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La agonía del hiperpresidencialismo chileno. Por Sebastián Rueda Kewpo

Para todo aquel que se ha mantenido informado de la contingencia nacional estas últimas semanas, no será sorpresa leer que estamos ante una crisis inédita en nuestra historia como República, en la cual se están remeciendo los cimientos con los que se ha estructurado el Estado desde tiempos anteriores a nuestra propia independencia.

Uno de los principales cimientos de este Estado chileno es el llamado “hiperpresidencialismo”, que puede entenderse como un tipo de sistema o régimen en el cual la institución del presidente, según el politólogo británico Walter Bagehot, se encuentra dotada de funciones “ceremoniales” al ser Jefe de Estado y también de funciones “efectivas” al ser el Jefe de Gobierno, creando así una auto-imagen de ubicarse sobre otros poderes del Estado.

De este modo, la institución presidencial concentra numerosas atribuciones y capacidades en desmedro del órgano legislativo (el parlamento), constituyendo una suerte de presidencialismo con tintes autoritarios, con excesivos atributos para organizar la vida cívica en el país, transformando a la figura del presidente en lo que coloquialmente podría entenderse como un «Rey sin corona». Esto se refleja en situaciones como la ley del retiro del 10% de las AFP, que tuvo su origen en el poder legislativo (lo que se llama una “moción”) y debió superar numerosos escollos para ser aprobada en última instancia por el presidente que a pesar de contar con el poder de vetar las leyes prefirió promulgarla en silencio, sin celebraciones ni ceremonias.

En un hiperpresidencialismo chileno ejemplificado en la ley de retiro del 10% de las AFP también pudimos apreciar el poder de los ministros, entendidos como secretarios del presidente, que pudieron intervenir en los debates legislativos permitiéndose tiempo de sobra para expresar sus argumentos en contra de la ley. Es el caso de los ministros Blumel y Briones, que en las sesiones de votación en ambas cámaras se dieron todo el tiempo que quisieron para exponer sus argumentos.

También por lo que se supo de boca de algunos parlamentarios (como les diputades Jiles y Celis), estuvieron tras bambalinas negociando con ellos, prometiendo el oro y el moro, incluso extorsionando y amenazando impunemente para doblegar la voluntad de aquellos parlamentarios que buscaban votar oyendo a sus votantes y no a las élites tecnocráticas. Estas arremetidas del poder ejecutivo no hicieron más que empeorar la situación, logrando la supramayoría de dos tercios en ambas cámaras, un suceso inédito donde la búsqueda de apoyo en el parlamento terminó causando el efecto contrario al deseado.

En la cuenta pública del pasado viernes el presidente de la cámara de diputados, el RN Diego Paulsen, rechaza la idea de que el parlamento sea un mero “buzón” de las exigencias del presidente. Y la presidenta del senado, la PPD Adriana Muñoz, mencionó que no cabe ningún tipo de tutelaje o supervigilancia del poder ejecutivo sobre el legislativo. Ambos marcaron límites contra la injerencia de la institución presidencial, lo que da cuenta que el conflicto entre ambos poderes del Estado está en su punto de mayor tensión en la historia reciente.

El caso de la ley de retiro del 10% de las AFP es una muestra de debilidad extrema de la institución presidencial, ya duramente cuestionada desde octubre de 2019 y aún mas golpeada con la pandemia de Covid-19 y la peor crisis económica de este siglo. En cualquier régimen semi-presidencial o parlamentario el fracaso del poder ejecutivo en bloquear la ley del 10% tendría como consecuencia la renuncia del presidente y su gabinete en pleno. Pero como nuestro país se ha construido bajo un régimen hiperpresidencial se mantiene entonces ahí el presidente sin dimitir, rígido y con un casi nulo margen de maniobra dadas las condiciones actuales.

El politólogo Juan Linz mencionaba sobre los presidencialismos que una de sus grandes debilidades era la rigidez, que no deja espacio para reajustes que las contingencias puedan demandar. Lo que en ciertos contextos es una ventaja para salvaguardar el proceso político de inestabilidades hoy en el caso chileno es una gran desventaja que puede deteriorar de forma irreversible el sistema político completo. No se puede sacar al presidente por su pésima gestión ni él ha mostrado indicios de abdicar, lo que está dañando al país y amenazando el Estado de derecho.

Más allá de las personas que ocupan hoy la presidencia, habría que cuestionarse si acaso el régimen hiperpresidencial es el que estructuralmente se encuentra agotado y al borde del colapso. Los tiempos que vivimos de redes sociales, sobreinformación, problemas globales y cambios veloces a nivel social y cultural tienen al poder ejecutivo actuando una y otra vez de forma “torpe y lenta”, como menciona un artículo reciente de The Economist.

Habría que cuestionarse si acaso es el presidente actual el incapaz de entregar las soluciones que el país requiere, o si acaso un régimen hiperpresidencial ya no sirve en el siglo XXI para construir un Estado eficiente y a la vez legitimado por el soberano, que es el pueblo. ¿Cuál será el costo futuro para el país de que el presidente Piñera se empecine en terminar su mandato en los plazos oficiales, considerando el pobre desempeño de su gestión? ¿Cómo es que el Estado fue configurado de tal forma que, llegada una crisis de estas proporciones, no existan los mecanismos para actuar de forma proactiva (y no reactiva) ante la triple crisis que nos acecha: sanitaria, económica y socio-política?

Cada semana que pasa el presidente Piñera se queda con menos margen de maniobra, entre la pared y la espada que ya parece penetrar sus entrañas. Si un probable colapso de su gobierno es también el colapso de una forma de gobernar enquistada durante siglos en Chile, ya lo veremos.

Sebastián Rueda Kewpo es Magister en Estudios Internacionales y Psicólogo de la Universidad de Chile, con postítulo en Psicología Social Crítica y Procesos Políticos.

victor@lemondediplomatique.cl

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