Escribo estas líneas intentando abstraerme del ruido de un reguetón que invade el ambiente. La letra repite: “Quieren matarme y no pueden (…). En mi casa vivimos en guerra, aquí todo el mundo se muere, nadie resucita (…). Yo me compré una 47, todas las Glock son fulete (…)”.
Sin duda no todos/as, pero cientos de jóvenes escuchan ininterrumpidamente estos mensajes, a pesar de que diversos estudios han demostrado que la exposición repetida a contenidos violentos reduce la actividad en la corteza orbitofrontal lateral derecha y disminuye su interacción con la amígdala. Esto se traduce en una menor capacidad para controlar comportamientos agresivos. En palabras simples: la violencia genera más violencia.
Y ahora, además, tenemos un antecedente científico que lo confirma: el cerebro, expuesto reiteradamente a mensajes violentos, pierde capacidad química para controlar la pulsión hacia la agresión. Quitándole el alma a Chile.
El daño es tan profundo que, con dolor y asombro, supimos hace unos días que estudiantes, en medio de una protesta por mejoras para su colegio, rociaron con bencina el cuerpo de un profesor encargado de la seguridad del establecimiento. ¿Qué alma tan dañada puede llegar a ese extremo? Es imposible no recordar a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, víctimas de algo similar y de inhumanas consecuencias a manos de una patrulla militar.
¿Qué valores están hoy tan trastocados en la mente de nuestros jóvenes que nadie exige la intervención directa y decidida del Estado? Urgen más psicólogos, psiquiatras y terapias que establezcan límites inquebrantables, como el respeto al prójimo. ¿Qué juventud puede concebir rociar con bencina a un profesor que, además, comparte con ellos la precariedad de baños insalubres, infraestructura deficiente y salarios indignos? ¿Qué violencia inusitada a tan corta edad?.
La violencia y la cultura narco atraviesa transversalmente la vida de nuestros jóvenes, afectando funciones clave para planificar, controlar, rendir académicamente; generando problemas de comportamiento, disminución de la empatía, deterioro en las funciones ejecutivas y arrebatándole a Chile su presente y su futuro.
Las cifras son claras y alarmantes: han aumentado las balaceras, el ingreso de pistolas y cuchillos a las salas de clases, las peleas con armas blancas, las amenazas directas a docentes y, en un caso extremo, un intento de homicidio en un colegio. Según la información disponible, la utilización de armas en contextos escolares creció casi un 400 % entre 2014 y 2024, con un incremento del 300 % en la Región del Biobío. En 2024 cerca de 29 mil menores fueron consignados como infractores de la ley, lo que representa un alza del 12,7 % respecto a 2023. De ellos, 7 mil delitos fueron cometidos por jóvenes entre 14 y 17 años; y 124 menores, entre 14 y 18, perpetraron asesinatos. En 2025, el 62 % de los detenidos por robos en la comuna de Vitacura eran jóvenes.
La pobreza, la precariedad, el panorama familiar y social de estos jóvenes refuerza el problema: el 60 % fue abandonado por sus padres; el 40 % tiene un familiar en la cárcel; el 20 % no completó su educación; y, además, enfrentamos una creciente normalización de la violencia a través de redes sociales y de la cultura juvenil.
¿Y qué hace el Estado frente a esta realidad? Aparecen los mismos proyectos desventurados que proponen bajar la edad penal, soñando con encerrar a más niños en cárceles; pero contrariamente sin otorgarles el derecho al voto a la misma edad en que los consideran imputables.
Y sí: hablo de control estatal. Porque el Estado es, en democracia, la única herramienta legítima para construir el bien común, siempre que no esté cooptado por dictaduras o por intereses privados. Los países denominados “desarrollados”, con los que Occidente se compara constantemente, además de haber distribuido las riquezas que saquearon de sus colonias, construyeron Estados capaces de planificar, distribuir y controlar en función de un horizonte común. Hoy, dejando de lado el deplorable origen esclavista de esas riquezas y solo a modo comparativo, dichos países han logrado sistemas de seguridad pública y altos estándares en educación, salud, vivienda, recreación, ocio y cultura que disminuyen los índices de violencia juvenil. Muy distinta es la situación en los países del llamado “tercer mundo”.
¿Sabían que en Cuba está prohibida toda música que incite al odio o a la degradación humana? Sí, es Cuba, comunista, y por lo tanto fuera de lo aceptado por la hegemonía occidental. Entonces doy otro ejemplo: Italia. Bajo el gobierno de Giorgia Meloni se han impulsado medidas para limitar la difusión de contenidos que promueven la violencia y la cultura narco, especialmente en redes sociales y medios de comunicación.
