A finales de julio de este año, el Gobierno de Sebastián Piñera lanzó la Agenda de Modernización del Estado. Esta “hoja de ruta para entregar una visión de largo plazo en estas materias” según el propio gobierno, fue realizada con los aportes del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, compuesto por actores de la sociedad civil, el mundo académico, el mundo público y privado y sin la participación efectiva de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF.
La agenda está dividida en seis temas: desde mejorar los servicios del Estado, la gestión y las personas en el Estado, transparencia, probidad y participación, mejor institucionalidad hasta el desarrollo local y descentralización. En esta oportunidad, por cuestiones de tiempo y como un primer acercamiento, vamos a referirnos al ámbito de la gestión de personas, en particular al rol del servicio civil en esta materia.
Hagamos un poco de historia: la Ley N°19.882, año 2003 Crea la Dirección Nacional del Servicio Civil con la finalidad de desarrollar el Sistema de Alta Dirección Pública y preocuparse de las materias de Gestión de Personas en el Estado y la Ley N°20.955, que en el año 2016, perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalecer la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Si bien, desde la creación del Servicio Civil, se ha desarrollado un gran avance en la administración del estado en materias de gestión de personas, existe consenso en los diferentes actores que habitan y piensan el Estado, que este (el Servicio Civil) requiere una modificación legal que permita buscar un mecanismo que sea imperativo y sancionador para obligar al cumplimiento de estas disposiciones. Sin embargo, la agenda de Modernización del Presidente Piñera no recoge esta necesidad.
En complemento, tampoco considera ampliar la figura del Consejo de Alta Dirección Pública al Consejo del Servicio Civil, lo que permitiría generar una genuina conexión y valoración en las instituciones públicas en la aplicación real de las Normas Rectoras en Materias de Gestión de Personas. En este consejo deberían estar representados con derecho a voz y voto la agrupación más representativa de empleados fiscales, es decir la Anef.
Es positivo que dicho consejo tenga carácter deliberativo, normativo y orientador. Sin embargo, como señalamos, debería ser sancionador cuando se incurra en incumplimientos propios a las normas rectoras en materias de gestión de personas. Por último, la designación de la Presidencia del Consejo no debería ser facultad del Presidente de la República para garantizar la imparcialidad en la fiscalización de los gobiernos de turno.
Asimismo, la Agenda de Modernización no toma la necesidad de diferenciar los roles presupuestarios de los roles de gestión de personas, también propuesto por la propia comisión CEP. A esto sumamos que la Dipres debería garantizar automáticamente el financiamiento que asegure la aplicabilidad de las normas rectoras en materias de gestión de personas para cada uno de los Servicios Público. La ANEF ha sostenido durante el transcurso del tiempo que el Estado debe evolucionar a uno participativo, solidario, agente y promotor de la igualdad de oportunidades, dotado de capacidad para regular y fiscalizar, garantizando el bien común y posibilitando una estrategia de desarrollo integral con calidad de vida para todos los ciudadanos, generando las condiciones para el pleno ejercicio y protección de sus derechos políticos, económicos, sociales, laborales y culturales. Para esto resulta imprescindible avanzar en el fortalecimiento de las capacidades del Estado y en el prestigio de quienes han abrazado la causa del servicio público, por lo que el fortalecimiento del Servicio Civil debiera ser un sine qua non de cualquier agenda que pretenda modernizar el Estado.
Claudia Hasbún Faila,
Vicepresidenta de Modernización del Estado de Anef Chile.
Funcionaría del Servicio Civil
