Cada junio, particularmente desde el reconocimiento oficial del feriado del Día Nacional de los Pueblos Indígenas mediante la Ley 21.357 promulgada el año 2021, el Estado, las escuelas y diversas instituciones públicas despliegan discursos asociados a la diversidad cultural, la interculturalidad y el reconocimiento de los pueblos originarios. Ceremonias de We Tripantü, actos escolares y actividades conmemorativas reaparecen como parte de una narrativa institucional que promueve la valoración de las culturas indígenas como patrimonio nacional.
Sin embargo, esta visibilización temporal abre una pregunta política y ética inevitable: ¿qué implica realmente reconocer a los pueblos originarios en un país que continúa sosteniendo profundas estructuras de colonialismo, desigualdad territorial y racialización?
La contradicción resulta particularmente evidente si se considera que Chile continúa siendo uno de los pocos países de América Latina que no reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas. A pesar de décadas de demandas históricas, discusiones legislativas y recomendaciones internacionales, la actual Constitución sigue sosteniendo una concepción monocultural del Estado nación, sin reconocimiento político efectivo de la plurinacionalidad, los derechos colectivos ni la preexistencia de los pueblos originarios.
Este vacío constitucional no constituye únicamente una omisión simbólica. Tiene efectos concretos sobre la forma en que el Estado comprende territorio, autonomía, representación política, participación y derechos indígenas. La ausencia de reconocimiento constitucional refleja la persistencia de un modelo estatal construido históricamente desde parámetros coloniales, donde la diversidad indígena es incorporada de manera subordinada, pero no necesariamente reconocida como sujeto político con capacidad de autodeterminación. En este escenario, también emerge una tensión permanente respecto de la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile en 2008 y vigente desde 2009. Aunque el convenio establece obligaciones internacionales vinculadas al reconocimiento de derechos colectivos, consulta indígena y participación en decisiones que afecten directamente a los pueblos originarios, su aplicación ha estado marcada por interpretaciones restrictivas, judicialización y múltiples conflictos políticos e institucionales. Uno de los puntos más controvertidos ha sido precisamente el derecho a consulta previa, libre e informada. Diversas comunidades y organizaciones indígenas han cuestionado reiteradamente que muchos procesos de consulta impulsados por el Estado operan de manera meramente procedimental, sin garantizar incidencia real sobre decisiones vinculadas a proyectos extractivos, intervenciones territoriales o políticas públicas que afectan directamente sus territorios y formas de vida. De este modo, el Convenio 169 muchas veces aparece reducido a una herramienta formal de validación institucional más que a un mecanismo efectivo de redistribución de poder y reconocimiento político.
El problema no radica únicamente en la existencia de expresiones discriminatorias explícitas, sino en la persistente incapacidad del Estado y de la sociedad chilena para reconocer el carácter estructural del racismo.
En Chile, el racismo continúa siendo interpretado principalmente como una conducta individual excepcional, desvinculada de las relaciones históricas de poder que han organizado jerarquías sociales, territoriales y culturales desde la constitución del Estado nación. Esta negación histórica adquiere especial intensidad respecto de los pueblos indígenas.
Mientras junio instala discursos institucionales de reconocimiento, numerosas comunidades mapuche continúan habitando territorios atravesados por militarización, vigilancia policial, conflictividad territorial y criminalización política. Paralelamente, en espacios educativos considerados formalmente inclusivos, niños y niñas indígenas siguen enfrentando burlas por sus apellidos, prácticas culturales, lengua o pertenencia territorial, evidenciando la persistencia de formas cotidianas de racialización profundamente normalizadas. En este contexto, emerge una tensión evidente entre reconocimiento simbólico y justicia estructural. La cultura indígena suele ser legitimada cuando aparece despolitizada y reducida a expresiones folclóricas, gastronómicas o espirituales funcionales al relato multicultural del Estado. Sin embargo, las demandas vinculadas a autonomía, autodeterminación, recuperación territorial o reparación histórica continúan siendo abordadas desde marcos de sospecha y conflictividad.