En Chile, en cambio, los artistas vinculados a estas expresiones no pueden acceder a fondos estatales ni participar en eventos oficiales, pero seguimos sin poder restringir su difusión en redes. Somos un país ultra neoliberal donde la libertad de consumir basura se entiende como un derecho, aunque esa basura destruya las mentes de nuestros jóvenes. La cultura narco y la violencia avanzan de la mano de los carteles del crimen organizado, que reclutan a nuestros hijos como soldados, y así el círculo vicioso de pobreza e impunidad aumenta el consumo de pasta base en los territorios. Aunque, según el Estudio Nacional de Drogas, el consumo de tabaco y alcohol haya disminuido ligeramente, la tendencia es clara: la droga avanza donde el Estado se retrae.
Aun cuando Chile mantiene una tasa de homicidios relativamente baja en comparación con América Latina (4,7 por cada 100.000 hab. en 2023, frente a 15,8 en la región), la violencia ligada al narcotráfico va en alza. El 40 % de los homicidios cometidos en Chile en 2023–2024 estuvieron vinculados al mercado de drogas o ajustes de cuentas. En comunas periféricas como Puente Alto, San Bernardo, Iquique o Antofagasta, se consolida la presencia de bandas transnacionales que disputan territorio para la distribución.
Ni más militares ni más parques bastan ya: llegaron tarde. La experiencia latinoamericana demuestra que la inacción y la descoordinación del Estado no solo facilitan la expansión del narcotráfico, sino que permiten que su lógica de violencia penetre en instituciones que deberían ser las primeras en resistirlo.
Decir que el narco llega donde no hay Estado es una hipocresía. En Chile sabemos que por décadas se ha promovido deliberadamente achicar al Estado, debilitando su capacidad de respuesta y entregando funciones esenciales a privados. Ese vaciamiento abrió espacios que hoy el narcotráfico ocupa, no solo en barrios y territorios marginados, sino también en las propias Fuerzas Armadas y de orden.
Lo que realmente necesitamos es un Estado fortalecido desde la raíz: con más funcionarios y funcionarias públicos, formados con excelencia en universidades y escuelas estatales, sometidos a rigurosos procesos de selección y evaluación. Servidores capaces de encarnar lo público como un bien esencial, condición indispensable para sostener la equidad y la paz social. A ello debe sumarse un poder judicial civil fortalecido y empoderado, con capacidad efectiva para controlar y fiscalizar a las policías, así como a las Fuerzas Armadas y Aéreas.
Esa fortaleza estatal con fiscalización y sentido público es precisamente la que habría impedido lo que hoy constatamos con miedo: militares involucrados en narcotráfico. No es casualidad; es la consecuencia directa de un Estado debilitado y permeado. Los casos recientes lo confirman: once miembros de las Fuerzas Armadas —entre ellos seis suboficiales del Ejército— fueron detenidos trasladando 192 kilos de cocaína desde Tarapacá a Santiago.
Poco antes, cinco funcionarios de la Primera Brigada Aérea de la FACH en Iquique fueron sorprendidos intentando transportar ketamina en un vuelo institucional.
Estos hechos son una señal inequívoca de que estamos llegando tarde: ¡el narco ya no solo controla barrios y economías locales, también penetró instituciones llamadas constitucionalmente a protegernos y con el control de las armas! Y si seguimos debilitando al Estado, la cultura narco seguirá expandiéndose, normalizando la violencia, la corrupción y la impunidad.
La falta de moral, ética y valor común en tiempos de crisis y convulsiones nos exige recuperar un horizonte patriótico: el alma esencial de Chile. Un proyecto de largo aliento para nuestro presente y futuro: nuestros jóvenes. Uno que nos haga detenernos en cualquier lugar del país y ponernos de pie al escuchar la canción nacional; algo que solo será posible si erradicamos la impunidad de los últimos 50 años con políticas públicas educativas orientadas a la no repetición y a unas FFAA permanentemente fiscalizadas. Necesitamos programas escolares donde niños y niñas internalicen el respeto irrestricto al prójimo y a sus propios derechos humanos. Un país donde su historia sea contada por poetas, escritores y cantores. Y con plazas decoradas con bustos de vida y creación, y no de generales, batallas y muerte. Un país con alma de cantores con sentido, sentimiento y razón.
Soledad Romero Donoso
Periodista/ Cientista político
