Hay decisiones económicas que no son meramente técnicas, sino profundamente políticas. No se trata solo de balances fiscales, sino de definiciones sobre el tipo de sociedad que se desea construir. Como advirtió Karl Polanyi en “La gran transformación”, cuando la economía se autonomiza de lo social, lo que emerge no es eficiencia, sino una forma de desarraigo: la subordinación de la vida colectiva a la lógica del mercado.
Chile parece transitar hoy por ese umbral.
Desde que José Antonio Kast asumió la presidencia en marzo de 2026, la política económica chilena ha encontrado en la austeridad su único horizonte de sentido. La promesa de recortar seis mil millones de dólares en los primeros dieciocho meses ha dado lugar a un oficio del Ministerio de Hacienda, fechado el 21 de abril, que instruye reducir en al menos un quince por ciento el presupuesto de más de doscientos sesenta programas distribuidos en los veinticinco ministerios del Estado. Entre ellos, la Pensión Garantizada Universal, el Programa de Alimentación Escolar, la gratuidad en la educación superior, los jardines infantiles y salas cuna, el Subsidio Familiar y, de modo emblemático, Chile Crece Contigo. Ese mismo oficio propone eliminar decenas de iniciativas. La palabra utilizada fue descontinuar: no se trata de reformar, sino de borrar. No de transformar el Estado, sino de achicarlo hasta que deje de proyectar sombra sobre el mercado.
Lo que resulta más inquietante no es solo la magnitud de los cortes, sino la coherencia ideológica que los sostiene. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha gestionado estos recortes desde una lógica que reduce la economía a un problema de ingeniería fiscal: equilibrar la caja, corregir el déficit, liberar al mercado de cargas regulatorias. Cuando el polémico oficio se hizo público y generó una oleada de críticas transversales, Quiroz lo comparó con la lectura no autorizada de una carta de pareja. La metáfora, involuntariamente precisa, revela una comprensión de la hacienda pública como asunto privado, técnico, ajeno al escrutinio ciudadano. Es exactamente lo contrario de lo que la economía como ciencia humanista exige: poner a la persona en el centro del quehacer económico, entender el bienestar colectivo no como una variable a ajustar, sino como el fin que justifica toda política pública.
Esta concepción tecnocrática de la economía tiene consecuencias que exceden lo presupuestario. Como planteó Amartya Sen en “Desarrollo y libertad”, el desarrollo no puede reducirse al crecimiento del producto ni al equilibrio de las cuentas fiscales; implica la expansión de las capacidades humanas reales —la salud, la educación, la participación política, el acceso a la cultura— como condición de una vida digna. Desde esta perspectiva, recortar en infancia, educación o ciencia no es una decisión neutra: es una contracción deliberada de las posibilidades de vida de una sociedad. Es, en última instancia, una forma de empobrecimiento que ningún indicador macroeconómico logra capturar cabalmente.
Los recientes recortes no pueden ser leídos únicamente como ajustes presupuestarios. Son, más bien, la expresión de una racionalidad que redefine el rol del Estado: de garante de condiciones de desarrollo a mero administrador de escasez. La retórica de la responsabilidad fiscal encubre así un desplazamiento más profundo, que Michel Foucault describió con precisión como una transformación en las formas de gobernar: menos Estado no significa ausencia de poder, sino reconfiguración del mismo en favor de lógicas de mercado. La gubernamentalidad neoliberal, tal como Foucault la analiza en sus cursos del Collège de France, no suprime el poder del Estado; lo reformula para que opere a través del mercado, convirtiendo a los sujetos en emprendedores de sí mismos y desresponsabilizando al poder público de las consecuencias de esa transformación.
En este marco, el concepto de eliminar programas adquiere una dimensión filosófica precisa. No se trata solo de cerrar políticas públicas, sino de producir —en términos foucaultianos— una nueva economía de la visibilidad institucional: lo que no se financia desaparece del horizonte de lo que el Estado reconoce como problema. Así, fenómenos estructurales como la desigualdad infantil o las brechas educativas no se resuelven; se vuelven administrativamente invisibles. El sufrimiento persiste, pero deja de ser computado como responsabilidad pública.