De esta manera, el reconocimiento intercultural corre el riesgo de transformarse en una forma de multiculturalismo simbólico: una inclusión superficial de la diversidad que no modifica las estructuras coloniales que sostienen desigualdad, subordinación y exclusión. El problema no es la conmemoración en sí misma. El problema es cuando la conmemoración opera como sustituto de transformación política.
Reconocer verdaderamente a los pueblos originarios exige cuestionar críticamente las bases coloniales sobre las cuales se configuró el Estado chileno, así como las formas contemporáneas mediante las cuales continúan reproduciéndose desigualdades raciales, territoriales e institucionales.
La violencia colonial no constituye únicamente un fenómeno histórico. Continúa operando en las políticas de seguridad desplegadas sobre territorios indígenas, en la criminalización mediática de las comunidades mapuche, en los modelos extractivistas que afectan territorios ancestrales y en las múltiples formas mediante las cuales las instituciones continúan subordinando conocimientos, lenguas y formas de vida indígenas frente a parámetros occidentales considerados universales.
Diversos autores latinoamericanos han problematizado esta tensión entre reconocimiento cultural y persistencia colonial. Aníbal Quijano, desde la noción de “colonialidad del poder”, sostuvo que las jerarquías raciales producidas durante la colonización permanecen organizando las relaciones sociales contemporáneas en América Latina. En otras palabras, el colonialismo no desaparece con la independencia formal de los Estados; se reconfigura mediante instituciones, discursos y estructuras de poder que continúan estableciendo qué identidades son consideradas legítimas y cuáles permanecen subordinadas. En la misma línea, Catherine Walsh advierte que gran parte de las políticas interculturales impulsadas por los Estados latinoamericanos operan desde una lógica funcional, donde la diversidad cultural es reconocida sin alterar las bases económicas, políticas y raciales que producen desigualdad. Bajo este modelo, los pueblos indígenas son aceptados como elemento patrimonial o cultural, pero no necesariamente como sujetos políticos con derechos colectivos, autonomía y capacidad de disputar las estructuras de poder. Silvia Rivera Cusicanqui también cuestiona las formas de multiculturalismo neoliberal que incorporan simbólicamente lo indígena mientras continúan reproduciendo mecanismos de despojo territorial, subordinación y exclusión estructural.
La pregunta entonces resulta ineludible: ¿qué tipo de reconocimiento se promueve realmente durante junio? ¿Uno orientado a transformar las relaciones coloniales históricas o uno compatible con la continuidad de las mismas estructuras de desigualdad? Una sociedad no deja de reproducir racismo únicamente porque incorpora ceremonias interculturales o discursos sobre diversidad. El racismo persiste cuando las comunidades indígenas continúan siendo tratadas como amenaza interna, cuando las niñeces mapuche crecen bajo contextos de vigilancia territorial o cuando la diferencia cultural es aceptada únicamente mientras permanezca despolitizada y funcional al relato institucional.
Junio podría constituir una oportunidad para problematizar críticamente las formas contemporáneas del colonialismo en Chile. No para reducir a los pueblos originarios a representaciones folclóricas de diversidad, sino para discutir seriamente las estructuras históricas de poder que continúan produciendo exclusión racial, desigualdad territorial y subordinación política. Porque mientras el reconocimiento indígena permanezca limitado al plano simbólico, el colonialismo seguirá operando con normalidad bajo discursos institucionales de inclusión e interculturalidad.
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Sobre la autora: Trabajadora Social (UV). Magíster en Educación Inclusiva (UCEN), Magíster © en Educación Intercultural, Gestión y Liderazgo Pedagógico (UMCE). Diplomada en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe. Directora Consultora psicosocial Küme Mongen Spa. Asesora Técnica, Docente e Investigadora. Creadora de contenido Trabajo Social Intercultural: Instagram @carmen.ghj
