Frente a visiones que temen la ambigüedad y posibles extremos del nuevo gobierno electo de José Antonio Kast y sus artimañas con el Partido Nacional Libertario y otras voces disonantes miradas con cierta sospecha, se erige hoy -como una especie de escudo protector o enceguecedor- un anti-progresismo que se expande con creciente fuerza desde espacios y figuras que se autoperciben como “de centro” o simplemente conservadoras, y que buscan diferenciarse —según afirman— del “extremo” de la ultraderecha. Ese posicionamiento resulta, a la vez, agotador y profundamente contradictorio: lejos de contener aquello que dice combatir, termina por legitimarlo, amparándose en consignas tan seductoras como vacías: la “neutralidad”, la “tradición”, la “anti-ideología”, la “despolarización” o la supuesta defensa de “lo racional”.
Desde el campo progresista y de izquierda, comparto buena parte de la autocrítica que se le exige a este sector frente a los fracasos evidentes de sus proyectos en el escenario político reciente. Soy el primero en reclamarla. Pero el problema comienza cuando esa autocrítica se transforma en un recurso retórico cómodo, en una explicación simplificadora que opera como chivo expiatorio. No se trata solo de la reiteración —a veces desmedida— de argumentos críticos ni de la sobredimensión de ciertos factores culpógenos, sino de algo más profundo: la negativa sistemática a reconocer la dimensión activa de las decisiones políticas de los sujetos.
Pareciera que, si sectores amplios de la sociedad optan por proyectos que respaldan prácticas discriminatorias, racistas, neoliberales, excluyentes, jerarquizantes, misóginas o xenófobas, ello se debe exclusivamente a errores estratégicos del progresismo. Como si esas elecciones no respondieran a procesos sociales reales, arraigados y complejos; como si no existieran deseos, miedos, frustraciones y expectativas que exceden con creces los revanchismos partidarios.
Lo que se oculta en esa narrativa es que el auge de estas opciones políticas está vinculado al fracaso de proyectos colectivos mucho más amplios, impulsados desde distintos campos ideológicos —en nombre de una “libertad”, una “modernización”, una “civilización” o una “racionalidad” cada vez más vaciadas de contenido—, y no únicamente desde la izquierda. La crisis es estructural, no sectorial. Y, sin embargo, el relato dominante insiste en reducirla a un problema de estilo, discurso o errores tácticos progresistas.
Resulta demasiado cómodo responsabilizar a la izquierda y evitar asumir —desde posiciones no progresistas, conservadoras y no necesariamente extremas— que atravesamos un deterioro sociocultural mucho más profundo, en el que esos mismos sectores también participan. En nombre de la prudencia, del equilibrio o de la moderación, se renuncia a interpelar las raíces del problema. Se opta por una crítica aséptica que denuncia los excesos de un lado mientras guarda silencio frente a las derivas autoritarias del otro.
Las voces que se presentan como “razonables” o “desideologizadas” no hacen más que contribuir a la expansión del extremismo y de formas de radicalización deshumanizante. Como en una suerte de complejo de Edipo político, intentan distanciarse de un extremo que consideran cruel, pero terminan colaborando —aunque sea indirectamente— con su legitimación. Al negarse a nombrar el conflicto, al diluirlo en la retórica de la moderación, lo dejan crecer sin resistencia.
El problema no es el exceso de ideología, sino la falta de honestidad intelectual. No la polarización, sino la comodidad moral de quienes prefieren habitar el centro como si fuera un refugio, y no una posición política con consecuencias. No es el fracaso del otro, sino la anti-política de no asumir la realidad de la pluralidad y el diálogo conflictivo.
Porque, en tiempos de crisis, la neutralidad no es inocente: es, casi siempre, una forma sofisticada de tomar partido sin asumirlo.
