Abrumador resulta constatar los cambios culturales y valóricos que azotan el mundo y a las personas. Términos que antes parecían claros y sin dobles significados hoy no los son. Los términos Democracia, Libertad, hoy son manipulados por ideologías de derecha, los cuales lo asimilan a la capacidad de consumir y elegir: pagar el mejor colegio, libertad de pagar menos impuestos, de elegir la mejor clínica. Cabe preguntarse de qué tipo de libertad nos hablan.
Personas como Trump, Elon Musk, Bukele, Netanyahu, Putin, Kast, Epstein, Ponce Lerou, son detentores de poder y dinero, las leyes no están hechas para ellos, siguen su propia ‘moral’ revindican figuras como Hitler, Pinochet, Paul Scheffer, quieren que el mundo retroceda en los avances de los derechos de las mujeres y de los niños y minorías. Anhelan perseverar en el oscurantismo, el racismo, y el supremasismo; espacios donde ellos se benefician y enriquecen a sus anchas, mientras destinan a la inmensa mayoría a la miseria, la vulnerabilidad, la deshumanización y el embrutecimiento.
Nos horroriza la falta de humanidad del carabinero Crespo, cuando utiliza la imagen de Gustavo Gatica junto a una tumba, para burlarse en su cara por el fallo que lo liberó de su condena, no deja de llamar la atención que renombrados políticos de derecha acompañaran a Crespo durante la audiencia de sentencia, ni siquiera en dictadura, durante los juicios, vimos tanto descaro, a políticos acompañando a los violadores de los DD.HH., de aquella época.
¿Qué ocurrió con los valores y el pudor? ¿los tuvieron alguna vez? Hoy sólo vale que primen las ideas de su sector, como detentores de la verdad absoluta sin considerar que hay seres humanos vulnerados atrás: madres y padres dolientes y familias que sufren la injusticia y las barbaridades de las redes sociales.
Sí Chile y sus sucesivos gobiernos hubieran promovido una política pública seria en defensa de los derechos humanos, la sociedad en su conjunto no hubiera permitido este tipo de expresiones crueles y degradantes contra la naturaleza de la persona. Ninguna política pública del Estado de Chile manifestó la convicción profunda del “Nunca más en Chile”. Nunca se puso, en el lugar simbólico, ni presupuestario, ni en los planes educativos, ni en las conmemoraciones oficiales, la memoria histórica para la no repetición y en defensa de los derechos humanos de la población civil. Cuarenta y seis años después del golpe de Estado civil-militar, persiste el hecho de que un joven de una veintena de años quedara ciego por el uso desproporcionado de la fuerza, en tiempos de legítima revuelta social, en uno de los países más desiguales dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la región de América Latina.
En el contexto de este juicio resurgió la denominada Ley Nain-Retamal, que, como sabemos, no tuvo su origen en el Ejecutivo ni fue una iniciativa suya, sino parlamentaria. No obstante, el error ético radica en que un gobierno progresista —que se presentó como transformador— terminó siendo parte de su tramitación y promulgación, al no hacer uso de la facultad de veto presidencial frente a la modificación que estableció la “presunción legal de legítima defensa para funcionarios y funcionarias de orden y seguridad pública cuando actúen en el marco de funciones de orden público”, privilegiando con ello evitar un costo político inmediato.
La ley se aprobó, y el Ejecutivo fue arrastrado por el relato según el cual las Fuerzas Armadas y de Orden estaban siendo “víctimas indefensas” frente al crimen organizado, relegando el impacto jurídico desproporcionado que la norma tendría sobre la población civil y sobre el derecho a la manifestación. De la derecha se espera una normativa de este tipo; pero del Ejecutivo se esperaba que, por sobre su aprobación pública y después de una revuelta social, impidiera, con toda la fuerzade su historia, su promulgación y diera la batalla cultural necesaria y urgente en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad.
El crimen perpetrado contra Gustavo Gatica y contra una de las abajo firmantes (Carmen Gloria Quintana), se cruzan dos generaciones que protestaron en las calles por democracia y justicia social, y ambas fueron marcadas de por vida por graves violaciones a los derechos humanos en Chile. En mi caso, quemada viva por militares en dictadura, la justicia llegó treinta años después, con un responsable fugado y nunca encontrado; en el de Gustavo, joven conocido internacionalmente por la barbarie de haber sido cegado por Claudio Crespo, quien disparó directamente a sus ojos, su verdugo no fue condenado, pese a pruebas irrefutables.
