En el marco del día de la prevención contra el maltrato infantil, nuevamente nos enfrentamos a una realidad que persiste con una crudeza inaceptable y es que el abordaje institucional en materia de protección a la infancia en Chile, muy lejos de ser una solución estructural, pareciera que se ha perfeccionado en lo que podría denominarse “arquitectura del incendio” ya que, nos hemos convertido en expertos en llegar, pero solo cuando el humo ya es visible, cuando las llamas del daño ya han consumido parte de la infancia y en efecto se siguen ignorando las chispas que se gestan desde la precariedad de la crianza cotidiana. Este enfoque reactivo no solo no es eficiente, sino que perpetúa el ciclo de vulneraciones que el sistema por sí solo no logra documentar en su totalidad ni mucho menos prevenir. En consecuencia, la pregunta inevitable es: ¿hasta cuándo el Estado seguirá gestionando el daño en vez de realmente garantizar el bienestar de la infancia?
La urgencia de esta reflexión radica en la necesidad de un modelo que realmente anticipe y prevenga, en lugar de simplemente contener las crisis. En este contexto, la distancia entre la retórica de protección frente a la realidad de la intervención, se vuelve evidente y exige mirar más allá del discurso institucional nacional. Al mismo tiempo desde la perspectiva del trabajo social comparado y la gerencia social, este enfoque invita a revisar otros modelos en los que la prevención y la universalidad no se quedan en los discursos, sino que se expresan en estructuras efectivas de acción.
Sin ir más lejos, en Finlandia, la intervención y el apoyo a la crianza comienzan desde la gestación, y se aplica de forma universal con su sistema de bienestar conocido como “Neuvola” que representa un faro en la prevención y apoyo a la marentalidad y parentalidad atendiendo a casi el total de las familias finlandesas (99,7%) además de ofrecer seguimientos integrales en salud, apoyo psicológico y orientación en la crianza desde el embarazo hasta la edad escolar. Es un sistema que no solo aborda la salud física, sino que además integra la salud mental perinatal y el desarrollo de competencias parentales y marentales que son elementos cruciales para la prevención primaria del daño del maltrato. La clave está en la universalidad y en la desestigmatización de la ayuda, ya que no se focaliza solo en familias "vulnerables" (concepto que en Chile suele llevar una carga significativa asociada al estigma, la vigilancia y por qué no decirlo, en ocasiones, la criminalización de la pobreza). Por el contrario, para Finlandia, la infraestructura de cuidado es un derecho social básico que se ofrece a todos los ciudadanos. Se educa y acompaña a los cuidadores desde el inicio, sin distinción de estrato social, lo que además permite una pesquisa temprana que no busca sancionar, sino sostener.
Aquí hay algo profundamente transformador y es que cuando el Estado deja de actuar como un juez frente los errores de las familias y pasa a ser un soporte preventivo real, la violencia estructural empieza a ceder. Esta no es solo una cuestión de impacto positivo, sino de dar cumplimiento efectivo a Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), garantizando un entorno donde la protección no sea solo una respuesta de emergencia. Este modelo, entre otros, demuestra que la inversión en prevención temprana es a largo plazo, más eficiente que la intervención tardía.
Mientras tanto, en Chile desde la lógica reactiva, estamos ante un sistema desbordado donde la intervención llega por definición tarde y lo que vemos en el día a día, es una gestión social que, atrapada en nudos críticos de burocracia y fragmentación, termina ofreciendo respuestas que las familias perciben como punitivas y en muchas ocasiones revictimizantes. Ya no se trata solamente de un sistema que no da abasto, es una forma de operar que aborda el problema desde sus consecuencias más extremas y que ha dejado el tejido social a su suerte.
Desde la gerencia social en Trabajo Social, este desequilibrio es un error de diseño estratégico ya que por una parte se concentra el presupuesto en la intervención terciaria donde el daño ya es profundo y requiere residencias de alta especialidad, pero por otra parte deja desatendida la prevención primaria y mientras la inversión no se vuelque al acompañamiento familiar y al fortalecimiento de competencias marentales y parentales antes del estallido de la crisis, se seguirá administrando la precariedad.
La prevención no se hace con cientos de remolinos azules afuera de La Moneda ni con campañas de un mes. Para que eso pase se requiere un cambio estructural del vínculo del Estado con la infancia. Necesitamos programas universales que no esperen a que niños, niñas y adolescentes sean vulnerados para aparecer, sino que promuevan la resiliencia desde el primer control de embarazo, evitando la cronificación de la vulneración que tanto nos cuesta reparar después. En Chile se interviene cuando el conflicto ya escaló a niveles de violencia donde la colaboración ya se vuelve utópica, donde el daño emocional ya echó raíces y donde el derecho de las infancias se vuelve una declaración de principios vacía si la respuesta estatal sigue siendo fragmentada.
