Hay una paradoja que atraviesa el presente chileno: aquello que se presenta como protección de la democracia puede comenzar a operar contra las condiciones que hacen posible su existencia. En ningún caso se trata de sostener que el progresismo y José Antonio Kast sean equivalentes, ni borrar las diferencias, alguna de ellas muy significativas, entre una política de seguridad democrática y una política de signo iliberal. Nadie podría invocar un texto napoleónico y desestimar las posiciones de contención y táctica que ha jugado el progresismo. Cabe admitir las temporalidades: no es posible invocar el todo o nada.
Con todo, la cuestión es más inquietante y, a la vez, más sutil: existe una tensa filigrana que conecta ciertas formas de administración progresista del conflicto con la posterior radicalización iliberal de la seguridad. No porque una política haya producido deliberadamente a la otra, sino porque ambas pueden compartir, en momentos distintos, una misma dificultad: dejar sin espacio propio a la política. Cuando el conflicto deja de ser un lugar de elaboración de diferencias y se transforma en problema de gestión, el campo político comienza a adelgazar. Y mediante esa fisura puede entrar una racionalidad que promete resolver aquello que la política ya no consigue tramitar.
Aquí aparece una paradoja decisiva. La seguridad nace como promesa de protección, pero puede terminar construyendo aquello de lo que pretende protegernos. Cuando el Estado comienza a considerar determinados sujetos, territorios o conductas como amenazas permanentes, la frontera entre protección y exclusión se vuelve inestable. La seguridad deja entonces de ser una condición para la vida democrática y comienza a convertirse en el criterio mediante el cual se decide quién pertenece plenamente al cuerpo político y quién queda bajo sospecha. El problema no está en que el Estado proteja: una democracia sin protección sería una ficción vulnerable. El problema comienza cuando la protección absorbe el espacio donde antes podía discutirse qué significa vivir juntos. Entonces la seguridad ya no aparece como una política sometida al debate, sino como la condición que precede al debate y, poco a poco, lo vuelve innecesario.
Ésta es la paradoja autoinmunitaria de la democracia: para defenderse, puede activar mecanismos que terminan debilitando sus propias defensas normativas. La democracia se protege introduciendo en su interior aquello que luego puede desbordarla. La frontera que pretende resguardar la comunidad puede comenzar a dividirla desde dentro. De ahí que la cuestión no sea solamente jurídica. Es una cuestión de espacio político: ¿dónde puede aparecer el desacuerdo si la seguridad ocupa de antemano el lugar desde el cual se define lo aceptable? ¿Dónde puede constituirse un adversario legítimo si toda diferencia que incomoda puede ser desplazada hacia la figura del riesgo? La democracia necesita conflicto; lo que no puede soportar es que el conflicto sea convertido enteramente en amenaza.
El caso Kast vuelve visible esta tensión. Su gobierno ha colocado la seguridad en el centro de su proyecto y ha impulsado una reforma constitucional que consagra expresamente la seguridad pública como deber del Estado y propone un nuevo estado de excepción para enfrentar graves alteraciones de seguridad pública vinculadas con organizaciones criminales o terroristas. El diseño contempla actuación focalizada en barrios, polígonos o territorios, controles de desplazamiento y reunión y participación de las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo a las policías. La operación política es clara: allí donde existe miedo, el Estado promete recuperar capacidad de mando. Pero hay una pregunta anterior que no puede desaparecer detrás de la eficacia del dispositivo: ¿qué tipo de espacio político queda cuando el territorio comienza a ser pensado primordialmente como una superficie que debe ser controlada?
Pero el problema comienza precisamente cuando la seguridad deja de ser una política entre otras y se transforma en una ontología del gobierno: el mundo aparece dividido entre quienes deben ser protegidos y quienes deben ser contenidos. La política pierde entonces su dimensión de disputa por significados y adquiere la forma de una administración de amenazas. El lenguaje cambia de textura: ya no pregunta solamente qué sociedad queremos, sino qué peligro debemos contener. Ya no organiza el desacuerdo alrededor de proyectos, sino alrededor de umbrales de tolerancia. El ciudadano corre así el riesgo de aparecer menos como sujeto de una vida común que como destinatario de protección, mientras el otro queda reducido a una variable de riesgo.