Esta lógica de invisibilización tiene, además, una dimensión ecológica que el gobierno ha hecho explícita con inusual honestidad. Cuando el presidente Kast, en una gira por la región de Aysén, ironizó sobre la Ley de Humedales —afirmando que el campo de su padre en Puerto Varas podría ser declarado humedal porque es todo húmedo— no estaba simplemente cometiendo un error técnico. Estaba enunciando una visión del territorio y de la naturaleza: una perspectiva que reduce los ecosistemas a suelo disponible para el desarrollo y que convierte la protección ambiental en burocracia obstruccionista. La frase es sintomática: en ella la herencia familiar pesa más que la ciencia hidrológica, y la ironía reemplaza al argumento. El exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena fue taxativo: la conversación no está basada en antecedentes reales. Chile es firmante de la Convención Ramsar desde 1981. Los humedales no son capricho ecologista; son reguladores hídricos que la propia evidencia científica asocia a la prevención de inundaciones y al equilibrio de los sistemas urbanos. Descartarlos con una anécdota familiar no es pragmatismo: es la estetización de la ignorancia a un nivel que no dignifica un cargo presidencial.
El problema, sin embargo, no es solo político. Es también filosófico y, en un sentido profundo, civilizatorio.
Sigmund Freud, en “El malestar en la cultura” (1930) y de modo aún más explícito en “El porvenir de una ilusión” (1927), ofrece una clave de lectura que ilumina esta coyuntura desde un ángulo que la economía convencional no alcanza a ver. Para Freud, la civilización no es un estado natural sino una conquista siempre precaria: se construye sobre la base de la renuncia pulsional, sobre el esfuerzo sostenido de sublimación que transforma el impulso en creación, en ciencia, en arte. La cultura, en este sentido, descansa sobre tres grandes pilares: la ciencia, como forma de conocimiento racional del mundo; el arte, como forma de elaboración simbólica de la experiencia; y la religión, como sistema de creencias que brinda consuelo frente a la angustia existencial. Freud no es neutral en esta jerarquía: argumenta, especialmente en “El porvenir de una ilusión”, que la religión es una ilusión colectiva —funcionalmente análoga a una neurosis— que la humanidad debería poder superar a medida que avanza en el dominio racional de la realidad. El futuro de la civilización, para Freud, pasa por la ciencia y la razón, no por la tutela del dogma.
Lo que esto significa para Chile hoy es inquietante. Un proyecto político que recorta la ciencia, debilita la educación pública y reduce la inversión en cultura, pero que simultáneamente organiza su agenda en torno a una concepción religiosa y conservadora del orden social —la familia como núcleo inmutable, el trabajo como virtud moral, la austeridad como penitencia colectiva—, no está construyendo civilización. Está invirtiendo la jerarquía freudiana: donde debiera haber expansión del conocimiento y de las capacidades humanas, instala la creencia como sustituto. Una sociedad no puede sostenerse indefinidamente sobre la base de imperativos morales que invocan la disciplina y el sacrificio mientras desmantelan los instrumentos que permiten comprender el mundo, crear en él y transformarlo. La austeridad convertida en ética pública no es prudencia fiscal: es, en términos freudianos, una regresión. Jürgen Habermas describió con precisión un fenómeno análogo al que hoy asistimos: la colonización del mundo de la vida por la racionalidad instrumental. Lo que Habermas identificó en su “Teoría de la acción comunicativa” como una patología de la modernidad —la reducción de todos los ámbitos de la existencia social a lógicas de eficiencia, rentabilidad y control técnico— es exactamente lo que ocurre cuando la gestión presupuestaria desplaza a la deliberación política y cuando el equilibrio fiscal se convierte en el único horizonte normativo del gobierno. Las decisiones dejan de orientarse por fines colectivos —bienestar, justicia, desarrollo— y pasan a responder a imperativos técnicos de corto plazo: reducir el déficit, disciplinar el gasto, recuperar la competitividad tributaria. Pero una sociedad no se sostiene solo con equilibrio contable.