Desde la burocracia y reactividad resulta ser, que se termina ignorando que el interés superior del niño se protege dentro de su entorno, no desde una sala en un Tribunal tras meses en lista de espera. Esta lógica burocrática y reactiva fragmenta la protección y distorsiona la noción de cuidado, porque cuando el Estado llega tarde la comunidad se debilita y el afecto y cuidados se privatizan. En tanto, la crisis de las familias de acogida es, quizás, el síntoma más descarnado de nuestra ausencia de "cultura de cuidado" como sociedad y que hoy tengamos a cientos de niños y niñas menores de tres años viviendo institucionalizados en residencias pese a lo que dicta la ley no solo es un fallo administrativo, es una señal de alarma sobre cómo se ha privatizado el afecto y la responsabilidad.
Hoy por hoy el cuidado se ha recluido tanto en lo doméstico, en lo "propio" y en lo “privado”, que la sociedad chilena parece haber perdido la capacidad de sentirse responsable por la infancia que no lleva su apellido. Alarma la indiferencia y la capacidad de asumir que el bienestar de las niñeces es una tarea colectiva, no un problema privado ni exclusivo de cada hogar. Esta privatización de la responsabilidad es una de las fallas más profundas de nuestra convivencia actual y si no logramos construir una comunidad que se reconozca en la mirada de la niñez “ajena”, difícilmente transitamos hacia un modelo de acogimiento real. Al final, lo que pasa es que nos hemos transformado en una sociedad menos empática y más fragmentada.
Se requieren políticas públicas valientes que dejen de ver el acogimiento familiar como un acto de caridad individual o un voluntariado romántico y empiecen a valorarlo como un pilar fundamental e irrenunciable de la protección social. Esto implica no solo recursos financieros, sino un acompañamiento técnico y emocional a esas familias que deciden abrir sus puertas, entendiendo que el acogimiento es una intervención profesionalizada en sí misma que requiere soporte constante. Pero no podemos pedirle a la sociedad que cuide si el Estado la deja sola en esa tarea. La desinstitucionalización no es solo sacar a los niños y niñas de las residencias, es abrir comunidades capaces de sostener la complejidad de la infancia que ha sido gravemente vulnerada con herramientas reales y no solo con buenas intenciones. El desafío es transitar de un sistema que "almacena" niños a una sociedad que los integra y los sana en entornos afectivos estables.
Prevenir el maltrato infantil hoy exige mucho más que nuevas leyes, exige una nueva gramática social. Cuidar debe dejar de ser una carga privada e individual, cuidar debe convertirse en un acto político y colectivo. No podemos seguir observando el síntoma mientras el tejido base se desgarra. Y esto pasa por reconocer, de una vez por todas, que la violencia estructural, la precariedad habitacional y la falta de redes no son solo "contexto". Son determinantes directos de la vulneración, porque el maltrato no nace del vacío, el maltrato es el resultado de un sistema que deja solas a las familias y para ello el abordaje debe ser integral.
La meta es que la crianza deje de ser ese ejercicio solitario y angustiante para pasar a ser una trayectoria acompañada. Pero para eso necesitamos un Estado presente que no solo llegue con el camión de bomberos cuando el incendio ya es incontrolable. El cambio real será posible con servicios universales, desestigmatizados y desde una cultura de cuidado que nos involucre a todos como sociedad. Solo así podremos decir que estamos realmente protegiendo a la infancia.
Pero para que eso tenga lugar es urgente transitar desde una gestión puramente “top-down” (donde las políticas se diseñan en oficinas centrales de manera fragmentada) hacia modelos que integren la realidad “bottom-up” de forma situada, permitiendo que la voz de las infancias, familias y territorios guíen la intervención. Urge el diseño de políticas públicas que pongan la justicia social y el desarrollo humano en el centro, desde el primer día de vida y no por secciones: donde salud va por un lado, educación por otro y la protección desde un ángulo totalmente distinto. La integralidad no puede ser solo un concepto en un manual de procedimientos, debe ser la experiencia real de cada niño, niña y adolescente en “el sistema”. Nuestra labor como sociedad es empujar estas fronteras, denunciar la inoperancia de la "arquitectura del incendio" y trabajar incansablemente por un modelo que por fin llegue antes que el humo. Solo así podremos mirar a los ojos a las nuevas generaciones y decirles que estuvimos a la altura de su derecho a ser realmente protegidos y cuidados.
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Sobre la autora: Trabajadora Social y Candidata a Magíster en Gerencia Social, Universidad de La Frontera (UFRO). Postitulada en Mediación Familiar y Comunitaria, e Intervención en Familia e Infancia (UFRO). Realizó movilidad internacional en el Institut d’Études Politiques de Rennes (Sciences Po), Francia (2014) mediante convenio de desempeño en Ciencias Sociales (UFRO). Diplomada en Derecho de Infancia, Universidad de los Andes (UANDES). Creadora de @igdelats.cl (Instagram), plataforma de divulgación en contenido de trabajo social, familia e infancia.