La grieta iliberal aparece aquí: puede producir orden, pero encuentra dificultades para producir mundo común. Puede reunir mayorías alrededor del miedo, pero no necesariamente construir una comunidad política capaz de convivir con el desacuerdo. Puede convertir al adversario en amenaza, pero al hacerlo reduce el espacio donde el adversario todavía puede ser reconocido como parte legítima de la comunidad democrática. Su fuerza está en cerrar rápidamente aquello que la política democrática debería mantener abierto. Allí reside su paradoja: cuanto más eficaz resulta para nombrar el peligro, menos capacidad demuestra para producir una escena donde las diferencias puedan reconocerse sin destruirse. Puede ocupar el espacio político, pero no necesariamente puede habitarlo.
Y es aquí donde la herencia progresista adquiere una importancia incómoda. No porque haya preparado deliberadamente el proyecto de Kast, sino porque determinadas formas de progresismo pueden haber contribuido a desplazar el conflicto desde la deliberación hacia la gestión, desde la representación hacia la administración, desde la construcción de ciudadanía hacia el tratamiento técnico de poblaciones vulnerables, territorios conflictivos y riesgos sociales. Allí aparece la tensa frontera: un campo y otro pueden ser políticamente adversarios y, sin embargo, compartir una misma reducción del espacio político cuando ambos privilegian la administración sobre la elaboración del antagonismo. En un caso se administra la vulnerabilidad; en el otro, se administra la amenaza. En uno se gobierna el riesgo social; en el otro, el riesgo criminal. La gramática es distinta, pero el peligro consiste en que ambas terminen dejando sin escena al sujeto político.
La operación es casi imperceptible: donde antes se decía proteger derechos mediante políticas públicas, comienza a decirse proteger ciudadanos frente a amenazas; donde antes se administraba la excepción como recurso extraordinario, comienza a presentársela como instrumento ordinario; donde antes existía una frontera jurídica entre seguridad y libertad, ambas empiezan a confundirse bajo el imperativo de la urgencia. Lo decisivo es que la seguridad puede presentarse como una respuesta neutral cuando en realidad distribuye posiciones, visibilidades y legitimidades. Decide qué territorio merece presencia estatal, qué conducta debe ser vigilada, qué población aparece como víctima y cuál como sospechosa. Toda política de seguridad contiene, por tanto, una política del espacio y una política del reconocimiento.
Por eso el problema chileno no puede resolverse simplemente denunciando a Kast como excepción externa. Hay que examinar la sedimentación previa que permite que su discurso encuentre inteligibilidad social. El iliberalismo no llega a un territorio vacío: penetra por las grietas de una democracia que ya ha perdido capacidad para producir pertenencia, representación y horizonte. Esa sedimentación es la zona donde la filigrana se vuelve visible: allí donde el progresismo dejó conflictos sin una escena suficientemente política para ser elaborados, el campo iliberal puede presentarse como una solución de cierre. No necesita necesariamente convencer sobre una nueva sociedad; le basta con prometer que terminará con la incertidumbre.
La cuestión decisiva no es, entonces, cuánto poder puede acumular el Estado para garantizar seguridad. Es qué ocurre con la democracia cuando necesita producir permanentemente un exterior amenazante para justificar su protección. Si la seguridad requiere un enemigo continuo, el mundo común comienza a desaparecer. Y si el progresismo responde únicamente denunciando el exceso securitario sin reconstruir el espacio donde los conflictos sociales puedan adquirir forma política, corre el riesgo de dejar intacta la arquitectura que permite al iliberalismo expandirse. La crítica debe ser doble: contra la captura securitaria del Estado y contra la pérdida progresista de una escena política capaz de producir conflicto, pertenencia y orientación.
La democracia queda así frente a una paradoja: necesita protegerse sin cerrarse; necesita ejercer autoridad sin convertir la autoridad en principio absoluto; necesita defenderse de la violencia sin transformar toda diferencia en amenaza. Su tarea no consiste en eliminar el conflicto, sino en impedir que el conflicto sea traducido exclusivamente como peligro. Porque cuando no existe un espacio político donde el antagonismo pueda comparecer, el poder encuentra una salida aparentemente sencilla: securitizarlo. Lo que no logra ser discutido termina siendo clasificado; lo que no consigue representación termina siendo administrado; lo que no puede entrar en la escena común termina apareciendo como perturbación.
El desafío chileno debe persistir en recuperar esa zona intermedia. Una política democrática de seguridad debería ser capaz de proteger sin excluir, ordenar sin despolitizar, ejercer fuerza sin convertirla en fundamento de la comunidad. Porque cuando la seguridad ocupa todo el espacio de la política, la promesa de protección puede terminar produciendo aquello que más debería evitar: una sociedad donde todos viven protegidos, pero cada vez menos capaces de reconocerse como parte de un mundo común.