Ese es nuestro Chile: un país donde la impunidad se ha instalado y donde los gobiernos progresistas, por acción u omisión, han facilitado el ascenso de una extrema derecha conservadora que hoy tiene más leyes para criminalizar la protesta social y consolidar la impunidad.
No podemos dejar de mencionar, tantas veces como sea necesario, que el caso de Gustavo Gatica, al igual que el de Carmen Gloria Quintana, ocurrió en contextos de demanda por democracia, contra la desigualdad y por derechos económicos y sociales, reivindicaciones que Chile arrastra desde hace décadas.
En ambos casos, la respuesta del Estado fue la aplicación del uso de la fuerza por parte de Carabineros, las Fuerzas Armadas, organismos secretos del Estado, junto con la dictación de estados de emergencia y la imposición de toques de queda. Y porque el Estado de Chile está involucrado, la memoria debe imponerse: según documentación de Human Rights Watch, en la revuelta de 2019 en Chile se ejerció un uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros; miles de personas resultaron con lesiones graves y algunas detenciones estuvieron acompañadas de malos tratos y abuso sexual. El INDH presentó cientos de denuncias y querellas por tortura, malos tratos y violencia sexual. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, documentó actos que podían constituir tortura y tratos crueles e inhumanos, agresiones, disparos directos de escopeta y gases lacrimógenos, y manifestó preocupación por el número de heridos, muertes y detenciones. Amnistía Internacional denunció el uso intencional de la fuerza para lesionar a manifestantes y documentó casos de tortura, maltrato físico y psicológico, así como muertes relacionadas con acciones de seguridad.
Sin olvidar jamás a los más de 30 mil chilenos y chilenas víctimas de violaciones de derechos humanos _ sometidos a tortura, prisión política, ejecuciones o desapariciones forzadas, entre otros vejámenes_ durante la dictadura civil-militar de Pinochet.
Llama la atención cómo se estigmatizó la revuelta social de 2019, cuando millones de personas —de distintas posiciones políticas y, en su mayoría, sin militancia partidaria— salieron a manifestarse en todo el país contra abusos estructurales que afectaban sus derechos sociales y su dignidad. Desde el Derecho Internacional, este proceso no puede entenderse solo como un problema de orden público o de conflicto interno. También debe analizarse como la expresión de una tensión entre el modelo socioeconómico vigente en Chile y las obligaciones que el Estado ha asumido en materia de derechos humanos.
La Carta de las Naciones Unidas reafirma en su Preámbulo la fe en la dignidad y el valor de la persona humana, y en su artículo 55 compromete a los Estados a promover el progreso social, mejores niveles de vida y el respeto universal de los derechos humanos. Estos principios establecen que la paz no puede sostenerse sin justicia social. Cuando amplios sectores de la población perciben vulnerados derechos vinculados a salud, educación, trabajo o pensiones —reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales— no se trata únicamente de demandas políticas, sino de exigencias relacionadas con obligaciones jurídicas asumidas por el Estado.
Asimismo, la movilización masiva se inscribe en el ejercicio de derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y reunión pacífica, protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La estigmatización generalizada de la protesta, o su asociación indiscriminada con criminalidad, tensiona el principio de proporcionalidad y el deber estatal de diferenciar entre el ejercicio legítimo de derechos y conductas delictivas individuales. Desde esta perspectiva, una crisis social de tal magnitud no puede abordarse exclusivamente como un problema de orden público. Conforme a los principios fundacionales del sistema internacional — dignidad humana, justicia social y garantía efectiva de derechos— la respuesta estatal debe orientarse a fortalecer la protección de derechos fundamentales, condición indispensable para una paz social legítima y duradera.
Sin embargo y no obstante dicho lo anterior, la derecha chilena supo mezclar deliberadamente la criminalidad y el fenómeno del narcotráfico transnacional con las manifestaciones de la revuelta de octubre de 2019 y en general la manifestación social legítima.
