron a familias sin recursos para hacer un pingüe negocio. Como sabemos que las municipalidades son los organismos públicos más corruptos, en donde los alcaldes emplean las llamadas corporaciones municipales para mejorar sus condiciones económicas, sería necesario aumentar la dotación de los funcionarios en la Contraloría General de la República, en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y en las Fiscalías para que puedan ejercer mejor, y en menores tiempos de respuesta, sus atribuciones.
Pues bien, a mediados del año 2020, a raíz de un reportaje publicado por la radio Paulina de Iquique se conoció una burda operación comercial llamada "las cajitas de alimentos", liderada por el entonces intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, destacado militante de la UDI, el mismo que intervino en aquella época con la senadora, también UDI, Luz Ebensperger, para retirar del trámite de toma de razón de la Contraloría Regional de Tarapacá, el Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT).
Naturalmente esa ingeniosa movida perseguía que no tuviera vigencia este instrumento normativo de superior jerarquía y así, muchos actores del mercado solicitaran anteproyectos y permisos de edificación en sectores que no los admitían, aunque sí eran posibles en el antiguo Plan Regulador Comunal (PRC) de Iquique del año 1981, instrumento local que era la chacota misma. Cumplida rigurosamente la misión, encomendada por la industria de la construcción a dichos políticos, en junio de 2022, es decir, 2 años después, fue posible que ese PRICT se publicara en el Diario Oficial.
El negocio de las "cajitas" consistía en comprar en el mercado alimentos en un cierto precio y venderlos en el proceso de las entregas en una suma bastante más alta, para así obtener una suculenta utilidad. En todo caso este fraude fue oportunamente corroborado por la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que trasladó los antecedentes al CDE y al Ministerio Público, cuyo fiscal detectó la intervención de varios funcionarios de la Administración en la realización de este negocio, motivo por el cual los 15 involucrados fueron acusados por fraude al fisco y actualmente una banquetera ya fue condenada, otros empresarios acordaron con la Fiscalía la restitución del dinero que perjudicaba al Fisco, mediante una suspensión condicional del procedimiento y los demás están a la espera de la celebración del juicio oral.
Así, el 10 de febrero de 2025 fue condenada a 3 años de cárcel, por el delito de fraude al Fisco, Lorena Barrientos, la eximia banquetera que prestó su nombre a los co-imputados, Juan Carlos Ayala y Ximena Ciudad, para que la empresa gastronómica Ciudad Eventos se adjudicara uno de los tratos directos con el famoso Intendente, Miguel Ángel Quezada, para la entrega de cajas de alimentos durante la pandemia COVID-19 en la región de Tarapacá.
Por otro lado, la ciudadanía tiene conocimiento pleno de los millonarios contratos, por parte de diversas municipalidades y de otros entes públicos, de los contratos de luminarias LED a la apitutada empresa Itelecom, cuyo dueño es el hombre de negocios Marcelo Lefort. En esta operación participó activamente un juez de Policía Local de Chillán, quien no estaba conforme con los ingresos mensuales que le pagaba el municipio, ni con las boletas de honorarios que le cursaba, como abogado, a sus clientes. Por ello incursionó en esta estafa, con mala suerte para él y sus asociados, pues la defraudación llegó a manos de los tribunales de justicia. En paralelo en Iquique, en el caso LED Itelecom participaron 4 concejales removidos, Guillermo Cejas, (dependiente del alcalde Soria), Mitchel Cartes, (Partido Socialista), Arsenio Lozano, (dependiente del alcalde Soria) y Felipe Arenas, (UDI), coludidos con funcionarios municipales de la secretaria comunal de planificación de Iquique.
Respecto de la argucia municipal para que no quedaran reflejadas las áreas de riesgo de inundación en el añejo PRC de Iquique de 1981, tal como lo ordena el artículo 38° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la fundación Defendamos la Ciudad interpuso la denuncia correspondiente en la Contraloría General de la República, la que el 02/01/2025 le representó esta grave omisión al alcalde de Iquique, ordenándole al director de obras, Sergio García, que debía invalidar todos los permisos ilegales. Como dato relevante, el 17/02/2025 se publicó en el Diario Oficial el nuevo PRC de Iquique, en donde, aunque tardíamente, se deberían reflejar en el mapa de esa ciudad las zonas de inundación, para que así toda la ciudadanía esté debidamente informada. Este dictamen fue adjetivado por el Diario Financiero como "polémico" (sic), posiblemente porque el periodista no comprendió su alcance o bien porque prefirió bajarle el perfil al timo.
No podemos perder de vista la otra "travesura" de la municipalidad de Iquique, la que, para posibilitarse un cuantioso negocio inmobiliario de algún empresario, en su PRC de 1981 no se estableció que el uso de suelo del terreno localizado en Bulnes 140, en donde funcionaron por más de 90 años unas canchas de tenis, es equipamiento deportivo y con esta artimaña los avispados directores del Club de tenis se lo vendieron a un empresario extranjero para que construyera allí una torre habitacional de 32 pisos. Esta picardía fue detectada por un socio decente del club, quien interpuso una querella y a raíz de ello todos los extenistas, actuales especuladores, están formalizados por la Fiscalía.
En los primeros días de marzo próximo, con el abogado Enzo Morales, tenemos agendada una entrevista por ZOOM con la recién nominada procuradora fiscal de Tarapacá del CDE y con el alcalde de Iquique, a quienes les informaremos en detalle estos asuntos para que ambas autoridades, dentro de sus propias atribuciones, adopten las decisiones que les corresponden. No quisiéramos que se produzca un nuevo un hecho de impunidad con el perverso episodio de los permisos de edificación ilegales.