La cuestión puede formularse todavía de otro modo. Una sociedad pierde su mundo común no solamente cuando deja de compartir valores, sino cuando pierde los lugares donde sus diferencias pueden hacerse visibles sin ser inmediatamente traducidas como amenazas. El espacio político es precisamente ese lugar incierto: no una zona de consenso, sino una superficie de disputa donde los sujetos pueden aparecer, confrontarse, reconocerse y modificar las reglas de la convivencia. Cuando ese espacio se adelgaza, el progresismo puede refugiarse en la gestión y el iliberalismo en la seguridad.
En esa zona franca reside uno de los problemas más profundos de nuestro paisaje político. El progresismo no necesita convertirse en iliberal para contribuir, involuntariamente, a la erosión del espacio político. Basta con que transforme la política en administración virtuosa, que sustituya el conflicto por protocolos, que imagine al ciudadano como beneficiario de políticas antes que como sujeto capaz de disputar el sentido de lo común. Del otro lado, el iliberalismo radicaliza esa misma reducción: ya no administra principalmente demandas, sino amenazas; ya no busca solamente gestionar la diferencia, sino reducirla a una cuestión de autoridad.
La consecuencia es una suerte de vacío ocupado. Allí donde debería existir política aparece gestión; allí donde debería existir deliberación aparece seguridad; allí donde debería existir conflicto aparece clasificación. Y una vez que el espacio político queda vaciado, la promesa de orden puede adquirir una potencia desproporcionada. El iliberalismo no necesita demostrar que puede construir una sociedad enteramente nueva. Le alcanza con presentarse como la única fuerza capaz de cerrar las fisuras que otros dejaron abiertas.
Pero cerrar no es necesariamente gobernar. Una democracia no se sostiene únicamente porque controle sus fronteras, castigue delitos o recupere territorios. Se sostiene porque puede producir una experiencia compartida de pertenencia en medio de la diferencia. Allí reside el límite del dispositivo securitario: puede recuperar el territorio físico y, sin embargo, perder el territorio simbólico donde una sociedad se reconoce como comunidad política.
La pregunta final, por eso, no debería ser si Chile necesita seguridad. La necesita. La pregunta es qué concepto de seguridad puede convivir con una política que no renuncie a producir mundo común. Una seguridad democrática no debería clausurar el conflicto, sino crear las condiciones para que el conflicto no derive en violencia ni sea absorbido por la lógica de la amenaza. Debería proteger la posibilidad misma de disentir.
Ese desplazamiento resulta fundamental. La democracia no necesita menos autoridad, sino una autoridad que pueda justificar sus límites. No necesita menos Estado, sino un Estado que no confunda presencia con ocupación y protección con vigilancia. No necesita eliminar al adversario, sino impedir que el adversario sea convertido en una figura exterior a la comunidad.
En última instancia, el problema chileno es una disputa por el espacio donde todavía puede ocurrir la política. La filigrana entre progresismo y campo iliberal aparece allí: ambos pueden contribuir, por vías diferentes, a reducir ese espacio si uno administra el conflicto hasta hacerlo invisible y el otro lo securitiza hasta hacerlo peligroso. La tarea democrática consiste en interrumpir ambas tendencias. Volver a abrir la escena. Permitir que el desacuerdo vuelva a tener lugar antes de que sea absorbido por la gestión o por la excepción.
Sólo entonces la seguridad podrá dejar de ser el nombre de una clausura y recuperar su sentido más elemental: la condición material para que una pluralidad de vidas pueda aparecer, disputar y convivir sin que ninguna de ellas necesite convertirse en enemiga para ser reconocida. Por fin, el iliberalismo puede ser una recusación extraordinariamente eficaz y necesaria en las tribunas editoriales, en la producción de adjetivos (temporalidades) y circulación de significantes democráticos contra la deriva autoritaria del kastismo. Ello no se puede desestimar a nombre de los narcisismos críticos. Con todo, permanece débil en la producción de un horizonte político, o bien, en proveer mínimos interpretativos. Puede decir quién es «amenazante», pero no necesariamente puede explicar qué vínculos sociales produjeron esa amenaza. Puede declarar qué territorio debe ser «recuperado», pero no necesariamente puede construir las condiciones para que quienes lo habitan se reconozcan en una misma comunidad política. Puede nombrar al enemigo con rapidez, pero la velocidad de esa nominación tiene un costo: cada nuevo adjetivo puede reducir el número de sujetos disponibles para la conversación.
Dr. Mauro Salazar J.
UFRO/Sapienza.