El tango Cambalache describe bien este período, los valores se compran al mejor postor. Hoy más que nunca, en el actual contexto nacional e internacional —donde las derechas y las extremas derechas conservadoras avanzan a pasos agigantados—, nuestras convicciones valóricas y defensa de los derechos humanos deben ser claras y no estar sujetas a cálculos políticos. La única cuenta que debiera considerarse es la protección irrestricta de los derechos fundamentales.
Con preocupación, hemos visto cómo el presidente electo de Chile se ha desplazado, incluso antes de asumir, a visitar a mandatarios con quienes mantiene mayor cercanía ideológica. Lo relevante es que se trata de visitas a gobiernos que, en nombre de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico, están dispuestos a restringir libertades y a perpetuar estados de excepción o de sitio para, según su propio relato: mantener las calles “limpias” y garantizar que solo transiten quienes desean trabajar y vivir en paz.
El problema central de ese discurso es que, en la aplicación concreta de tales políticas, se ha producido un número alarmante de víctimas que no tienen relación alguna con el narcotráfico ni con organizaciones criminales. Muchas de ellas han terminado privadas de libertad en cárceles como las de El Salvador, sin juicio previo, durante años sin contacto con sus familias y, en numerosos casos, devueltas a estas en ataúdes, con evidentes signos de tortura, desnutrición y apremios ilegítimos.
Este panorama se agrava cuando los organismos internacionales son abiertamente ignorados por Estados Unidos y sus aliados; cuando presenciamos masacres y genocidios, como los ocurridos en Gaza, donde han sido asesinados más de 18 mil niños, sin que exista voluntad política real para restablecer el imperio del derecho; cuando una potencia en decadencia como Estados Unidos secuestra presidentes en ejercicio, bloquea y estrangula económicamente a pueblos que defienden su soberanía; cuando las torturas de Guantánamo, Gaza y El Salvador son relativizadas en nombre de la libertad y los valores occidentales; y cuando los efectos del colonialismo han condenado a países del mundo entero a la marginalidad económica y social, determinando que esos Estados se conviertan en Estados fallidos, a pesar de sus bienes naturales y riqueza cultural.
Hoy los derechos más elementales se ven vulnerados, pues bajo consignas como la defensa de la propiedad privada, la libertad y las buenas costumbres, se anuncia un nuevo ciclo de restricciones de derechos que la población —y particularmente la izquierda chilena— no ha logrado dimensionar en toda su magnitud. La extrema derecha nunca ha legislado ni actuado con medias tintas, ni concibe a la oposición o a los defensores de los derechos humanos como interlocutores democráticos. América Latina y Chile conocen bien las caravanas de la muerte que han recorrido el continente bajo el amparo de este sector.
Cabe señalar con claridad que en ningún caso relativizamos ni se intenta justificar la criminalidad ni el asesinato a mansalva contra Carabineros o miembros de las Fuerzas Armadas democráticas, formados bajo principios de rectitud y moral institucional. Pero sí exige una depuración profunda de estos estamentos, expulsando a quienes han actuado como carniceros, asesinos y torturadores a lo largo de nuestra historia. En un tiempo en que la vida ha dejado de ser el centro de las decisiones políticas, resulta indispensable que los gobiernos progresistas se pronuncien con firmeza en defensa de los derechos humanos, sin dejar espacio a la promulgación de leyes que serán instrumentalizadas por gobiernos de extrema derecha, admiradores de centros carcelarios como los del El Salvador o Guantánamo. De ahí la importancia de defender los derechos humanos no de manera coyuntural, sino con una mirada de largo plazo, con perspectiva de impacto y como eje estructural de política pública. Los países de la periferia debemos asumir un rol activo en la batalla cultural contra la impunidad y en la defensa irrestricta de la dignidad humana. Nunca más otro cuerpo quemado vivo; nunca más otros ojos cegados. Chile y su pueblo deben internalizar que somos sujetos de derecho y que los derechos humanos constituyen también una bandera patriótica, una causa que los humanistas y quienes aspiran a la liberación de las sociedades estamos llamados a levantar.
Debemos avanzar, con convicción y coherencia, hacia un horizonte de justicia, dignidad e igualdad que no puede seguir siendo promesa, sino compromiso irrefutable de los Estados y la historia.
Soledad Romero Donoso.
Periodista/Cientista política.
Carmen Gloria Quintana.
Psicóloga Ph.D/ Activista y Defensora DD.HH.
