Cumplidos ya dos meses de este nuevo gobierno parece haber consenso en que se encuentra al debe en la respuesta a dos promesas o ideas matrices de la campaña electoral, a saber, un mejoramiento visible de la economía, con especial énfasis en la creación de nuevos empleos, y un trabajo robusto en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Este segundo lineamiento incluía una rápida y significativa disminución de la entrada irregular de migrantes al territorio nacional. Nada de esto ha sucedido. Más aún, no se advierte que vaya a ocurrir a corto plazo.
Lo referente a seguridad es especialmente preocupante por varias razones. Somos muchos quienes lógicamente no creímos en la promesa de un cambio repentino en la materia, entre otras cosas porque no tenía plausibilidad alguna y se basaba prácticamente en un acto de fe. Sin embargo, pocos esperábamos una gestión tan deficiente en forma y fondo. Para José Antonio Kast se trataba de su tercera postulación a la presidencia de la República, lo que hacía pensar que venía trabajando desde hace bastante tiempo una estrategia maciza que desplegaría desde el inicio de su mandato.
No obstante, seguimos asistiendo a una gestión plagada de errores e improvisaciones de nivel principiante. Tras el desaguisado inaugural que representó la remoción de la subdirectora de inteligencia de la PDI, vino la ausencia a la comisión de seguridad del Senado. Posteriormente, la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los estudiantes que agredieron a la ministra de Ciencia en la Universidad Austral. ¿Es que acaso la ministra Steinert desconocía que el Ministerio de Seguridad, su propia cartera, no tiene facultades para utilizar dicha normativa?
Hace poco más de una semana la ministra Steinert ha concedido algunas entrevistas a medios radiales y escritos, donde ha sido consultada por todos esos temas. Llama la atención la precariedad de sus respuestas, llenas de lugares comunes como que “yo soy muy respetuosa del Derecho”, cuando no podría ser de otra forma. Pero lo más inquietante es la incapacidad de comunicar al país una estrategia global de su cartera para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Ante preguntas al respecto lo que reiteradamente hace es enumerar acciones puntuales: operativos, puntos de control (denominados “escudo en ruta”), desalojos, destrucción de inmuebles utilizados para la comisión de delitos, entre otros. Por cierto, todo eso coronado por una prevención palmaria: “hay que tener mucho cuidado, porque esto yo no lo puedo anunciar antes de que se realice”. En fin, todo sin una articulación que responda a una planificación estructural, con los debidos objetivos, metas, acciones e indicadores a corto, mediano y largo plazo, al menos. Lo llamativo es que a su juicio el problema central no reside en la ausencia de un plan de grosor, sino en la debilidad en comunicar lo realizado hasta el momento. Cuando se le interroga acerca de cómo se medirán los resultados a un año plazo afirma que “uno de los parámetros importantes es lo que piense la ciudadanía, lo que nos diga la ciudadanía”.[1]
Ahora bien, particularmente preocupante es el proyecto de Ley Sin Escape o, técnicamente, Ley de Juicio Oral en Ausencia (Boletín N°18.208-25), que presentó recientemente la ministra ante la Comisión de Seguridad del Senado. Esta iniciativa propone una modificación del Código Procesal Penal para permitir el desarrollo o la continuidad del juicio oral, así como la dictación de sentencia, incluso cuando el acusado no esté presente físicamente.
El proyecto establece que, si el imputado no comparece de manera injustificada, habiendo sido debidamente notificado, y es declarado rebelde durante o después de la audiencia de preparación del juicio oral, el tribunal podrá llevar adelante el juicio oral sin su presencia, siempre que se enfrente a penas privativas o restrictivas de libertad que no superen los cinco años en total. Además, regula la presentación de advertencias previas al imputado sobre las consecuencias de su inasistencia, la eventual suspensión del juicio si el defensor renuncia o abandona la audiencia, la comparecencia tardía del acusado y el cómputo del plazo para interponer el recurso de nulidad en caso de sentencias dictadas en ausencia. Por último, también introduce ajustes para permitir la continuación del juicio respecto de coacusados que sí se encuentran presentes, así como la autorización de la salida voluntaria del acusado de la sala de audiencia.
Según se señala en los fundamentos del proyecto, este busca dar tutela judicial efectiva a las víctimas que enfrentan retrasos en la obtención de justicia, propender a la eficiencia procesal al avanzar en procesos que se encontraban paralizados y enfrentar la rebeldía como estrategia de evasión procesal. Sin embargo, lo que no menciona el mensaje del proyecto es que, para cumplir con estos objetivos, se verían vulnerados derechos fundamentales, como el derecho al debido proceso y el derecho a una defensa material (art. 93 CPP). Estas prerrogativas se encuentran vinculadas a la intervención del imputado en el proceso, como lo es el ser oído, derecho a probar sus propias alegaciones, derecho a valorar la prueba, entre otros. ¿Sería posible pensar que estos derechos se puedan materializar en ausencia física del imputado dentro de un sistema que lo concibió presencialmente?
Además de la vulneración de los derechos del imputado que podría resultar de la implementación del proyecto, surgen otras dudas sobre la pertinencia de esta medida. El proyecto se enfoca en delitos de mediana gravedad, lo que significa que no abordará ilícitos relacionados con la criminalidad organizada, que es una de las principales banderas de campaña de este Gobierno. Por otro lado, los imputados condenados en ausencia podrán solicitar la nulidad del juicio oral y la realización de uno nuevo. Teniendo en cuenta que esta misma administración ha insistido en que el Estado no tiene recursos (o se encuentra casi en quiebra), duplicar los esfuerzos humanos y administrativos para llevar a cabo un nuevo juicio no parece ser ni eficiente ni lógico.
Paulina Morales
Universidad Diego Portales
[1] Entrevista a la ministra de Seguridad Trinidad Steinert en Radio Infinita.
