La puesta en marcha de la Convención Constituyente dejó en evidencia la voluntad del presidente Piñera de obstaculizar el trabajo de sus 155 integrantes democráticamente elegidos y donde la presencia del oficialismo resultara, por supuesto, tan menguada. Ni el mayor opositor del gobierno actual habría concebido la forma en que las autoridades de La Moneda bloquearon la instalación de esta entidad encargada de redactar una nueva Constitución Política. Más de un año tuvo el Ejecutivo para preparar las instalaciones en que funcionaría la Convención, además de dotarla de las condiciones presupuestarias, técnicas y sanitarias para su normal funcionamiento.
Sin embargo, el lunes pasado el país pudo comprobar que no se habían dispuesto los diversos auditorios con sus equipos de transmisión requeridos para que la Convención pudiera sesionar y transmitir públicamente sus deliberaciones. Los recién asumidos constituyentes no contaron siquiera con computadores, equipos de audio e imagen, papel, escritorios y otros insumos para albergar a los representantes del pueblo. Es decir de toda la logística que debía proporcionar la Secretaría General de la Presidencia, su ministro titular y su amplio personal administrativo.
Aunque ha sido corriente comprobar en estos años la falta de prolijidad del Gobierno y sus habituales negligencias, jamás se pensó que algo así pudiera ocurrir y que ninguno de los responsables de este contrasentido haya sido inmediatamente removido de su cargo por el Jefe de Estado, siquiera por el enorme daño que le ocasionó a su imagen en el país y el mundo. Lo que tuvimos, en cambio, fue una presidenta y un vicepresidente de la Convención que se vieran obligados a suspender las primeras sesiones y acudir en auxilio de las universidades, funcionarios públicos de buena voluntad, Colegio Médico y otros múltiples organismos de nuestra sociedad civil que en pocas horas contuvieron la “caída libre” que el Ejecutivo alentó para abortar una de las iniciativas republicanas más importantes de nuestra historia.
Hasta el día de su precaria instalación existía una ciudadanía y un mundo expectante ante una iniciativa largamente demandada por la población chilena y en que por primera vez en su historia se organizaba una Constituyente de forma paritaria y con representación de todos nuestras nuestra etnias y pueblos originarios. Sin embargo, lo que pudimos comprobar fue el grosero desaire de quienes gobiernan el país en tiempos de pandemia, los que además se han dado facultades especiales que explican, dicho sea de paso, que Sebastián Piñera pueda haberse aferrado tantos años en el poder pese al inmenso y constante repudio popular. Qué duda cabe que fue el Covid 19 el que salvó al gobierno de la Derecha de su inminente derrumbe después del Estallido Social del 2019. Además de incitar la represión del pueblo y la detención arbitraria de miles de manifestantes, para lo cual han contado también con la anuencia de los fiscales y jueces abyectos y corruptos. De allí que uno de los primeros aciertos de la Convención Constitucional sea su declaración pública para pedir el indulto o amnistía general de los presos de todo el Estallido Social y de los mapuches encarcelados desde el año 2001.
Para nada era tan difícil organizar y garantizar el funcionamiento de la Constituyente en un país que presume de moderno y en que las múltiples las instancias políticas, académicas, empresariales y culturales cuentan con los medios propicios para su desempeño. Con instalaciones y recursos que pudieran ser envidiables por muchas naciones de la Tierra y, en especial de nuestra Región. De lo que se desprende, insistimos, el despropósito de un gobierno reñido con la democracia y los DDHH y que quiere perpetuar la Constitución de Pinochet después de 30 años de posdictadura.
Definitivamente, se trata de un bochornoso episodio que, mal le pese a La Moneda, pudo ser superado por la vocación republicana de múltiples instituciones. De todas maneras, está por verse que nuevas zancadillas le pondrá en los meses que le restan a Piñera, cuando se sabe que la derecha hizo y hará lo imposible para impedir nuestro devenir democrático y la voluntad nacional de ponerle atajo a las sistemáticos atropellos de la autoridad en contra los derechos políticos y sociales sistemáticamente conculcados por quien fuera uno de los dilectos amigos y cómplices del último dictador chileno.
De todas maneras, pensamos que el boicot emprendido por Piñera y sus secuaces en el gobierno transparentaron las reales intenciones de la derecha política y empresarial chilena. Además de sus cómplices medios de comunicación que, como se sabe, dominan sin contrapeso la información en nuestra malparido “orden institucional”. Ello debiera alertar a las expresiones políticas democráticas contenidas muy mayoritariamente en la Convención Constituyente. Como, asimismo, alentar los acuerdos electorales con vista a los próximos comicios legislativas y presidenciales , a fin de impedir cualquier posibilidad de que el gran empresariado, sus recursos y medios de publicidad puedan distraer al pueblo de su voluntad de consolidar algo todavía más importante que una Carta Fundamental, como lo es el advenimiento de un Chile en que imperen la justicia y la equidad, cuando solo en el último año ha crecido en casi un once por ciento el número de pobres e indigentes.
Un propósito que también exige recuperar nuestras riquezas básicas y emprender profundas reformas de nuestros sistemas de previsión, salud, educación y de salud, entre otras. Prohibir, además la concentración de la riqueza, la falta de probidad y la codicia que tan bien está representada en nuestro multimillonario Jefe de Estado. Objetivos que deben quedar garantidos en la nueva Carta Magna, aunque haya quienes propagan que ésta es una entelequia que nada tiene que ver con las reformas económicas y sociales. Como si no hubiera sido justamente la Constitución de 1980 la que facilitó el orden neoliberal que por fin deberemos abatir.
Ojalá que la ira nacional desatada por el Gobierno no se disipe con el correr de los días y que los parlamentarios chilenos den el paso de acusar constitucionalmente no solo a un Ministro sino a un mandatario abusivo al que sus colaboradores le rinden obediencia y vergonzosa pleitesía. Sería la mejor forma de comprobar que el Poder Legislativo está plenamente acorde con los designios de la Convención Constituyente y sus integrantes, pese a lo que se ha dicho, no se sienten menoscabados con una instancia que, por cierto, es ahora mucho más representativa de la soberanía popular.