Como advirtió Pierre Bourdieu, el Estado no es solo un agente económico, sino un productor de capital simbólico: define qué se valora, qué se protege, qué se proyecta al futuro. Cuando el Estado se retrae de ámbitos como la educación, la ciencia o la infancia, no solo reduce gasto; redefine las jerarquías de lo socialmente legítimo. Envía un mensaje: hay dimensiones de la vida que dejan de ser prioritarias. Este mensaje no es neutro: tiene efectos reales sobre cómo las personas se relacionan con el conocimiento, con las instituciones y con la idea misma de un futuro compartido.
La paradoja chilena es particularmente aguda. Mientras se enfatiza la necesidad de ajustarse el cinturón, se debilitan precisamente aquellos ámbitos que, según toda la evidencia comparada, constituyen la base del desarrollo sostenible. Corea del Sur, devastada tras la guerra, optó por una estrategia diametralmente opuesta a la austeridad social: inversión masiva en educación, políticas industriales activas y una estrecha articulación entre Estado, universidades y conglomerados empresariales. Hoy, su inversión en investigación y desarrollo supera el cuatro por ciento del PIB, situándola entre las economías más innovadoras del mundo. Finlandia, tras la profunda crisis de los años noventa, no redujo su sistema educativo; lo fortaleció. Apostó por la formación docente, la equidad escolar y la innovación tecnológica, consolidando un modelo que combina cohesión social y competitividad global. Alemania, por su parte, ha desarrollado un ecosistema de innovación basado en la llamada triple hélice: la cooperación sistemática entre Estado, academia e industria. Instituciones como la red Fraunhofer han demostrado que la inversión pública en conocimiento no es un gasto, sino una palanca de desarrollo productivo.
Estos casos no son anomalías. Son evidencia que el actual gobierno parece haber decidido ignorar en nombre de una austeridad necesaria, pero regresiva, sino va acompañada de fomento a la innovación científica, tecnológica, al desarrollo de las artes y la cultura y de aquellas políticas públicas encaminadas a un bienestar básico.
En este contexto, programas como Chile Crece Contigo adquieren una relevancia que excede su diseño técnico. Representan una concepción del desarrollo centrada en la infancia como inversión estratégica, como apuesta por la ampliación de capacidades desde los primeros meses de vida. Su debilitamiento no es solo una pérdida operativa, sino una señal cultural de primer orden: el futuro deja de ser un espacio a construir colectivamente y pasa a ser una variable a ajustar. La infancia, en esta lógica, no es sujeto de derechos ni objeto de inversión social; es una línea más en un presupuesto que hay que equilibrar.
La austeridad, convertida en horizonte permanente, deja de ser prudencia y se transforma en renuncia. Renuncia a imaginar políticas públicas ambiciosas. Renuncia a construir capacidades colectivas. Renuncia, en última instancia, a la idea misma de desarrollo como proyecto compartido. Y cuando el Estado renuncia a imaginar el futuro, no lo hace en el vacío: lo que abandona es ocupado por la precariedad, por la desigualdad y por la resignación. Porque el desarrollo —como muestran las experiencias internacionales y como enseña la más elemental filosofía política— no emerge de la contención, sino de la capacidad de proyectar. No se trata de gastar sin criterio, sino de invertir con sentido estratégico: entender que la ciencia, la educación y la innovación no son costos, sino condiciones de posibilidad. Y entender, también, que una sociedad que renuncia a la ciencia y al arte como horizontes públicos, que reduce la cultura a gasto superfluo y la razón a obstáculo burocrático, no está siendo pragmática ni responsable. Está, sencillamente, retrocediendo.
Chile enfrenta hoy una disyuntiva que no es meramente económica: persistir en una lógica de administración de la escasez —disfrazada de austeridad virtuosa y orgullo familiar— o asumir el riesgo siempre político de construir futuro. La diferencia entre ambas opciones no es técnica. Es, en el fondo, la diferencia entre una sociedad que se imagina a sí misma como proyecto y una que se resigna a ser su propio epitafio.
Por Pedro J. Salinas Quintana
Psicólogo Clínico – Doctor en Filosofía, Universidad de Chile
Director Fundación Santa Sophia
@ps.pedrosalinasquintana
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